Nota principal: Ciudad uniformada
La implementación de policías locales fue anunciada varias veces por Daniel Scioli pero cobró fuerza recién cuando llegó a su gabinete Alejandro Granados para quedar al frente de uno de los temas eje de la campaña presidencial: la inseguridad. Durante las primeras semanas, trazó una fuerte alianza con los jefes comunales, profundizó su perfil de “sheriff”, exigió mano dura, deslizó cuestionamientos por la falta de efectivos policiales y alentó la “teoría de helado”: “Cuando comienzo a tomar un helado tiene que pasar un patrullero por la calle. Cuando llego a la mitad del helado, tiene que pasar otro. Y cuando lo estoy terminando, otro”.
En el marco de la Emergencia en Seguridad, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto basado en una iniciativa de Dulce Granados, ex diputada y esposa del ministro. La premisa de Scioli y Granados de cara a la discusión del proyecto fue clara: aceptarían cualquier modificación, pero los legisladores debían lograr los consensos para poder implementar las Policías Locales.
El proyecto ingresó por la cámara baja y el entonces diputado Marcelo Saín fue el elegido del kirchnerismo para consensuarlo con el Ejecutivo. Luego de algunos meses el texto parecía estar listo. Durante varios días, Saín dijo en los medios: “Modificamos el original en un 80%”. El oficialismo logró su aprobación con los votos de bloques aliados pero hubo un fuerte rechazo del massismo. Era un proyecto ideal desde el paradigma de la seguridad democrática, pero estaba claro que no iba a superar la instancia del Senado, donde el Frente Renovador era la primera minoría. Empantanado en esa cámara, el proyecto se convirtió en rehén de una disputa entre oficialismo y oposición. El vicegobernador, Gabriel Mariotto, no pudo lograr mínimos consensos, y durante semanas las sesiones fracasaban una tras otra, sin salida. Scioli argumentó haber esperado lo suficiente, anunció que se resolvería mediante resolución ministerial y Granados pudo crear una fuerza a su medida.
Varias aristas determinaron el fracaso de una ley de Policía Local: entre ellas, la supremacía del poder académico sobre la experiencia política (fue un error intentar crear una nueva fuerza de espaldas a la conformación real de la Legislatura). También influyeron la mezquindad de una fuerza que ostentó el poder en el Senado y utilizó el proyecto para hacer valer su potencial político, y la incapacidad de las autoridades legislativas para encaminar una discusión. Todos perdieron: los especialistas en seguridad democrática no pudieron ser los artífices de una nueva fuerza, los massistas reconocieron su derrota y sus intendentes terminaron aceptando la Policía que creó Granados, y se esfumó la posibilidad histórica de que la Provincia tenga una Policía ajena a los vicios de La Bonaerense.
Cristian René Lora
