A fines de octubre pasado, la furia colectiva por el asesinato de Enzo Ledesma, de 13 años, hizo arder una comisaría de José León Suárez sospechada de proteger a narcos. La misma seccional que ordenó reprimir, en febrero de 2011, a vecinos enfurecidos porque el gatillo fácil había liquidado a otros dos pibes. Una historia cíclica y un grito: “¡Ya no cabe más dolor en Carcova!”. 

Por Matías Ortega

En la villa de San Martín que aún no había sanado las heridas del fusilamiento de dos de sus pibes, Mauricio “Pela” Ramos y Franco “Gordo” Almirón, las balas volvieron a matar por la espalda. Enzo Ledesma tenía 13 años y fue asesinado en un tiroteo entre transas en este partido del conurbano bonaerense. A raíz de su muerte, familiares de víctimas de la violencia narco se levantaron e hicieron oír sus voces. Una cadena de historias que apunta a la comisaría 4º de José León Suárez, epicentro de la furia barrial y de las sospechas de connivencia entre la Policía y los narcotraficantes.

Las llamas que ardieron ayer

El Pela y el Gordo fueron asesinados por la Policía Bonaerense el 3 de febrero de 2011. Joaquín Romero, “Joaco”, también resultó gravemente herido pero sobrevivió de milagro, tras ser internado de urgencia en el hospital Thompson, del municipio de San Martín. Aquella tarde, como todas las tardes, se dirigían al basural infinito de la Ceamse para cirujear comida o encontrar elementos de valor para vender y tener una próxima cuota de supervivencia.

Una feroz represión policial a los habitantes de villa La Cárcova —Carcova, como se lo apropiaron sus habitantes— interrumpió su camino. Los vecinos intentaban abrir un tren de carga descarrilado en las vías que cruzan el barrio. La escena era, al menos, paradójica: la formación que llevaba autopartes —Volkswagen y Renault— y alimentos —Arcor y Bagley— había quedado varada en una de las zonas más pobres de la Provincia de Buenos Aires, que subsiste de los desechos arrojados a la quema.

A pesar de los refuerzos que llegaron, no había amenaza alguna para los uniformados que se habían hecho presentes para “proteger” la formación. No obstante, los policías pusieron en práctica las “tácticas de combate” aprendidas en academias. Primero dispararon con la pistola lanzagases y el Pela, el Gordo y Joaquín —escondidos tras unas chapas— se vieron obligados a correr. Entonces les dispararon escopetazos a mansalva.

Herido por las balas, el Pela logró huir del lugar y un vecino lo cargó en su moto hasta la salita Dr. Luis Agote, donde médicos y enfermeros se vieron sobrepasados por la situación. Aunque lo trasladaron al hospital Belgrano, murió a las 19.30 en el quirófano. Mauricio estaba a punto de cumplir 18 y era conocido por todos en Carcova, por eso dejó una huella en el barrio que bordea el río Reconquista. “Tenía el ritmo en el cuerpo, estaba en la murga y antes de su asesinato iba a debutar en los carnavales bailando. Era todo alegría. Ahora la esquina ya no es la misma, no hay un fin de semana igual”, lo recuerda Analía, su tía.

El Gordo, en cambio, no tuvo tiempo a nada. Fue borrado por la ráfaga de una escopeta Mossberg R674045. Tenía 16 años, pasaba la mayor parte de su día juntado nailon en la quema, para vender, y estudiaba en la escuela 50 de Suárez. Era un pibe de pocas palabras. “Nosotros le dimos todo; él no era un chorro o alguien que fue a abrir el tren para robar: solamente estaba mirando. Ese día teníamos que ir a la quema pero se me escapó y se me fue”, narra Belquis, su madre.

Joaco pudo sobrevivir a los disparos pero en su cuerpo perduran las heridas del plomo. Se convirtió en un nuevo Juan Carlos Livraga, otro fusilado que vive, como el de la Operación masacre que contó Rodolfo Walsh. Hoy, con 21 años, trabaja para la Municipalidad de San Martín haciendo trámites en Tribunales. Pero no abandonó la quema: el sueldo apenas le alcanza para darle de comer a su hijo, Tiziano.

