¿El fin de las cooperativas? Aparecieron en escena hace una década para hacer los trabajos de mantenimiento en todos los barrios de la ciudad. Integran a casi cinco mil trabajadores que en diciembre vieron peligrar su fuente de trabajo. La mayoría lo mantuvo, pero muchos de ellos perdieron la organización que les daba contención.
Textos: Pablo Spinelli
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Barren las calles, cortan el pasto en las plazas y las ramblas, levantan los residuos no habituales, mantienen el alumbrado público, limpian las zanjas en las zonas donde el agua de lluvia corre a cielo abierto. Son identificables porque muchos se constituyeron en personajes visibles de la ciudad con sus chalecos de diferentes colores o sus herramientas de trabajo. Son los cooperativistas que desde hace por lo menos diez años vienen prestando servicios para la Municipalidad de La Plata por no más de 3.500 pesos mensuales. Su fuente de trabajo fue de las primeras en riesgo en diciembre pasado, cuando se produjo el cambio político que instaló al PRO en los poderes ejecutivos local, provincial y nacional. Hicieron punta también a la hora de salir a la calle a reclamar, y en ese camino sufrieron los golpes que parecen inaugurar un modelo de Estado que difícilmente cierre sin represión. Las balas de goma y el gas pimienta fueron las primeras respuestas que recibieron cuando los despidos masivos de empleados públicos en casi todas las instancias de la administración estatal apenas se insinuaban.
Son alrededor de cinco mil personas, hombre y mujeres de distintas edades, la mayoría habitantes de las zonas periféricas de la ciudad. Con poca capacitación para el “mercado laboral”, casi todos estaban desocupados o con empleos “informales” cuando se integraron a alguna de las 50 cooperativas que existieron en ese sistema de prestación de servicios que funcionó hasta el 10 de diciembre pasado. A casi tres meses de aquello las cosas cambiaron pese a que la mayoría conservó la fuente laboral. La mayor parte de los que estaban encuadrados en organizaciones que funcionaban con estatuto, resolvían sus asuntos por asamblea y se regían por los parámetros solidarios que establece el cooperativismo, perdieron ese paraguas.
Ahora las organizaciones son 30 porque la gestión del intendente Julio Garro decidió que algunas se fusionaran y a otras les cortó el contrato. Y pese al nombre formal de “cooperativas”, sus características hacen que sea difícil encuadrarlas bajo esa denominación. Desde el cambio de gobierno los trabajadores reportan directamente a las delegaciones comunales o a la administración central, con lo cual se reforzó el condicionamiento político que en la calle se traduce en una dependencia económica que genera el caldo de cultivo clientelar.
Esa fórmula es relativizada desde la Comuna por el tipo de vínculo laboral. Voceros del intendente indicaron a La Pulseada que no se realiza una contratación directa del personal sino de las cooperativas conformadas, las cuales sí tienen un convenio por contra prestación de servicio para con la Comuna. Es estrictamente cierto, la gran diferencia está en el tipo de funcionamiento que tiene cada uno de esos núcleos.
El escenario no es novedoso porque no todas las organizaciones que trabajaron para el gobierno anterior, que encabezaba Pablo Bruera, lo hacían con la dinámica de verdaderas cooperativas. Muchas de ellas dependieron de los referentes políticos en las delegaciones y carecían de dinámica asociativa. Esa línea de gestión parece reforzarse con la reorganización dispuesta por Garro: muchas cooperativas quedaron sin contrato y sus socios fueron absorbidos por otras, que los toman como meros trabajadores, sin participación en las decisiones.
En las horas de cierre de esta nota estaba avanzada –por ejemplo– la disolución de las cooperativas Región Capital y Savoia Norte, de las más organizadas en la etapa anterior, las cuales se dividían el casco urbano para el mantenimiento de su alumbrado público. Algo parecido asomaba para el grupo de organizaciones que recogen los residuos comunes en El Rincón, Villa Elisa, Romero, y Altos de San Lorenzo, y los no habituales (ramas, basura reciclable y otros bultos) en todo el distrito.
