En la central de atención de emergencias contabilizaban esa cifra de víctimas fatales, afirmó a esta revista un efectivo del Conurbano convocado para actuar en la emergencia. Durante junio, el titular del 911 dijo que las llamadas no se grabaron por cortes de luz pero el Ministerio de Seguridad se comprometió a entregarle al juez el registro escrito que realizan los operadores telefónicos.
El relato de un policía bonaerense que actuó en tareas de rescate entre la madrugada del 3 de abril y la del día siguiente pone en crisis la versión oficial sobre la cantidad de víctimas fatales que dejó la inundación y expone el nivel de improvisación con que se desplegaron las tareas de rescate desde el Estado. La última cifra enunciada por el Ejecutivo provincial –en una apresurada conferencia de prensa a menos de una semana del temporal- fue de 51 fallecidos. Pero según este agente policial, que brindó su testimonio a esta revista con reserva de identidad, cuando cesó su turno en la central de atención telefónica de emergencias 911, el jueves 4 de abril, había “68 óbitos registrados” correspondientes a La Plata.
Como contó esta revista, el acceso de la Justicia a los registros de llamadas del 911 es resistido desde el ministerio de Seguridad y desde el 911 propiamente dicho. Por escrito, ofrecieron distintos argumentos al juez Luis Federico Arias sobre el registro de las llamadas de emergencia durante la inundación (unas 9.000 para La Plata) y las posibilidades de entregar ese material para la investigación judicial. Cuestiones similares ocurrieron con el registro de las cámaras de seguridad con las que se monitorea la ciudad desde una dependencia municipal, el MOPU.
El relato del policía retrata además la falta de previsión que enmarcó el abordaje de la catástrofe, ahora visto desde adentro de la actividad de la fuerza de seguridad. Sin teléfonos “ni órdenes claras”, los rescatistas “hicimos lo que pudimos”, resumió. Contó que sus 24 horas de servicio corridas las realizó sin intercomunicador oficial y que usó su teléfono personal para recibir directivas y acudir a zonas críticas. Según narró, fue “trasplantado” (sinónimo de trasladado en la jerga de la fuerza) desde su ciudad del Conurbano hasta la capital bonaerense “por orden de la superioridad”. “No sabía con qué panorama nos íbamos a encontrar con mis compañeros, cuatro éramos, y cuando llegamos no lo podíamos creer”, recordó.
El equipo policial en cuestión pasó primero por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Desde allí, reconstruyó el agente, “nos llevaron primero a La Loma”, uno de los barrios del casco urbano más castigados por la inundación, donde se ahogaron personas y muchísimas familias lo perdieron todo. “No podíamos creer que estaba todo oscuro, con más de un metro de agua, y había algunas columnas de iluminación funcionando: te juro que teníamos miedo por nuestras vidas”, explicó, mirando al piso y con la voz entrecortada.
Con los pocos (casi nulos) elementos que tenían, comenzaron a trabajar en un río de agua sucia y autos flotando. “Ya no llovía más pero la correntada era importante; por suerte no hacía tanto frío, teníamos el agua al pecho”, rememoró el uniformado, cuya altura no supera el metro setenta.
La cuadrilla policial que integró la fuente que accedió a hablar con esta revista ingresó a la zona crítica caminando, pero no puede precisar en qué calles prestó colaboración: “Ni yo ni mis compañeros somos de La Plata; las pocas veces que vinimos fue por unos trámites”, contó el oficial, que también aseguró que a las tareas de rescate se sumaron bomberos de varios puntos del Gran Buenos Aires. “Nosotros y los bomberos que vinieron de afuera estábamos desorientados, no conocíamos el territorio, no había nadie local que nos guíe”, describió, y explicó: “Todos los bomberos de La Plata estaba apagando el fuego en YPF”.
Esa misma noche, en la destilería La Plata de YPF se generó un importante incendio. No se reportaron víctimas fatales; sólo daños materiales. El fiscal Jorge Paolini, de Delitos Complejos, tiene a su cargo la investigación sobre las responsabilidades políticas de ambas catástrofes simultáneas: el anegamiento y el incendio. Pero por el momento no hay para la fiscalía conexidad objetiva entre ambos episodios y por lo tanto los expedientes no se encuentran anexados.
Teléfonos muertos
Como desarrolló esta revista en el informe especial sobre inundaciones de su edición impresa de mayo, la comunicación fue milagro y martirio en la catástrofe. Hablamos en esa nota de lo que anduvo y lo que no. Y de lo que ayudó.
