Desde hace dos meses agentes de la Policía Local y bonaerense detienen sin control judicial a los colectivos, obligan a sus pasajeros a descender, les piden identificación, los cachean y requisan. Lejos de brindar seguridad, colocan a los viajeros bajo sospecha. Testimonios de quienes los padecieron y denuncias que plantean la ilegalidad del accionar.
Por Josefina Oliva
Imágenes Eduardo Eleno
Desde mediados de junio en diferentes zonas de La Plata, Berisso y Ensenada comenzaron a ser frecuentes las razzias policiales. En determinados puntos de la ciudad, personal de la bonaerense y la local detienen a colectivos de líneas del servicio urbano de transporte público, hacen bajar a sus pasajeros, se los obliga a mostrar sus documentos y sus pertenencias y se los “cachea” en busca de armas. Esta práctica es totalmente ilegal y anticonstitucional, ya que viola los derechos de los ciudadanos a circular libremente, a la autonomía personal y a la intimidad. Con un discurso de “más seguridad a pedido de los ciudadanos” por parte del gobierno provincial y municipal, se encubre un mecanismo de control social totalmente arbitrario.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunciaron estos procedimientos como inconstitucionales. La CPM manifestó que es una práctica de la dictadura y que “pretenden ampararse en la excusa del combate del delito, constituyen una vulneración de derechos y están fuera de cualquier marco democrático”. Paralelamente, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS-LPBE) presentaron un hábeas corpus colectivo para exigir “el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad”.
Control del territorio
A través de diferentes artículos publicados en medios de comunicación, o en las redes sociales porque le tocó padecerlos a conocidos o amigos, se fueron extendiendo las noticias sobre estos operativos. A las seis de la tarde, a las ocho de la noche, en las líneas 275, 202, y 307. En la avenida 122 o frente al Hipódromo, en 4 entre 44 y 45, en diagonal 80 entre 115 y 116 y en 1 y 53. Las razzias se realizan en micros que llevan a personas que van o vuelven de trabajar o estudiar desde el casco urbano de La Plata a diferentes barrios o a las ciudades de Berisso y Ensenada.
En el mes de junio, Sonia Farina, viajaba en el 275, hacia Punta Lara. Eran las 18.30 y estaba lleno, como suele suceder. De repente advirtió que había muchos patrulleros, junto con otros pasajeros pensaron que se trataba de un accidente. “Cuando detuvieron al micro abrieron las puertas al grito de todos los masculinos abajo. Nos quedamos como diciendo ‘qué paso’. Y lo que pude ver fue que les pedían abrir sus mochilas y bolsos, mostrar lo que llevaran y presentar el DNI. A las mujeres no nos pidieron nada. Además sacaban fotos del operativo y de las personas que habían hecho bajar”, relata.
En los nueve años que lleva tomando ese colectivo, Sonia nunca vivió algo así. En ningún momento se les explicó a los pasajeros la razón del operativo. “Hacerlo por hacerlo sin explicarle a nadie nada. Me pareció un poco raro porque viola nuestros derechos, porque yo estaba volviendo a mi casa después de laburar doce horas y nadie me dio una explicación de por qué nos tuvieron veinte minutos ahí”.
Farina destaca que hubo un momento de tensión cuando una persona se negó a mostrar el documento. “El policía, con un tono un poquito agresivo, le dijo ‘a ver flaco, me lo mostrás acá o me los mostras en otro lugar’, así, tal cual, en ese tono. Entonces el pibe accedió, lo hicieron subir nuevamente y seguimos viaje normal”.
Soledad Lezica también fue testigo de una razzia en el 275, pero a ella le tocó viajando de Ensenada a la Plata, a la altura de diagonal 80 y 117. Otra vez pidieron bajar a “todos los masculinos”. Luego de revisarlos y “cachearlos” los dejaron volver a subir.
Aracelis Rodríguez vivió dos veces este tipo de operativos en la línea 307, de regreso a su casa después de finalizar su jornada laboral. Las dos veces subieron policías, uno miró la primera mitad del micro y otro la parte trasera. Un tercero hablaba con el chofer. “Los policías que estaban arriba miraban uno por uno y a los pibes con la capucha les pedían el DNI, tomaban nota. En un momento bajaron a uno que no tenía el documento. Me paré a sacar fotos porque me preocupaba, no sabía qué hacer, y en ese momento me pidieron identificación a mí, le saqué foto y a la policía no le gustó nada. La persona a la que bajaron no volvió a subir”.