Ambos casos perfilan una marca ideológica de origen del gobierno comunal. Desde oficinas municipales admitieron que el camino más probable es una licitación –u otra herramienta administrativa– para que una empresa privada (tal vez la propia Edelap en el primer caso, y Esur en el segundo) se hagan cargo de la prestación.
Peleada transición
Es improbable que los trabajadores cooperativistas ingresen en la descalificación de “ñoquis” que instaló el discurso oficialista en aquellos primeros días “post 10D” para justificar las bajas indiscriminadas de personas que sí tenían –en general a través de contratos– algún vínculo laboral con el Estado. Tampoco estuvieron del todo exentos. Durante casi un mes todos ellos temieron perder el trabajo y padecieron la incertidumbre del atraso en el pago de lo que ya habían trabajado. Más tarde muchos tuvieron que salir a cortar la calle para hacerse oír y recuperar el puesto.
Hubo un reempadronamiento y mucha gente quedó afuera porque no presentó sus papeles en tiempo y forma. Otros se dieron de baja porque no se presentaron a trabajar pese a haberse inscripto. También tuvieron que padecer el calor y el hacinamiento en las largas colas para cobrar sus haberes, en el Estadio Único en diciembre y en el Pasaje Dardo Rocha en enero. En 25 y 32 fueron varios los que se descompusieron y uno de ellos, Marcelo Méndez, murió algunas horas más tarde producto de un paro cardiorespiratorio.
Ahora esperan una tarjeta para que el pago sea por vía bancaria. En muchos casos también aguardan ropa de trabajo adecuada y herramientas para llevar adelante las tareas sin riesgos. “Ciudad reiniciando”, dicen los primeros chalecos de color amarillo que empezaron a verse en la ciudad. Esa imagen de nuevo ciclo no llega aún a los lugares que no son tan visibles.
El origen
Las cooperativas -y con ellas sus socios/trabajadores- forman parte de un complejo sistema de prestación de servicios inaugurado por el ex intendente peronista Julio Alak y potenciado más tarde por su sucesor Pablo Bruera. Pueden ser vistas como una herramienta de control político territorial. Pero también se convirtieron en una red de contención social en zonas donde el desasosiego por la falta de horizontes arreciaba aún cuando a nivel nacional promediaba el gobierno kirchnerista.
En los barrios se necesitaba generar fuentes de trabajo, según explicó a La Pulseada uno de los ex funcionarios de la gestión Bruera, de los principales impulsores del sistema cooperativo. Y esa necesidad se concilió con la de prestar algunos servicios que eran deficitarios. Del testimonio recogido en las marchas y piquetes de mediados de diciembre pasado, o de las entrevistas realizadas con miembros de la cooperativa “Manos Coop” de El Retiro, o el relato en primera persona de Verónica Watson, una trabajadora que barre las calles de Villa Elvira, la incorporación al sistema cooperativo implicó un parte aguas en sus vidas: ni más ni menos que un camino hacia la inclusión (ver notas aparte).
A la salida de sus 16 años al frente del palacio municipal, Alak dejó el embrión de lo que su sucesor amplió. El sistema hasta ese momento tenía 17 cooperativas: una por cada delegación, más otra “superestructura” que dependía de la administración central para garantizar las prestaciones que fueran deficitarias en las localidades. Por su origen carecían de autonomía respecto del poder municipal.
Bruera multiplicó por tres la cantidad de organizaciones y de personas que encontrarían en ellas la fuente de trabajo buscada por décadas. Dos movimientos parecen simbólicos en ese camino. Implicaron correr de la escena a empresas privadas que concentraban el servicio para apostar por una vía basada en otro tipo de lazos. Ya en febrero de 2008 –50 días después de la asunción– las cooperativas Región Capital y Savoia Norte se hicieron cargo del alumbrado público y la semaforización, un servicio hasta ese momento prestado por Edelap. Otras tantas, “Barrido la Victoria” y “La Esperanza de Melchor Romero”, se dividieron el casco urbano para garantizar el barrido de sus calles, el cual por ese entonces estaba en manos de Esur, la compañía que aún mantiene la recolección de residuos domiciliarios.
