La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mal llamada “de medios”, aún no ha podido aplicarse en su totalidad. Sin embargo, ya creó las condiciones para habilitar la palabra… Al menos la que nombra lo que parecía innombrable, el tabú de reconocer que los principales medios son empresas, y que las empresas tienen intereses que no llevan a las urnas. En muchas casas, bares, oficinas y sitios públicos entró el debate y el análisis de qué se dice y dónde está parado cada uno.
Pero nada cambia de un día para otro. El 8 de diciembre el panorama mediático será el mismo que hace un mes, y no muy distinto de hace tres años. La ley es una herramienta para la organización social y las políticas de Estado. Marca la cancha donde se juega la democracia. Una cancha a ocupar, un partido que se disputa cada día por la soberanía de la palabra. En este informe, algunos de los “jugadores” que consideramos más importantes (representantes de los trabajadores, de pueblos originarios, medios comunitarios y cooperativas) paran la pelota y piensan las jugadas.
Por Daniel Badenes
Ilustraciones: Juan Bertola
Colaboración: Verona Demaestri
“La ley de medios audiovisuales es la que hoy nos permite, aún sin poseer licencia, tener existencia, un horizonte y una perspectiva de crecimiento. Luchamos por esa ley que es un ejemplo para el mundo, y por hacerla realidad cada día desde nuestra emisora”, dice Laura Figueiredo, integrante de una radio nacida en Villa Lugano en 2009, en el fragor del debate por la ley y entre familias que venían de ser desalojadas del asentamiento conocido como “La Lechería”. A la violencia de la intemperie se sumaba la de los medios comerciales al nombrarlos. “FM Comunidad surge a partir de la injusticia y la impotencia que te provoca que otros hablen por vos; que los grandes medios impulsen visiones que estigmatizan a los sectores populares, a los jóvenes y a las formas de organización para conseguir un futuro distinto. Y también por la convicción de que la comunicación es un derecho y debe ser de todos, no sólo de sectores privilegiados”.
Esa misma idea movilizaba a los trabajadores de prensa, medios comunitarios, PyMES, universitarios, organizaciones sociales y otros “jugadores” del campo popular que en agosto de 2004 formaron la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” y resumieron en 21 puntos sus acuerdos sobre cómo debía regularse la radio y televisión. Un punto por cada año que llevaba esa deuda de la democracia. Hasta entonces, el sector se regía por una norma de la dictadura –modificada por decreto en los ´90, para empeorarla- que definía a la comunicación como un negocio para pocos.
Aquel decreto-ley prohibía no tener fines de lucro: las radios comunitarias no tenían otra opción que ser “piratas” y estaban acostumbradas al riesgo de que el Estado decomisara sus equipos. Grata sorpresa tuvieron los militantes de la Coalición cuando después de tantas promesas y proyectos fallidos desde el ´83, en marzo de 2009 el Poder Ejecutivo presentó un anteproyecto de ley basado en sus 21 puntos. Y una gran fiesta cuando siete meses más tarde, después de debatirlo y enriquecerlo en foros federales, el Congreso sancionó por amplia mayoría la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
“Tenemos una de las mejores leyes del mundo y sin duda la mejor de América Latina. Quizá en algún momento habrá que hacerle mejoras, pero el espíritu y el concepto de la ley es inmejorable: la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía”, resume Diego de Charras, docente de Políticas y Planificación de la Comunicación en la UBA y director de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Pero la ley era apenas el puntapié inicial. “No hay que creer que se aprueba y al día siguiente todos tienen acceso a los medios”, decía uno de los especialistas consultados por esta revista durante 2009, cuando en pleno debate plantamos bandera por la democratización de la comunicación. Y el titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) anticipaba “una batalla muy dura”: “va a ser más difícil aplicar la ley que aprobarla” (La Pulseada 69). Estaba en lo cierto: ni bien se sancionó, llovieron los recursos de amparo de las grandes empresas afectadas y estuvo un año suspendida por decisión de una jueza mendocina. Todavía hoy, la aplicación de dos artículos –referidos a la desmonopolización- está frenada por una medida “cautelar” lograda por el grupo Clarín, en la que debió intervenir la Corte Suprema para poner un plazo: 7 de diciembre. Otros puntos están demorados por la propia gestión de gobierno; mientras cada día proliferan medios y producciones –a veces más allá de la propia norma- que oxigenan el escenario mediático. Así, tres años más tarde, el balance tiene claroscuros. “Hay un debate sobre si el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Se avanzó en la implementación de la ley o estamos estancados? ¿Se podría haber avanzado más? ¿Va a cambiar todo el 7 de diciembre o no va a cambiar nada?”, resume Pascual Calicchio -uno de los fundadores de la Coalición- la pregunta que La Pulseada hizo a especialistas y representantes de medios comunitarios, sindicatos de prensa, cooperativas y pueblos originarios.