“Dicen que al tren lo descarrilaron, ¡mentira! Yo salí a la vereda y con los pibes estábamos mirando, nomás, de chusmas. Y por allá la gente los empezó a agarrar a piedrazos y la Policía empezó a tirar con balas de verdad —resume Joaco sobre aquel 3 de febrero—. Yo sigo para adelante, igual, siempre la voy a remar. Y ahora que está mi nene más todavía. Quiero que él estudie, le voy a dar todo lo que a mí no me pudieron dar”.

Esa tarde, la bronca contra la Policía por el asesinato del Pela y el Gordo se manifestó en la puerta de la comisaría 4º de Suárez, sede del operativo de represión, ubicada justo enfrente de la salita Agote, adonde habían confluido los vecinos a raíz de los fusilamientos. Llevados por la furia, los pibes tiraron piedras al tosco edificio policial, al cementerio de autos que lo rodea, a los comercios linderos, a prácticamente todo. Hubo también saqueos a locales de la zona: una casa de computación quedó devastada. Y algunos pibes habían empezado a armar bombas molotov pero fueron detenidos por los familiares del Pela. “Nosotros los convencimos de que no valía la pena y de que haríamos las cosas por el camino de la justicia”, cuenta Analía.

María Elena, madre del Pela, también le puso paños fríos a la bronca colectiva: “En ese momento la bronca que uno tiene reacciona de esa forma. Yo les dije que se queden tranquilos, que no armen más quilombo. Pero en un momento así, ¿quién va a estar tranquilo? Que te den la noticia de que falleció tu sobrino, tu hermano, tu amigo… ¿cómo lo contiene uno?”.

Arden hoy

Esa misma esquina volvió a ser el centro de la ira de los vecinos de Carcova el pasado 30 de octubre. Llegaron a reclamar justicia por el crimen de Enzo Ledesma, de 13 años, asesinado en un enfrentamiento entre transas. La indiferencia y la connivencia policiales encendieron la mecha y lo que empezó como un reclamo terminó —literalmente— en llamas: incendiaron parte de la seccional y en esa hoguera ardieron patrulleros, autos y motos secuestradas.

“Los transas están con la Policía”, “Ni una muerte más en La Cárcova” y “Enzo por siempre”, fueron algunos de los grafitis que escribieron sobre las paredes de la comisaría.

Horas después, los padres de Enzo, Juan Enrique Ledesma y Marisa Ibarra, encabezaban una manifestación a los Tribunales de San Martín para ser recibidos por la fiscalía que lleva adelante la causa. No fueron solos: los acompañaron las familias de Ivonne, Rubén, Ezequiel y Braian, otras víctimas en la guerra cotidiana de los transas.

“No hubo guerra de narcos, como se anda diciendo por ahí; parece que son los dueños del barrio. Pido justicia y que me ayuden, la Policía conoce todos sus movimientos”, denunciaba Ledesma, que señaló por el asesinato de su hijo a un transa apodado “Bebote” y hasta le llevó una foto suya a los uniformados a cargo de la seccional. Aun así, la Policía no tomó cartas en el asunto y, como sucedió en 2011, la comisaría fue intervenida a pedido del superintendente de Seguridad de la Zona Norte, comisario Gustavo Reale, en otra respuesta de maquillaje para demostrar “gestión”.

Y también mañana

Los que no se quedaron quietos fueron los transas del barrio. El fin de semana siguiente al reclamo, los familiares de las víctimas fueron amenazados en sus propias casas para que no siguieran denunciando casos. Pero a pesar del amedrentamiento, en Carcova y barrio Independencia no bajaron los brazos. Y a principios de noviembre presentaron una denuncia penal por “asociación ilícita” entre policías bonaerenses y narcotraficantes, ante el fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo.

