Se cumplen 5 años del crimen de Katherine Moscoso y su familia pide que la causa cambie de jurisdicción, denuncia la complicidad de más de 20 funcionarios judiciales y reclama la detención de al menos dos policías.
Por Pablo Spinelli
Mayo de 2015 sigue siendo una herida que no cierra en Monte Hermoso. El 23 de ese mes el cuerpo de Katherine Moscoso, una chica de 18 años que estaba desaparecida desde hacía una semana, fue hallado enterrado en un médano. A cinco años, su familia denuncia que todos los pasos dados por la Justicia fueron hacia la impunidad. Eso incluye el linchamiento hasta morir de un sospechoso -cuya responsabilidad nunca fue probada- y lo que pudo ser una maniobra para destruir pruebas en un incendio provocado durante una violenta pueblada ocurrida ese mismo día.
Su tío Ezequiel Moscoso cuenta a La Pulseada el calvario y la lucha de la familia y reclama acciones que derriben el muro que impide que los responsables paguen. Quiere que la investigación salga de la jurisdicción de Bahía Blanca donde, asegura, son evidentes las complicidades con el ocultamiento.
En las últimas semanas algunas medidas, que se desprenden de acciones y pedidos de la familia, generan expectativas. Hubo una ampliación de la denuncia que incluyó el señalamiento de 21 funcionarios judiciales y el pedido de detención de tres personas, entre ellos dos policías. La hipótesis de la querella es que Katherine fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso, quienes habrían tenido por esas relaciones la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación a través de la Policía en las primeras horas apenas la chica desapareció y encubrir a los verdaderos culpables después, a través de la Policía Departamental de Bahía Blanca.
La querella considera que Katherine fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso, con acceso a la Policía y a funcionarios judiciales
El planteo de Ezequiel es que “se borraron la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo indicó intencionalmente como sospechoso. Al mismo tiempo incendiaron la comisaría y distintos lugares públicos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos”.
El tío de la chica viaja permanentemente con su relato al año 2015 para explicar el punto de vista de la familia. Explica que el mismo día en que apareció el cuerpo hubo amenazas a los inspectores de tránsito que pudieron haber visto algo en las cámaras de seguridad durante la semana en que la joven estuvo desaparecida, entre el 18 y el 23 de mayo.
Ese retorno permanente a las horas más dolorosas para la familia hace que Ezequiel recuerde que esas “maniobras” direccionaron la imputación hacia Daiana Sánchez, una amiga de Katherine, la única persona que fue procesada y llegó a estar detenida. Ella vivía en una casa alquilada por Carlos «Canini» González, la persona que fue asesinada a golpes durante el linchamiento. “Esa chica no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderlo, hacerlo aparecer, organizar y planificar el homicidio de ‘Canini’ y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad”, dice Moscoso. Y apunta a lo que puede ser “una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales y de instructores y fiscales”, contra quienes los abogados realizaron presentaciones.
La querella reconstruye los últimos pasos de Katherine, quien tenía un retraso madurativo, cuando enumera las pruebas que presentaron. “Los elementos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas”, arranca un comunicado emitido a principios de mayo. Reconstruye que habló con el dueño y los empleados de seguridad, con quienes se habría ido del lugar hacia una casa ubicada en una zona del pueblo conocida como El Sauce. Plantean la hipótesis de una “fiesta” que terminó con la muerte de la joven y el intento de hacer desaparecer su cuerpo. “Esas personas mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, porque varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, sobre todo, del conocimiento con el dueño de la casa donde se encontró ADN de la víctima”, dice.
Según ese relato había rastros genéticos en palos y en una camioneta que quedó destruida durante el incendio de la comisaría, ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera hallado. Aquella noche el pueblo marítimo fue tierra arrasada. El intendente de entonces, Marcos Fernández, dijo que en esos días hubo opositores que aprovecharon el enojo e incentivaron los ataques a la Comisaría, a la Municipalidad, al Centro de Convenciones, al Museo de Ciencias, al Centro de Monitoreo de las cámaras y a la casa del jefe de Seguridad Ricardo Triches, un ex comisario salpicado por su actuación cuando era jefe de la Departamental Mar del Plata y ocurrió el crimen de Natalia Melmann en Mirarmar.
“Desde mayo de 2016 veníamos solicitando ver el expediente, que se halla en Bahía Blanca, pero lo mantenían como legajo reservado. Lo pudimos ver porque lo solicitamos a la Procuración de la Corte”, cuenta el tío de la víctima a La Pulseada.
La familia cree que el cadáver fue “plantado” en el médano donde lo hallaron y no descarta complicidad de policías y bomberos. “Desde mayo de 2016 veníamos solicitando ver el expediente, que se halla en Bahía Blanca, pero lo mantenían como legajo reservado. Recién en julio del año pasado lo logramos, más de 4 años después y porque lo solicitamos a la Procuración de la Corte”, narra el tío de la víctima.
Ese movimiento tuvo consecuencias. En octubre fueron denunciadas amenazas a 18 testigos mientras que la querella pidió la declaración testimonial de otras 29 personas. En abril de 2020, ya en plena pandemia de coronavirus, Ezequiel junto a su madre Marta Angeliza Mesa (abuela de Katherine) y el abogado Leandro Aparicio, denunciaron penalmente, en un escrito de 325 páginas, a 21 personas. Entre ellos aparecen fiscales ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. A todos los relacionan con los presuntos delitos de “abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado”. Sin descartar, como se dijo, que todos ellos sean parte de “una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”. Un día después de esa denuncia hubo una ampliación, en la que solicitaron la detención de dos comisarios por la aparición de nuevas pruebas. Y unos días más tarde se sumó otro pedido de detención.
Al cumplirse cinco años de la semana más dolorosa, la familia se esperanza con una reactivación en la causa. Hubo actuaciones del área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Ministerio Público y hay indicios de que la denuncia inicial pasará al Departamento Judicial de Azul. “Eso implica una gran posibilidad de avance para la causa”, se esperanza Moscoso, mientras prepara la jornada con un encendido de velas en este aniversario de la aparición del cuerpo de su sobrina.