El debate como conquista
Todos coinciden que el gran aporte de la LSCA fue incentivar un debate social sobre el rol de los medios. “Eso es lo más importante”, dice Néstor Busso, de FARCO, hoy representante del sector sin fines de lucro en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual creado por la ley. “Casi cualquiera discute si lo que dicen los medios está bien o mal. Antes se decía ´Lo dijo la radio, lo vi en la tele´ y listo. Hoy muy pocos se tragan la idea de la imparcialidad. Cuando ven cámaras en la calle preguntan de dónde son. Se percibe que los medios tienen intereses e ideas diferentes”.
El clima generado, además, incentivó las ganas de hacer. “El debate alimentó proyectos de instalar medios de comunicación populares y fundamentalmente canales de televisión”, dice Natalia Vinelli, de Barricada TV, que participa del Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias. “Incluso no todos tienen capacidad real de llevarlos adelante. Un canal no requiere una inversión millonaria, pero sí un trabajo muy importante. Habría que ver cuántos de todos esos proyectos en danza realmente se van a convertir en canales. Y habría que pensar en unificar esfuerzos”. El Espacio Abierto nuclea seis televisoras que están funcionando, aún sin haber obtenido una licencia: Barricada TV, que transmite desde una fábrica recuperada de Almagro; FARO TV, de Chacarita; Canal 4 Darío y Maxi, de Avellaneda; En Movimiento TV, de Villa Soldati; Pachamérica TV de Jujuy y TVPTS. Se unieron para pedir que se haga efectivo el lugar prometido para los proyectos sin fines de lucro (ver subnota).
En rigor, en estos tres años el sector comunitario creció “de hecho”, más allá de autorizaciones o licencias, y todavía sin políticas de fomento sólidas que garanticen el crecimiento sustentable del sector. Desde 2010, cada asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias festejó la incorporación de nuevas socias. De 46 que eran cuando se aprobó la ley, hoy son casi 100. “No siempre son experiencias nuevas… También tiene que ver con la visibilidad que tuvo FARCO”, aclara Busso. “Todos los días tenemos pedidos asociación”.
Una de las nuevas que se sumaron al Foro es la FM Comunidad de Lugano. “Empezamos haciendo radio sin radio, con micrófonos, música, pero sin salir en ningún lado”, recuerda Figueiredo. Al tiempo consiguieron algunos recursos a través de un proyecto de extensión de la Universidad de Buenos Aires, y lograron montar “una radio popular, que pertenece a una organización social y política, abierta a la comunidad”. A principios de este año subieron la apuesta: armaron una escuela de radiodifusión, donde asisten vecinos de Lugano 1 y 2, Villa 20, Villa 3, los Piletones y Soldati. “La primera camada terminó en agosto, y prácticamente todos los egresados hoy tienen sus programas en la emisora. Descubrimos grandes comunicadores, que necesitaban formarse y tener un espacio”. Podría pensarse que todo ocurrió al margen de la LSCA –ya que Comunidad aún no tiene licencia-, pero no lo plantean así los impulsores de la radio: “Tener esa ley como marco es un triunfo de las organizaciones libres del pueblo. Las discusiones que generó fueron muy importantes. El balance es positivo… Ahora falta su real implementación”.
Claroscuros
“En estos tres años se aplicaron algunos de los puntos y todavía es mucho lo que queda hacer”, explica De Charras. “Hoy toda la atención está centrada en la adecuación de los grupos que están excedidos en cantidad de licencias, pero la ley es muchísimo más que la desconcentración”. El especialista en políticas de comunicación destaca, además de los criterios antimonopólicos, las cuotas de pantalla –que exigen porcentajes de producción local, regional, nacional- y la diferenciación de distintos tipos de prestadores, que reserva un 33% del espectro radioeléctrico para quienes no tienen fines de lucro. “Podríamos hablar de un montón de cosas más: el diseño institucional, el modo de elección de autoridades, los contenidos para discapacitados, el abono social del cable… Pero en esos tres hay un principio muy fuerte vinculado a la diversidad, la libertad y el pluralismo”.
Formalmente, hoy la ley está en vigencia, salvo dos artículos que establecen límites a la cantidad de licencias –el 45 y el 161-, que no se pueden aplicar al multimedios Clarín, que resiste la ley con maniobras judiciales. Del resto, la aplicación ha sido despareja: hay medidas que tienen pleno vigor, otras avanzan más lento y otras son, todavía, una gran deuda. Algunas son frenadas por la oposición política –que durante dos años se negó a integrar los cuerpos colegiados en los que tiene un lugar asignado- y otras por la impericia de funcionarios del área, que tienen la mentalidad forjada por el decreto de la dictadura y trabajan como si estuvieran en el viejo COMFER. Por otra parte, no todos los cambios son visibles: un gran aporte de la ley fue su federalismo y es muy probable que los cambios sean más palpables en el interior que en la zona metropolitana.
“Cualquier balance debe incluir un debe y un haber, cosas positivas y negativas”, dice Néstor Piccone, integrante de la Coalición desde sus inicios y actual presidente de la FeCOOPTV, una organización de la economía social formada por entidades que impulsaron la ley y que hoy construyen una Red Federal de Contenidos Audiovisuales para intervenir en un escenario mediático que lentamente empieza a cambiar.
El haber
Detalles –y no tan detalles- en los medios existentes como la hora y la temperatura en pantalla, la obligatoria advertencia sobre el inicio y el fin de los espacios publicitarios, y la aclaración sobre contenidos “no aptos para niños, niñas y adolescentes”, fueron las primeras señales de la vigencia de la ley. Además, paulatinamente crecieron los contenidos propios y locales en las emisoras de radio y TV del interior, muchas veces incentivados por políticas públicas (ver «Más contenidos»).
Mientras tanto, con ciertas dilaciones, empezaba a organizarse la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y se convocaban los primeros concursos. El más significativo incluyó 687 licencias de FM para diez provincias. Otro, que apuntaba a la televisión digital, tuvo que cancelarse por su criticado diseño, que imponía condiciones imposibles para los medios comunitarios (ver subnota).
Recién en octubre de este año quedó conformada la Comisión Bicameral de Seguimiento y en noviembre empezó a funcionar la Defensoría del Público, que durante largo tiempo fueron parte de las deudas en la implementación, con responsabilidades repartidas entre el gobierno y la oposición.
Al amparo de la ley ya surgieron nuevos servicios. En el interior de la provincia y del país, las cooperativas de servicios públicos se lanzaron a disputar el mercado del cable, que hasta hace poco tenían vedado. Es un dato de mucho peso, teniendo en cuenta que el 80% de los argentinos que consumen televisión lo hacen a través de esa modalidad –en el resto de los países de América Latina, el índice está siempre por debajo del 50%-. Hoy ese mercado está dominado por Cablevisión. Concentra el 48% de los abonados de todo el país -bastante más de lo que permite la ley-, con una grilla en la que resistió la inclusión de canales como Telesur. Y cuya homogeneidad costó la expulsión de muchos trabajadores, como ocurrió en La Plata, Berisso y Ensenada, donde absorbió a los cables locales y quedó un solo emisor detentando tres licencias. En ese sentido, es promisoria la iniciativa de algunas cooperativas que -además de ofrecer el cable- se lanzaron a construir canales de aire.
Así surgió en Tres Arroyos CELTA TV, que hace dos meses obtuvo la licencia de la AFSCA. La cooperativa eléctrica había iniciado el trámite en 2011, después de consultar a la ciudadanía sobre el proyecto. 23 mil personas –casi la mitad de los habitantes- votaron por el sí. Un año antes habían lanzado una productora de contenidos que hoy realiza unos 20 programas que se emiten por diversos canales y pronto saldrán por la señal propia.
La Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa, debió juntar firmas para poder brindar servicios de televisión, que empezó con el intento de reproducir canales de aire. “Los grandes cableros se opusieron y a través de una jueza federal con sede en Capital Federal mandaron a que nos decomisaran los equipos”, recuerda Oscar Nocetti, el titular de la cooperativa. “Nos sacaron del aire y entonces decidimos competirles en la televisión por cable. Se juntaron 22 mil firmas de apoyo. Hoy tenemos televisión por cable con licencia de AFSCA. Cablevisión en Santa Rosa no tiene licencia”. Hace dos meses, la cooperativa inició las transmisiones de su propio canal, CPEtv, que sale al aire por una señal digital.
Otro caso destacado es TVCoop, en Zapala, Neuquén. Revanchas de la historia: la cooperativa zapalina había sido pionera en fundar un canal de TV en su provincia, en 1966. Catorce años más tarde fue clausurado por el decreto de Videla que rigió la radiodifusión hasta 2009.
En los últimos años el paisaje mediático también se modificó con la aparición de nuevos medios públicos. Entre los canales del Estado nacional, a la Televisión Pública y Encuentro se sumaron Paka Paka, INCAA-TV, Argentina Turismo y Tecnópolis, y pronto estará funcionando una señal deportiva. “Con sus más y sus menos, los medios públicos audiovisuales han ganado espacio en la audiencia y se los considera en la agenda. Salieron del confinamiento al que estuvieron condenados durante años de desidia neoliberal”, resume Stella Hernández, secretaria gremial del Sindicato de Prensa de Rosario e integrante del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual.
Además se otorgaron autorizaciones a provincias y municipios para que desarrollen sus propias señales. Y ganaron espacio las universidades públicas, convertidas en un actor clave en la transición hacia la televisión digital. En Córdoba puede verse durante todo el día CBA24Noticias, dependiente de la UNC. Y hay 31 radios universitarias funcionando en el país. Ocho de ellas salieron a la cancha a partir de 2009: son nuevas voces que pueden escucharse en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Villa María, Pergamino, Junín, Lanús y Bahía Blanca. Al nuevo mapa se suman las 200 emisoras que se están instalando en el marco del programa “Radios Escolares – Centros de Actividades Juveniles”.
Los pueblos originarios también lanzaron sus propios medios (ver subnota). Considerados como parte del “sector público” –no estatal-, por su preexistencia al Estado argentino, las comunidades no tienen que salir a concursar licencias: es un derecho ganado. “Cada vez más los rincones de Argentina que estaban incomunicados, hoy tienen medios de comunicación”, resume Matías Melillán, representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
7D para todos
Otra parte de la verdad es que la ley no se está aplicando en su totalidad. El freno más importante está en la política antimonopólica: la concentración de la propiedad de los medios y de la producción de contenidos sigue siendo escandalosa. Los límites establecidos y el plazo para desprenderse de las licencias excedentes fueron judicializados desde el primer día, lo que exaltó la puja entre el gobierno nacional y el multimedios Clarín. Tal es así que hoy el debate público reduce el sentido de la ley a esa pelea. Y en casas, oficinas y bares se escucha discutir sobre el 7 de diciembre (el “7D”). Ese día vence al plazo que la Corte Suprema puso a la resolución judicial que suspende los efectos del artículo que organiza el proceso de desmonopolización.
