Los asambleístas vuelven a manifestarse este lunes con los mismos reclamos: obras, reparaciones económicas y justicia por las víctimas fatales. El juzgado de Luis Arias, confirmado como investigador de errores e irregularidades en el registro de fallecidos, inicia una nueva etapa de producción de prueba y recolección de testimonios.
A cinco meses de la peor catástrofe de la historia de La Plata, las asambleas de damnificados y familiares de víctimas fatales del 2 de abril vuelven a sacar a la calle sus reclamos: justicia por las víctimas fatales, obras y reparación económica. La marcha es este lunes a las 18 en plaza Moreno. Los ciudadanos organizados llegan a este nuevo aniversario con dos novedades en el plano político: la confirmación del juez Luis Federico Arias al frente de la investigación por las irregularidades en el registro de las víctimas y la bochornosa reunión mantenida a principios de la semana pasada entre representantes de damnificados y el gobernador Daniel Scioli.
La Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo terminó de rechazar un planteo que venían realizando los abogados del Poder Ejecutivo para que esta investigación, abierta a pocos días de la inundación y enmarcada en el acceso ciudadano a la información pública y a la verdad, pasara a otro juzgado. Con este impulso, la voluminosa causa —objeto de marchas y contramarchas políticas pero avanzada— permanece en manos del equipo de trabajo del juzgado de Arias e ingresa en una segunda etapa de producción y análisis de prueba. Entre septiembre y octubre se citará a unos 30 nuevos testigos, más los que quedaban de la etapa anterior de la investigación.
Uno de los convocados varias veces fue el comisario inspector Sergio Marano, jefe de la morgue policial de La Plata. Su testimonio fue requerido por el juez Arias en una causa que justamente enfoca irregularidades y errores en el tratamiento y el registro de los cuerpos. Pero varias cédulas de notificación volvieron al juzgado sin que se cumpliera con la diligencia porque la morgue es una entrada sin número y no se podía notificar al funcionario.
Durante julio Sergio Marano fue reemplazado por el subcomisario Javier Eloy Rosales, hasta entonces el segundo jefe, como le confirmó Rosales a esta revista. En los días más álgidos de abril, ambos policías estuvieron al frente del ajetreado trabajo en la morgue, una de las dependencias más movidas, observadas y custodiadas de la ciudad; centro de sospechas ciudadanas, encontronazos políticos y las peores escenas familiares que haya visto la ciudad. Por eso el entonces jefe Marano debió elaborar un informe sobre los hechos al primer fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, y al Ministerio de Seguridad. Se espera que declare durante esta nueva etapa de la causa del fuero en lo contencioso administrativo.
Gabinete en apuros
Después de varias postergaciones en cuatro meses, las puertas de la Gobernación se abrieron el martes 27 de agosto para los inundados, que llevaron sus reclamos de cada marcha y la exigencia que el juez Arias continuara con la investigación que viene desocultando irregularidades en el tratamiento y el registro de las víctimas del anegamiento. Pero el encuentro dejó pasos en falso y frustración. Y la sensación de que el gabinete de Daniel Scioli subestimó tanto el estado de angustia e impaciencia de quienes lo perdieron todo, como la organización que lograron en estos meses. Si no, no se explica que la reunión con un colectivo ciudadano en busca de duelo y verdad haya encallado en polémicas como quién podía entrar y quién no, y si se podía hacer un registro fílmico del encuentro.
Rejas afuera de la Gobernación por el bulevar 53 hubo tensión y gritos por el ingreso a la reunión. Adentro, los funcionarios perdían el control de la palabra y de los ánimos. Sobre todo Scioli, Pablo Bruera, Gabriel Bruera y los ministros Alejandro Arlía y Nora de Lucía tuvieron dificultades para responder sobre la actitud del Ejecutivo hacia el trabajo del juez Arias y sobre el cómputo de víctimas, las obras y los subsidios.
“Nadie nos dio nada. Así estamos. Solos a la deriva”, les dijo a los funcionarios, angustiada, la hija de dos fallecidos por la inundación. “Esta reunión tiene que tener alguna secuela. Las palabras se las lleva el viento”, le dijo otro asambleísta a Scioli.
Así surge del video “prohibido” del encuentro, que se escapó del control y circula en las redes sociales:
