¿Cómo garantiza los derechos de niños y adolescentes un Estado que mantiene una deuda millonaria con el sector? En el territorio bonaerense, al sistema de Promoción y Protección Integral lo sostienen trabajadores que cobran entre 500 y 2.000 pesos, en organizaciones sociales o dependencias estatales que sobreviven casi sin recursos. Aún en esas condiciones, miles de héroes y heroínas llevan adelante una labor basada en el vínculo y el largo plazo, y todos los días buscan en cada pibe esa estrella de la que hablaba Carlitos Cajade.
Por Javier Sahade
Producción J.S., M. Laura D’ Amico, Matías Ortega, Agustina Sarati
Ilustración Juan Bertola
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Suele ocurrir que jóvenes o adultos se proponen terminar la Secundaria para, título en mano, conseguir un empleo formal en la Policía o el Servicio Penitenciario. Generalmente no es para cumplir un sueño o seguir una vocación natural de servir a la gente, las leyes y el orden. El objetivo es más práctico: la estabilidad laboral. Las fuerzas de seguridad no sólo son instituciones históricas, tradicionales y fuertes dentro del Estado: también son privilegiadas en el reparto presupuestario. En tiempos en que la “inseguridad” lidera el ranking de preocupaciones, la provincia de Buenos Aires destina al ministerio de Justicia y Seguridad un presupuesto 20 veces mayor del que le otorga a Niñez y Adolescencia, que antes era una subsecretaría dependiente de Desarrollo Social y ahora es Secretaría (ver aparte).
¿Qué ocurriría si la preocupación pasara a ser los pibes? ¿Si en lugar de pensar en encerrarlos y perseguirlos nos ocupáramos de protegerlos y darles oportunidades a ellos y a sus familias? ¿Si trabajar en el sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes se convirtiera también en un objetivo de estabilidad laboral y no sólo de militancia y compromiso? Un debate similar fue el germen de esta nota, que recoge el testimonio de laburantes de niñez y habla de condiciones laborales precarias, abandono, vaciamiento de políticas públicas y frustraciones, pero también de luchas, sueños y estrellas.
La tarde que la Obra de Cajade abrió Casa Joven, el espacio para los adolescentes del barrio Aeropuerto, allá por 2009, hubo una asamblea de pibes y adultos para definir objetivos. Allí uno de los pibes dijo: “Que los chicos que salgan de acá no vivan en la droga, ni roben, ni maten. Que estén en sus vidas… que tengan una buena pareja”. Simple. Claro. Contundente.
Cada día, miles de educadores, talleristas, coordinadores de centros comunitarios, estudiantes universitarios, militantes, madres y padres, vecinos, voluntarios y empleados de servicios locales y programas oficiales eligen caminar los barrios, junto a los pibes, en busca de ese sueño o esa “estrella” de la que hablaba Carlitos Cajade. Lo hacen sin recursos, con sueldos de 1.000 o 2.000 pesos, sin obra social ni aportes jubilatorios. Las organizaciones que trabajan con la infancia y la adolescencia en el territorio bonaerense vienen denunciando hace años el vaciamiento de las políticas para el sector, el incumplimiento de la ley 13.298 de Promoción y Protección Integral, y un ajuste crónico que hace peligrar el funcionamiento de hogares y centros de día, como los de la Obra de Cajade.
Entre campañas electorales minadas de propuestas para combatir la inseguridad con más cámaras de video, patrulleros, policías y destacamentos, La Pulseada habló con héroes y heroínas que tratan de que “los pibes estén en sus vidas”. Para que soñar con un país con infancia no sea sólo una frase.
Poco “gasto” y mucho desgaste
Luciana tiene 26 años. Llegó a La Plata desde un pueblito del interior bonaerense para estudiar Trabajo Social. Se recibió hace un par de años. Ahora trabaja en condiciones precarias en un hogar y tiene una beca en un programa universitario.
“Nuestra tarea es acompañar los proyectos de vida de cada pibe. Lo vamos a buscar cuando se fue de la casa, vemos sus necesidades, estamos en su casa, entre el gato, el perro y los hermanitos haciendo despelote —grafica la trabajadora social—. Si el pibe está mal, seguro le pasa algo en la casa; y si descubrimos que el motivo de su angustia es que su hermano se droga hay que trabajar para que el hermano no se drogue”.
“Todos terminamos hechos mierda porque uno se involucra emocionalmente y a veces la sensación de frustración es muy grande. Es difícil tener la cintura necesaria para que la frustración no sea tan dura y poder escuchar el sueño de ese pibe”. Entre los dos trabajos, Luciana gana un poco más de $3.000 por mes. A veces tiene que pedir prestado para pagar el alquiler del departamento que comparte con una amiga en unos monoblocks de la periferia platense. No tiene obra social ni aportes jubilatorios. Siempre trabajó en condiciones precarias, incluso cuando era empleada de la Municipalidad en un Servicio Local.
