El Programa de Niñez de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la UNLP realizó un manual para organizaciones sociales que dicta protocolos de intervención en Derecho a la Vivienda, Adicciones y Violencia Familiar. Cómo y dónde hacer valer los Derechos Humanos. Adelanto de La Pulseada de un texto que servirá para juntar la teoría con la práctica.

 Por Javier Sahade y Francisco Martínez

Ilustración Juan Bertola (bocetos y adelantos exclusivos para La Pulseada)

La urgencia ante la violación a los Derechos Humanos de cualquier persona requiere muchas veces de la consulta de un “especialista”. Una suerte de experto que es “el que sabe” y que necesariamente tiene que estar ahí, en el momento, ayudando con lo que pase. Esa situación de concentración de saber es lo que llevó a un Programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata a pensar en la redacción de un Manual. Un modelo a seguir para intervenir en el momento en que hay que intervenir. Y con un lenguaje llano, que llegue a todos y todas.

Dirigido especialmente a organizaciones sociales, el Manual está a punto de ser lanzado, con el sello de la Editorial de la Universidad. La Pulseada conversó con quienes lo armaron, un grupo interdisciplinario de profesionales integrantes del Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

“Entre nosotros se generaba la necesidad permanente de estar construyendo conocimiento y se daba la discusión entre quienes decíamos que la lucha estaba en la calle y quienes planteaban un momento reflexivo de crítica sistemática y teórica de la práctica. El conocimiento que vamos haciendo en las organizaciones sólo queda en las personas, y esas personas parecen que son expertas en algo, y no es un conocimiento que se pueda criticar, dar a conocer”, explica Carola Bianco, directora del Programa.

Carola dice que durante los talleres y consultorios jurídicos gratuitos que el equipo lleva adelante en diferentes espacios del Gran La Plata “las organizaciones nos comparten su conocimiento, y nos piden que formalicemos el reclamo, ampliar su visibilidad, que tratemos de impactar en las relaciones de poder que impactaban en esas cuestiones. No porque no supieran cómo intervenir, sino que la cuestión era discutir con el Estado”.

En esas intervenciones, los integrantes del Programa establecieron que había tres áreas críticas: Desalojo y Vivienda, que son masivas porque involucran a mucha gente; Violencia Familiar y Abuso Sexual; Salud Mental y Adicciones. Sobre esos tres ejes se propusieron armar protocolos de actuación. Empezaron redactando unas cartillas sobre cómo y dónde se hace un reclamo y qué prevenciones hay que tener para evitar más atropellos, mientras le iban dando forma a un Manual, que contuviera un lenguaje más llano. “La primer parte es más teórico sobre el sistema de protección de Derechos Humanos, porque en las atenciones nos dimos cuenta que hay mucho desconocimiento sobre el tema. En el caso de la Niñez, era importante describir el sistema”, apunta Ligia Pérez Cazenave, una de las abogadas del Programa.

Las entrevistadas añaden que una cuestión que se plantearon es “la perspectiva de Derechos Humanos” ya que “en materia de Niñez han sido siempre tomado como algo del ámbito privado”.

“Además, respecto de la protección integral, lo que se pone en juego es la interdependencia, es que la satisfacción de un Derecho Humano no puede estar en perjuicio de otro. Cómo cuidar a todos los factores en riesgo. Eso es algo que la normativa nunca te dice cómo se hace. En la realidad, nosotros lo aprendimos de las organizaciones sociales, de reclamar al Estado eso mismo”, agrega Carola.

-Esa falta de información hace que caigan en manos que no pueden dar respuestas. Les debe pasar a ustedes, que llaman al Programa y dicen “qué hago” y ustedes lo único que pueden hacer es derivarlo.

-Totalmente -responde Carola-. Por eso el Manual es una finalidad en sí misma para nosotros. Es una norma. Viste que la norma jurídica se construye y uno se pregunta cuál es el marco normativo que un abogado tiene que saber. El Manual es doctrina, es una fuente de Derecho. Estamos discutiendo con el Poder el Derecho mismo. Estamos legislando, estamos diciendo qué hay que hacer con la norma genérica que es la Convención. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros no podemos dar respuesta a ninguna cosa. Podemos acompañar, con lo poco que sabemos de Derecho. Entonces estamos disputando con el Estado el Derecho mismo, porque estamos legislando, y a su vez también acompañando a las personas en esos procesos, pero nosotros no vamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque además son procesos largos: para pensar a la Niñez y a la Juventud como un sujeto, con voz, que debe ser tenido en cuenta primero que todos los actores, el camino lo tenemos que ir haciendo con ellos, escuchándolos. Es un camino largo. Lo que estamos seguros es que la política de Derechos Humanos puede ayudar en ese camino.

Adicciones y el rol de la Policía

El Manual incluye un listado de los Centros de Prevención de Adicciones de la región y entre otros consejos respecto de adicciones, destaca que es el Servicio Local municipal el que debe intervenir y que “no corresponde dar intervención a las fuerzas policiales ya que no son los agentes especializados en el abordaje de esta problemática. Desde el momento en que el Servicio Local toma conocimiento de la situación del niño debe permanecer interviniendo hasta la restitución de los derechos vulnerados”.