En el informe Indicadores de Desarrollo Mediático, aprobado en 2008, la UNESCO sostiene que los Estados “responsables de ejecutar las leyes antimonopolios cuentan con las atribuciones suficientes, por ejemplo para negar las solicitudes de licencias y para exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad”. La ley sancionada en 2009 sigue esos principios. Establece que ningún grupo empresario puede tener más de 10 licencias abiertas (de radio y televisión) ni más de 24 licencias de TV por cable, y tampoco puede abarcar a más del 35% de los abonados totales. Clarín tiene 240 licencias y su servicio de cable cubre el 48% de los usuarios.
No se prohíbe a nadie tener licencias, pero sí tenerlas casi todas. En ese sentido, la Corte Suprema argumentó en mayo pasado que “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión”.
Por otra parte, la cláusula antimonopólica no alcanza sólo a aquel multimedios. Son unos 25 los grupos empresarios que deberán presentar propuestas para adecuarse a la ley, desprendiéndose de licencias excedentes. La lista incluye a las empresas de Telefónica –dueña de Telefé-, Raúl Moneta –excedido en radios AM y FM-, Vila Manzano –que tiene varios multimedios-, Cristóbal López –que compró todo el grupo de radios y el canal C5N a Daniel Hadad- y Alberto Pierri. También es irregular la situación de medios como Canal 9 y Radio Continental, por estar en manos de capitales extranjeros. Poco se ha avanzado en ese plano. El gobierno alega que espera el 7D para que la ley sea “pareja para todos”, si bien legalmente el artículo en discordia sólo está suspendido para los dueños de Canal 13 y Cablevisión.
“Más allá de toda la actividad que han desplegado los grandes medios corporativos que no quieren para nada esta ley, también es cierto que no se está aplicando en su totalidad por propia decisión del gobierno”, critica Juan Carlos Giuliani, dirigente del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN), que integra la CTA opositora. “Si se promueve en serio que las organizaciones populares tengan su espacios radiales y televisivos a partir de los medios propios, esta ley va a ser muy buena. No va a ser buena si la usamos para vestir un santo desvistiendo a otro”.
El debe
Contra lo que la polarización en torno al “7D” podría indicar, no todo está frenado por el grupo de Ernestina de Noble y Héctor Magnetto. “También está demorada la entrada de las nuevas voces: los medios sin fines de lucro necesitan su lugar y un plan técnico que permita la realización de concursos más acordes a estas organizaciones”, reconoce Hernández. El “Plan Técnico” es un requisito establecido por la ley (artículo 156), previo a cualquier convocatoria pública para adquirir licencias de TV y radios. Su ausencia fue uno de los argumentos que llevaron a cancelar un polémico concurso el año pasado.
“La pelea por la aplicación total de la ley es a largo plazo y los monopolios de la comunicación no van a aceptar tan fácilmente que el pueblo aplique esta norma”, dice Melillán y reconoce “que muchos errores han sido propios y no ajenos; hemos tenido algunas demoras administrativas en la implementación y estamos trabajando para solucionarlas”.
La AFSCA todavía debe los resultados del censo que ordenó la resolución N° 1 del organismo, para saber cuántas radios, canales, productoras y cableoperadores hay en el país. Informalmente se dijo que “hay 15.000 medios”, pero la sistematización del censo brilla por su ausencia. La pregunta por el relevamiento realizado en 2009 es habitual entre los medios comunitarios, pues creían que tras él vendría la legalización de quienes históricamente estuvieron marginados. “Ésta es una de las deudas más importantes: la demasiado lenta aplicación en lo que hace a efectivizar el 33 por ciento del espectro radioeléctrico reservado para este sector. La única manera de enfrentar a los monopolios es instalando otra forma de hacer comunicación”, plantea Vinelli.