Hace dos años, alguien le ofreció a Luciana integrar un proyecto educativo para jóvenes en cárceles que le hubiese asegurado estabilidad laboral porque implicaba pasar a integrar la planta permanente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ella no aceptó, por cuestiones ideológicas y principios éticos, le cuenta a La Pulseada: “Yo no quería estar con los chicos en una cárcel sabiendo que me iba de ahí y la iban a seguir pasando como el culo, encerrados por ser pobres”.
Gabino Martín vive en La Matanza y trabaja hace dos años y medio en el Envión, un programa provincial dirigido a jóvenes de entre 12 y 21 años que están “en situación de vulnerabilidad social”, según la información oficial. Desde ese programa se hace un seguimiento de cada pibe, se los capacita en oficios y se abordan, desde los barrios, problemáticas tales como adicciones, violencia familiar y conflicto con la ley penal. Envión depende del ministerio de Desarrollo Social bonaerense, pero terceriza en los municipios la contratación del personal. Gabino cobra $2.000 por mes (que debe facturarlos: es monotributista) y desde que comenzó nunca recibió un aumento.
“Es como si fuéramos cuentapropistas, no trabajadores del Estado —explica Gabino—. Encima de cobrar poco nos pagan cuando les pinta. A veces son tres o cinco meses de atraso. La gente renuncia, pasa constantemente, lo cual impide que los equipos técnicos se sostengan. Son muchos palos en la nuca. La gente termina renunciando en cuanto encuentra cualquier otra cosa. Nos hemos organizado y hemos movilizado a La Plata, pero hay un decaimiento enorme y ellos lo saben. El desgaste es una técnica con la que los funcionarios públicos trabajan todo el tiempo… Y nosotros seguimos trabajando resignados”.
“Yo intentaba que el Envión fuese mi principal fuente de ingresos, pero tengo un trabajo para mantener éste —cuenta Gabino, también docente en escuelas—. Para la mayoría de los que trabajan acá éste es su primer empleo y si siguieron alguna carrera social dicen ‘bueno, voy haciendo algo de lo que estudié…’. Pero en este marco de precarización…”.
Un vacío lleno de voluntarismo
Gustavo García es encargado del Hogar Don Bosco de Los Hornos, donde viven 15 chicos. Son nueve los empleados rentados, pero todos cobran en negro un sueldo que ronda los $2.000. Desde que fundó el Hogar, Gustavo lleva 25 años viviendo y trabajando con los pibes. Sin embargo, no cuenta con obra social y cuando llegue a la edad para jubilarse no tendrá los aportes hechos. El Don Bosco se sostiene con voluntarios y el equipo técnico, conformado por psicólogos, abogados y trabajadores sociales, no cobra por su labor. “Desde la Red de Hogares y Centros de Día —le cuenta a La Pulseada Gustavo— hace rato venimos reclamando que se contemple el laburo que hacemos, con la posibilidad de armar convenios aparte para cubrir los sueldos, por ejemplo. Los que trabajamos en los hogares, la guita la ponemos directamente porque la mayoría vivimos dentro de los hogares”.
La Obra de Cajade sufre la misma situación: hay pocos trabajadores rentados, que no pueden ser blanqueados por falta de recursos; coordinadores de centros de día (responsables de cientos de bebes, niños y jóvenes) perciben sueldos que no superan los $2.000; y muchas actividades las sostienen voluntarios. “Casa Joven surgió como emprendimiento voluntario —cuenta Ana Bader, coordinadora de ese centro comunitario—. Y todavía una gran parte de sus trabajadores son voluntarios. Y cuando se trabaja así el problema es para el vínculo que se construye con el pibe y para los objetivos que nos proponemos alcanzar. Todas las cosas que uno piensa para los pibes llevan tiempo y a veces con trabajadores voluntarios eso no se da porque es muy difícil continuarlo”.
“Existe un vacío respecto de cómo las organizaciones sociales pueden hacer para abordar el laburo con los pibes —explica Daniel Cajade, presidente de la Obra—. Toda la plata que se recauda va para los pibes e indirectamente a los trabajadores. La ley de Niñez no reconoce a los trabajadores de las organizaciones sociales y tenés que recurrir a las becas de los pibes para pagarles a los adultos. Según convenios firmados con el Estado —continúa—, las becas son para que los pibes tengan todos los derechos que les fueron violados en su momento. En las casas de día les tenés que dar apoyo escolar, almuerzo, desayuno, merienda y talleres como para sacarlos de la calle; pero para eso tenés que laburar con gente estable, sí o sí” (ver Organizaciones de Niñez irán a la Justicia).
Los educadores del Hogar de barrio Aeropuerto viven allí con sus servicios garantizados pero no cobran un sueldo y lo que tienen para gastos no llega a $1.500. Y en los centros de día, trabajadores vitales, como las cocineras de Chispita y las Casas de los Bebés y de los Niños, y Casa Joven, cobran $500 u $800.
