El suicidio de un pibe de 18 años detenido en un centro cerrado de Abasto impulsó las denuncias de un trabajador mediante una carta abierta y la reacción solidaria de sus compañeros. Los empleados de la Secretaría de Niñez y Adolescencia se preguntan hasta dónde los alcanza la responsabilidad de integrar una red perversa. Incógnitas, dudas y números oficiales de un sistema que se cae a pedazos.

Por Soledad Vampa
Ilustraciones Juan Bértola

Matías lloraba frente a la computadora, la cara apenas iluminada por el reflejo del monitor. Escribía intentando aflojar el nudo que, sentía, se apretaba ahora sobre su cuello: “…Damián murió, la decisión de quitarse la vida y acabar con tanto tormento pudo más que las promesas siempre vagas de un futuro mejor. Pero tanto dolor no puede ser en vano, la muerte de un pibe en un centro cerrado de la Provincia tiene que ser visibilizada de una vez por todas”.

El pibe había dicho basta y ahora Matías intentaba hacer lo mismo. Miró su nombre firmando la nota. Click, enviar. Su “carta abierta a la Secretaria de Niñez y Adolescencia”, llegó al despacho de la licenciada Pilar Molina y a las casillas de todos los trabajadores del centro cerrado después del fin de semana del 20 de marzo, el de la muerte de “el Topo”, de 18 años. Los trabajadores del ex “Nuevo Dique” se identificaron inmediatamente con ese reclamo catártico que circuló de mail en mail. Esa muerte no fue título en ningún diario, como si los muros que encerraron a Damián persistieran alrededor de su historia.

Hacía ya dos años que “el Topo” estaba detenido en este centro cerrado que ahora se llama nuevamente Aráoz Alfaro (ver recuadro), y que es una de las 10 instituciones de encierro para jóvenes ubicada en Abasto, una zona hortícola a 15 kilómetros de La Plata, donde se encuentra casi el 50% de las dependencias del sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia.

“Fue un cimbronazo que nos tocó a todos, a nivel institucional hay un estado de duelo general. Siempre la muerte sacude, sobre todo la de un chico. Él estaba próximo a recibir algún tipo de libertad condicional. No quiero caer en la simplicidad de decir ‘fue crónica de una muerte anunciada’ porque sería muy loco pensarlo así pero …”. Matías Valentini, el trabajador social que escribió la carta, se queda sin palabras. En diálogo con La Pulseada, quien retoma junto a él la charla es Natalia Ventura, psicóloga y compañera en el equipo técnico del Alfaro: “Sabemos que uno no puede prever una decisión de un suicida, pero sí podés prevenir que suceda en estas instituciones. Y acá hay mucho del contexto que también lleva a que el pibe termine tomando esa decisión, y ahí es donde nos compete a todos”.

El suicidio de Damián, quien según dijeron fuentes judiciales a La Pulseada fue hallado en una celda, ahorcado, fue el tercero en un lapso de nueve meses dentro del sistema provincial, y los tres involucran a centros que integran el denominado “complejo Abasto”. Para los trabajadores del Alfaro, la pregunta que flota en el aire es hasta dónde esas responsabilidades los alcanzan, y qué complicidades y naturalizaciones sostienen ellos, con un sistema que se cae a pedazos y sólo disfunciona.

El crimen perfecto

“Se fueron naturalizando un montón de cosas y ante esto no queda más que decir ‘no, loco, paremos la pelota, que se hagan cargo los que tienen que hacerlo’. Si antes las guardias las tomaban 15 personas y ahora las toman 8, si con el personal de una institución se armaron dos o tres, si la institución es para 40 pibes y se fue aceptando que haya 45, eso se fue naturalizando y fueron 50, ahora son 60, que duermen en el piso … entonces ¿porqué hay que llegar a esto? ¿para qué?”, interroga Matías.

La lista de falencias estructurales que despliegan los trabajadores es larga y conocida por las autoridades y los organismos de control. Durante la charla con La Pulseada, Matías y Natalia llenan de contenido palabras como “hacinamiento” y describen un sector con una capacidad para 8-10 jóvenes en el que conviven 16; o la “falta de recursos humanos” que implica, por ejemplo, que se reduzca la cantidad de personal en las guardias y que 8 asistentes sean quienes deben ocuparse de 60 chicos, aún en los días de visita donde cada joven tiene un promedio de 4 familiares que llegan a verlos.

La muerte de Damián se produjo, justamente, mientras transcurría una visita. “En esto nosotros queremos ser claros en no culpar a los asistentes que estaban ese día”, solicita Matías. “Lo que pasó no fue la negligencia de uno o de algunos, sino que es un sistema que funciona así, del cual queremos dejar de ser cómplices”, insiste Natalia. “Esto se advirtió, se dijo, se escribió, se estuvo atrás del chico … la mayor falencia es que no debería haber estado ahí”, agrega. Los trabajadores aseguran que se había advertido a las autoridades judiciales y de la Secretaría la institución “le hacía límite (ya no le servía) a Damián y que se necesitaba cambiar de dispositivo”.

