La sentencia judicial que acaba de absolver a todos los penitenciarios imputados por torturar, incendiar y matar a un preso en 2004 renovó el mensaje de impunidad de quienes controlan las cárceles provinciales. Allí se hacen buenos negocios, se burlan marcos legales y se hostiga, extorsiona y mata a personas encerradas. Pero ¿se puede investigar al Servicio Penitenciario Bonaerense?

Por Josefina López Mac Kenzie
 

Luis Ángel Gorosito Monterrosa. 23 años. Condenado por robo. Desobedece orden de matar a otro detenido. Muere 24/4/2004 en Melchor Romero. Carátula: “Suicidio”.

Luciano Arruga. 16 años. Se niega a “trabajar” para la Policía Bonaerense. Desaparece 31/1/2009 en destacamento policial Lomas del Mirador, La Matanza. Carátula: “Averiguación de paradero”.

A diferencia del de Luciano —la asociación es inevitable—, el cuerpo de Luis Ángel está. Pudo ser peritado y contar que antes de matarlo lo violaron, torturaron y prendieron fuego. Ocurrió en 2004 en la cárcel 29 (Melchor Romero), una “dependencia especial” de régimen cerrado y “alta seguridad” creada para “contener a detenidos con problemas graves de conducta o altamente peligrosos”, describe el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en su página web. Fue una tumba; una cárcel emblemática en materia de torturas —denunciadas ante la Justicia— que hoy funciona como “unidad de tránsito”.

Luis había sido trasladado a la 29 como medida de resguardo porque, como supieron su familia y un compañero, en la cárcel 24 (Florencio Varela), donde cumplía su condena por robo, lo presionaron para que matara a otro detenido y él se negó. Pero en Romero no encontró ni resguardo, ni contención, ni justicia. Dos días antes de que declarara para confirmar sus denuncias contra el SPB, lo mataron a lo bestia en una celda a la que no podían ingresar otros presos.

En ocho años se logró que la investigación judicial pasara del “suicidio” de la versión oficial (inverosímil por las condiciones en las que estaba alojado Gorosito y por las aberraciones que reveló la autopsia) a “torturas seguidas de muerte” (un rótulo más ajustado a los hechos y poco habitual para estos casos, que suelen caratularse con delitos que prevén penas menores, como “severidad, vejaciones y apremios”). Y este año se hizo el juicio.

En su informe anual 2005-2006, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria destacaba que, gracias a la labor comprometida, rigurosa y ejemplar de la fiscalía y de los peritos, “las actuaciones no siguieron el camino de la mayoría de los suicidios y la mentira quedó al descubierto”. Pero advertía que el caso “ilustra tanto los grados de perversión del sistema como las dificultades para romper el círculo de complicidades y encubrimientos”.

Los efectos de ese círculo se ven, por ejemplo, en esta observación de la fiscalía en la elevación a juicio del caso Gorosito: “Resultó muy complicado profundizar la presente investigación habida cuenta de la situación de subordinación de los imputados con el personal del SPB. Es de destacar la dificultad que este Ministerio (Público Fiscal) enfrentó en el momento de concretar las detenciones, al tener que contar con el apoyo de personal especializado de otra jurisdicción”.

Y esos efectos reaparecieron en marzo pasado, cuando los tres penitenciarios procesados fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata en un veredicto que da miedo. La querella había pedido condenas perpetuas para Sergio Chaile, José Pedrozo y Eduardo Martino (responsable de pabellón, inspector de Vigilancia y director de la unidad 29, respectivamente). Las defensas, en tanto, buscaron la absolución de todos y encontraron asidero en los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni e Inés Noemí Siro, para quienes no se acreditaron los delitos imputados.

Además de los peritajes parciales, la destrucción de pruebas y la falta de colaboración de la institución carcelaria, los jueces ni se presentaron a leer el veredicto ni explicaron por qué. El Comité, que representó con dos de sus abogados a la familia Gorosito, consideró que el fallo es “vergonzoso” y “explica un sistema” (ver aparte).

Luz en la oscuridad

Aunque se dedique a negarlo, el Estado delinque todo el tiempo en las cárceles bonaerenses. Lo saben y lo denuncian organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Presos inocentes. Condiciones de detención denigrantes. Trabajo a cambio de miserias. Comida en mal estado. Incitación al delito. Negociados. Torturas.

Pero ¿se puede investigar al SPB?

