Testimonios tras el frustrado traslado a Tolosa de un cura denunciado por acoso

Como viene ocurriendo en otros ámbitos, las víctimas ya no están dispuestos a permanecer calladas y  los cambios de nombres no traen consigo modificaciones en  la política de la Iglesia respecto de los pederastas. Conclusiones del fallido intento del arzobispo platense de asignarle nuevo destino a un sacerdote sospechado de pedofilia.  

Por Carlos Gassmann

La cuestión de la pedofilia en el interior de la Iglesia, sobre el que se ocupó extensamente La Pulseada (N° 165) en su edición de noviembre pasado, ha continuado al tope de las agendas mundial, nacional y local.

Mientras a diario, en distintos rincones del planeta se hacen públicas nuevas denuncias, el propio Papa Francisco, en declaraciones del 28 de enero pasado, dijo que los abusos “continuarán” porque “son un problema humano” y pidió moderar las “expectativas” puestas en la cumbre que convocó al respecto para fines de este mes porque “están un poco infladas”. Como se recordará, desde el Vaticano se llamó a los titulares de los episcopados de todos los países a una reunión, eufemísticamente llamada “debate sobre la protección de menores”, a concretarse en Roma entre el 21 y el 24 de este mes. En ese sentido, el mismo Bergoglio se encargó de desalentar a los que esperaban que por fin tomara medidas drásticas y concretas y aclaró que en el cónclave solo se impartirán “instrucciones a los obispos” que no saben cómo “encarar la cuestión”.

En tanto en la Argentina, en los últimos meses de 2018 se ventiló profusamente el caso del obispo de Orán (Salta), Gustavo Zanchetta, uno de los 40 titulares de diócesis -sobre 83 en total- que fueron nombrados por el pontífice actual. Aunque adujo “motivos de salud”, Zanchetta debió renunciar frente a acusaciones de abusos sexuales y maniobras económicas. Mientras muchos aseguran que el Papa lo designó “asesor del Patrimonio de la Sede Apostólica” cuando ya estaba al tanto de las denuncias en su contra, desde el Vaticano lo niegan.

Causa archivada no es causa cerrada

En el partido de La Plata, por su parte, el año comenzó con mucha agitación para los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Carmen (115 e/530 y 531), que se enteraron de que un cura que había sido denunciado por abusos sería puesto a cargo de la parroquia lindera a la escuela por decisión del nuevo arzobispo local. En efecto, Víctor «Tucho» Fernández había dispuesto que Julio César Veliche, trasladado al templo Nuestra Señora de la Paz (4 y 611), sea sustituido por Eduardo Lorenzo.

El presbítero Alfonso Eduardo Francisco Lorenzo -tal es su nombre completo- está desde hace doce años al frente de la parroquia Inmaculada Madre de Dios (502 entre 15 y 16) de Gonnet. Ordenado sacerdote en 1988, Lorenzo ya se había encargado antes de templos de Berisso, Olmos, Los Hornos y La Plata. A partir de 1990 comenzó a desempeñarse como capellán del Servicio Penitenciario bonaerense y, en tal carácter, actuó como confesor de colegas que se encuentran presos, como Cristian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad, y Julio César Grassi, sentenciado a quince años por violación de menores.

Lorenzo niega ser el “confesor habitual” de Grassi aunque admite “haberlo confesado alguna vez”. Además es representante legal de varias instituciones educativas católicas, capellán de los boy scouts, del cementerio de Berisso, de la Asociación de Guías Argentinas y vicepresidente del Foro de Seguridad de Olmos.

En 2008 fue acusado de abuso sexual en perjuicio de un adolescente rescatado de la calle que residía en una institución dependiente de Cáritas y que lo ayudaba a oficiar misa. La víctima, que intentó suicidarse, era un chico alojado por orden de un juez en el Hogar Los Leoncitos de Gonnet.

A raíz de la denuncia, se abrió la causa penal N° 25.601, archivada pocos meses después por “falta de mérito” por la fiscal Ana Medina. Lo cual jurídicamente implica que se considera que se carece de elementos para continuar con el proceso y no que el imputado haya sido absuelto, sobreseído o declarado inocente.

El tribunal eclesiástico, por su lado, le impuso una “reprensión canónica” por “sus modos en sus tratos con algunas personas”. En aquella oportunidad, Lorenzo envió una carta documento intimando a padres de jóvenes que se habían solidarizado con el damnificado. Poco después, en un allanamiento de las policías federal y bonaerense les secuestraran una computadora que no les ha sido devuelta hasta el presente.

Julieta Añazco, fundadora de la Red Argentina de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, señaló en noviembre último a La Pulseada que “hace pocos meses apareció una nueva víctima (de Lorenzo), un niño cuya familia presentó un pedido de informes al Arzobispado de La Plata y no obtuvo la respuesta esperada”. Pese a que se trata de un clérigo sobre el que pesan sospechas graves desde hace más de diez años, está claro que ni él ni la Iglesia han optado por el perfil bajo. En internet y en distintos medios de comunicación han aparecido fotografías en las que Lorenzo aparece al lado del intendente de La Plata, Julio Garro, durante los festejos del aniversario de un colegio de Gonnet; posando junto al ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari o próximo a la mismísima gobernadora María Eugenia Vidal, en la Catedral, durante la asunción del arzobispo Fernández en reemplazo de Héctor Aguer.

Una comunidad educativa movilizada

La Pulseada pidió a Agustina Feregotto, abogada, madre de una niña que cursa quinto grado en Nuestra Señora del Carmen de Gonnet y una de las impulsoras de la reacción de la comunidad educativa del colegio, que le narrara cómo se fueron los acontecimientos durante estas últimas semanas. “Alrededor del 8 de enero -recordó- la madre de una compañerita de mi hija me mandó por WhatsApp esta información del cambio de párrocos, donde se designaba para Nuestra Señora del Carmen a Eduardo Lorenzo. Además me reenvió una nota en la que se refería la denuncia penal de abuso que pesaba sobre él. Luego de verificar que ese dato era correcto, me comuniqué por Facebook con la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. Me contestó el abogado Carlos Lombardi, quien me confirmó que la víctima y su tutor habían estado entonces en contacto con ellos. Me contó los pormenores del caso, lo que fue la denuncia penal y el archivo al poco tiempo de la causa, sin que se tomara declaración indagatoria ni se realizaran pericias a la supuesta víctima. También me proporcionó detalles de la denuncia eclesiástica, que dio lugar a un informe que manifiesta que ‘como resultado de la investigación fue descartada la comisión de graviora delicta (delitos graves) por parte del Pbro. Eduardo Lorenzo’ pero que ‘sin embargo, se le ha impuesto una reprensión canónica por sus modos en el trato a algunas personas, por lo que ha sido llamado a la prudencia, a la ejemplaridad en la labor pastoral y se lo ha instado a evitar todo tipo de situaciones equívocas que puedan dar lugar a malos entendidos o sospechas’. En todo este tiempo estuvimos en contacto con el Lombardi, quien nos ayudó mucho y se puso junto a toda la Red a nuestra disposición”.

“Empecé entonces a contactar a otras mamás -continúa Agustina- y formé un grupo de WhatApp con padres de todo el colegio. Era la única forma de acercarnos, ya que muchos, como es mi caso, solo conocemos a los padres del curso de nuestros hijos. En un par de horas ese grupo se llenó y hasta tuvieron que empezar a salir padres para dejarles lugar a otros porque la aplicación no permitía tanta gente. Por ese medio íbamos compartiendo las novedades que cada uno podía recolectar. También se creó un grupo en Facebook. Acordamos  redactar una nota dirigida al Arzobispado y recolectar firmas. En aproximadamente una semana conseguimos alrededor de 2.000 adhesiones de padres de alumnos, familiares y vecinos. Varios medios de comunicación de la ciudad nos entrevistaron. Desde el Arzobispado solo nos respondieron por las redes sociales a través de una nota suscripta por ‘los representantes legales del colegio y del párroco’ pidiéndonos ‘prudencia’ y evitar ‘comentarios infundados que no tengan certeza plena’. Luego el propio Arzobispado, que jamás contestó nuestros correos electrónicos, nos respondió por medio de un comunicado publicado en el diario El Día”.

