Una investigación en seis barrios pobres derriba mitos de la política y de los medios comerciales sobre la relación entre crimen, extranjeros y jóvenes. Es “un trabajo sobre la realidad vivida, no sobre la construida”, distinguió el juez de la Corte al presentarlo. En nuestra región enfocó Villa Elvira y volvió a exponer las deficiencias de esa ciudad dentro de La Plata.
Por María Laura D’ Amico
“La mayor parte de los homicidios ocurren entre personas que se conocen, cuyo móvil dominante no es un ataque a la propiedad sino fruto de discusiones, riñas, venganzas o conflictos intrafamiliares”; “los y las habitantes de los barrios de emergencia son las personas que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad en relación a la violencia”; “hay una mayor exposición a la violencia entre quienes viven en barrios altamente victimizados”; “no se identifica los y las victimarios/as con una nacionalidad especifica”. Estas son algunas de las conclusiones generales que se desprenden de la investigación “Violencia y homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires. Perfiles socioeconómicos, experiencias y representaciones de habitantes de barrios con un alto índice de homicidios dolosos”, realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense junto a la Fundación Conurbano y las universidades nacionales de La Plata, San Martín, Avellaneda y La Matanza, y presentada el mes pasado en La Plata.
Para este trabajo se tomaron como referencia algunas de las zonas que el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (IICS) identifica como de “alta concentración de homicidios dolosos” durante 2012 y sus condiciones sociodemográficas. Las zonas, que fueron estudiadas entre junio y agosto de 2014, son: Villa Elvira (La Plata), La Rana (San Martín), Dock Sud (Avellaneda), Ciudad Evita (La Matanza), Ingeniero Budge y Villa Fiorito (Lomas de Zamora). Se tuvieron en cuenta las condiciones estructurales de vida de las personas encuestadas y la perspectiva que ellas tienen sobre el lugar donde viven y acerca de temas como la violencia, el miedo o los homicidios.
En el sur de La Plata
La recolección de datos en esta enorme y compleja localidad ubicada al sur de La Plata fue llevada adelante, mediante encuestas, por el equipo del Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Algunos de los resultados obtenidos que se expresan en el informe coinciden con las deficiencias que esta revista señaló en su nota de tapa de mayo de este año.
Se afirma, por ejemplo, que la conexión a los servicios básicos en un 49,6% es “insuficiente”, mientras que sólo el 7,4% dijo tener una conexión “satisfactoria”. Respecto de la calidad constructiva de la vivienda, el 40,7% dijo que es satisfactoria, mientras que el 29,8% afirmó que es insuficiente. El 21,4% de los entrevistados tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI). Y en comparación a las otras ciudades analizadas, dice el informe, “Villa Elvira es la que posee una proporción mayor de hogares que cumplen con algún indicador de privación, seguida por Ciudad Evita y Dock Sud, con más del 10% de hogares con dicha condición, y finalizando con Villa La Rana (4,7%)”.
Con relación a las representaciones simbólicas que los habitantes se hacen de su propio barrio, el informe indica que para el 75.8%, Villa Elvira es un buen lugar para vivir (mientras que el 24.2% opina lo contrario), y el principal motivo (60.3%) se debe a la “tranquilidad”. Para sus habitantes, el problema mayor del barrio es la infraestructura, mientras que “la falta de seguridad” se ubica en segundo lugar, seguida de “el consumo de drogas”.
El informe también detalla que “respecto de las condiciones mínimas para acceder a ciertos derechos –como por ejemplo, llegar a las instituciones que los proveen— las personas encuestadas consideraron a la escuela (90.7%), la sala de atención primaria (88.2%) y la comisaría (73.9%) como las de mayor accesibilidad”, mientras que el hospital y la delegación municipal “quedaron como aquellas con mayores dificultades para acceder”.
