Cada año, miles de trabajadores temporarios viajan a Choele Choel, el pueblo donde nació Rodolfo Walsh, a cosechar fruta. El joven de Tartagal Daniel Solano visto por última vez allí en noviembre de 2011, en un boliche, era uno de ellos. A 2.400 km de su tierra, su familia sigue acampando frente a una comisaría, con la esperanza de encontrarlo. Los abogados de los Solano lo creen muerto y hablan de violencia policial, encubrimiento, trata y estafa.
Por Juan Manuel Mannarino
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Gualberto Solano habla poco. Todos los días riega unos yuyos y se imagina el patio de su casa, a más de dos mil kilómetros de allí. A veces se acercan unos vecinos a cargarle la garrafa, a prestarle ropa, pero él nunca se saca los jeans gastados ni la camisa azul. Los brazos macizos, con los que supo manejar máquinas petroleras en los caminos de Tartagal, ahora parecen pesarle. Tiene 57 años y cinco hijos, fruto de dos relaciones. Daniel Solano, de 26, era el único varón.
—Lo crié solito. Su mamá murió hace quince años —dice, cabizbajo. A su lado está una de las tres carpas de lona donde acampa junto a dos de sus hermanos (Pablo, de 42, y Maira, 28) y una prima hermana de Daniel llamada Romina, de 32. Comen pollo con arroz, miran televisión, toman mate, mandan mensajes por Facebook a sus parientes. No se separan nunca.
La familia pertenece a la comunidad guaraní de Misión Cherenta, que queda a 2.400 kilómetros de Choele Choel, el pueblo patagónico de 10.000 habitantes donde ahora, hace dos años, esperan noticias de Daniel. Gualberto dejó de coquear cuando su hijo desapareció: ahora masca chicle. La carpa se tambalea por el viento y hay un árbol inclinado, peligrosamente cerca. “Es a lo que más le tenemos miedo”, confiesa, mientras lee unas líneas del diario local. Esa es su rutina cotidiana.
Las carpas están frente a la comisaría Octava de Choele Choel. Desde allí, la madrugada del 5 de noviembre de 2011, salió una camioneta Eco Sports hacia el boliche Macuba. Luego se le sumaría un auto de civil con otros policías. Esa noche se celebraba “la fiesta del jean roto”, organizada por un centro educativo de la zona. Daniel Solano, un joven salteño que había ido a trabajar a la cosecha de la fruta por tercera temporada consecutiva, entró con un grupo de amigos cerca de las tres de la mañana. En su última foto, Daniel sonríe a la cámara. Se ven sus rulos, sus ojos achinados y un buzo atado al cuello. Minutos más tarde, sería sacado por policías que hacían adicionales en el boliche. En la puerta lo esperaban los oficiales de la comisaría.
—¿Por qué me pegan? ¡Yo no hice nada! —fueron sus últimas palabras, ensangrentado, en la esquina del boliche.
Según testigos, lo cargaron a la camioneta hasta la Isla 92, que está a pasos de un balneario popular donde corren las aguas turbias del río Negro. En la isla, de acuerdo con lo que sostienen los abogados de la familia, lo habrían asesinado. Y en la Octava, según los rastrillajes que hizo el mes pasado la Gendarmería, lo habrían ocultado en un pozo. Sobre el cuerpo no se sabe más nada.
Cuando una persona desaparece en Choele Choel suele ser porque se la llevó el río, en el verano, y los rescatistas no tardan más de una semana en encontrar el cuerpo y que todo regrese a la normalidad.
Solano no se bañó en el río. Fue a bailar a un boliche y a las tres de la mañana se le perdió el rastro. Hace dos años que está desaparecido. Sergio Heredia y Leandro Aparicio, los abogados, creen que está muerto. Que lo mató la Policía. Que fue un crimen planificado por empresarios de Agrocosecha —encargada de contratar a los trabajadores— para tapar una estafa laboral de la que serían cómplices jueces, funcionarios y políticos de Choele.
Sueños y países
Gualberto lo soñó tres veces. La primera vez fue de noche. Gualberto manejaba una de sus máquinas y unos gritos lo paralizaron. Era la voz desesperada de Daniel, desde un pozo. Quiso abrir el hueco pero éste se achicó. Entonces se despertó, sudando. Y no vio más nada.
El segundo ocurrió en una siesta. Entre el murmullo del viento, sintió que su hijo le decía: “Papá, no estoy en el río. No me busquen ahí”. Y nada más.
Y el tercero lo dejó intrigado. Daniel apareció en la carpa y le dijo que estaba enterrado a la orilla de una ruta, en la “cortina de una chacra”. Le explicó que había un perro enterrado a 40 centímetros, luego otro a la misma medida y después estaba él.
Ese sueño sería revelador. Gualberto no lo olvidó más.
A 970 kilómetros de Buenos Aires, Choele Choel está ubicado sobre un margen del río Negro. Es un lugar silencioso, el típico pueblo patagónico que sólo se altera por el ruido de las motos de los jóvenes y las ráfagas huracanadas de viento.
En Lamarque, a 30 kilómetros, están los principales frutales. Un pedazo de tierra perteneció a la familia del periodista Rodolfo Walsh, que nació allí. Sobre Choele, que en mapuche significa espantajo de resaca —y refiere a las formas fantasmales que adoptan los residuos por las crecidas del río—, Walsh escribió: “Ahí todavía estaba fresco el rastro sangriento de la conquista. El viento movía un arenal y parecía la cara de un indio solemne y enjuto en su muerte”.
Expofrut Argentina S.A. (ex Univeg Expofrut S.A.) es una multinacional belga que maneja la producción, el procesamiento y la comercialización de la fruta. Terceriza en empresas como Agrocosecha —ahora llamada Trabajo Argentino— la contratación de miles de trabajadores norteños, que viajan al sur tres veces al año: a la poda, al raleo y a la cosecha.
Expofrut, que cuenta con más de 20.000 hectáreas en el país, compró las tierras de los padres de Walsh, cuya casa de la infancia ahora está dentro de la estancia El Curundú, propiedad de la empresa. En esa estancia están los galpones donde viven los trabajadores de la fruta. Daniel Solano dormía allí.
Tartagal es una ciudad petrolera de casi 80.000 habitantes, situada en el noreste de Salta. En los ‘90, tras la privatización de YPF, más de la mitad de la población emigró y la otra sobrevivió de changas. No fue el único golpe: entre 2006 y 2009 sufrió varias veces el desborde del río Tartagal, con inundaciones y aludes que la convirtieron en zona del desastre.
Entre Tartagal y Choele Choel hay dos países: el norte y el sur, separados por dos días de viaje en colectivo. Conocidos como trabajadores golondrinas, miles viajan todos los años, tentados por punteros locales que trabajan para las empresas. Se suben a micros de tercera línea anotados como turistas y no como obreros; y viven de a cien en gamelas, como llaman a los galpones sucios y abandonados que se montan cerca de los campos. Allí, los trabajadores se apiñan en camas cuchetas, usan letrinas, se duchan con agua fría, cocinan con una sola llama de gas, huelen a la basura acumulada en los containers y espantan las moscas de la fruta.
La chacarera Manco Arana, compuesta por los hermanos Núñez, es un homenaje a un trabajador golondrina. Mercedes Sosa la cantó en Cuba en 1974 y dijo: “Está dedicada a un peón golondrina, que es el que va a la cosecha del algodón, a la cosecha de la papa. Es el que migra y deja a toda su familia, sufriendo el desarraigo y la dureza del trabajo mal pago”.
Se calcula que hay más de 350.000 que cada año recorren el país. A la cosecha de la fruta, entre el valle alto y el valle medio de Río Negro, viajan cerca de 40.000. Daniel Solano, el joven salteño que desapareció hace dos años, era uno de ellos.
El reclamo y el telón de fondo
Gualberto no habla con la prensa: Sergio Heredia lo hace por él. El abogado vive en Choele —primero en un hotel y ahora en una parroquia— desde el 7 de diciembre de 2011. Ese día, ante los canales locales, dijo que a Solano lo habían asesinado. Quince días antes, la comunidad Misión Cherenta de Tartagal, no conforme con los abogados que la empresa Agrocosecha le había puesto a la familia Solano, lo fue a buscar a su estudio, uno de los más caros de la ciudad salteña. Heredia leyó el expediente, filmó a compañeros de Solano en Tartagal y después acompañó a Gualberto hacia el sur. No regresó más.
La jueza local Marisa Bosco investigó la desaparición de Solano. Su hipótesis era que el jornalero se había ido a Neuquén “a buscar una vida mejor”. Heredia la recusó, la acusó de encubrimiento y logró separarla de la causa. Le descubrieron más de cien causas cajoneadas por apremios ilegales, pero se jubiló y evitó el juicio político. Bosco habría tejido el encubrimiento junto a María Cecilia Constanzo, funcionaria encargada de controlar a las empresas y puesta como primera abogada de Gualberto Solano por Agrocosecha. La red de encubridores involucraría a comisarios, otros funcionarios de la Secretaría de Trabajo del pueblo de Lamarque, abogados, políticos y testigos truchos.
¿Qué creen los abogados de Gualberto? Que los dueños de la empresa Agrocosecha, Adrián Lapenta y Pablo Mercado, planificaron su muerte un sábado a la madrugada porque se enteraron de que el lunes iría a reclamar a las oficinas por reintegros que de su último salario. Era sólo un eventual reclamo: los trabajadores golondrina no tienen delegados ni están sindicalizados. Si Daniel comprobaba que lo habían estafado, el hecho se convertiría en un efecto dominó que llegaría a miles de trabajadores. Por eso lo asesinaron.
—El caso es único en el país. Tenés una estafa laboral millonaria, tenés la violencia policial, tenés la planificación del crimen por parte de empresarios, tenés el encubrimiento de una jueza y funcionarios del Estado. Es una olla podrida que salpica para todos lados —le dice Heredia a La Pulseada en su búnker de la parroquia, donde llegó a tener custodia policial. No es militante de derechos humanos, ni de izquierda, ni siquiera un abogado penalista. Es un profesional con cierta prensa por haber denunciado negociados de Sergio Schoklender en Tartagal. El caso lo convirtió en una suerte de justiciero que le hará confesar, en tono de leyenda: “Soy el caso Solano, un estorbo para la crema de este pueblo”.
Heredia contrató a dos ayudantes: Leandro Aparicio, abogado de Bahía Blanca, y Fabio Prado Muñoz, de Choele. Nunca les cobró honorarios a los Solano. En mayo de 2012, a seis meses de la desaparición de Daniel, anunció en una conferencia de prensa: “El caso Solano está resuelto”.
Desde allí, los abogados no sólo investigaron la desaparición de Daniel sino que pusieron la lupa en una pesquisa paralela: la estafa laboral. La estafa, dicen, es millonaria y se realizó al menos desde hace cuatro años. Las empresas Expofrut y Agrocosecha explotaron a más de 500 trabajadores norteños por más de 18 millones de pesos.
Es el telón de fondo. Lo que destapó el asesinato.
Asociados
Los abogados usaron internet como estrategia social y burlaron el famoso dicho “lo que no está en el expediente no tiene valor de prueba”. Escriben en Facebook y suben videos a YouTube. Lo hacen para presionar, para visibilizar, pero más que nada porque temen que los testimonios desaparezcan y el caso quede impune. Con esos materiales, los representantes legales de la familia crearon un documental en el que fueron directores, guionistas y productores y al que titularon “¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa”.
En esa producción, Aparicio explica la teoría del panóptico invertido: “El panóptico (las torres de los guardianes en las cárceles) que plantea el filósofo Michel Foucault es el del vigilante que observa a todos. Pero en los pueblos funciona al revés. Somos pocos, nos conocemos mucho, y a veces es la comunidad la que está mirando al que tiene el poder, la que lo está vigilando, la que sabe la verdad, y la que lo denuncia con conocimiento de causa”.
Los abogados juran tener las pruebas de la planificación del crimen. Una trama que, en efecto, son varias: la trata de personas, la violencia policial, la estafa empresarial y la impunidad judicial y política. Dicen que falta voluntad política y una férrea decisión de la Justicia para avanzar en las responsabilidades.
La causa está caratulada como homicidio y hay 22 policías imputados, 13 procesados y 7 policías detenidos. La estrategia de la defensa es no sólo juzgar a los policías sino convertir al caso en una “megacausa” con más detenidos y procesados. No descartan pedir que se la caratule como “desaparición forzada”.
Cuando el proceso está paralizado, los familiares de Daniel hacen huelga de hambre. Ya hicieron tres en dos años —en la última se sumó Heredia—. Gualberto perdió peso y estuvo internado varias veces.
Heredia cree que el caso son varios casos. Dice que hay dos personas desaparecidas —el paraguayo Pedro Cabaña Cuba y el trabajador golondrina jujeño Héctor Villagrán— ligadas a esta causa. Que un cuñado de Daniel fue clave para el encubrimiento y no se lo investigó. Que hay testigos asesinados. Que hay un personaje siniestro, Paulino Rivera, un proxeneta encubridor del crimen que tiene una chacra llamada “El negro muerto”, vinculada a negocios oscuros. Que hay gato encerrado sobre el paradero del cuerpo: en uno de los más de diez rastrillajes se encontró la billetera de Daniel en el río y luego la Policía la hizo desaparecer.
“Daniel Solano viajó desde Tartagal, como miles de aborígenes que van a trabajar todos los años a la cosecha de la fruta —explica Heredia—. El sistema que los contrata los cambia cada tres meses para perpetuar la estafa y evitar que se aviven. Solano trabajó un año: lo estafaron en $31.000. Si pensás en cien Solano da tres millones de pesos. Solano era un pibe preparado, con secundario completo. Simplemente levanta la voz para pedir por la plata que no les pagaron. Entonces la empresa que lo contrata se entera y planifica el crimen en un día. Creemos que se enteran porque algún policía lo escucha o porque hay un buchón interno. La empresa es socia de la Policía. Un equipo parapolicial lo retira de Macuba, lo lleva en una camioneta EcoSport de la comisaría hasta la isla 92 y lo matan”.
¿Cómo puede ser?
Quienes conocieron a Daniel Solano dicen que era alto, simpático, futbolero y bailarín de carnavales. El único varón de seis hermanos, hincha de River y arquero de Deportivo Guaraní. El torneo local ahora se llama Daniel Solano, en su homenaje.
Le decían “El Nene”, “El Bebé”, “Mal Panza”. Cuando Deportivo Guaraní salió campeón, los jugadores fueron hasta su casa de Tartagal y gritaron: “Va a volver, el Nene va a volver”.
Quería ahorrar para comprar una moto y construir su propia casa; convencía a sus compañeros de que no se endeudaran en las tiendas de la empresa. Fue cocinero y albañil. Y había terminado el secundario, como pocos en su comunidad.
La tarde del viernes 4 de noviembre de 2011 cobró su último sueldo, compró un celular y mensajeó a su novia, María Luisa, que vivía en Tartagal y con la que se escribía 30 veces al día. En una de sus últimas llamadas, le contó a su padre que el lunes iría a reclamar por su salario ante las oficinas de la empresa.
—Nos pagaron mal. Falta plata —dijo, en tono seco.
Daniel atajaba para el equipo de la empresa y los dueños le habían ofrecido ser puntero para reclutar trabajadores. Le veían capacidad de liderazgo. Se negó. Los abogados creen que a partir de allí la empresa lo marcó.
Lo que nunca vio Solano fue la letra chica de los contratos truchos que firmaban con las empresas tercerizadoras. Una cláusula decía: “Si un trabajador tiene problemas con la Policía o con la Justicia es despedido inmediatamente, sin derecho a indemnización”. La Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (B.O.R.A.) —disuelta por el actual gobierno de Río Negro— funcionaba como el brazo represivo que les pegaba por el solo hecho de ser indígenas y morochos.
Antes de viajar a Choele Choel, Daniel le dijo a su tía Magda: “Es la última vez que me voy al sur. Extraño mucho”. Su primo se quedó a trabajar como albañil en la construcción de un supermercado. “No te vayas, Daniel, acá hay trabajo seguro, anotate”, le dijo. Pero Daniel era terco. Ya había rechazado un puesto petrolero ofrecido por su padre en el cerro.
Armó un bolso y sus familiares lo despidieron en la plaza del pueblo. “Cuidate, Daniel”, le dijeron.
Fue la última vez que lo vieron con vida.
Los detractores de los abogados de Solano dicen que están comprados por el gobierno nacional. Que Heredia manipula a la familia. Que está loco. Que miente.
Las mujeres de los policías imputados y la familia de la jueza Bosco hicieron marchas para echarlo del pueblo. Lo consideraron persona no grata. La jueza organizó una cena para desmentir todos sus dichos. Ante sus hijos, entre lágrimas, gritó: “¡¿Cómo puede ser que más de 70 personas se pongan de acuerdo para matar a una persona en menos de un día!? ¿Dónde existe eso?”.
Negó las causas cajoneadas por apremios ilegales. Dijo que el caso Solano es un atentado del poder político contra la Justicia. Que la separaron de la investigación porque antes había denunciado a funcionarios por nexos con la prostitución. En la cena, apareció el bombero Ariel Lallana. Tomó la palabra, defendió a los policías y dijo que en Choele nunca había ocurrido algo así: que un hombre “de afuera”, como Heredia, ensuciara el pueblo con tanto odio.
Lallana participó de rastrillajes clave por la aparición del cuerpo de Solano. Según Heredia, es un eslabón fundamental en la cadena del encubrimiento. En uno de sus últimos posteos de Facebook, el abogado colgó fotos de una fiesta reciente donde el bombero, la jueza Bosco y la doctora Constanzo se abrazaron y bailaron en una ronda con gorritas coya en la cabeza.
—Se burlan de los indígenas. Así hicieron con Solano —se indignó el abogado.
En las carpas, lejos de la fiesta, se encienden velas. Los Solano están desvelados. Hay noches en que no pegan un ojo. Dos años de búsqueda es demasiado: se agotan, se entristecen pero juran que no volverán sin su cuerpo. Una imagen los persigue: Daniel, con su sonrisa ancha, conversándoles en un almuerzo familiar de mesa larga, a cielo abierto y bajo los cerros.
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