A pocos meses de su debut, la Policía Local tuvo en La Plata el primer caso grave de violencia cuando un oficial disparó a mansalva e hirió a Rafael Cobo. Tres días antes, Juan Martín Yalet murió de un balazo en la cabeza dentro de un patrullero del Comando de Prevención Comunitaria. La formación de los nuevos efectivos y la viejas prácticas de la fuerza, otra vez en el centro del debate.

Por Pablo Spinelli

Producción: Soledad Vampa y Josefina López Mac Kenzie

Fotos: Gabriela Hernández y Luis Ferraris

Julián Sebastián Cabañas y Graciela Bonela son los efectivos de la Policía Local de La Plata que en medio de una discusión de pareja casi provocan una tragedia. Estaban de civil y habían compartido una salida nocturna. Ya era el sábado 29 de agosto a la madrugada cuando tuvieron una ruidosa discusión en el centro cultural “En eso estamos”, ubicado en 8 entre 41 y 42. Por alguna razón él sacó su arma reglamentaria y disparó sin tener en cuenta que en el lugar había unas cuantas personas. Pudo ser más grave, pero cierta cuota de fortuna y la pericia médica de los profesionales del Policlínico San Martín salvaron la vida de Rafael Cobo, el joven en cuyo cuerpo impactó una de las balas. El hecho volvió a poner en el centro de la escena al proceso de selección y formación exprés que aplicó el gobierno bonaerense para saturar de policías las calles en medio de la campaña electoral (ver La Pulseada 129 de mayo 2015).

Tres días antes, Juan Martín Yalet fue aprehendido luego de haber participado, presuntamente, del robo en una vivienda. Por causas que la Justicia aún debe determinar murió de un balazo en la cabeza mientras estaba esposado por la espalda dentro de un patrullero. Los policías informaron que el detenido se había “autolesionado” con una pistola 9 milímetros que tenía entre sus prendas, hipótesis calificada como “inverosímil” por la fiscal que interviene en la causa, Betina Lacki. Su hipótesis apunta al homicidio y por eso pidió la detención de ocho efectivos del Comando de Prevención Comunitaria (CPC), otro de los brazos de la policía bonaerense. Los uniformados estuvieron presos pero luego fueron liberados por un recurso de habeas corpus presentado por sus defensores. La trama que rodea el caso (ver página 27) mantiene varios interrogantes abiertos que remiten a prácticas históricas de la policía bonaerense, y tal vez nada tenga que ver con una precaria formación. Ambos casos confluyeron en septiembre en marchas por las calles de La Plata en reclamo de justicia.

Maldito disparo

El balazo que hirió a Cobo causó estragos también puertas adentro del centro operativo desde donde se coordina a los policías locales: un período de reflexión en torno a lo ocurrido, la aceleración de la reevaluación y reentrenamiento –que comenzó casi en el mismo momento del hecho-, y una fuerte bajada de línea para que los policías dejen el arma una vez que termina su horario de trabajo, son las medidas que se tomaron. Una posible secuela de aquello es la licencia por motivos de salud el jefe de la fuerza, Jorge Campostrini. En paralelo, en un rápido trámite, ambos implicados pasaron de estar “desafectados” a recibir la “revocatoria” de sus designaciones. En la vía judicial el panorama más complicado es para el hombre, quien está preso acusado de “tentativa de homicidio calificado”. Ella fue liberada y está acusada de “resistencia a la autoridad”.

Hacia afuera, el daño que sufrió la imagen de la nueva fuerza parece necesitar más tiempo de recuperación que la propia víctima, quien 20 días después de sentir que la vida se le iba mientras era traslado al hospital en un patrullero recibió a La Pulseada en su departamento (ver página 26).

El impacto es tal que los jefes civiles y uniformados consideran que podría ser tomado como una provocación exponer lo que consideran son los “buenos resultados” que la nueva fuerza ha logrado en la calle en los meses que lleva actuando. “Esto termina empañando la labor de los más de 700 efectivos que están poniendo el alma para que salga bien”, se lamenta un alto jefe consultado para esta nota, e incluye en la bolsa al intendente Pablo Bruera, al ministro de Seguridad Alejandro Granados, y al gobernador Daniel Scioli, quien sin embargo en su campaña presidencial promete trasladar la experiencia a todo el país.

Guardar el arma

Qué hacen y qué deben hacer los policías con su arma una vez que termina el horario de trabajo era uno de los puntos centrales del proyecto de ley de creación de la Policía Local que fracasó en la Legislatura bonaerense. Aquel texto, que había sido elaborado por el ex secretario de Seguridad y ex diputado bonaerense Marcelo Saín, planteaba que como trabajador el policía debía portarla sólo en las horas en función. Y prohibía taxativamente tenerla o exhibirla en caso contrario.

El proyecto no pudo ser ley por los desacuerdos en el Senado. La vía a la que recurrió el gobernador Scioli fue una resolución del ministro de Seguridad, cuyo texto borró de plano el paradigma de “seguridad democrática” que había intentado imprimir Saín, e impuso la concepción del “policía durante las 24 horas”.

Ahora, llamativamente, aquella idea descartada es desempolvada en las oficinas municipales para intentar evitar que se repitan casos como el protagonizado por Cabañas. Al menos así lo sostiene el Secretario de Seguridad municipal, Guillermo Escudero, quien fue tajante a la hora de evaluar lo ocurrido en el centro cultural: “Esto no nos puede volver a pasar”, dijo. La consigna -según explicó a La Pulseada– es concientizar a los policías de que “no tienen la obligación de portar su arma si están de civil”, y que “es mejor si no lo hacen”. Fue en 2002 que en la policía bonaerense cambió el paradigma pero no la cultura full time. Los efectivos no tienen la obligación de llevar su arma cuando están de civil ni de actuar cuando en esa condición se encuentran frente a un delito. Tampoco hay norma que se los prohíba.

“Se les ha aconsejado que cuando terminan el horario de trabajo guarden el arma y disfruten de su familia. Y si van a bailar o salen a cualquier lado, que la dejen”, dice Escudero. Pero reconoce que la idea no es más que una sugerencia o una “bajada de línea” enfática. “Es un gris –admite- porque así como no se los puede obligar a portar el arma, tampoco se los puede obligar a dejarla”.

La mirada que justifica el planteo está basada en que los hechos más graves que se produjeron con algunos de los agentes de la Policía Local platense fueron cuando estaban fuera de servicio. También en estadísticas históricas tanto de muertes de efectivos como de robo de armas que nutren al mercado negro. “La mayoría de los casos ocurren cuando están de civil”, explican.

“Nunca hubo un cuestionamiento fuerte o una denuncia grave contra alguno de ellos por alguna irregularidad cometida en horas de trabajo”, asegura Escudero respecto a los flamantes policías locales. Menciona actuaciones deficientes puntuales en algún accidente o la falta de respuesta rápida ante la denuncia de algún vecino.

En contraposición ubica los tres episodios severos en los que los efectivos fueron sancionados; en todos los casos estaban fuera del horario de servicio. El primero ocurrió cuando uno fue sorprendido con marihuana en su auto (el involucrado está desafectado pero no fue revocada su designación), en el segundo hecho un policía participó del robo de un coche (“seguramente dejará la fuerza”), y el tercero es el que involucra a Cabañas y Bonela (ambos ya fuera de la fuerza definitivamente).

Nuevas camadas

En octubre saldrá a la calle una nueva promoción de 200 policías locales. La formación y capacitación es básicamente la misma que recibieron los primeros: seis meses intensivos en los que cursaron 1.286 horas. La diferencia mayor entre una y otra es el lugar de las cursadas y la ausencia de civiles entre los docentes. La totalidad de los profesores de la segunda camada son uniformados y todas las clases son dictadas en la Escuela de Policía Coronel Julio Dantas, lindera con la Juan Vucetich. Los de la primera tanda tuvieron un importante porcentaje de profesores civiles y cursaron el 90 por ciento de las cátedras en el Seminario Mayor de Los Hornos.

No se avizora una estrategia para prevenir casos como el de Cabañas. La mirada crítica de Escudero, quien sostiene que por su gravedad el caso “no puede ser considerado aislado”, tal vez no sea compartido por el ala uniformada de las autoridades, quienes ante la consulta de La Pulseada apuntan al componente “explosivo” de la reacción del policía, lo cual lo haría imposible de ser detectado en las entrevistas previas a su incorporación.

Apelan a un latiguillo: quién iba a pensar que el industrial Fernando Farré iba a reaccionar como lo hizo cuando asesinó con saña a su mujer en el country Martindale. Más allá de los cuestionamientos a la figura de emoción violenta que tiene ese caso, para el funcionario municipal –que además es psicólogo- pueden surgir en las entrevistas y estudios previos algunos indicadores, pero “a veces hay ciertos síntomas que aparecen y que son explosivos”.

Y aunque considera que esto no es una excusa asegura que antes de que ambos agentes salieran con un arma a la calle se tomaron los recaudos. “Tanto en lo que fue el periodo de evaluación, como cuando ya estuvieron ingresados a la escuela, y en los meses que transcurrieron como efectivos, no hubo elementos que generaran un cuidado”, dice y coincide con autoridades del Ministerio de Seguridad consultadas. Otros sí dieron señales y fueron quitados de la calle y destinados a TNO (Tareas No Operativas).

Así las cosas, todo indica que en una fuerza que fue concebida como “preventiva”, capaz de detectar y evitar los delitos antes de que estos se cometan, seguirá siendo poco probable impedir que alguno de sus integrantes incurra en uno de los más graves si es que en el momento menos indicado tiene un arma a mano.

Audiencia Pública

Ramiro Cobo, el padre del joven herido, participó de la marcha en reclamo de Justicia, tanto para su hijo como para Juan Martín Yalet, y se sumó al pedido de audiencia pública que realizaron la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Asociación Miguel Bru y la Federación Universitaria de La Plata (FULP). Quieren que la comunidad pueda discutir la política de seguridad y el control sobre la preparación y capacitación de los uniformados locales. El planteo apunta contra lo que denominan es la creación de “un estado policial con saturación de las calles”. Y sostiene que esa acción de gobierno genera más represión y atenta contra las libertades públicas.

Hasta el cierre de esta nota las autoridades municipales no habían contestado el pedido. A las entidades reclamantes sólo les quedaría vehiculizarlo por la vía de la acción ciudadana con la recolección de firmas.

Los CPC

El Comando de Prevención Comunitaria (CPC) es una estructura de la Policía Bonaerense creada por el ministro Alejandro Granados en 2014 e implementada paulatinamente en distintos municipios. La idea era acercar la Policía a los vecinos reforzando la seguridad con un sistema de patrullajes masivos, las 24 horas.

Los CPC -una de las tantas estructuras de seguridad que actúan simultáneamente en ciudades como La Plata (La Pulseada 129)- se constituyeron con personal del escalafón Comando, no administrativos o «de apoyo». Policías bonaerenses armados y bien operativos. En la capital bonaerense hay tres distritales y tienen como base de operaciones el predio ubicado en 21 y 527, detrás del Estadio Único.

El caso Yalet no es el primero cometido por agentes de los CPC. En La Pulseada de junio contamos el de cuatro policías que demoraron, golpearon y humillaron a dos adolescentes para que confesaran haber hecho una denuncia falsa al 911. Quedaron detenidos un mes y procesados por “vejaciones y apremios ilegales agravados por violencia y por su comisión con fines de venganza, en concurso real con lesiones leves”.

La fuerza los amontona

Los policías que protagonizaron el incidente que terminó con Rafael Cobo herido de bala se conocieron en actividad, tal vez durante sus horas como caminantes de la fuerza en alguna calle de la jurisdicción de la Comisaría Segunda (38 entre 7 y 8). No eran de los más jóvenes egresados en abril. Julián Cabañas tiene 35 años y Graciela Bonela 32. Ella viene de una relación previa, con la cual tuvo los hijos que aguardaban en el auto mientras ellos, presuntamente bajo los efectos del alcohol, discutían en el acceso al Centro Cultural donde ocurrió el incidente. Aunque las autoridades no encontraron en las entrevistas previas elementos que encendieran un alerta, existe ahora una investigación por supuesta existencia de una denuncia por violencia doméstica contra uno de ellos.