“Por supuesto que se puede. Sólo se requieren una serie de condiciones que, a juzgar por lo ocurrido hasta ahora, es evidente que no se dan”, responde Fernando Domínguez, fiscal del departamento judicial San Martín entrenado en observar e investigar al sistema penal. En su opinión, los condicionantes más gruesos para investigar al sistema que hoy dirigen Florencia Piermarini (jefa del SPB), César Albarracín (subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales) y Ricardo Casal (ministro de Justicia y Seguridad de la provincia) son los siguientes:

* Falta de respaldo institucional: “Detrás, o en la base, de lo que la Comisión por la Memoria llama ‘el sistema de la crueldad’ existe un esquema de corrupción perfectamente montado del que participa el poder político. No es que se torture porque existen dos o tres tipos (o diez, o mil) perversos, sino que se tortura por alguna razón particular. Según creo, es para sostener ese esquema de corrupción para el que, dicho sea de paso, el crecimiento de la población penitenciaria es absolutamente funcional. Se tortura, se mata, se siembra el terror para que los presos ‘no hablen’, y cuantos más presos hay más dinero recauda el SPB. Desde las unidades ejecutoras en la construcción de cárceles, la provisión de comida, medicamentos e insumos, hasta el manejo y la venta de visitas, el trabajo, los cambios de pabellón, la droga, que naturalmente tiene allí un mercado cautivo… En su momento, muchas de estas cosas pudieron ser constatadas en una causa que formamos en San Martín. Hay cantidad de casos que se pueden analizar para ver cómo funciona el sistema y cuáles fueron las reacciones del sistema de justicia formal frente al caso (ver aparte). La pregunta es si esto es desconocido, y la respuesta es no: todo el mundo lo conoce”.

* Complicidad judicial. “Hoy buena parte de nuestra magistratura (jueces y fiscales) está formada por burócratas, cobardes y pusilánimes. Es una Justicia clasista, conformada en general por una burguesía asalariada que, en todo caso, pretende transitar sin enemistarse con el poder de turno, al que sirve a pie juntillas, y que en los delitos vinculados a la inseguridad urbana se identifica con las víctimas y en los delitos de tránsito o mala praxis médica se identifica con el victimario. Hasta me aventuraría a decir que los ‘buenos’ funcionarios terminan siendo simples burócratas que ‘hacen su trabajo’, y en ese sentido uno podría hacer un paralelo, quizá excesivo pero ilustrativo, con la descripción que hace Hannah Arendt de los burócratas nazis que ‘hacían el mal sin pasión’; es decir, no eran sujetos especialmente perversos (monstruos) o apasionados del mal, sino tipos que cumplían con su función, tenían su familia… Bueno, algo de eso hay en el Poder Judicial”.

Cuando el sistema judicial es cómplice, plantea Domínguez, se vuelve “la mejor de las coartadas. Los imputados pueden decir muy orondos que son ‘inocentes’. Haber pasado por el sistema judicial es su coartada”.

* Falta de voluntad política. “Creo que habría que “tomar las riendas” con mucha fuerza política y capacidad de decisión, ocupar un espacio que hoy es exclusivamente territorio del SPB. Dejar entrar la luz donde hoy hay oscuridad. Dicen que los gérmenes se reproducen en la oscuridad… Seguramente la intervención del SPB sería una medida absolutamente necesaria —aunque no suficiente—. Luego hay que decir que no hay cárcel que resista una auditoría externa. Pero para eso se requiere voluntad política. El SPB tiene casi 30 mil detenidos, rehenes con los que permanentemente condiciona cualquier intento de modificación, pues está visto que cuando alguien intenta algo matan a un ‘rehén’”.

La política

Domínguez integró una experiencia rara en la Justicia provincial cuando, en el departamento judicial San Martín, después de la reforma procesal de 1998, se organizó la fiscalía general de una manera dinámica y estratégica para impulsar investigaciones especializadas, por ejemplo, en delitos complejos, sexuales o corrupción (policial, penitenciaria, política, judicial). Cuestiones que requieren de tiempos y técnicas distintas de las usadas para la investigación común.

Las causas más famosas por corrupción fueron el procesamiento del intendente del partido Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, algunos concejales y policías; una causa contra el SPB (ver aparte) y otra por el vaciamiento del Banco Provincia. “Todos sectores de recaudación ilegal del duhaldismo”, sintetiza el fiscal. La experiencia le permitió identificar patrones de corrupción que serían investigables si hubiera respaldo institucional, pero concluir que “no hay interés, ni político ni judicial en investigar al SPB”. Esa experiencia se desactivó en pocos años por falta de apoyo, sobra de presiones y amenazas (los fiscales tenían que andar con custodia) y castigos (como sumarios y traslados).

“La política criminal —analiza Domínguez— no es sino un capítulo de la política social del Estado quizás el más dramático, donde se ven de la forma más descarnada los mecanismos de dominación a partir de la producción y reproducción de la violencia estatal. Un caso judicial puede servir de muestra de cómo funcionan las cosas, de por qué se producen, pero es claro que el alcance de una investigación y de una decisión judicial es hoy absolutamente limitado. No modifica las condiciones estructurales del sistema, pues para esto está la política, siempre la política”.