Tampoco se concretó el acceso público a la información sobre la propiedad de cada licencia. Por supuesto, los involucrados ponen muchos obstáculos: mientras reclaman transparencia a los gobiernos, las empresas mediáticas siempre regatean los datos sobre sus dueños y su facturación.
Otra traba está en la cabeza de muchos funcionarios y empleados que tienen que aplicar la norma. El cambio de paradigma no ocurre de un día para otro. Con la LSCA sucede algo similar a lo que sucedió con el cambio de la ley de minoridad por una de protección integral de la niñez: la norma cambió, pero la lógica del Patronato persistió, encarnada en jueces y trabajadores del Estado. En este caso, muchos siguen pensando la comunicación como un mercado. Este año Jorge Lanata se burló de los derechos adquiridos por los pueblos originarios: “Esta boludez de ‘hagamos la radio de los wichís’, ¿quién carajo va a escuchar la radio de los wichís? Y lo que es peor, ¿quién va a poner avisos en la radio de los wichís? ¿Y cómo les van a pagar el sueldo a los operadores?”.
Los viejos valores también se cuelan en algunas resoluciones de la Autoridad Federal criticadas por la Red Nacional de Medios Alternativos que cuestionó, por ejemplo, la exigencia de certificados de libre deuda de entidades gestoras de derechos como SADAIC: “Ante esto sostenemos que los medios comunitarios difunden músicas y culturas populares, muchas veces no registradas, y lo hacen sin fines de lucro, por lo que no es procedente ningún tipo de pago de derechos a asociaciones privadas de gestión de derechos”.
“Esta ley trae una óptica completamente nueva, y aplicar esto desde el Estado no es sencillo. Es un cambio de cabeza que va a llevar un tiempo y seguramente se van a seguir cometiendo errores”, advierte De Charras. Desde Santa Rosa, Nocetti agrega que “un desafío actual para el Estado es desactivar áreas que, inficionadas por los monopolios, operan contra la aplicación de la ley demorando los expedientes y obstaculizando los trámites para las licencias”.
Del 7 al 33
El 7 de diciembre es una fecha simbólica para la meta de combatir la concentración de medios. Otros principios de la ley tendrán sus propios días D: la democratización de la comunicación requiere un trabajo cotidiano y sin plazos.
“El 7D es un día clave porque se acaban los plazos para que los monopolios se adapten a la ley desprendiéndose de las frecuencias que tienen de más”, interpreta Piccone. “Por ejemplo, Cablevisión debe liberar las frecuencias que tiene en más de 150 ciudades argentinas: será un avance bárbaro porque las empresas que queden volverán a ser de cada ciudad, pueblo o región, y con eso se ganará en producción de contenidos propios y también recuperarán el dinero que hoy el Grupo se lleva para Buenos Aires por cobro de abonos”.
¿Qué sucederá efectivamente? Es imprevisible. Por un lado es esperable que se profundicen los recursos judiciales y surjan nuevos frenos. Por otro, la ley establece tiempos para declarar a una empresa “en rebeldía” por no adecuarse. Finalmente, es posible que algunos multimedios opten por desprenderse de licencias voluntariamente, entregándolas a allegados, como imaginó la revista Barcelona en 2009 cuando anunció que a “la era de monopolios” le seguirá una “era de los testaferros”.
La gran incógnita entonces es quiénes recibirán esas licencias y cuán activo será el Estado en promover la contracara de la desmonopolización, que es la multiplicidad de voces. En otras palabras, cuándo volverá a hablarse del número más citado durante el debate de la ley: el 33.
Cambiar al paisaje
“La ley tiene un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a aplicar políticas de apoyo y fomento de nuevos medios. Desde ahí se generó una política fuerte en producción de nuevos contenidos, pero todavía falta una política de Estado para generar nuevas pantallas y apoyar la sustentabilidad de los medios sin fines de lucro”, plantea De Charras, pivoteando entre el debe y el haber del balance de la ley. Busso coincide en el diagnóstico: “hay que promocionar a los nuevos prestadores para asegurar pluralidad y diversidad, no sólo a las producciones porque sino se financian contenidos que van a parar a los grandes medios de siempre”.