En dicho comunicado, la Arquidiócesis afirma que tanto la justicia civil como la eclesiástica llegaron “a una misma conclusión”: “La inexistencia del delito de abuso sexual por parte del sacerdote Eduardo Lorenzo”. Tras varias inexactitudes, como confundir el archivo de una causa con la absolución o asegurar que la víctima prestó declaración en la investigación efectuada según el derecho canónico, el escrito dice que “pasada una década” Fernández solicitó una “consulta complementaria a jóvenes, laicos adultos y sacerdotes” de la que “no surgieron elementos nuevos” y ratifica implícitamente la designación de Lorenzo como párroco de Nuestra Señora del Carmen.

Respaldo al día

El racconto de Feregotto parece confirmar que el alineamiento del principal multimedios platense con el Arzobispado no ha cambiado en con la sustitución de Aguer por Fernández: “Pedimos derecho a réplica al mismo diario pero nos lo negaron. Antes, dos periodistas del diario me habían consultado sobre lo que ocurría. Redactaron notas en las que expusieron sus propios puntos de vista y no citaron literalmente ninguna de mis declaraciones. En cambio sí reprodujeron textualmente el comunicado de la Arquidiócesis. Quise contactarme para que difundieran nuestra respuesta y les envié el texto. Al día siguiente vi que otra vez figuraba solo el comunicado del Arzobispado. Los consulté por ello y al principio no me contestaron. Hasta que uno me respondió que lo que pretendíamos era una suerte de ‘réplica a la réplica’. A partir de entonces desistí de seguir insistiendo”.

“Mientras tanto –agregó Agustina–, nos topamos con varias personas que desestimaron nuestros dichos, juzgaron nuestro accionar y hablaron muy ofensivamente de nosotros. Entre ellos, sacerdotes de otras parroquias y periodistas que más se parecían a encubridores. El  21 de enero llevamos la nota al Arzobispado. Nos pidieron los datos de las madres que fuimos. Escuchó que estábamos allí la vicecanciller del Arzobispado, Maruca Cabrera, y nos requirió la nota. Se fue a otro despacho, la leyó y luego dio muchas vueltas para recibirla: que no sabía si las firmas de las personas que adherían se correspondían a la nota, que no estaba foliada, que en el título no se aclaraba que entre los firmantes había otras personas además de los padres. Al mismo tiempo nos preguntaba y repreguntaba
–juzgándonos– por qué actuábamos así y qué pensábamos sobre la culpabilidad del cura Lorenzo. Solicitamos audiencia con el Arzobispo y nos contestaron que hasta fines de febrero no estaría en la ciudad. Pedimos entonces una reunión con algún otro obispo y quedaron en avisarnos porque solo quedaba el ‘obispo de guardia’ y tenían que revisar sus disponibilidades de agenda. Llevamos también una copia de la nota a la Dirección de Escuelas de Gestión Privada de la provincia. Luego llamaron a algunas madres para avisarles que el viernes 25 de enero las recibiría el obispo auxiliar Alberto Bochatey. Concurrieron y conversaron con él mientras las filmaban.  Expusieron lo que estaba ocurriendo y por qué nos preocupaba que alguien que había sido denunciado por abuso sexual forme parte de la comunidad del colegio de nuestros hijos.  Mientras seguían llegándonos mensajes y audios – de  padres de chicos de otra escuela, familias de boy scouts, vecinos de las casas parroquiales y la quinta de verano de Lorenzo y hasta trabajadores del Servicio Penitenciario bonaerense– que relataban conductas aberrantes y siniestras relacionadas con la misma persona. Pero no podemos dar certeza de esos hechos ni aseverar nada porque no hay denuncias penales al respecto y nuestra intención no es injuriar a nadie. A pesar de que cada uno pueda sacar sus conclusiones, no es algo que nos conste”.

