Frío. Cucarachas. Ropa y pañales que dependen de donaciones. Alimentos incomibles. Bebés ingiriendo guiso. Pibes sin derecho a un yogur o a mayonesa para un pancho. Edificios peligrosos. Trabajo precario. Muertes. El espanto cotidiano en hogares, institutos y neuropsiquiátricos no escandaliza ni al secretario de Niñez, ni al Defensor del Pueblo ni al ministro de Salud.
Por Josefina López Mac Kenzie
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Hace tres meses, el gobernador Daniel Scioli se vio forzado a intervenir en Hurlingham la fundación “Felices los niños”, aún administrada por el sacerdote católico Julio Grassi pese a estar preso y condenado por abuso sexual de menores. Según lo que acababa de televisar el programa de Jorge Lanata, el cura operaba desviando donaciones y fondos hacia la cárcel donde vive mientras en su organización faltaba mercadería y los chicos dormían en lugares sin estufa, con camas y baños rotos y sucios, instalaciones eléctricas abandonadas, techos llovidos, comida maloliente y con excrementos de ratas, en un entorno de basurales a cielo abierto y perros muertos. Antes de designar una persona para “normalizar” la fundación estuvo al frente del tema el secretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia, Pablo Navarro, que se apuró a explicar que esos chicos, víctimas de violaciones a tantos derechos “no eran nuestros”, porque no había convenio con la Obra de Grassi.
Sin embargo, en nada se diferencia “Felices” de las instituciones estatales que controla el propio Navarro. De hecho, cuando se produjo la intervención él llevaba casi 10 meses ignorando una denuncia sobre sus hogares asistenciales e institutos penales radicada en la Defensoría del Pueblo Bonaerense (DPB). Las auditorías edilicias que describen situaciones “críticas” y “graves” y piden la clausura, las 13 fojas de fotos de lugares ruinosos y los escritos rutinarios a Navarro que compila ese expediente (Nº 5157/2013) retratan el abandono a chicos internados y a adultos que trabajan con ellos en una decena de establecimientos de distinta naturaleza en La Plata y Mar del Plata.
No hay leche ni remedios; reciben carne y pollo en camionetas sin refrigeración; la dieta no importa y la higiene menos (faltan toallas, jabón, pañales); los matafuegos están vencidos; los edificios se caen a pedazos, se inundan, tienen paredes agujereadas, instalaciones eléctricas truchas, baños deplorables. Esas pinceladas incalificables constan en la denuncia, imposible de resumir, que realizaron ante el DPB Carlos Bonicatto en octubre de 2013 integrantes de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la secretaría de Niñez tras ser crónicamente ignorados por Navarro. “Ambientes amplios con tres camas, totalmente impersonal, como todo el edificio. Nada que relacione al joven con el lugar de residencia: Su lugar es Nada”, llega a decir, con esas mayúsculas, un informe entreverado en esas páginas.
La magnitud de la situación expuesta llevó al propio Bonicatto a sostener que ésta era “crítica” y que podrían “encontrarse vulneradas la salud y el bienestar” de las personas involucradas. Pero desde entonces se ha limitado a reiterarle al hombre de Scioli en Niñez notas mensuales, también ignoradas. Por eso los denunciantes le recordaron hace unos meses por qué habían acudido a él: “Como se desprende de nuestra presentación inicial, no estamos solicitando ‘una mesa de diálogo con nuestra Secretaría’, instancia que consideramos agotada debido a la falta total de respuesta, sino su intervención a fin de que se lleven a cabo las auditorías externas que nos permitan tomar conocimiento de la ejecución del presupuesto asignado”.
Por ley, el DPB debe “denunciar los delitos perseguibles de oficio de los que tuviera conocimiento” y “promover una investigación sumaria para procurar el esclarecimiento de los hechos”, salvo que las razones alegadas por el funcionario señalado “fuesen suficientemente justificadas” a su criterio y le permitan cerrar su actuación. Consultados a un año del inicio del expediente, integrantes de la Junta observaron: “Están vulnerados derechos de niños y adultos y el Defensor no tomó las mismas cartas en el asunto que en el conflicto docente (N de la R: cuando a principios de 2014 presentó en la Justicia en lo contencioso administrativo platense un amparo para obligar a maestros bonaerenses en huelga a dar clases). Nosotros, que hacemos relevamientos, pedimos auditorías para que se dilucide si estamos equivocados nosotros o la Secretaría, y nos responden con medidas dilatorias, chicanas jurídicas”.