A Aracelis le llamó la atención, la primera vez, una frase que pronunció el chofer, enojado al verla tomar las fotografías, hablando fuerte, como para que lo escuchen todos: “Esto es por seguridad, después se quejan si les roban acá arriba y piensan que esto se parece a la dictadura, pero esto es por seguridad, porque hay robos”.
Los procedimientos van en línea con las declaraciones que realizara el intendente de La Plata, Julio Garro, acerca de que los delincuentes “vienen de Ensenada y Berazategui”. En este sentido, las víctimas de las “bajadas” de los colectivos son siempre las mismas personas. Así lo explica desde el CIAJ, Esteban Rodríguez Alzueta: “La policía nunca se equivoca y trabaja siempre con su ‘clientela’ favorita compuesta por jóvenes o mejor dicho por determinados jóvenes. Ellos saben que tienen más chances de ser demorados que los adultos. Y saben que si son morochos, viven en barrios pobres y visten ropa deportiva o usan gorrita tienen todos los números para ser blanco del olfato policial. Estas prácticas son arbitrarias y discriminatorias. Y no están hechas con buenos modales, vienen acompañadas de provocaciones, insultos, risas. Por lo cual, la violencia no es sólo física, sino también simbólica”.
Pese a las reacciones en contra, los procedimientos, según declaraciones en la prensa platense del ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, se continuarán llevando a cabo de manera regular, hasta tanto se coloquen cámaras de seguridad en el interior de los colectivos. “Tenemos que tener la seguridad cuando se viaja, nos lo pidieron los trabajadores y no queremos lamentar ningún hecho trágico”, declaró el ministro.
Cuestión semántica
Las autoridades que ordenaron esta modalidad de control en las calles prefieren descartar el concepto de “razzia”. Días después de los primeros hechos el jefe de la Departamental La Plata, Diego Bravo, dijo para justificarlos que “no son razzias ni nada parecido a otros tiempos como se está diciendo. Son operativos para poder establecer que nadie lleve elementos prohibidos que puedan derivar en episodios desgraciados con los pasajeros o con los choferes. La gente tiene que saberlo y estar calma porque son operativos que buscan llevar tranquilidad a los pasajeros”. Explicaba entonces que “son de noche y cuando no hay muchos pasajeros, porque se procura trabajar en horarios en los que los choferes son más vulnerables”.
Rodríguez Alzueta, que habla en general de razzias, sostiene en uno de sus artículos: “Se parecen a las razzias porque se trata de operativos que involucran a un importante número de efectivos en las tareas de control. Pero se diferencian de ellas porque, en principio, no buscan trasladar a la comisaría a las personas que no tienen documentos, sino hacer ‘controles de rutina’ que, en el mejor de los casos -como señala el investigador Jeremías Zapata-, buscan ‘mejicanear’ a los pibes”.
Desde el Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, su director Rodrigo Pomares busca más contundencia: “Han salido a decir que no son razzias, pero sí lo son. En la medida en que tratan de controlar un segmento de la población determinado y extendido y tratan de controlar determinados territorios, eso lo transforma en una razzia en el sentido en que lo define la Comisión interamericana y la Corte Interamericana”.
Ilegales y anticonstitucionales
Más allá de la disquisición semántica, lo que sucede en este tipo de operativos es ilegal: pedir el DNI, revisar las pertenencias, hacer bajar a las personas del “bondi”, cachearlas. Y al mismo tiempo es inconstitucional, debido a que se están avasallando las libertades que todas las personas tienen de acuerdo a la Constitución Nacional -artículo 18- y tratados internacionales -el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros-.
De la misma manera, nadie tiene por qué someterse a un control policial sobre sus prendas o sus pertenencias si no hay un motivo justificado, que además debe ser un motivo cierto, no potencial. No es válido el “por las dudas de que alguien lleve un cuchillo”, explica Pomares. En términos jurídicos, esto se expresa a través de la razonabilidad. “Es razonable en la medida que haya una causa que lo justifique, si no pasa a ser irrazonable y eso también lo transforma en inconstitucional”, expresa. “Sin mediar orden judicial la Policía coloca a los pasajeros bajo sospecha por el mero hecho de circular en un transporte público”, suman desde AJUS.
Indispensable para analizar la ilegalidad de estas prácticas es también la jurisprudencia que sentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la Argentina a través del caso Walter Bulacio, en cuya sentencia estableció que el joven había sido detenido por la policía de manera ilegal y arbitraria dentro de un operativo de razzia, sin que mediara orden judicial, no habiéndosele informado de los derechos que le correspondían como detenido, ni haber dado pronto aviso a sus padres y al juez de menores sobre su detención. De allí que las razzias fueron condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de su muerte en una seccional de la Policía Federal en 1991.