Los protocolos de actuación para catástrofes señalan que es clave la intercomunicación entre los equipos de rescate y los responsables de planificar las tareas al momento de desplegar a los rescatistas en el campo, coordinar movimientos y acciones, para brindar asistencia. El objetivo es siempre reducir a la mínima expresión la cantidad de potenciales víctimas fatales, sin soslayar el rescate de los cuerpos de personas ya fallecidas. Por lo que cuenta el agente que brindó su testimonio sobre el 911, entre los efectivos policiales los problemas de comunicación no fueron menores: “Esa noche estábamos incomunicados, los handies no andaban muy bien, las tareas de rescate las coordinamos con nuestros Nextel y celulares particulares. Los SMS (mensajes de texto) tardaban en llegar, pero por suerte los handies de Nextel, que pagamos nosotros, nos ayudaron mucho”, detalló.
El servicio de telefonía móvil fue uno de los primeros en colapsar en la ciudad a medida que el agua subía y quedaba estancada en las calles. Esta situación fue reconocida por varias empresas. De hecho, Movistar envió miles de mensajes de textos a sus usuarios damnificados en los que les informaba una bonificación promedio de $40 por los días en que había dejado de brindar correctamente sus servicios.
Las calles platenses mutaron en ríos con fondo de cemento. En ese escenario, a oscuras y sin comunicación, es que actuaron los policías afectados al salvataje provenientes de otros distritos. «No había botes oficiales para rescatar inundados, pedimos varias veces a Defensa Civil pero ahí no tienen nada. Hicimos lo que pudimos» dice la fuente, hoy gobernada por una doble sensación. Por un lado, la tranquilidad de haber podido “rescatar a varios”. Por el otro, “una gran amargura por no haber podido llegar a más gente”.
Cifras y causas
Uno de los reclamos ciudadanos más fuertes —que integra los 6 puntos del petitorio de las asambleas barriales— es saber cuántas son a ciencia cierta las víctimas fatales. Según fuentes judiciales consultadas por esta revista, la lista, que en definitiva sólo se conocerá cuando el juez en lo contencioso administrativo Luis F. Arias dicte sentencia, asciende a 78 casos “prácticamente confirmados”, todos de adultos, y se estudian otros, de relación aún incierta con el anegamiento. Pero a la luz de historias que fuimos contando, a las que se suma ahora este testimonio policial, parece haber aún mucho por esclarecer.
El uniformado del Conurbano detalló: “Estuve trabajando hasta el jueves a la madrugada, y ese día el 911 tenía registrados 68 óbitos (muertos) de La Plata; volví a trabajar el sábado a la mañana y los comentarios de mis compañeros eran que la cifra ascendió a más de 100, y uno me dijo 110”. En cuanto a sus razones para brindar el testimonio, el policía explicó: “Nos dieron directivas de no hablar con nadie, pero yo no me puedo callar, se tiene que saber, ojalá lo puedas publicar esto, pero por favor no me nombres, me quedo sin laburo”.
En el transcurso de la breve entrevista con La Pulseada, el agente policial mostró enojo por la orden emanada de sus superiores de guardar “silencio” pero analizó: “Otra no nos queda: si damos la cara pagamos con el laburo o algo». Además, evaluó: «Fijate lo que pasó con el testigo de identidad reservada del caso Candela: habló en la tele y al otro día estalló su casa y dicen que fue por un problema en una garrafa: ésa no se la cree nadie”.
La trágica inundación —cuyo abordaje, como viene sosteniendo este medio, tuvo impronta policial— dejó un saldo negativo cuyos números finales nadie se anima a precisar aún. Y el relato que se intenta instalar desde el Estado sobre pérdidas materiales y humanas tiene sabor a subestimación.
A medida que bajaba el agua, los casilleros de tribunales se llenaban con demandas penales, civiles y administrativas, con esperanza de verdad, memoria y justicia, y con especulación política también. En la actualidad, cuando se están por cumplir tres meses de la tragedia, la actividad judicial está dividida en dos grandes bloques: desde el fuero penal, el fiscal Paolini debe investigar las responsabilidades políticas de la tragedia, mientras que desde el contencioso administrativo el juez Arias está abocado a conocer el número real de fallecidos a partir del estudio de irregularidades en el registro de las muertes.
Como contábamos en el número especial de mayo, además de la puja por la verdad lo que afloró con el debate por la cifra es un cisma entre dos sectores de la Justicia. El que no tiene intenciones de que se desoculten más secretos sobre esa madrugada fatal tiene un perfil conservador, es afín al gobierno provincial y se referencia en la procuradora María del Carmen Falbo, el juez de Garantías Guillermo Atencio y el jefe de los defensores Omar Ozafrain, principalmente.