Masterchef
Cook Master es una SRL proveedora del Estado provincial que hasta agosto pasado recibió de la secretaría de Niñez al menos tres órdenes de compra por más de cuatro millones de pesos cada una, para servicios de catering. Sin embargo, en las instituciones se come mal. Muy mal. En julio, en una nota dirigida a la directora de hogares convivenciales, Mercedes Palma, los delegados de ATE manifestaron que el menú de Cook Master “no contempla las necesidades” de los menores de seis años y que esa “carencia alimenticia” puede comprometer su salud. Otro paisaje frecuente son las cocinas donde sobran paquetes de fideos, pan rallado, gelatinas y flanes para preparar, pero escasean leche, queso, queso rallado, atún y facturas para los fines de semana.
Lo que sigue son testimonios que La Pulseada recibió en reserva de trabajadores de distintas dependencias, algunos con más de 15 años en el sistema, que sólo pueden ser chequeados con una auditoría como la que se le pidió a Bonicatto:
“La carne llega en camiones sin refrigerar. A veces, chorreando. Le ponen vinagre o lavandina, o se hierve”.
“A veces se siente el mal olor y los directores nos piden que no lo comentemos en voz alta para que los chicos coman”.
“Es comida para perros. A veces trato de comerla para que no sientan que todo en su vida es una mierda”.
“No hay menú variado. Hay bebés comiendo guiso”.
“Los chicos no saben lo que es un yogur ni un kiwi. No comen pescado”.
“El queso no es queso. Es el peor que hay”.
“La planilla dice que hoy toca hacer canelones pero no te mandan la acelga. Comprátela vos”.
“Está lleno de paquetes para hacer flan pero no hay leche”.
“Tuve que participar de tirar las cajas de las leches y dejar sólo el paquete interno para que no se viera que están vencidas”.
“Los chicos no tienen derecho a un aderezo para una salchicha”.
“Muchas veces las camionetas con las que hay que trasladar a los chicos para distintas cuestiones están paradas porque no hay nafta”.
“No tenemos caja chica”.
También plantean que durante la gestión de Navarro se cerraron instituciones, se vaciaron programas y talleres, aumentó el encierro y se produjeron los mayores deterioros que hayan visto, pero se vuelven a enfocar en la comida, en apariencia sin gasto suficiente ni vigilancia nutricional. ATE sostuvo en la denuncia ante la DPB que cuando la subsecretaría se jerarquizó a Secretaría en 2012 “se anunció un 60% más de presupuesto pero la realidad parece mostrar que se ejecuta un 50% menos”. En esa línea, un informe realizado en el despacho de la diputada Rita Liempe (bloque Unidad Popular) con datos de la Contaduría General de la Provincia hasta abril de 2014 interpreta que hubo una “subejecución presupuestaria alarmante” en Niñez en el primer tercio del año.
La desesperanza
Los cuatro hogares provinciales materno-infantiles que había en La Plata para adolescentes con bebés o embarazadas con distintos conflictos sociales, psiquiátricos o penales fueron desapareciendo. El Casa Grande y el Evita no funcionan hace ya varios años; el Esperanza (que operaba en 31 entre 45 y 46) acaba de cerrar, con el argumento extraoficial de que no hay tanta demanda y la promesa de que se van a hacer refacciones en seis meses: el edificio no daba para más. Trabajadores consultados opinan que no hay datos para sostener la falta de demanda y agregan que existe una política de “sacarse de encima” a las internas sin tener resuelto dónde van a vivir o hayan alcanzado un proceso de “autovalimiento”.
Una auditoría edilicia lapidaria que hizo la arquitecta Claudia Tamagno hace un año sobre el Esperanza y está en el expediente de la DPB consigna entre otras cosas que “las puertas han sido cortadas para poder cerrarlas y abrirlas”, que el deterioro alcanza pasillos, techos, acceso al agua potable… Por eso no sorprende cuando circula la anécdota de que en ese edificio se llegó a hacer una conexión de gas trucha porque hacer la legal implicaba reformar más la casa. En julio pasado, las ocho madres con siete chicos que había fueron derivadas al otro hogar materno, el Arrullos —de donde varias fueron externadas rápidamente—. Los trabajadores quedaron repartidos en distintas dependencias de Niñez.
