Los representantes judiciales de la Provincia reeditaron el contrapunto por el rol del juez Arias y la Cámara de Apelaciones deberá resolver quién queda a cargo de una causa enorme que se encuentra avanzada y en estos meses desocultó irregularidades en el manejo de la catástrofe de abril.
Miles de fojas acumula la investigación judicial abierta tras la extraordinaria inundación. Testimonios de vecinos y funcionarios, historias clínicas, oficios librados a sanatorios, hospitales, cementerios, centrales de llamadas de emergencia, empresas de telefonía engordan los 24 cuerpos del expediente, entre sus causas “acumuladas” y estanterías “reservadas”. Todo ese material probatorio, reunido en el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata, podría caer en saco roto si la Cámara en lo Contencioso Administrativo hace lugar al último planteo realizado por el fiscal de Estado provincial para sacar la investigación de la órbita del juez Luis Federico Arias.
La Fiscalía de Estado planteó antes de la feria judicial de invierno una “recusación con causa” a Arias. El magistrado −a cargo de investigar errores e irregularidades en el registro y cómputo de las víctimas fatales de la inundación del 2 de abril− la rechazó “in limine”, por entender que se trata de un planteo extemporáneo. Pero el viernes pasado los representantes judiciales de la Provincia apelaron: en el escrito firmado por Ernesto Alfredo Sosa Aubone, piden que se dé curso a la recusación con causa y la investigación pase a manos del juez de turno. El escrito fue elevado a la Cámara de Apelaciones, que podría resolver la semana próxima.
Si la Cámara hiciera lugar, la causa, que tiene como parte demandada a la Provincia −y hace foco en el comportamiento del ministerio de Seguridad y la Policía Bonaerense− podría quedar en manos del juez José Francisco Terrier. Para cualquier magistrado y su equipo de trabajo, hacerse cargo del expediente (caratulado “Rodriguez, Sandra Edith c/ Poder Ejecutivo s/ habeas data”) implicaría recorrer de cero la gran cantidad de prueba, los testimonios tomados y por tomar, el contacto con los damnificados… Y desarrollar estrategias de investigación propias. El juzgado Nº1 investiga hace cuatro meses, en un contexto de dolor ciudadano y silencio oficial, esta trama accidentada y tironeada por la política.
El momento
En julio, en su rechazo al planteo recusatorio de los abogados de la parte demandada, el juez Arias se refirió a una “animosidad previa en torno al tema sobre el cual versa el litigio”. Y subrayó que “la actitud asumida por la Fiscalía de Estado al plantear la recusación de modo extemporáneo cuando la causa se encuentra en etapa avanzada evidencia una conducta reñida con la buena fe procesal”.
En su escrito del 9 de agosto pasado, la Fiscalía de Estado asegura que planteó “en tiempo y forma la recusación del magistrado”. E insiste en que “se conceda el recurso de apelación interpuesto y oportunamente la Alzada haga lugar a la recusación promovida y disponga la continuidad de la presente causa por ante el juzgado que sigue en orden de turno”. Entre sus fundamentos, los abogados del Estado provincial apuntan a “la conducta” de Arias y sus “manifestaciones disvaliosas referentes a la actuación del Poder Ejecutivo provincial y de algunos de sus funcionarios”.
En el juzgado, en cambio, consideran que las recusaciones, sean con o sin causa, debieron hacerse inicialmente, no cuando está superada la etapa más álgida del planteo por la competencia de la investigación (otorgada a Arias por la Suprema Corte a Arias) y la causa avanza con nuevos testimonios e importante visibilidad social.
La Cámara del fuero tiene una tradición contraria a las resoluciones del juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1. Podría haber novedades a fines de esta semana o principios de la siguiente.
Mientras, en el juzgado de Arias continúan tomando testimonios, tanto los de la primera etapa que no se lograron por cuestiones burocráticas (como el sistema de notificaciones) como nuevos. Además, deben procesar, con las estrategias de investigación que se vienen dando desde un comienzo, materiales de prueba (solicitados a clínicas, hospitales, funcionarios municipales y provinciales) que fueron llegando a fuerza de reiteraciones.