En Villa Elvira, para el 50% de los encuestados, quienes más sufren la violencia son los jóvenes, seguidos de los niños (24%). En tanto, “se observa que el colectivo ‘Jóvenes’ es señalado como victimario de forma mayoritaria. En términos generales, este porcentaje asciende al 71%, mientras sólo el 7.9% de las personas encuestadas identifica al grupo ‘Adultos’ como el que más ejerce la violencia. De esta manera, los y las mismos/as que son identificados/as como víctimas de la violencia son a su vez asociados/as con quienes la ejercen”. Lo mismo pasa con las personas de bajos ingresos: según el informe, “son quienes más sufren la violencia, y a su vez sus principales responsables”.
En la categoría “Grupo que ejerce la violencia según país de nacimiento”, en Villa Elvira se observa que el 51% es de nacionalidad argentina mientras que sólo el 6,8% es de “otro país”. En general, prevalece la idea de que “no hay un lugar en particular de nacimiento característico” de las personas que más ejercen la violencia.
Datos para derribar estigmas
“Violencia y homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires…” fue coordinado por Gonzalo Bugatto, hermano de Lautaro, el jugador de Banfield asesinado en Burzaco en 2012 por un policía de la Bonaerense, e integrante de la Fundación Conurbano. En sus 288 páginas, el informe deja a la luz algunos imaginarios sociales acerca del delito y la violencia, de quiénes la ejercen y con qué motivos, construidos sobre la base de prejuicios fomentados principalmente desde los medios masivos de comunicación y desde el poder político.
Por ejemplo, mientras el gobierno nacional se alinea con el gobierno bonaerense y coincide con los referentes de los partidos políticos mayoritarios en promover la expulsión de aquellos extranjeros que delinquen en territorio argentino, el estudio demuestra que los victimarios “no se identifican con una nacionalidad específica”.
En la investigación, a la que tuvo acceso La Pulseada, se concluye que “la mayor cantidad de homicidios se concentran en zonas de alta densidad poblacional y condiciones habitacionales precarias, como villas, asentamientos, zonas circundantes y espacios urbanizados, como por ejemplo complejos de monoblocks”. Además, se determina que “en muchos de los barrios donde se concentran los homicidios se presentan índices de mortalidad infantil y riesgo sanitario mayores” que en el resto de ese departamento judicial. “Los y las habitantes de los barrios de emergencia se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad en relación a la violencia”, se afirma.
En cuanto a cómo se denuncia, los investigadores advierten que el robo, hecho que según los datos es el que ocurre con más frecuencia, es a la vez el que más cantidad de denuncias posee, “pero comparativamente al resto de los delitos posee un alto nivel de casos no denunciados”. Mientras que la totalidad de homicidios registrados efectivamente fueron denunciados, lo que refuerza la idea de que es uno de los delitos que menor ‘cifra negra’ presentan. Y acerca de los hechos pertenecientes a la categoría “Violencia de género”, llama la atención para los investigadores que las denuncias estudiadas no fueron efectuadas en una comisaría de la mujer, sino en fiscalías.
Respecto del concepto de violencia, el trabajo da cuenta de que en general no hay una definición unívoca: para algunos, los principales hechos son los robos, mientras que para otros son las peleas o golpes, o los tiroteos. En cuanto a quiénes son las víctimas de la violencia, se observa que el principal grupo (34,7%) son los jóvenes.
Zaffaroni y cuatro problemas fundamentales
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni presentó en La Plata en noviembre pasado la investigación sobre violencia y homicidios dolosos junto al Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto; a los rectores de las universidades nacionales de La Plata (Raúl Perdomo), San Martín (Carlos Ruta), Avellaneda (Jorge Calzoni) y La Matanza (Daniel Martínez); y al presidente de la Fundación Conurbano, Alfredo Fernández.
