Los centros de detención para adolescentes reproducen lo peor del sistema penitenciario para adultos, confirma el monitoreo sobre políticas de niñez realizado durante el último año por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria e incluido en su último informe, que acaba de ser presentado. Por ejemplo, se tortura. El año pasado la denuncia fue igual.
Persiste el uso masivo y generalizado de la prisión preventiva en la ocupación de las plazas de encierro del sistema bonaerense de responsabilidad penal juvenil: el 71% de sus vacantes son ocupadas por adolescentes procesados, constató el Comité contra la Tortura a partir de inspecciones a centros de detención. Del 29% restante —la población que sí tiene una sentencia— en el 73% de los casos el expediente se resolvió por juicio abreviado, una figura cuestionada, “objetada por su constitucionalidad, pertinencia y eficacia en el pretendido proceso de responsabilidad penal juvenil”.
En tanto, el organismo de derechos humanos corroboró, a partir de entrevistas con jóvenes alojados en centros cerrados y de recepción, la violencia policial y el alojamiento en comisarías: 9 de cada 10 jóvenes permanecieron detenidos en una dependencia policial luego de ser aprehendidos. Entre aquellos que estuvieron alojados en comisarías, el 29% permaneció allí entre 1 y 6 horas, el 35% entre 7 y 12 horas y el 36% por 12 horas o más tiempo, alcanzando en algunos casos a permanecer en tales espacios por varios días. Dentro de las comisarías, el 40% fue golpeado y/o torturado de distintas formas (desde fuertes cachetazos en los oídos, golpes de puño y patadas en costillas, piernas, cabeza y espalda entre varios efectivos mientras los jóvenes se encuentran inmovilizados o en clara situación de indefensión).
El informe difundido esta semana también reconoce que es sistemática la aplicación de torturas y malos tratos en los centros de detención de la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires. De 116 jóvenes entrevistados en 2011, el 19,5% manifestó haber padecido torturas y malos tratos por parte de asistentes de minoridad.
Y como una de las peores postales de este diagnóstico, un joven de 19 años llamado Miguel se suicidó en septiembre de 2011 en su celda del centro cerrado Virrey del Pino (un establecimiento ubicado en La Matanza, de administración mixta con el Servicio Penitenciario Bonaerense). Había sido trasladado allí poco tiempo antes, desde el Almafuerte. En este último lugar Miguel estudiaba computación, comunicación social y trabajaba en el horno de ladrillos, a pesar de que es uno de los centros cerrados más señalados por malos tratos y falta de acceso a la recreación y, en ese sentido, expresa muchas de las deudas de la transición entre el régimen del Patronato y el nuevo paradigma. En La Matanza, las cosas se pusieron incluso peor. Esas actividades se terminaron. Según difundió el Comité contra la Tortura, sus compañeros contaron que Miguel estaba deprimido por el monto de la pena que había solicitado el fiscal penal juvenil. El suicidio de Miguel es el tercero que se da en este centro desde noviembre de 2008, cuando se informó oficialmente que se habían matado dos chicos, de 16 y 17 años, y se clausuró por un tiempo el establecimiento.
No se puede seguir oyendo sin más que un tercer cuerpo suicidado se apiló en Virrey del Pino, ni dejar que se apilen informes cuyo capítulo sobre niñez incluye la palabra tortura. Este año, el gobernador Daniel Scioli recibió a miembros de la Comisión por la Memoria y admitió que en su provincia se tortura. Ahora falta que haga algo contra los que torturan.
Josefina López Mac Kenzie