“El Servicio Local debe labrar un acta y eso por ley debe cumplirse. La no elaboración del acta favorece al Estado diluyendo su responsabilidad y perjudicando al niño, ya que luego será más difícil saber desde cuándo intervino cada dependencia estatal y cuáles fueron las acciones que se tomaron respecto del caso”, agrega el texto al que tuvo acceso La Pulseada.

El Manual advierte además que “más allá de que el Servicio Local esté desbordado, o que los niños no quieran ir, debemos anoticiar de la situación. El Servicio Local debe buscar la manera de ponerse en contacto con el niño. Si es una situación de emergencia, se informa por teléfono, y si no lo es, con una nota con copia donde nos sellen la entrada del caso. Cualquier organización o persona puede presentar una nota”.

Violencia de género y abuso infantil

En el apartado respecto a cómo abordar la violencia de género y el abuso infantil intrafamiliar, el Manual elaborado por los especialistas de la Facultad de Derecho propone a las organizaciones sociales como algo “fundamental” el hecho de “revalorizar la palabra de las mujeres y los niños y crear espacios donde se encuentren y contengan”.

“A ello se suman las experiencias de ‘problematización de la masculinidad’, donde los varones puedan reunirse para desmontar las construcciones sociales sobre lo que se espera de ellos como caracteres estereotipados de la masculinidad y virilidad”, agrega.

En el caso de las víctimas de estos casos, el Manual advierte como necesaria “la presencia de alguien (una organización, una persona de confianza) que acompañe a las personas en este proceso, principalmente observando los modos de actuación de las instituciones y cuidando que la persona no sea re-victimizada por quienes intervendrán en el caso”.

Desalojos y Vivienda

En lo que hace a los casos de riesgo de Desalojo Judicial, el Manual detalla qué significa una orden de desalojo, la que puede surgir ya sea por una denuncia penal a raíz de una usurpación como por una demanda civil por falta de pago del alquileres. Define entonces cómo actuar ante una orden de esa índole y advierte que “si el desalojo afectara a niños, debe darse intervención obligatoria a una Asesoría de Incapaces bajo pena de nulidad del procedimiento”, así como también debe requerirse la intervención de los órganos del sistema de Promoción y Protección integral de los Derechos de los Niños, como los Servicios Locales y Zonales.

El derecho a la vivienda está reconocido constitucionalmente por lo que, según el Manual, “cuando se contrapone con otro derecho, como ser el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda detenta una valoración superior para nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo cuando se hayan involucrados niños, lo que implica que debe garantizarse con prioridad”.

También define qué significa un “desalojo forzoso”, que es cuando un juez ordena la intervención de la fuerza pública, y advierte que para ello “debe existir previa orden judicial y la notificación fehaciente de la misma, es decir, no puede la comisaría del lugar arrogarse dicha facultad ante las familias y organización sin acreditar la documentación mencionada”.

Además, el Manual recuerda que los desalojos deben realizarse en horario diurno, con la presencia de un oficial de Justicia, y con una proporción de fuerzas policiales acorde al número de familias involucradas. En el caso de que las familias desalojadas no cuenten con otro hogar para vivir, “las autoridades municipales conjuntamente con las provinciales deberán adoptar las medidas necesarias para asignar a dichas familias un ámbito provisorio para evitar dicha situación”. ///// LP

Talleres para capacitación

En los tres ejes que trabaja, el Manual planifica un taller de dos horas de duración, a ser dictado por organizaciones sociales, con objetivos específicos y generales, en los que se detallan las actividades a realizar. En el taller, los participantes se presentan, realizan un diagnóstico del barrio respecto del tema abordado, y se propone el abordaje de un caso específico para reflexionar sobre qué debería hacerse al respecto y cuáles son las herramientas que se tienen a mano para trabajarlo.

Contra los prejuicios

“En las páginas de este Manual dialogan y se complementan los saberes académicos del derecho y los saberes acumulados por las organizaciones barriales, que día a día trabajan contra la arbitrariedad, el autoritarismo y los prejuicios de clase en funcionarios policiales y judiciales”, dice la introducción del texto.

Objetivo: políticas públicas

“Uno de los objetivos del presente manual es contribuir a que todas las vulneraciones de los derechos fundamentales se consoliden como objeto de políticas públicas; cuestión de por sí novedosa y altamente deseable en la construcción de una sociedad justa e igualitaria”.

Distancias sociales y de lenguaje

“Las distancias sociales entre quienes deben brindar respuestas y quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social muchas veces terminan siendo fronteras infranqueables. Donde más se evidencia esto es en el lenguaje: la falta de palabras comunes para nombrar necesidades y conflictos dificulta la construcción de lazos sociales, indispensables para encarar las acciones tendientes a la restitución de derechos humanos para niños y adolescentes”.      

El equipo

El Programa de Niñez de la Facultad de Derecho está integrado por un equipo interdisciplinario que incluye a abogados, trabajadores sociales y sociólogos: Carola Bianco, Ligia Pérez Cazenave, Carolina Borrego, Lucía Belaunzarán, Paula Talamonti, Damián Lambusta, Martín Menestrina, Marcela Guzmán, Sebastián Pagano. El manual, pronto a ser publicado, fue editado por el periodista y escritor Juan Bautista Duizeide (autor también de la introducción), diseñado por Julia Gouffier y Ana Cuenya e ilustrado por Juan Bertola. Los dibujos y grabados que acompañan esta nota son un adelanto exclusivo, para La Pulseada.