En el Arrullos (estuvo primero en 18, 59 y 60 y después en 66, 8 y 9) se materializan todos los ítems de la denuncia: pañales, ropa, una dieta calamitosa. Su ex director se llama Sergio Bustos y a principios de 2014 ejemplificó en una nota de Javier Sahade en La Pulseada web que no tenían caja chica, que a las adolescentes las solían llevar a controles médicos en autos particulares y que hay “instituciones donde los pibes no tienen puertas en las habitaciones o comen arroz todos los días, sin higiene”. Y analizó: “No se puede aceptar que a las chicas las dejen en la calle cuando cumplen 18 años. No se pueden ir a la calle con un bebé o dos bebés. Tenés que darles cobijo, una familia sustituta, la pareja, la mamá… Una casilla donde la piba pueda estar. Un trabajo digno. Hoy las echan”.
A él también se lo sacaron de encima, con una resolución de la secretaría de Niñez, donde no es fácil levantar la voz y salir indemne. Histórico opositor al sciolismo y uno de los impulsores de la Asociación de Directores Oficiales, hace unos años se había unido con agrupaciones sociales, organismos de derechos humanos y trabajadores de programas gubernamentales, hogares y centros comunitarios para denunciar el ninguneo a los chicos bonaerenses y las condiciones de trabajo precarias.
El alma, al diablo
Bustos también reveló dos casos que exponen a un Estado sin otra respuesta que depósitos inhumanos para los chicos con problemáticas de adicción o salud mental. Uno es el de una joven abusada y golpeada en una clínica privada de Junín y otro es el de “A.D.”, rescatado también de esa clínica donde lo arrumbaron porque no había infraestructura para abordar sus problemas (La Pulseada 115), cuyo caso desembocó en una denuncia por abandono de persona.
Argentina sancionó en 2010 la ley nacional de Salud mental, N° 26.657, para asegurar el derecho a la protección de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquéllas con padecimiento mental. Su texto establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”. La provincia de Buenos Aires adhirió a ella en febrero de 2014, con la ley 14.580, y designó al Ministerio de Salud, que conduce Alejandro Collia, como su autoridad de aplicación. La ley otorga a los servicios de salud —públicos, privados y de la seguridad social— un máximo de 36 meses para realizar las reformas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la ley nacional.
En marzo, una sentencia dictada en La Plata por el juez Luis Arias, del fuero en lo contencioso administrativo, ordenó implementar en seis meses un “Servicio público de salud mental” ajustado a los estándares de la ley nacional, “resultando de toda necesidad que la Provincia realice las acciones que sean necesarias para crear dispositivos o resignificar los existentes, que supriman las prácticas arraigadas al abrigo de las antiguas concepciones”. El Colectivo de Investigaciones y Acción Jurídica (CIAJ) así lo había solicitado en 2012 mediante una acción de amparo contra el Ministerio de Collia y la Secretaría de Navarro, dado que la Provincia carece de un área de intervenciones e internaciones complejas e integrales y delega la atención de la salud mental en contrataciones privadas, que además no brindan un servicio acorde con la ley nacional.
La atención infantojuvenil de estos padecimientos se terceriza en 19 comunidades terapéuticas y cinco clínicas psiquiátricas. Entre ambas, sólo en 2012, la Secretaría de Niñez gastó según datos oficiales más de 10 millones de pesos en 375 plazas de internación. Así quedó asentado en marzo en el fallo de Arias en esta causa. Según confían algunas fuentes también se han hecho internaciones de chicos en el hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero.
La Fiscalía de Estado, en representación de la provincia de Buenos Aires, apeló esta sentencia; consideró que el plazo de seis meses impuesto por Arias para que la Provincia adecuara su servicio público de salud mental resulta irrazonable, porque es necesario “tener en cuenta que tamaña adaptación resulta una tarea que requiere la elaboración, coordinación, ajuste, acomodo, de los distintos sistemas, como así también previsión de gastos para la realización de la misma”. El mes pasado, la Cámara de Apelaciones del fuero hizo lugar a este planteo de los abogados del gobierno provincial, y revocó la sentencia de primera instancia. El fallo evaluó “abstracta” la cuestión, es decir, carente de sustento, por considerar que antes que el fallo judicial existe de la ley 14.580, que otorga un plazo de hasta 36 meses para resolver la situación.
De esos 36 pasaron ya ocho y no fue creado el “órgano revisor” que establece este marco legal, el Ministerio no realiza monitoreos periódicos sobre el acatamiento de la ley en los servicios que se brindan en los tres sectores, continúa prevaleciendo la internación psiquiátrica prolongada y sin auditorías, y se producen con frecuencia torturas y muertes. Torturas y muertes.
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