La desarticulación entre las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales abre agujeros en los que los pibes se caen. “Entre los trabajadores cada uno va respondiendo a esta realidad como puede. A los profesionales nos pasa que sentimos que no somos escuchados cuando tratamos de dar cuenta de lo que le pasa al pibe, eso debería ser advertido por los operadores del Poder Judicial”, apunta la psicóloga y pasa la pelota, que queda en cancha de los funcionarios judiciales. “Ellos saben cuáles son las falencias y nosotros incluso se las explicitamos para que con mayor ímpetu exhorten a la Secretaría de Niñez, que es la autoridad de aplicación, para que de a poco se vayan modificando”, añaden.

El Poder Judicial es el encargado de controlar los lugares donde se encierra a los jóvenes a través de visitas institucionales. Esa es una de las tareas de María José Lescano que es desde hace siete años la jueza de Garantías del Joven Nº1 de La Plata. En marzo, Lescano llegó al Áraoz Alfaro el día en que el equipo intentaba encontrar la forma de poner en palabras la muerte de Damián.

“Hice una visita en diciembre, y otra justo en ese día que con la noticia que nos dieron fue una experiencia inédita. Vimos a todo el personal planteándose cómo iban a transmitirle la noticia a los chicos. No me pasó nunca: estaban todos, del director para abajo y los chicos seguían en los pabellones sin haber tenido ni siquiera el desayuno aunque eran las 11.30 de la mañana”, recuerda, en entrevista con La Pulseada.

En la visita anterior, los funcionarios judiciales habían observado algunas cuestiones y solicitado, por ejemplo, que se tomaran medidas para disminuir el sobrecupo. “El problema es que al hablar con los chicos manifestaban estar mejor que en otros lugares, y ahí Tacchi -Oscar, el director del Aráoz Alfaro- dijo que el edificio era amplio, que tenían comodidades y que todo el sistema estaba trabajando al máximo de la capacidad. Es complejo porque desde algún lugar hay cosas que son cuestionables, pero a mí lo que más me importa es lo que me dicen los chicos que son transparentes en ese sentido, te das cuenta si hay tensión o no. Entonces te dicen ‘estoy bien acá porque estuve en un lugar peor’ o empiezan a pedir traslados y empezás a sospechar”, agrega la jueza.

En el departamento judicial de La Plata existen múltiples hábeas corpus correctivos presentados y en curso ante los tres Juzgados Garantías del Joven por las condiciones de detención de los jóvenes. Además se están llevando a cabo ante la Cámara de Apelaciones las audiencias de otro habeas corpus presentado por Julián Axat en 2012 cuando era defensor y que sigue sin resolverse, entre apelación y apelación. “En vez de planificar un lugar idóneo, cómo se va a trabajar, yo lo que noto es que siempre se están cubriendo problemas y no hay solución de fondo. Entonces estamos haciendo una política pública del sistema de ejecución a través de medidas judiciales, que es totalmente inapropiado”, opina Lescano.

Un gato sin cascabel

Asomarse a una cárcel es ver el estado presente en su modo más cruel: el represivo. Esos jóvenes no niños, los delincuentes, los culpables para los que se pide juicio y rejas, terminan en un sistema donde no hay un sólo adulto -de esos que les exigen responsabilidad sobre sus actos- que sepa cómo hacerse cargo de que es parte de un engranaje que termina de sofocar sus juventudes.

“Son jóvenes con derechos básicos vulnerados desde mucho tiempo, historias de vida muy complejas, difíciles y atravesados por un montón de problemáticas que exceden a lo penal, al delito en sí”, describe Natalia Ventura. “Chicos del conurbano bonaerense, con familias desmembradas, hijos de la década del ’90, de padres ausentes, de un Estado que conocieron a través de una reja. Porque recién ahora están recibiendo una educación formal, o asistencia médica, o la posibilidad de recibir la documentación”, completa su compañero Matías.

“Los pibes son los mismos que los que hay en cualquier escuela, y sin embargo el sistema los clasifica y define, esa cosa de ‘si estás acá sos más malo’, y los chicos obviamente terminan respondiendo a eso que se espera de él”, suma Natalia. “Son pibitos como cualquier adolescente con las mismas fantasías, dolores, enamoramientos… No se puede generalizar ni reproducir los discursos de que estos pibes son irrecuperables. Lo que no hay es un contexto que permita que encuentren sus propias potencialidades, sus propios deseos”, agrega el trabajador social.