Presencias intimidatorias

“El jueves 31 de enero –continuó Feregotto– llamaron desde el Arzobispado a las mismas madres y les pidieron que asistan al día siguiente. Al llegar se encontraron con la ingrata sorpresa de que estaba allí presente el mismísimo Eduardo Lorenzo, acompañado de un letrado. Les mostraron una carta de Lorenzo en la que renunciaba al nombramiento en Nuestra Señora del Carmen y otra del Arzobispo Fernández en la que le aceptaba la dimisión. En sendas misivas se afirma que por nuestra parte hemos calumniado, difamado, actuado en forma maliciosa y puesto en duda la integridad moral del sacerdote, entre otras expresiones que me resultan tan repulsivas que prefiero evitar releer”.

En su carta, Lorenzo vuelve a plantear que está probada su inocencia (“la justicia ya resolvió la causa y la archivó hace años por falta de méritos”), se victimiza al considerarse objeto de una campaña de difamaciones e injurias sin precisar por quién está motorizada y presenta su renuncia, no por sus antecedentes, sino “por amor a la Iglesia” y “por el bien de todos”, incluidos la “comunidad” y los “chicos” de Tolosa. En su respuesta, Fernández suscribe la teoría conspirativa, se conduele de Lorenzo y hasta termina pidiéndole “disculpas” por haberlo “expuesto al dolor y la humillación pública”. Otra vez, acepta su renuncia, no en virtud de los delitos de los que es sospechado, sino para librarlo de trabajar donde no es bienvenido.

Agustina no duda de que hubo una intención deliberada de “confundir con ese juego de palabras planteado entre ‘archivar’ y ‘cerrar una causa’. Se sabe que una causa archivada, si aparecen nuevos elementos de prueba –y estando dentro del tiempo procesal oportuno– puede reactivarse. El archivo no significa ni una absolución ni un sobreseimiento”.

Amenazas de persecución

“En la reunión del 1° de febrero –retomó Feregotto– también manifestaron que enviarían cartas documento a los medios que habían difamado y en particular a mi persona.  Entiendo que esto es nuevamente –como se hizo hace diez años con los padres del colegio de Gonnet a los que se les allanó la casa y se les secuestró la computadora– una forma clásica y pura de persecución. Dentro de este último encuentro, se dijeron además, entre otras cosas que cito textualmente, que ‘hay servicios detrás de todo esto’ (en referencia a cómo se ha habrían filtrado las comunicaciones entre los padres y el Arzobispado) y que ‘detrás de ustedes hay mucha gente que tiene experiencia en manejar esto, abogados que cobran plata y organizaciones que reciben dinero del extranjero’. Lorenzo, haciendo alusión a la fiscal, señaló: ‘Yo a Ana Medina ni la conozco’ y que él ‘jamás’ lo citaron. Agregó que ‘la justicia dijo que no hay delito, que no hay imputado y que fue esclarecido’ y que ‘al supuesto abusado no se le pudo tomar declaración porque era menor’».

“Una de las madres le dijo entonces que, a través de la cámara Gesell, sí se puede recoger ese testimonio. A lo que le respondieron que ‘hace diez años atrás esa declaración no se podía tomar’. Por su parte, el abogado presente afirmó: ‘yo trabajé cinco años en un juzgado de violencia de familia y solo tuve dos cámaras Gesell’ y que a los menores ‘se los manda a un cuerpo técnico’. Alguien debería avisarle que los cuerpos técnicos de los juzgados protectorios no tienen nada que ver con la justicia penal.  Tampoco faltaron amenazas explícitas: ‘ustedes están diciendo algo que no es verdadero y que si se llega después a un juicio las va a perjudicar’”, prosiguió.

“ Se sabe que una causa archivada, si aparecen nuevos elementos de prueba puede reactivarse. El archivo no significa ni una absolución ni un sobreseimiento”, Agustina Feregotto, madre de la Colegio Nuestra Señora del Carmen.