María Emilia Preux es una de las personas que impulsaron, hace 15 años, la Casita de los Chicos Gorina, un centro de día ubicado en 482 y 136. Gracias a que tiene otro trabajo estable puede ir todos los días a atender a más 100 chicos y chicas, sin cobrar un solo peso. Los únicos que cobran son los profesionales del equipo técnico y algunos talleristas, aunque suele ocurrir que sólo logran cubrir los viáticos. “El trabajo que hago en la Casita fue voluntario desde el inicio. Yo soy trabajadora social, igual que las otras dos chicas que coordinan, y nunca cobramos nada”.
La Casita es un espacio de educación no formal para contener y recrear a niños y adolescentes de Gorina. Lo crearon vecinos porque en esa localidad, a pesar de tener más de 8.000 habitantes, no existen espacios de recreación para chicos, ni hay en la zona un lugar de esparcimiento, como una plaza pública.
Para los chicos, los grandes
“Cuando vos laburás con pibes que están en situación de riesgo, que se pueden perder en cualquier momento en la calle, necesitás personas todos los días —reflexiona Daniel Cajade—. Los pibes vienen con historias de abandono y si un trabajador se tiene que ir por cuestiones de supervivencia, porque no le podemos pagar, los pibes sufren el abandono de un educador, de un tallerista. Es un nuevo abandono en la vida”.
“Es un pibe que venía re golpeado, vos la estás tratando de remar y con eso le estás dando un saque que te tira a la mierda todo lo que vos venías trabajando… —continúa el presidente de la Obra de Cajade—. Puede provocar un desequilibrio emocional. Un tallerista es importante para darle a un pibe la contención primaria, pero si no lo abordás complejamente… Lo que decía el cura de buscarle la estrella al pibe. Eso es re importante, porque ahí está la autoestima del pibe, su desempeño cuando se tiene que encontrar con una sociedad que lo rechaza y lo discrimina; que lo quiere eliminar, básicamente”.
Silvana Berger es trabajadora social e integra la comisión de Salud del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Plata, un organismo intersectorial creado por la ley de Niñez. Según relevamientos realizados en ese espacio —que a fin de 2012 diagnosticó una deficiente implementación del Sistema de Promoción y Protección—, los Servicios Locales (SL), a pesar de depender del Estado, también sufren el problema de “profesionales que van y vienen”. Esos SL, piezas clave que la ley fija en los barrios para abordar lo primario, lo fundamental, tienen precisamente problemas primarios, fundamentales: de infraestructura, de insumos, de trabajo precario, de poco personal y equipos técnicos incompletos. Según Berger, “muchas familias plantean que tienen que contar su historia todos los meses porque el profesional cambió”.
“Se requiere construir un vínculo con el pibe para poder sacarlo de una situación de violencia, abuso o adicciones —asegura la abogada del Programa de Niñez de la Facultad de Derecho de La Plata Carola Bianco—. Y eso requiere un marco de contención para quien va a estar trabajando el vínculo con el pibe. Se trata de condiciones laborales”. Para Damián Lambusta, integrante del mismo programa universitario y militante con años de trabajo territorial y con la infancia, “la precariedad no escapa al planteo que tiene la sociedad para ese tipo de tareas, vistas como secundarias. Entonces está relegado a que la persona que lo haga porque tiene ganas”.
“Vos tenés que trabajar con los niños a través de adultos —explica Bianco—; entonces tenés que pensar en los derechos de los trabajadores. Es impensable hablar de una ley de Protección y de chicos que decidan por sí mismos si no tenemos espacios donde eso sea promovido y los trabajadores mejor pagos. Los niños y las niñas tienen que ser tratados con humanidad, con sentimiento… escuchar su palabra, sus necesidades, sus sueños. Y tratar de multiplicar sus opciones. Para eso, que va a tardar muchísimos años, son esenciales los trabajadores. No podés exigirle trabajo a largo plazo a quien no le vas a dar condiciones laborales a largo plazo, que es lo que se requiere para poder generar un lazo afectivo”.
Laura Taffetani, integrante del Hogar y Fundación Pelota de Trapo de Avellaneda y referente del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, pide pelear para que “el Estado reconozca para aquellos luchadores sociales los beneficios de tener una vejez digna”. “Donde vos invertís —continúa— estás poniendo tu verdadera política. El gobernador Scioli dice ‘invierto en seguridad’ y ésa es su política. Pero hay una cuestión más profunda que es que los chicos dejaron de ser la agenda de todos” (ver entrevista completa).
La ley establece que para “asegurar con absoluta prioridad” los derechos la Provincia “puede adeudarse o hacer adecuaciones presupuestarias y meterse en los mercados si hay niños en juego —recuerda Bianco—. No lo está haciendo. Tampoco lo estamos reclamando, y no tiene que ver con una cuestión legal, sino con una cuestión de consenso y legitimidad”.
“La provincia de Buenos Aires —reflexiona Taffetani— con los aguinaldos se paró, pero por la deuda en las becas de los chicos no vibraron los corazones del mismo modo. Y que cierren hogares y centros de días es más grave que el aguinaldo. Es un valor de país diferente”.
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