La mayoría coincide en que una de las grandes conquistas en la ley fue el reconocimiento obtenido por el sector comunitario –que venía de tres décadas de persecuciones-, que incluyó la reserva de un tercio del espectro radioeléctrico a los prestadores sin fines de lucro.
“Pero el 33% no puede ocuparse sin recursos”, aclara Figueiredo desde la nueva FM de Villa Lugano. “La posibilidad de que las organizaciones sin fines de lucro puedan ocupar el 33% del espectro, tiene que ver con el apoyo a los medios comunitarios, para su crecimiento, equipamiento, sustentabilidad”.
Si la desmonopolización tuvo trabas por parte de los grupos monopólicos, la promoción de lo comunitario se quedó en la propia inercia estatal. No hubo una política decidida y coherente, más allá de múltiples apoyos parciales desde distintos ministerios: Desarrollo Social entregó aportes para el equipamiento de radios comunitarias; Trabajo alentó centros de desarrollo profesional; el Banco Nación sacó un programa de créditos subsidiados para nuevos medios.
No hay noticias, en cambio, del fondo formado por el 10% de lo recaudado por el AFSCA, previsto por la ley, que debería destinarse a “proyectos especiales” y al apoyo de servicios “comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios”. “Eso implicaría hoy por lo menos 60 millones de pesos anuales”, calcula Busso. “Para el Estado no es una cifra importante pero para la comunicación popular sería transformador”.
Para Calicchio, debería impulsarse “un proyecto para el manejo de la publicidad oficial que vaya en la misma sintonía y que haga sustentables los proyectos sin fines de lucro. De esta manera no habría dudas de que el vaso se está llenando”. En efecto, el acuerdo de 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática proponía prohibir “la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas” y garantizar el acceso a la publicidad para todos los prestadores en igualdad de condiciones.
“Si no hay políticas para promover medios de comunicación de ese 33%, de organizaciones sociales, no cambiamos el modelo comunicacional, porque no se cambia el modelo comunicacional cambiando a Clarín por otro grupo, llámese Spolsky o Vila Manzano. No hay monstruos buenos y monstruos malos”, clarifica Busso.
Todos, maduros y organizados
“Un paso fundamental es prepararse”, dice Figueiredo mientras repasa una experiencia vertiginosa surgida al calor de la ley. “También es nuestra responsabilidad estar a la altura de la circunstancia, seguir profesionalizando nuestras prácticas, incluyendo y formando compañeros, luchando para hacer una comunicación cada día mejor, que pueda competir con las propuestas comerciales”.
Fortalecer las organizaciones y recuperar la presión social es el gran desafío. “Tenemos que recuperar espacios como la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que permita el acercamiento y el debate entre quienes son los responsables de implementar y ejecutar la ley, y quienes militamos, trabajamos y soñamos con un mapa de comunicación distinto en Argentina”, dice Mellilán. A principios de año hubo una serie de reuniones de la Coalición para plantear nuevos puntos de acuerdo, pero la propuesta quedó en borrador. En octubre, cuando se cumplieron tres años de la sanción de la ley, ese espacio multisectorial decidió impulsar foros de debate para reclamar su total aplicación, con la consigna “el 7 de diciembre todos dentro de la Ley”.
Ese día D tan anunciado muchos saldrán a la calles a pedirlo: en la cancha se juntarán esos pioneros que llevan 30 años de lucha por una comunicación democrática y otros tantos que ayer nomás construyeron un nuevo medio o que en el debate cotidiano advirtieron la importancia de distribuir la palabra. Con la camiseta de la ley, marcharán, empuñarán micrófonos y seguirán disputando un partido que se juega todos los días.
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