Por todo ello es que los colectivos CIAJ y AJUS presentaron un habeas corpus colectivo, “que no va a dirigido a una persona particular o individualizada sino a todos los usuarios del transporte público de la Plata, Berisso y Ensenada, que es la competencia que tiene el departamento judicial de aquí”, explica Emanuel Lovelli, abogado de AJUS.
El hábeas corpus en un sentido clásico se aplica cuando una persona está privada ilegítimamente de la libertad. En este caso tiene la característica de ser restrictivo, en un sentido técnico, ya que AJUS y el CIAJ hacen foco no sobre las privaciones ilegítimas de libertad que se pudieran dar a partir de estos operativos sino en el punto anterior. “El mero hecho de la detención y de la requisa ya configura una acción lesiva de derechos”, reafirma Lovelli.
La acción fue presentada a finales de junio en el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata. Allí solicitaron a la Justicia que le ordene a las autoridades policiales, municipales y al Ministro de Seguridad que cesen con los operativos, a los cuales consideraron como “conductas amenazantes y lesivas de la libertad ambulatoria” que afectan a todas las personas usuarias del servicio público de transportes de las tres ciudades.
A través del hábeas corpus se pidió a las autoridades municipalidades y provinciales que informen si las policías local y bonaerense participaron en estos operativos. En ese punto se piden fechas, horarios y lugares. También qué directivas y qué órdenes y a quiénes se les dio esa instrucción, así como los criterios de diagramación, el protocolo de actuación, los informes de los operativos y la normativa en base a la cual se implementó. Reclaman saber si en los operativos se realizaron requisas y/o detenciones a los pasajeros, especificando pormenorizadamente los motivos que en cada caso justificaron las medidas así como las autoridades policiales y/o judiciales que intervinieron. Si hubiera habido detenciones, se indique tiempo y lugar en que fueron alojadas las personas. Pero ninguno de los estamentos del Estado había contestado al cierre de esta nota.
Los colectivos CIAJ y AJUS solicitaron además que lo actuado quede en los Registros de Habeas Corpus en el ámbito de Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
“No solucionan el problema del delito”
Las vulneraciones de derechos, las restricciones y represiones ante las protesta y ahora las razzias profundizan cada vez más la mano dura. El asesinato del chofer de la línea de colectivos 514, Carlos Sánchez, ocurrido en Claypole el 14 de junio cuando quedó en el medio de un tiroteo, generó una huelga de 24 horas de las 60 líneas que circulan por la zona sur. En ese contexto, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, aseguró que se iban a colocar cámaras de seguridad dentro de las unidades y que habría operativos sorpresa.
Asimismo La Municipalidad de Berisso acordó con la jefatura distrital de la Policía Bonaerense que se intensifiquen los operativos en los micros de la Línea 202, luego de que la empresa había interrumpido el servicio al Barrio Obrero a raíz de dos hechos delictivos que se habían sucedido en los últimos días.
“Más allá de acompañar la seguridad ciudadana creemos que ésta no tienen que ser en detrimento del derecho de las personas. En todo caso el Ministerio de Seguridad tiene que buscar otras medidas con la que la búsqueda de seguridad no vulnere otros derechos del pueblo, sobre todo cuando sabemos que muchas veces lo que se disfraza con estas medidas es un control social sobre un sector estigmatizado”, plantea Lovelli.
En la misma línea, desde la CPM plantean que hay que fortalecer la idea de que estos procedimientos no impactan en el delito. “En términos de política estricta de prevención del delito no tienen un impacto real, no van a generar mejores condiciones para la gente que sufre delitos. Todo lo contrario, van a generar un perjuicio a las personas que viajan en el transporte público que lo que quieren es acceder al centro de la ciudad para ir a consumir, ir a su trabajo o a estudiar. Entonces impacta en un segmento de la población que no es el que está vinculado con alguna actividad delictiva”.
En el marco de un contexto preelectoral, y con el apoyo de algunos medios de comunicación que espectacularizan hechos delictivos aparece en sectores amplios de la sociedad un discurso que sostiene que las “bajadas de bondi” no están de más, y que contribuirían a generar “mayor seguridad”. En esa línea discursiva abrevó el secretario de Seguridad y Justicia de La Plata, Darío Ganduglia. “La recepción por parte de la gente que iba a bordo de las unidades fue muy positiva, estaban conformes con el operativo”, dijo al diario El Día, entusiasmado con un procedimiento realizado en una unidad de la línea Este en el que detectaron por su “actitud nerviosa” a un joven que llevaba 55 gramos de marihuana.