Entonces cabe volver a preguntarse por el sentido del encierro. “El sentido de la privación de la libertad, si es que hay algún sentido, es que esa restricción conlleve una dimensión socio-educativa –ensaya Matías–. Pero también sabemos que eso no debe agotarse en ese centro sino que lo ideal es articular con otros dispositivos de la comunidad, que la ley los tiene contemplados, pero que lo que existe es déficit de recursos y de presupuesto”.

“Ahí es donde uno encuentra la limitación de todo lo que uno pueda llegar a trabajar con el pibe, y las buenas intenciones que el chico tenga y lo que haya modificado, porque, ¿qué le ofreces al pibe cuando sale, que ya tiene 18 años y está en condiciones de obtener un empleo que no encuentra?”, se pregunta Natalia. No hay nada más allá de la pared.

Sobre este punto, la jueza Lescano analiza: “Es extraño porque cuando empezás a pensar circuitos de semi-libertad, como que un chico salga los fines de semana por ejemplo, salen de lugares como Almafuerte. Entonces te permiten sábado y domingo ir a dormir a tu casa para volver a un lugar así de estricto. No terminas de entender”. La magistrada asegura que ha tenido mejores experiencias trabajando con medidas alternativas o en centros de contención, que son aquellos establecimientos para medidas menos severas que la privación total de libertad.

En los últimos años varios de esos centros se han ido transformando en lugares cerrados. “Se trabaja sobre la urgencia y están todos los institutos al máximo de su capacidad. Y la dificultad añadida es que en la transición normativa no se previó todo el sistema de ejecución de medidas, entonces se trata de dar respuesta a las necesidades sobre la marcha”, explica Lescano. Otro agujero.

“La mayor frustración es la del pibe –señala Matías–  y a nosotros también nos genera un dilema ético. Porque sabés que ese mismo joven en otro contexto o dispositivo podría hacer cualquier cosa que se proponga. Pero vuelven a su casa y hacemos agua. Nadie toma la posta, no hay un seguimiento, no hay contención en lo barrial, en lo comunitario. Por eso se producen muchas reincidencias, salen con una medida alternativa y a los tres, cuatro meses los ves otra vez. Y les decís ‘pero pará, ¿vos no saliste?, ¿no tenías que ir al CPA (Centro de Prevención a las Adicciones), o a tal taller del centro de referencia?’ y te dicen, ‘sí pero nadie me llamó, o no había operador’”.

Al final es verdad. Una vez adentro la puerta es giratoria. Los chicos lo perciben. “Por eso es difícil trabajar con el pibe adentro, decirle que la educación o lo que se lleve es válido para él, para su vida. Es difícil que valore esto cuando sabe que no hay nada, que se queda todo como en una pantomima, en estrategias judiciales de la defensa. Entonces lo que le interesa en ese punto es recuperar su libertad, después verá cómo puede arreglárselas, si vuelve o no a lo mismo dependerá de la suerte”, dice Natalia.

No hay nada más allá de las rejas para ofrecer y las instituciones cerradas consumen el mayor porcentaje del presupuesto de la Secretaría, según lo que denuncian los trabajadores. “Los esfuerzos se destinan para que no se produzca un motín, para que con horas extra se puedan cubrir las guardias. Porque si se produce un motín va a tener un impacto político para los funcionarios de turno que no es lo mismo que si se muere un pibe bajo seguimiento de un centro de referencia del Conurbano; y no hay ni una apuesta a fortalecer las medidas alternativas o comunitarias, no hay decisión política porque no vende”, lamenta Matías.

La jueza Lescano agrega que “la ley se sancionó sin una debida planificación y nunca ha habido una evaluación periódica de qué cosas se han hecho bien y qué modificar. Tampoco se pensó en términos de recursos cuánto se necesitaba construir un sistema de responsabilidad penal juvenil. A veces los operadores por su cuenta tratan de empezar cosas distintas, pero son todos esfuerzos individuales”.

Lo que sí supo desarrollar el sistema es una fachada posible de mostrar. “Cuando alguien, como los jueces, va a los centros pasa esto de que se muestran de la institución las cosas positivas, que existen no lo podemos negar, porque uno las valora. Entonces aparecen los talleres, el área educativa, u otros espacios, pero que siempre caen en el voluntarismo, en cuestiones de garra: quién lleva la harina de su casa para el taller de panadería, quién lleva las semillas para la huerta”, señala Matías.

