En el patio de una vieja casa donde funciona la subsecretaría de Tierra y Viviendas de la municipalidad de La Plata persiste indeleble la línea negra que marca la altura a la que llegó el agua aquel 2 de abril hace poco más de dos años. Con apenas un puñado de empleados y ninguna infraestructura, allí se busca poner parches al caos en que creció la capital provincial durante los últimos años. En rigor, esa dependencia funciona como una escribanía o gestoría donde se intenta regularizar, a demanda de las familias, la situación de quienes viven en tierras tomadas en todas las localidades que rodean al casco urbano platense.
“No existe ningún planeamiento a largo plazo, acá solo trabajamos la parte dominial”, se sinceran ante La Pulseada José Maturana y José Luis Maya, el subsecretario de Tierras y Viviendas y el director de regularización dominial de esa dependencia.
Como pueden, evitan reconocer que el Municipio carece de una política sobre el tema y corre tras un crecimiento anárquico y descontrolado durante años. Tierras y Viviendas se aboca sólo a regularizar una porción de las casi 19.000 viviendas levantadas en villas y asentamientos, mientras la poderosa secretaría de Gestión Pública —de donde depende Tierras—, dotada de mayor infraestructura y recursos, se ocupa de potenciar el brillante mercado inmobiliario.
Con 118 villas y asentamientos alrededor de un ínfimo, castigado y alguna vez planificado casco urbano, La Plata carece hace años de políticas para paliar el déficit habitacional. Los últimos dos Planes Federales de Viviendas fueron adjudicados en 2004 y 2007.
En el complejo ubicado 19 y 526 el Estado nacional decidió completar un plan de viviendas provincial que había quedado paralizado durante décadas. Se trataba de una construcción en bloques con accesos comunes, plazas, calles internas y un parque central. La entrega de las viviendas terminó de la peor manera, hubo tiros, corridas y usurpaciones. Fuentes del municipio aseguran que hoy la gran mayoría de las viviendas fueron vendidas.
En tanto, en la zona donde inicia la autopista Buenos Aires-La Plata —donde se aplicó el otro Plan Federal—, el gobierno nacional motorizó una serie de viviendas en terrenos en algunos casos inundables y en otros, sin divisorias. Se sumó infraestructura básica y se proyectaron escuelas y salas de primeros auxilios. La estrategia fue urbanizar los asentamientos de Tolosa y Ringuelet La Bajada, La Unión, El Mercadito y La Laguna. Fue un proceso complejo, con marchas y contramarchas, en el que las obras se paralizaron en varias ocasiones por cuestiones financieras y robos de materiales.
A partir de 2007, Nación dejó de bajar planes habitacionales. Varias fuentes del municipio aseguran que las tensiones políticas entre el intendente Pablo Bruera y Néstor Kirchner lo explican. Incluso la Unidad Ejecutora Plan Federal —que dependía del jefe de Gabinete, Santiago Martorelli— dejó de funcionar. Sin planes, esa estructura burocrática no tenía sentido alguno. En Ensenada, un municipio con una población sensiblemente menor que La Plata, se hicieron cuatro planes federales y un Promeba (Programa Mejoramiento de Barrios).
Maya evita dar una definición en esa línea y asegura que el esquema de Planes Federales ya no resulta aplicable en estos tiempos. “Si logramos darles tierra a quienes la necesitan, ellos pueden construir con el tiempo su vivienda”, apunta.
Pero en La Plata prácticamente ya no quedan tierras fiscales. Maturana asegura que por día reciben entre 5 y 10 pedidos de tierras. “No podemos hacer absolutamente nada con eso”, dice. A mediados de 2012, la entonces directora de Tierras, Leticia Zabala, enfureció a la mesa chica de Bruera al afirmar ante los medios que en La Plata el 95% de las tierras fiscales estaba ocupado. A los pocos meses, salió eyectada de ese cargo.
El problema se agrava con los años: en Altos de San Lorenzo recientemente una familia se asentó en un reservorio de agua, y en Tolosa llegaron a tomar una calle, apuntan los funcionarios.
Sin políticas concretas, la subsecretaría se aboca sólo a regularizar la posesión de tierras tomadas mediante la “ley Pierri” —uno de los múltiples instrumentos legales vigentes, que permite obtener el acta de posesión para luego escriturar—. “Estamos trabajando de lleno en esto”, afirma Maturana. “De todos modos, esta es la parte que menos le interesa a la gente”, acota Maya. Y agrega que “a ellos les preocupa no tener luz, agua ni gas. Pero nosotros poco podemos hacer con eso”.
Nota principal: Tierra y vivienda afuera del cuadrado