Para Agustina, en esa reunión del 1° de febrero hubo amedrentamiento. “Lamentablemente no pude asistir. Pero que haya estado Lorenzo allí, y con un abogado, sin haberles avisado antes a las madres que concurrieron, me parece de una falta de ética total. Y también entiendo que el hecho de filmar las reuniones fue otra manera de poner nerviosas a simples madres que velan por el bienestar de sus hijos y que por primera vez se tienen que enfrentar con algo así”.

Feregotto descuenta que “habrá represalias” por “el simple hecho de que ya amenazaron con enviarme cartas documento y dijeron que van a emprender ‘acciones legales’ contra nosotros. Hay que recordar que cuando unos padres del colegio Concilio Vaticano II de Gonnet se enteraron de la denuncia por abuso sexual contra Lorenzo y lo comentaron con otros, este sacerdote  inmediatamente les envió una carta documento, se  les allanó la casa con las policías federal y bonaerense y se les incautó su computadora –que hasta hoy, luego de varias presentaciones judiciales, no les ha sido devuelta–». 

Pese a las amenazas, Agustina manifestó que “los audios que han recibido los padres, que yo también escuché, me convencieron absolutamente de que una persona así no debe estar en contacto con chicos ni adolescentes. También repudio el maltrato a adultos. Pero los mayores pueden defenderse por sí mismos. El caso de los niños es distinto porque somos nosotros quienes debemos velar para que se respeten sus derechos”. Respecto a que Lorenzo continúe en funciones en Gonnet, contó que “un grupo de padres de allí se contactó con nosotros y nos comentaron que nunca lo quisieron, pero que al haber tantos otros que lo apoyan o que prefieren guardar silencio, se les hace muy difícil”.

Conductas que alejan de la Iglesia

“Definitivamente llevan adelante un encubrimiento constante –responde sobre la actitud de la Iglesia–.  Yo creí que con los cambios de paradigma de estos últimos años la Iglesia iba a adecuarse un poco a la realidad. Que iba a oír la voz de los que hasta ahora, como mujeres, niños y víctimas, no hemos sido escuchados. Que por fin nos iban a creer. El Papa Francisco también se comprometió en un principio a esclarecer los casos de abusos y, por sobre todas las cosas, a evitarlos en el futuro. Pero, por lo visto, no es así, ni nunca lo será”.

“Lo único que consiguen actitudes como la de Fernández –añadió– es que, en lo personal, me sienta cada vez más alejada de la Iglesia como institución. Lo único que tuvimos de él fue un comunicado difundido por un diario y una nota avalando a Lorenzo. Yo antes me definía como ‘católica’. Hoy solo me considero una creyente en Dios. La institución me fue alejando de lo que es la comunidad de la Iglesia como conjunto de personas. Por supuesto, pienso que hay muchos que predican la palabra del Señor que son excelentes pastores. Sin ir más lejos, la persona más extraordinaria, bondadosa y humilde que conozco es un cura franciscano que fue mi profesor en la Facultad Católica de Derecho. Pero empañan a la institución todos aquellos que abusan, se olvidan de su voto de humildad y pobreza y maltratan a los demás creyéndose por encima del resto”.

 

Cambiar para que todo siga igual

El 17 de diciembre pasado, a pocos meses de haber asumido, el nuevo arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, hizo público a través del Sitio Web de la Arquidiócesis su Decreto N° 177, referido a “normas básicas sobre la prevención de abusos”.

La disposición señala que la Iglesia “debe tutelar la integridad moral de todos los fieles” pero “en especial de los menores” porque “están más expuestos a riesgos”. Considera que “el abuso sexual de menores” y de “adultos vulnerables” es “un grave pecado que clama al cielo y es también un grave delito, tanto en el ordenamiento jurídico canónico como en el del Estado”.

Fernández ordena a “clérigos, docentes y dirigentes” relacionados con “menores de edad” o “adultos vulnerables”, en primer lugar, que “se abstengan de compartir habitaciones en hoteles, casas, carpas u otros habitáculos”; de “viajar largas distancias en autos u otros medios de transporte sin la presencia de los padres”; de “escuchar confesiones o permanecer a solas en lugares no visibles” y de “estar a solas en baños, duchas, vestuarios o áreas semejantes”.

