El ejercicio del poder saldó el debate ideológico sobre la Policía Local a favor de la conformación de una fuerza con perfil de mano dura.

Pablo Spinelli

Nota principal: Ciudad uniformada

El proceso previo a la elaboración del marco legal en el que se sustenta la Policía Local fue complejo. Incluyó intensos debates en la Legislatura (ver “Un debate en el que perdieron todos”) que terminaron saldados con una resolución ministerial; ésta cortó de cuajo la inclusión de artículos pensados desde el paradigma de la “seguridad democrática”, que abandona una concepción puramente punitiva y represiva de la seguridad y en cambio la piensa a partir de la necesidad de sostener los valores democráticos, con medidas para desalentar a través de la inclusión el camino del delito y fomentar el respeto por los derechos del ser humano.

Más allá de los intereses coyunturales o electoralistas de algunos intendentes de la oposición que no estaban dispuestos a dar el número necesario para la aprobación de una ley de Policía Local, aquel debate fue sobre todo hacia el interior del oficialismo, entre las ideas que venía delineando el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, y el proyecto del entonces diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, experto en seguridad y con una mirada ligada al paradigma más progresista.

Las diferencias entre un proyecto y otro saltaron a la vista para quienes siguieron de cerca la discusión y se encontraron con el texto sciolista finalmente puesto en vigencia. Algunos aspectos sirven para desmitificar cuestiones que se dan por sentadas.

Lejos de ser una fuerza descentralizada al mando de los intendentes, está encuadrada en la Policía Bonaerense y se rige por sus normas, tanto en su estructura jerárquica como en los mecanismos de control y sanciones. Una semana después de entrar en funciones, un policía de prevención local platense fue sorprendido en su auto particular con cocaína y marihuana para consumo personal. Es un botón de muestra: su futuro en la fuerza será decidido por la misma Auditoría de Asuntos Internos que define las cuestiones en la Bonaerense. El proyecto de Saín —en cambio— contemplaba un cuerpo de control propio, con participación de auditores designados por la Legislatura, el Poder Ejecutivo y cada una de las policías locales.

La capacitación de los efectivos es otro gran tema. El cronograma fue intenso desde junio de 2014, cuando se inscribieron más de 5.000 aspirantes. En agosto fueron los exámenes de aptitud psico-física y en septiembre los seleccionados arrancaron con los cursos teóricos y prácticos. Siete meses después, 600 de ellos salieron a la calle, especializados en prevención, y el resto -131- ultimaba o completaba la formación (ver “Un internado…”). El pronto egreso fue posible por una excepción: la resolución de Granados contemplaba que el período mínimo de formación de un año podía reducirse “bajo circunstancias especiales, a un plazo no menor a 6 meses”. Esa eventualidad fue la Emergencia en Seguridad que Scioli había decretado en 2014.

El uso del arma tras la capacitación exprés es otro punto sensible. El proyecto de Saín planteaba que como trabajador el policía debía portarla sólo en las horas de trabajo, y prohibía taxativamente tenerla o exhibirla en cualquier tipo de acto, ceremonia o actividad oficial o no oficial. Con el texto que reglamentó la Policía Local están obligados a cargar el arma las 24 horas y a actuar incluso estando de franco, como cualquier policía.

En cuanto a las potestades de los nuevos “caminantes”, el gobierno les dio  las mismas que la Bonaerense, incluso para el “mantenimiento del orden público”, cosa que quedaba excluida bajo los criterios de seguridad democrática que fueron archivados.

La asimilación de los nuevos policías a la vieja Bonaerense parece haber comenzado el mismo día en que celebraron su egreso en la República de los Niños, en Gonnet. El tono de arenga en los discursos de los funcionarios políticos y la gestualidad de los uniformados repiten lo tics que suelen agrietar la relación de las fuerza de seguridad con la sociedad civil. La formación marcial, el saludo con venia, la posición de firmes, las boinas al aire para celebrar y la respuesta coral a la autoridad le dieron a la ceremonia un tono que confirma un perfil de policía que el proyecto descartado en la Legislatura intentaba evitar.

Allí se disponía, tal vez exageradamente en algunos puntos, que el personal policial tendría prohibido, “en cualquier tipo de acto, ceremonia y/o evento oficial o no oficial en el que participe”: la práctica de desfile o formación marcial; el saludo a la bandera con venia, el golpe de tacos y la posición de “firmes”; la portación o exhibición de armas; y la invocación de cualquier credo religioso.