“Venimos a denunciar formalmente la existencia de organizaciones en todo el cordón urbano lindero con el camino del Buen Ayre, que tienen por finalidad la comisión de delitos y que producto de su accionar han dejado como saldo niños, niñas y jóvenes asesinados durante estos últimos meses”, sostiene la presentación judicial.

En cuanto a la comisaría 4°, la Jefatura Distrital y la Departamental, el escrito argumenta que han desarrollado sus tareas “en forma absolutamente ineficiente e irresponsable, a tal punto que nos conduce a la profunda convicción de que por omisión o por complicidad de sus miembros son responsables de lo que ocurre en estos barrios”.

La denuncia contó con el respaldo de un abanico político-social que incluyó al Movimiento Evita, la Universidad Nacional de San Martín, la Campaña contra la Violencia Institucional, la Comisión Provincial por la Memoria, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) bonaerense y el cura villero José “Pepe” Di Paola. El diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, afirmó: “No basta con meter presa a una sola persona que disparó contra otra. Acá necesitamos que haya paz en nuestros barrios porque todos los días nos llega un caso nuevo y cuando preguntamos un poco la historia siempre termina en la Policía Bonaerense y los narcos de siempre”.

Los casos son parte de una rueda perversa que entrelaza al que vende paco para consumir, a los transas que se disputan las esquinas para ganar territorio y a la Policía, que los protege. En ese círculo, la necesidad y el hambre también son determinantes.

En 2006 San Martín albergaba el mayor número de villas (57) y asentamientos (91) del país. Hoy se calcula que se quintuplicó. Pero no hay datos oficiales actuales porque la mayor parte de su población ni siquiera fue censada en 2010 y el municipio no se tomó la molestia de contarlos. En cambio, la principal promesa de campaña del intendente, Gabriel Katopodis (del Frente Renovador liderado Sergio Massa), fue que haya una cámara de seguridad cada mil habitantes.

No hace falta tanta tecnología para ver que en este contexto pierden casi todos. Los pibes que caen bajo las balas narco, los que mueren por gatillo fácil, los que cirujean para sobrevivir. Y pierden también los vecinos de clase media que se quejan por la inseguridad. Sólo ganan unos pocos, que no leerán estás páginas y pueden dormir tranquilos a pesar del daño que causan. Son los que denunciaron Walsh ya en 1957 y el pintor realista Ernesto De la Cárcova en Sin pan y sin trabajo. Son los menos, los peores, los alimentadores de las injusticias. Y mientras sigan existiendo, las llamas de los pobres van a seguir ardiendo.

El juicio próximo

Cuando se cumplan tres años de los fusilamientos del Pela y el Gordo en Carcova, en febrero de 2014, comenzará el juicio oral de la causa que tiene como principales acusados a los policías Gustavo Sebastián Rey y Gustavo Ezequiel Vega. Mientras tanto ambos esperan en prisión preventiva.

Vega, oficial subteniente de la comisaría 2º de Villa Ballester, fue el primero en reconocer que había utilizado balas de plomo para reprimir. Como pretexto sostuvo que se había “equivocado” al agarrar los cartuchos. En cambio, Rey negó haber utilizado munición de guerra y según su defensa “no fue reconocido por ningún testigo”. Sus familiares dicen que es “un perejil”, que se aprovecharon de sus 23 años y su condición de principiante de la Policía Bonaerense 2.

En el camino al debate, la Justicia rechazó la primera hipótesis difundida desde el ministerio de Seguridad de la Provincia y divulgada por los medios: que el tren “había sido descarrilado con troncos” para robar su contenido. Empleados de TBA, preocupados por desligarse de responsabilidades, sostuvieron esta teoría. Recién en mayo de 2013 quedaron desmentidas estas ficciones, cuando la Cámara de Apelaciones de San Martín desechó la existencia del “descarrilamiento doloso y saqueo posterior”.