En segundo término, les prescribe que “atiendan en capellanías, colegios y parroquias a personas de cualquier edad en habitaciones con aberturas vidriadas” o en su defecto “con la puerta abierta”.

En tercera y última instancia, pide que “procuren los clérigos ser prudentes en so comportamiento con jóvenes en actividades, encuentros personales, etc., tanto en la parroquia como fuera de ella, mostrándose siempre ejemplares en el desempeño de su labor pastoral”.

Pero el Arzobispo había borrado previamente con el codo lo que después escribió con la mano. Poco más de dos semanas antes de la redacción de este decreto ya había dispuesto, entre otras diecisiete nuevas designaciones de párrocos y vicarios parroquiales, el traslado de Lorenzo a Tolosa, haciendo caso omiso de sus antecedentes y de que las denuncias en su contra ya eran ampliamente conocidas por la opinión pública.

 

Carta abierta al arzobispo del padrino de la víctima

Julio César Frutos, padrino del menor por cuyo abuso fue denunciado el cura Lorenzo en 2008, escribió una “carta abierta” al arzobispo, “para disipar tanta confusión publicada y publicación confusa”, que no le fue recibida hasta el momento por la Arquidiócesis ni aceptada para su publicación por el diario El Día.

Como laico comprometido en la tarea evangelizadora de la Iglesia desde hace más de quince años, Frutos le pide a Fernández “consejo” y “orientación”, aunque admite que pese a todos sus esfuerzos nunca ha logrado que lo atienda.

Aclara que “al menor víctima lo conocimos a los 12 años en situación de calle”, “lo hicimos bautizar a los 14 años en la parroquia de Gonnet”, “mi esposa y yo fuimos sus padrinos” y “al momento de los hechos era residente interno del Hogar Los Leoncitos y acólito de la parroquia Inmaculada Madre de Dios, donde colaboraba en las misas y en los casamientos”. También puntualiza que tenía 16 años cuando Lorenzo se hizo cargo del templo y 17 cuando se presentaron las denuncias.

“El menor que ha sido víctima tampoco ha sido citado para ser oído o evaluado pericialmente” – Julio César Frutos, padrino de quien habría sido víctima de abuso.

Niega terminantemente que en su caso, como sugiere el intercambio de cartas en la que Lorenzo renuncia a asumir como párroco en Gonnet y Fernández acepta su dimisión, exista intención alguna de “difamar”, “calumniar” e “injuriar”. Expresa que los sacerdotes que “nos tildan de mentirosos” actúan “más como barrabravas de la fe que como pastores de la verdad y la caridad”.

En el escrito Frutos vuelve a enumerar “datos” que no son “opiniones” sobre la imputación que le realizó a Lorenzo. Recuerda haber efectuado la denuncia ante el arzobispado el 11 de mayo de 2008 y ante la Fiscalía –que archivó la causa el 9 de enero de 2009– el 20 de agosto de 2008. Confirma que ante la justicia civil prestaron testimonio él mismo, la víctima y otras personas –entre ellas una que “refirió situaciones de índole sexual con menores por parte del Pbro. Lorenzo en el ámbito de otra parroquia”– y que “no se llevaron a cabo pericias de ningún tipo”.

También señala las irregularidades que afectaron a la causa eclesiástica: “No he sido citado por el tribunal eclesiástico a declarar o ampliar por escrito mi denuncia”, “el menor que ha sido víctima tampoco ha sido citado para ser oído o evaluado pericialmente”, menos se tomó  declaración al “testigo que en la causa penal refiriera haber visto conductas sexuales del sacerdote denunciado con menores a su cargo en un campamento”, “no me consta que sobre el denunciado se haya realizado pericia psicológica o médica”, “no me consta que se haya hecho inspección ocular sobre el escenario de los hechos” ni que respecto a “otros menores expuestos a abuso sexual se haya hecho exploración o comunicación familiar preventiva”.