Las cooperativas se multiplicaron pero no siempre siguiendo los lineamientos más básicos de la doctrina que las define como “asociaciones de personas que se juntan para satisfacer de modo colectivo sus necesidades eliminando o reduciendo las posibilidades de explotación”. Como se dijo, en muchos casos distó de lo ideal porque operó la dependencia directa con el poder político municipal, y la figura cooperativista fue sólo una forma burocrática que estaba respaldada en los papeles pero no se legitimaba en el funcionamiento: los trabajadores no tuvieron conexión solidaria entre ellos y su relación fue directa con la administración, a través de las delegaciones o de referentes territoriales que se enrolaban como autoridades de la asociación.
Las 28 cooperativas que dependían administrativamente de la Subsecretaría de Empleo y las 10 de Espacios Públicos respondían –en general– al primer modelo. Entre las 12 organizaciones que operaban bajo la órbita de Gestión de Residuos aparecen las menos autónomas. Sus trabajadores no ejercían un rol de “socios cooperativos” y sus decisiones no excedían a la de presentarse cada mañana en el centro de referencia, generalmente las delegaciones, para salir a la calle a trabajar.
Durante la gestión de Bruera, las cooperativas llegaron a ser 50 y dieron cobijo laboral a cerca de seis mil trabajadores. Los jóvenes de entre 18 y 25 años de los barrios más humildes aparecieron entonces como los principales beneficiarios. Muchos de ellos pudieron encontrar un camino que los apartara de los riesgos que plantea la vida en las calles. Pero el sistema aportó también cobijo laboral a cientos de vecinos de más edad –los hay hasta de 50 y 60 años– que antes jamás habían conocido una mínima formalidad laboral.
Modelo impuesto
Una primera evaluación del mapa de 2016 indica que Garro parece haber tomado la decisión de avanzar con una variante de la segunda opción. La reducción de la cantidad de organizaciones parece un síntoma de ello. También lo es la caducidad del contrato a varias organizaciones que tenían inserción en su barrio y definían sus lineamientos con autonomía.
La escena permite aventurar la modificación del panorama. Con Bruera convivían dos modelos, uno que buscaba afianzar el funcionamiento de las organizaciones con los lineamientos que dispone el cooperativismo, y otro en el que los trabajadores apenas se conocían entre sí, nunca interactuaban, y los directivos –si los había- reportaban directamente a alguno de los referentes políticos del intendente.
Con Garro el modelo es uno solo y está más cercano al descripto en segundo término. Varias cooperativas se disolvieron para fusionarse con otras. Y en general, las que sobreviven son las que en la gestión de Bruera mantenían lazos directos con el Municipio a través de las delegaciones. Solo las cooperativas que habían sido armadas bajo el paraguas de organizaciones sociales y políticas como Quebracho, la Corriente Clasista Combativa, el Frente Darío Santillán, Justicia y Libertad o el MUP parecen lograr sobrevivir como tales. El resto desaparecieron y sus integrantes, aunque conservaron el trabajo, empezaron a perder tanto la condición de socios como la protección que les daba estar integrados en una organización concebida para operar con lazos solidarios.
El padrón
Una de las herramientas que se proveyó el intendente Julio Garro fue un Registro Único de Cooperativistas. Su objetivo, según expresó el propio jefe comunal, es tomar conocimiento de la cantidad de personal que cumplía tareas a través de esas organizaciones. Fueron 5.745 personas las que se inscribieron, pero según un relevamiento posterior, realizado con criterios como el presentismo, quedaron 4.798 cooperativistas.
Según la información oficial, aportada por la Municipalidad a La Pulseada, esta es la distribución según las tareas:
Barrido: 4.272
Bolseros: 168
Choferes: 31
Coordinadores: 26
Defensa Civil: 10
Guardianes de plaza: 53
Seguridad: 238
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