Se habla más del tema en los medios y surgen respuestas políticas aisladas. Pero las redes de esclavitud sexual de personas que lucran en todo el país, en el campo y en la ciudad, siguen escurridizas, casi intactas. La sentencia tucumana que a fin de año absolvió a todos los imputados por secuestrar, prostituir y desaparecer a Marita Verón es sólo un ejemplo de cómo funciona la trama y de lo difícil que es investigarla
Por Milva Benitez
Sábado 6 de abril de 2002 en La Ramada, un pueblo de poco más de mil habitantes en el noreste tucumano. Apenas unos minutos antes de las 9 de la mañana, Mercedes del Valle Sotelo hace señas y le pide a su vecina, Lina Mendoza, que la acompañe. Cruzan la calle de tierra y se acercan a la vereda de la casa de los Carro lo suficiente para observar que la joven que duerme sobre el pasto lleva unos jeans y una remera turquesa, o tal vez una camisa, zapatos con tacos y un par de aros. La chica no se mueve y prefieren volver a sus tareas hogareñas.
Al rato la ven pasar. Iba “con la vista perdida (…), cojeaba un poco y se tomaba de la cintura para arrojar piedras a los automóviles” que evitaban el caserío y se esfumaban por la ruta provincial 304. El alboroto arremolinó a los lugareños y sacó a los policías de la modorra habitual. En la comisaría no hay registros, pero en el pueblo se acuerdan de que el oficial Víctor Juárez subió a la piba en el micro que recorre los 34 km que los separan de la capital tucumana.
Cuando le mostraron la foto, Mercedes la reconoció: era María de los Ángeles Verón. Marita, una chica de 23 años que había salido de su casa para ir al médico tres días antes.
Desde entonces, el rastro de Marita se esfumó, volvió a aparecer y finalmente se diluyó en manos de esclavistas sexuales. Su infatigable madre, Susana Trimarco, la sigue buscando. Sus esfuerzos no le han devuelto a su hija. Ni siquiera le ha dado consuelo la sentencia. Pero generaron avances legislativos (como la primera ley de trata y su reciente reforma) y dejaron al descubierto mucho: hombres dispuestos a pagar para someter y vejar los cuerpos de mujeres y niñas secuestradas; rufianes que abultan sus ganancias; presencia de redes en distintos puntos del país; complicidad de funcionarios policiales, judiciales y administrativos; y las dificultades para hacer justicia: el debate oral por el caso Verón tardó más de 10 años en concretarse y terminó con la peor noticia.
Por voluntad de Trimarco y quienes la acompañan, el expediente del caso, de donde surgen aquellas últimas imágenes de Marita en La Ramada, en jeans, engordó hasta superar las 11.600 fojas. Pero el 11 de diciembre pasado, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascan, de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, lo pulverizaron: “En breve: las cosas no se hicieron bien”, sentenciaron, para allanar el camino de la impunidad y ganarse la indignación de todo un país, en las calles y en las redes sociales. Absolvieron a los 13 imputados que habían llegado al banquillo acusados de privar de la libertad a Marita (en el caso los hermanos Víctor y María Jesús Rivero y Daniela Milhein y su marido, Andrés González), y de obligarla a prostituirse en los locales Candy, Candilejas y El Desafío, regenteados por Lidia Irma Medina y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez, junto a Mariana Bustos, Cinthia Gaitán, Humberto Derobertis, Carlos Luna, María Márquez y el policía Pascual Andrada, en La Rioja.
Para los magistrados, el testimonio de las mujeres rescatadas de burdeles riojanos alcanzó para demostrar “que este grupo de acusados integraba una verdadera organización cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres (…) integrado a una red de captación y conexiones nacional y seguramente internacionales”, pero no para condenarlos. “Lo ilógico del argumento surge con claridad: los jueces dicen creerles a las testigos víctimas todo, salvo que vieron a Marita”…, argumentan los abogados de Trimarco, que apelaron el fallo y ahora piden juicio político para los jueces (ver aparte entrevista con el abogado José D’Antona).
En todos lados y a la vista
A la vera de las rutas, en el campo como en la ciudad, allí donde se concentra el capital, se convocan los turistas o se asientan grandes emprendimientos industriales o explotaciones agrícola-ganaderas, muchos bares, whiskerías y pubs son la fachada de prostíbulos donde mujeres —y cada vez más, niñas— permanecen encerradas, golpeadas, drogadas y amenazadas, para ser ofrecidas como mercaderías sexuales.
Las víctimas de este mercado son extranjeras (que llegan principalmente desde Paraguay y República Dominicana) y argentinas captadas mediante engaños o promesas, o directamente secuestradas y trasladadas entre provincias. Obviamente las fronteras son los lugares más sensibles y las provincias más pobres suelen ser ámbitos de captación, pero hay trata en todos lados. De hecho, la provincia de Buenos Aires es un destino habitual para mujeres y niñas explotadas por proxenetas. Según fuentes de la Procuración de la Corte provincial, cada fin de semana se realizan entre dos y tres allanamientos con presunción de trata en el territorio bonaerense.
En cuanto a las edades, según el informe presentado en diciembre pasado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el mundo cada vez son más las víctimas de trata niñas, “reservadas” para hombres que pagan para abusar de ellas. En nuestro país, de hecho, casi la mitad (el 46%) de las argentinas rescatadas de la trata son niñas de entre 11 y 17 años.
Si bien los datos publicados por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) dan que las niñas son un cuarto del total de víctimas rescatadas, cientos de testimonios de víctimas más grandes dan cuenta de que éstas crecieron en manos de traficantes que las violaron y quebrantaron física y psíquicamente. El miedo paraliza tanto como la protección de policías, jueces, intendentes y otros funcionarios, que suelen frecuentar los prostíbulos.
También hay otras víctimas: en La Plata, el juez de faltas Ricardo Di Bella, a cargo de los expedientes en los que se tramitan las clausuras comerciales de lugares habilitados bajo otros rubros que funcionan como prostíbulos, le dijo La Pulseada que “cuando los agentes de Control Urbano acompañan los procedimientos iniciados por la Justicia provincial incluso se han encontrado con chicos de dos o tres años encerrados con sus madres en cubículos donde apenas entra una cama”.
Por qué es tan difícil hacer justicia
Si algo caracteriza a este delito es su visibilidad. Hasta hace poco más de un año, la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense hacía el seguimiento del total de denuncias ingresadas por el teléfono 911 que podían ser casos de trata. De 5 llamadas, por lo menos 2 daban con el perfil del delito y entonces se abría una investigación. En gran número, los denunciantes eran hombres habitués de prostíbulos.
Laura Méndez, que estuvo a cargo de ese seguimiento, explica que si bien, por ejemplo, en 2009, de 107 denuncias realizadas ningún caso dio positivo, lo que ocurría es que si los agentes no identificaban menores en un prostíbulo allanado daban por cerrado el caso, “desconociendo que en ese lugar, al menos, se estaba infringiendo la ley de profilaxis”, destaca Méndez.
La ley de profilaxis (12.331) es una norma antigua (1937) que prohíbe el regenteo de prostíbulos. Durante años permaneció olvidada, hasta que el empuje de Susana Trimarco la reimpulsó y hoy las fiscalías provinciales han vuelto a hacer uso de ella junto con la legislación más nueva y específica por trata.
Al mismo tiempo están vigentes legislaciones locales que colisionan con esa prohibición nacional y terminan protegiendo a los proxenetas, algo que se suma a la naturalización tan extendida sobre la explotación de los cuerpos femeninos. Hasta hace poco, por ejemplo, municipios como General Acha (La Pampa) o Viedma (Río Negro) conservaban legislaciones prostibularias.
En La Plata se sancionó en agosto de 2011 una ordenanza para cerrar los lugares donde haya prostitución ajena (en el lenguaje municipal, incluidos en el rubro “actividades incómodas”) y castigar a los responsables con la inhabilitación por cinco años de abrir cualquier tipo de comercio. Sin embargo, agentes de Control Urbano reconocen que en general, cuando acompañan a un fiscal a un operativo “anti-trata” terminan labrando actas por una contravención común como la falta de habilitación, en vez de hacer uso de la reciente ordenanza (la Nº 10.829) y labrarlas por prostitución ajena o sospecha de trata. Los proxenetas zafan de quedar totalmente inhabilitados y podrían abrir un comercio en un rubro distinto de aquel que escondía a un prostíbulo.