“El problema de eso no es sólo desconocer lo inconstitucional e ilegal de esa práctica, sino que la misma se naturalice –cierra Pomares–. Y por el otro lado hay que decir que una Policía a la que se le da atribuciones más allá del plano constitucional suma como problema esas prácticas que va incorporando. Si se le da más facultades a un policía, lo que se logra es que tenga más potencialidad para realizar esas prácticas ilegales, arbitrarias y violentas”.
Una práctica cada vez más recurrente
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) explican que estos procedimientos se habían comenzado a llevar adelante en 2014 en Mar del Plata y Almirante Brown. El año pasado ese organismo y fiscales de la Procuvin (Procuraduría Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal) intervinieron en un operativo policial que se realizaba en Olmos alrededor de dos micros de la línea Oeste en la avenida 44. Tres patrulleros y casi una veintena de agentes de la policía bonaerense hacían descender a los pasajeros de uno de los micros, los palpaban y revisaban sus pertenencias, vaciando mochilas y bolsos en la vereda.
Se trata de procedimientos que por lo general están vinculados a requerimientos de ciertos sectores que, ante episodios relacionados con la inseguridad respecto de las personas que manejan colectivos y taxis, requieren a las autoridades algún tipo de medida. “Lo cierto es que suelen ser acciones demagógicas y consisten particularmente en controles vehiculares que siempre están dirigidos al mismo segmento de la población”, advierte Rodrigo Pomares, de la CPM. “No es que esto esté ocurriendo recién ahora, pero sí lo que aparece es una extensión territorial más grande y parece haber un aval mucho más fuerte para que ocurran. Entonces lo que preocupa es que este tipo de procedimientos no sean sólo coyunturales sino que sea una decisión institucional de convertirlo en una práctica cotidiana y prolongada en el tiempo. Eso va a ir naturalizando una serie de avasallamientos que se consolidan y se cristalizan como una práctica asumida”.
La Universidad frente a las razzias
En el marco de las requisas que se comenzaron a efectuar cada vez más seguido en la zona de La Plata Berisso y Ensenada, la UNLP emitió un comunicado pidiendo a los poderes públicos el cese de estos procedimientos por los cuales la comunidad de estudiantes docentes y trabajadores de esa casa de estudios se vio afectada.
“Estos procedimientos, justificados desde la intencionalidad de combatir el delito, tensionan la vida democrática al habilitar prácticas policiales arbitrarias que irrumpen en la vía pública, vulnerando derechos y garantías constitucionales -tales como el derecho a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas-.
Asimismo, rememoran las “razzias” -mecanismo represivo generalizado durante la última dictadura militar- de la que fueran objeto trabajadores del cordón industrial en el enclave Ensenada-La Plata, tal como lo han relatado testigos y víctimas en los juicios por delitos de lesa humanidad”.
En esa línea La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), acompañados por la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP, organizaron el pasado 5 de julio la jornada de capacitación “Los jóvenes y la vulneración de derechos: ¿Qué hacer frente a la violencia policial?”. El encuentro tuvo como objetivo generar un intercambio para estudiantes y organizaciones universitarias, para denunciar el incremento de las prácticas violentas y arbitrarias de las fuerzas de seguridad.
Antecedentes
Esteban Rodríguez Alzueta (investigador, director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre violencias urbanas e integrante del CIAJ) aporta un dato más con respecto a los antecedentes de estos procedimientos cuando recuerda que las bajadas de los colectivos son mecanismos de rutina que se realizan en los puntos de frontera impulsadas por la Gendarmería. “Cuando los gendarmes fueron emplazados en el área metropolitana de la mano del Operativo Centinela, una de las prácticas que reprodujeron fue la inspección de los documentos de las personas que se desplazaban en el transporte público. No los bajaban del transporte y tampoco solían revisar sus pertenencias, se limitaban a constatar la documentación”.
En octubre del año pasado, en el marco de la declaración de Emergencia de Seguridad Pública, se dispuso la llegada de las fuerzas de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal al Conurbano bonaerense. De manera similar, en 2011 se había dispuesto el Operativo Centinela, a través del cual se sumaban más de cuatro mil gendarmes destinados a colaborar en el combate del delito en el Gran Buenos Aires.