“De hecho, las transformaciones nunca son fruto de las decisiones judiciales o de la academia, sino el producto de la lucha política. Los derechos humanos en general, las conquistas sociales, aun cuando necesariamente se expresan a través de normas jurídicas, no son el fruto de un sector más o menos ilustrado de magistrados o funcionarios sino fruto de la  lucha política. Por eso, aun cuando efectivamente se removieran los obstáculos que existen para investigar lo que ocurre en las cárceles, eso no alcanzaría para modificar las condiciones estructurales”, concluye el fiscal, que con el optimismo que le queda y la experiencia en mano, participó del armado del anteproyecto de ley para crear la Policía Judicial, iniciativa que el gobernador anunció al inaugurar este año legislativo y tiene estado parlamentario en Diputados.

La Dirección de Investigaciones del SPB ofrece “canales ágiles y accesibles para formular denuncias (…) sobre faltas funcionales graves cometidas por parte de algún miembro del Servicio”. “Su colaboración resulta esencial para prevenir y sancionar los hechos de corrupción y abuso funcional”, admite y alienta la institución en su web. Pero a La Pulseada casi no la dejan ni  sacar una foto de la fachada de la Jefatura del SPB para ilustrar esta nota.

“Vergonzoso” y didáctico

La sentencia “de manera inexplicable, omite considerar elementos trascendentes de prueba y otorga a la palabra de los agentes penitenciarios, compañeros de los imputados, mayor credibilidad que a hechos objetivos”, consideró el Comité contra la Tortura en un comunicado de prensa difundido el 30 de marzo, después de la sentencia del caso Gorosito. El organismo cuestionó en especial que se haya dado valor a la autopsia realizada por una perito de la Policía Bonaerense (cuando una resolución de la Procuración General prohíbe que intervengan técnicos de esa fuerza cuando se investiga a penitenciarios o policías) y que “se borraron más de 30 minutos de la cinta que reproduce lo ocurrido en el pabellón y el Tribunal no sólo no le encontró explicación a esta maniobra delictiva, sino que le dio credibilidad a los dichos del agente penitenciario que operaba el monitoreo y aseguró que ese día no vio nada”.

“Adulteraron pruebas, hostigaron y silenciaron testigos, prepararon a sus compañeros penitenciarios para que declaren hasta contradiciendo lo declarado en primera instancia, fueron defendidos por la institución penitenciaria que les dio apoyatura jurídica incluso poniendo al hasta hace poco jefe de Asuntos Legales del Servicio Penitenciario como abogado de uno de ellos”, resumió Roberto Cipriano García, director del Comité, que desde el año 2000 viene sistematizando datos sobre violaciones a los derechos humanos en el SPB. Para él, el caso expresa un sistema: “Cuando intentamos explicar por qué pasan estas atrocidades en las cárceles provinciales, la respuesta debemos encontrarla en esta sentencia arbitraria y escandalosa. El circuito de la impunidad se cierra con jueces que legitiman la tortura, con una fuerza que corporativamente sostiene a los que cometen delitos y con autoridades que niegan estos delitos”.

Causas emblemáticas contra el SPB

* Causa “de los 12 apóstoles” (Motín de Sierra Chica, 1996). “Se inició como una reacción de un sector de los presos por malos tratos, pero quienes conocieron en profundidad el tema dicen que también allí el SPB ‘blanqueó’ la desaparición de una cantidad de cosas (por ejemplo, medicamentos). Es decir, el motín fue funcional para justificar la desaparición y/o destrucción de muchísimas cosas, que es algo para lo que también suelen usarse los motines”, apunta el fiscal Fernando Domínguez.

* Causa de San Martín. “Se había recolectado muchísima prueba. Por ejemplo, que el SPB adquiría carne no apta para el consumo humano a precio de carne de exportación de una empresa que se llamaba Escudo de Armas, que casualmente era de funcionarios penitenciarios que casualmente ganaban sistemáticamente todas las licitaciones… Lo mismo con la leche (para uso industrial pero comprada por el SPB como de primera calidad), los medicamentos, colchones… Cada una de estas cosas podía ser perfectamente demostrada, igual que el enriquecimiento ilícito de funcionarios del área. Pero llegó un oficio de la Procuración que adjuntaba un oficio del jefe del SPB pidiéndole a la Procuración que sacase la causa de San Martín. La llevaron a La Plata y hace años duerme en el escritorio de la fiscal Virginia Bravo”.  Durante esta causa, “un día vinieron dos presos a la fiscalía de cámaras con un bisturí que, según dijeron, se los había provisto gente del servicio”, recuerda Domínguez.

 * Causa de Batán. (2003. Tramitó en una fiscalía de Mar del Plata). “Se imputó al director y a los subdirectores de la unidad 10 por malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tema central era el robo —malversación— de la comida de los presos y demás mercaderías. Las empresas proveedoras (como Escudo de Armas) y las maniobras eran las mismas que las de la causa de San Martín. Al parecer terminaron todos absueltos por cuestiones como nulidades”, resume Domínguez.

* Causa de los 33 muertos quemados en Magdalena (2005). Otro caso de motín. “La causa se radicó enLa Plata y terminó impune”, resume Domínguez.