El abogado de las familias de Mauricio y Joaquín, Juan Carlos García Dietze, valora la importancia de ese fallo: “El argumento que se había dado para el actuar represivo tan violento era precisamente que había sido provocado el descarrilamiento. Si vos sacás ese argumento, la violencia que viene después no la podés explicar con nada”. Todos los indicios concluyen en que el mal estado de las vías produjo el descarrilamiento.

En una segunda parte de la causa se busca reunir pruebas para imputar a los altos mandos policiales y a otros tres policías que estaban en el descarrilamiento y dispararon con la pistola lanzagases. “El que disparó fue porque hubo un comisario que le dio la orden”, resalta Federico Efrón, integrante del Centro Estudios Legales y Sociales (CELS) y abogado de las familias de Carcova. De avanzar esta parte, Carlos Silva, subcomisario cuando sucedieron los fusilamientos, se vería obligado a explicar por qué los uniformados dispararon a mansalva contra pibes indefensos. También estaría muy comprometido el por entonces comisario Víctor Uhalde, máximo responsable de la comisaría 4º.

“Lo único que quiero es que se haga justicia, porque a mi hijo lo mató la Policía porque sí, sin ninguna razón. Dijeron que ellos habían causado el descarrilamiento. ¡Nada que ver! Si estaba el maquinista de testigo que no había nada en la vía. Dicen que tenía autopartes, ¿para qué mierda va a querer mi hijo eso?”, reclama la madre del Pela.

Belquis confía en que se hará justicia aunque nadie le responderá su pregunta absoluta: “¿Qué nos vale a nosotros que ellos caigan presos si nosotros no tenemos a nuestros hijos? Al que es buenito siempre se lo llevan primero”.

Cronología de la impunidad

El territorio de San Martín ha sido el escenario de varias muertes donde las víctimas son siempre pibes y pibas asesinados por la misma maquinaria de impunidad. Estos son los casos que trascendieron debido a las denuncias de sus familiares. Por cada caso denunciado se presume que hay decenas silenciados.

Febrero 2011: Mauricio Ramos, Franco Almirón y Joaquín Romero son fusilados en Villa La Cárcova. Hay dos policías de la Bonaerense procesados. Se señala a la cúpula de la comisaría 4º de José León Suárez por dar la orden de la represión.

Agosto 2011: Candela Rodríguez (11) es secuestrada y hallada muerta días después a 30 cuadras de su casa, en Hurlingham. La comisión investigadora en el Senado bonaerense apuntó a algunos funcionarios policiales que revistan o revistaron en San Martín. “Son narco policías que cobran a las bandas de narcotráfico locales para que operen libremente”, dice el informe final del caso.

Marzo 2012: Brian Palma (16) quiso intervenir en una pelea para separar y recibió dos tiros. Su madre, Natalia Palma, denuncia que su asesino tiene contactos en la comisaría 4º y que desde allí “lo ayudaron a escapar”.

Marzo 2013: Rubén Navarro (16) recibió ocho disparos de una ametralladora dentro de Carcova. Los familiares denunciaron a los transas en la comisaría 4º. “Pero como están arreglados no hacen nada”, denunció Maira García, cuñada de Rubén.

Agosto 2013: Christian Exequiel Mojica (20) también fue asesinado. La familia apunta a Miguel Jara, que le habría pegado tres tiros porque creyó que le había robado a una de las mujeres que levantaban quiniela clandestina para él. “Ahora el asesino está prófugo, levantó a su ex mujer que vivía en el barrio y se la llevó”, contó el hermano de Christian al diario Tiempo Argentino.

Septiembre 2013: Ivonne Alejandra Eloy (10) recibió un disparo en la puerta de su casa del barrio Independencia, en un tiroteo entre transas, y murió. Los vecinos señalan que uno de ellos, “Rolón”, estaría vinculado a José María Fernández, designado por el intendente Gabriel Katopodis en la Secretaría de Seguridad de San Martín. No hay detenidos.

Octubre 2013: Enzo Ledesma (13) es asesinado en un tiroteo entre transas. Los familiares acusan a “Bebote”. El caso se investiga en los Tribunales de San Martín.