El caso Marita abrió camino. En 2008, contribuyó a que se aprobara la ley de “Prevención y sanción de trata de personas y asistencia a sus víctimas”. Desde entonces se iniciaron poco más de 730 investigaciones en la Justicia federal y alrededor de 326 personas, principalmente hombres, fueron procesados por esclavizar mujeres para explotarlas sexualmente. Pero sólo 50 expedientes se tradujeron en sentencias condenatorias (eran 39 en 2011) y del total, 6 resultaron absolutorias. Entre los protectores —principalmente policías y agentes o autoridades locales— los procesamientos son escasos o prácticamente nulos.
En su último informe (2012), la Ufase, unidad encargada de asistir a los operadores judiciales que deberían investigar este delito en todo el país, advierte que en 2011 se dio una tendencia a la baja en la cantidad de procesamientos por este delito, lo que se profundizó durante el último año porque abundan “los casos archivados o causas en trámite sin avances considerables”.
El mismo documento alerta sobre las exiguas medidas de embargo de bienes o de los locales allanados. El dato no es menor, ya que como alerta el fiscal marplatense Daniel Adler, “atacar el tema económico es fundamental porque es lo que motiva la explotación. Hay alguien que se lleva el dinero y otro que pone su cuerpo para que se lo lleve”.
A cuatro años de vigencia de la ley, las redes de traficantes de personas parecen casi intactas. Y lo que expuso la sentencia absolutoria de los jueces tucumanos es un Estado aún irresuelto e improvisado en la investigación de la desaparición de jóvenes mujeres por trata.
El efecto Tucumán
Las esquirlas por el fallo Verón llegaron hasta la Casa Rosada. La presidenta, Cristina Fernández, convocó a fin de año a sesiones extraordinarias del Congreso para aprobar reformas a la ley de trata que estaban pendientes desde su aprobación. La propuesta ya contaba con el aval de los senadores nacionales, pero estaba cajoneada en la Cámara baja desde el 5 de septiembre de 2011.
Quizá lo más importante de la reforma es que los jueces ya no podrán justificar su inacción en que las víctimas no se declaran como tales (“dice que está acá porque quiere” suele ser la muletilla de los funcionarios judiciales involucrados en allanamientos infructuosos), y la elevación de los montos de las penas los obligará a dictar sentencias de cumplimiento efectivo. La reforma también da lugar a la sensible cuestión de la asistencia para las mujeres rescatadas (ver aparte “No hay rescate sin asistencia”).
Ahora queda ver cómo se traduce en los estrados judiciales la esperada novedad legislativa, que no resuelve el principal escollo para los investigadores: la Justicia federal está habilitada a intervenir ante “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación”, pero los abusos y la explotación en sí siguen bajo la órbita de las justicias provinciales. Eso termina dirimiéndose en engorrosos cuestionamientos de competencia. Así las cosas, a las federales se suman las causas que, a cargo de jueces y fiscales provinciales, persiguen los delitos asociados a la trata (torturas, reducción a la servidumbre, corrupción de menores o explotación de terceras personas en prostíbulos, prohibida desde 1937). Un panorama difícil, porque depende de las voluntades provinciales y la información, además, no está bien sistematizada.
Otro de los efectos del fallo Verón es que en varias provincias y municipios se empezaron a presentar proyectos de ley y de ordenanza asociados a la temática. Sin embargo, el año recién empieza y es muy pronto para evaluar cómo evolucionarán estas iniciativas y, sobre todo, cuán simbólico u operativo podría ser su impacto ante un problema tan complejo.
Los esclavistas modernos siguen lucrando a la vista de todos (internet, avisos callejeros o luces rojas son puntos de alerta), con la protección de autoridades y de una cultura que naturaliza el mercado de las vidas ajenas.
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