Zaffaroni, que ya anunció su renuncia a la Corte a partir de 2015, cuando cumpla 75 años, es uno de los juristas más reconocidos del ámbito internacional por su aporte en materia de criminología y derechos humanos, y mantiene una prolífera actividad en distintos organismos. Entre ellos, dirige el Programa de Investigación en Criminología de la UNSAM, que llevó adelante esta investigación. De pie en el patio del Rectorado de la UNLP, rodeado de rectores de universidades públicas y frente a un colmado auditorio, dijo sentirse “muy feliz de poder vivir este momento en el que las universidades se comprometen con las instituciones del Estado en la investigación de la violencia letal”, y explicó que para hacer un análisis de los niveles de letalidad en Argentina es preciso situar las cifras en un contexto regional y mundial. Indicó que la tasa de homicidios en Argentina (cada 100 mil habitantes) es de entre el 6 y el 6,5, mientras que países como Brasil la cifra llega a 27 y en Honduras, a 80.
Siempre que el juez habla de cifras se encarga de subrayar que “una vida humana es algo irreproducible. Sí es cuestión de cuantificar el fenómeno, de analizarlo cualitativamente, pero teniendo en cuenta que cada vida humana es un valor absoluto. Eso no lo podemos olvidar y detrás de cada muerte hay duelo, hay dolor, hay pérdida e incluso el dolor que provoca la victimización puede generar una reproducción también de consecuencias letales. Es decir, puede ser multiplicador. Todo lo que hagamos en ese sentido es sumamente importante. Conforme a sus características regionales y mundiales este fenómeno preocupa a todas las organizaciones internacionales científicas que se ocupan de la materia”.
“Los muertos son siempre jóvenes —subrayó en la presentación—, lo cual coincide con la estigmatización que hacen los medios masivos concentrados, fundamentalmente la televisión. Se dedican a estigmatizar a adolescentes y jóvenes de nuestros barrios precarios. Por supuesto, la letalidad también cae entre esos jóvenes y la letalidad por la acción policial también”. Para el juez, “no vamos a poder reducir número de presos, no vamos a poder bajar violencia, no vamos a poder reducir número de muertes si no encaramos con seriedad cuatro problemas fundamentales”:
*Los tóxicos. “Parece que la prohibición ha matado mucha más gente que la cocaína, mucha más. Creo que México para tener 100.000 muertos y 20.000 desaparecidos por efecto de sobredosis de cocaína hubiera tardado unos 500 años. Ahora lo tiene en seis o siete años por concentración de plomo”, señaló.
*Los medios. “Tenemos que encarar seriamente el problema de los medios televisivos concentrados, que responden a los intereses de los cuales son parte, es decir, del poder financiero mundial. Y el modelo financiero mundial está jugado por modelos de sociedad excluyentes. 30 incluidos, 70 excluidos. Para contenerlos hay que hacerlo a garrotazos. En consecuencia se propugna una política de tipo indicativo, que yo suelo llamar ‘populacherismo’ penal”.
*Las fuerzas de seguridad. Zaffaroni propuso replantear los modelos de policías existentes por otras más democráticas.
*Las armas. Por último, el juez planteó la necesidad de combatir la “la insólita profusión de armas de fuego en nuestras sociedades”.
“El esfuerzo que tenemos que realizar es grande pero no es imposible si lo comparamos con el que tienen que realizar nuestros vecinos en la situación tan letal a la que han llegado —dijo, con referencia a ciudades de América Latina como San Pedro Sul, en Honduras, o Salvador de Bahía, en Brasil—. Esto no lo digo para consuelo sino para medir el esfuerzo, e insisto en que no es una cuestión contable, porque cada vida humana es un absoluto. El esfuerzo, muchachos, seamos conscientes, no es tan grande. Poniéndonos las pilas podemos hacerlo, y relativamente rápido. Pero claro, cuidado con la construcción de realidad en la que vivimos. Una cosa es la realidad construida y otra cosa es la realidad vivida. Y este trabajo habla de la realidad vivida”.
