El caso se hizo conocido por los medios locales comerciales que se hicieron eco del discurso discriminatorio de un grupo de vecinos de San Carlos que no quieren que estén ahí. Detrás, otra historia: en el barrio Malvinas, unas 100 familias sin techo ocuparon un terreno que está en desuso hace más de 20 años. Fueron reprimidos ilegalmente y suenan cada vez más fuerte los anuncios de un desalojo definitivo.
Por Agustina Sarati y Josefina Garzillo
El problema habitacional atraviesa el país de norte a sur con una frase demoledora: no hay tierra para vivir. El 25 de agosto, varios jóvenes del barrio Malvinas, en San Carlos, de los tantos que no tienen techo, se animaron a refutar esa idea y quisieron hacer valer un derecho que desde siempre les fue privado: hacerse de un pequeño lote donde levantar un hogar.
Es duro enfrentarse al desamparo del frío, de la tierra rasa, teniendo que resistir con lo puesto a una represión con balas de goma como la que sufrieron la madrugada del 28.
Sentada en esa misma tierra de donde intentaron desalojarla, Tatiana recuerda episodios de la noche en que la policía arrojó gases lacrimógenos dentro de una casilla donde una mamá dormía con su hijo. «Tobas de mierda, indios usurpadores rajen de acá», les gritaban. A esos ataques le siguieron los primeros disparos.
«Esta toma la empezamos los jóvenes del barrio, fue más que nada un grito que teníamos contenido, la necesidad». Entre las familias asentadas, ya todos la reconocen como Maru, su apodo. Habla con pausa y tranquilidad, sabe cuántas madres solas hay en los lotes, quién tiene techo y cuántos necesitan chapas antes de que baje el sol. En su familia de nueve hermanos, todos conocieron el desarraigo de chiquitos cuando emprendieron camino desde Chaco en busca de una vida mejor; ella pisó La Plata con 9 años.
Hoy Maru tiene 22, la misma cantidad de años que llevaba abandonado el lote cuando lo tomaron. Como ella, muchos vecinos crecieron compartiendo piezas, mientras veían tanta tierra en desuso. «El ´no´ estaba siempre primero, pasábamos por acá todos los días pero nadie se imaginaba entrar».
El 25 de agosto se animaron. La policía bonaerense no tardó en llegar. Ese mismo día fue la primera amenaza. «Esto tiene dueño», les dijeron. «Vamos a mandarles a Infantería si no se van». Maru recuerda que aseguraron que ya tenían una orden de desalojo, algo que no era cierto. Ellos resistieron y no se fueron. Infantería apareció en la noche del martes y la represión se extendió de la 1.30 hasta después de las 4 de la mañana. «Vinieron motos de la policía de Romero, se plantaron en 34 desde 147 a 148 y empezaron a reprimir». Para ese momento no existía orden judicial (salió dos días después), es decir que la maniobra fue ilegal, sumado a que los desalojos no pueden hacerse de noche. Estos hechos no suelen ser mencionados por los principales medios locales, que descargan una y otra vez responsabilidades sobre los ocupantes.
Lo que se dice y lo que se oculta
El modo en que suelen tratarse los conflictos habitacionales nos dice que «sobran personas», mientras nuestra Constitución fija que todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Cómo se aplican las leyes cuando decenas de familias que no tienen donde vivir salen a buscar esa dignidad? ¿Puede juzgarse igual a quien tiene sus necesidades básicas satisfechas y a quien históricamente sólo conoce de privaciones?
Quienes escriben, sin duda, no podrían hacerlo sin un techo de resguardo. Quien decide un desalojo, difícilmente imagina lo que deben ser las noches sin techo, o la crueldad de vivir a la intemperie.
En este preciso momento en las dos manzanas que van de 34 a 36 y de 138 a 139, 100 familias están resistiendo en medio de un panorama social y judicial poco alentador. Franco Pedersoli, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), y abogado que acompaña el reclamo de las organizaciones sociales, explica a La Pulseada que tanto el ejecutivo provincial, como el ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Tierras deberían intervenir dentro de los 10 días, y que de lo contrario va a concretarse el desalojo ordenado por el juez, para restituir el inmueble al propietario. El abogado alerta sobre ciertas maniobras mediáticas que se empeñan en opacar la ilegalidad del accionar policial y dan aire a «grupos de vecinos que, impulsados por el miedo al conflicto, reproducen discursos discriminatorios sobre la creencia de que son los únicos que tienen derechos, y lógicamente son formadores de las decisiones de las agencias judiciales», y lamenta que no se comprenda que «las personas que ocupan son vecinos de muchos años igual que ellos, que necesitan resolver un déficit histórico de acceso a la tierra en estos espacios vacíos, con titulares especuladores».
Días atrás, varios integrantes de la toma, acompañados por las organizaciones sociales Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Movimiento Justicia y Libertad, se acercaron a la Fiscalía N°3 y al Juzgado de Garantías nº 6, para pedirles al fiscal Martini y al juez Mateos que intervengan en el desalojo y se convoque a una mesa de diálogo. «Este no es un conflicto de raíz penal, sino social. Acá hay una necesidad urgente muy clara y no se está queriendo mirar desde ese lugar», aclara Eduardo Olguin, integrante del área Territorial del FPDS. En esa reunión también participaron la Secretaría de Tierras de la municipalidad, el Consejo Social de la UNLP, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. «Ahí llevamos bolsones con proyectiles y cartuchos de los gases que quedaron en el terreno después de la represión», agrega Olguín.
Mientras en Malvinas, sobre esa tierra negra, húmeda y con carácter de propiedad privada, los hijos «que sobran» se encuentran, conocen y juegan, trepan árboles y arman hamacas. Hace días sus padres y madres, ayudados por varias personas que se acercan a colaborar, levantan ranchos para pasar las noches y cuidar la zona. Así se está viviendo en ese pequeño barrio que resiste para inventarse, a 10 minutos del centro de la ciudad y la negociación.