Algunos jueces compran el cartón pintado, otros se asoman un poco más allá pero nadie sabe cómo ponerle el cascabel al gato. “Yo voy a una visita y un director me dice ‘mire qué bien cómo arreglé la ducha’ y está bien, pero yo me amargo porque un estado no tiene que funcionar así. No podemos estar arreglando todo con alambre       –cuenta Lescano–. Necesitás una planificación y recursos: necesitás edificios mejores y con otra impronta, necesitás trabajadores de minoridad capacitados, necesitás sistemas de inserción laboral, de educación especialmente pensados”.

Se necesita todo lo que no hay. Y un día un pibe dice basta de todo, o de nada, y los trabajadores se preguntan cómo es que eso no trasciende; y al otro día Matías escribe una carta, y alguien la manda al periodista de un diario que nunca la publica y el mail circula entre los trabajadores, alguien lo comparte en alguna red social, y muchos coinciden en que el sistema está agotado. O tal vez, todo funciona a la perfección.

En el nombre

Allá donde la avenida 520 deja atrás el movimiento de camiones, micros y gente, donde no quedan veredas y apenas se ve alguna casa, en medio del verde y frente a algunas quintas está el Complejo “Villa Nueva Esperanza”, en Abasto. Y un edificio que lleva el nombre de “Carlos Ibarra”.

Se trata de un joven que, en 1993, estaba encerrado en el Aráoz Alfaro, ubicado en la misma zona, y fue asesinado por la Policía de un escopetazo al reprimir a una revuelta. Con el tiempo, los padres de Carlos aceptaron que la escuela que funcionaba en el predio a la que asistían los jóvenes privados de libertad llevara el nombre de su hijo. Pero la burocracia hizo de las suyas. En 2012, el edificio educativo se reformó para usarlo también como centro de detención. Nadie pensó en ponerle otro nombre.

El Instituto de menores Aráoz Alfaro, por su parte, se llama así por el médico que desde finales del siglo XIX trabajó en la lucha contra la mortalidad de niños y la tuberculosis. Con el correr de los años ése nombre se cargó de una historia de represión y muerte: fugas inducidas, golpes y torturas, suicidios, incendios, supuestos motines y el asesinato de Carlos Ibarra. Con la implementación de la nueva Ley de Promoción y Protección de Derechos del Niño, y el correspondiente fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, entre 2007 y 2008 se intentó dejar atrás esa historia y el temible Aráoz Alfaro pasó a ser el Nuevo Dique.

“Para mostrarnos somos el Nuevo Dique, o ahora de nuevo el Alfaro, la institución que cuenta con talleres, con un área educativa, con carpintería… seguimos siendo el ‘modelo’, se nos presenta así. Por eso yo veo la revista del año 2011 (La Pulseada Nº 87) y sí, muestra una parte de la institución que existe, pero eso es mucho por la voluntad de la gente que le pone el cuerpo. Después hay un montón de otros institutos en este mismo predio que están incluso en peores situaciones que la nuestra, también hacinados, sin recursos. Se fueron naturalizando cuestiones hasta llegar a un punto de no retorno”, describe Matías Valentini.

Tres muertes en 9 meses

Tres jóvenes murieron bajo custodia del Estado provincial en menos de un año. Entre junio y julio de 2015 dos jóvenes decidieron quitarse la vida estando encerrados: uno en el Instituto Almafuerte (Abasto) y otro en el Pablo Nogués (Malvinas Argentinas). Ambos habían sido trasladados a esos centros desde el Legarra, también ubicado en Abasto y las muertes se dieron en un lapso de 20 días. Damián es el tercero. Tenían 17, 16 y 18 años.

Hacinamiento: un camastro no es un lugar

Los cupos de los lugares de detención se establecieron en 2007 en sus distintas modalidades (recepción, cerrados y contención). La última información oficial publicada es de 2011 cuando la Secretaría de Niñez y Adolescencia (SNyA) informó a la Justicia los cupos de cada centro. Ahora, La Pulseada accedió a datos oficiales de 2016 sobre la cantidad de chicos alojados.

En su último informe, el Comité Contra la Tortura (CCT) de la Comisión por la Memoria relevó 14 centros de detención en la provincia de Buenos Aires: 6 de recepción con capacidad para 284 jóvenes y 11 cerrados con capacidad para 167 jóvenes. Suman un total de 451 plazas disponibles. Estos datos corresponden a los años 2013 y 2014.

Hoy, de acuerdo a datos provistos por la Secretaría de Niñez y Adolescencia a La Pulseada, funcionan 19 centros de detención: 6 de recepción con capacidad total para 196 jóvenes y 13 cerrados con capacidad para 351 jóvenes. Así, la suma total da 547 plazas disponibles.

Desde 2006, el CCT constata que la capacidad de alojamiento no se respeta y que los números se modifican en función de la demanda de encierro. Esto es posible porque no existe información pública que explique el criterio utilizado para definir la cantidad de cupos. Cada inspección del Comité genera presentaciones judiciales.