Nota principal: Los enigmas del Princesa
Suena maravilloso. Alguien lo comentó en la reunión de vecinos movilizados por el cartel de venta que se hizo frente al pórtico del teatro en diagonal 74. “Parece que una ley dice que si tirás un teatro tenés que generar algo parecido —recuerda Guillermina Mongan—. A mí me pareció bellísimo”.
La ley en cuestión tiene más de cincuenta años; data de los tiempos de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), cuando en Argentina las “elecciones” se hacían con el peronismo proscrito. La ley 14.800 se votó en enero de 1959: lleva más de 54 años sin aplicarse ni siquiera reglamentarse.
La redacción es muy simple: “Artículo 1º. En los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida. Artículo 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
El autor del proyecto fue Héctor Gómez Machado, presidente del bloque de la UCRI en Cámara de Diputados, y su justificación fue muy breve: alegaba que “la demolición de salas teatrales atenta contra el acervo cultural argentino” y que cualesquiera fueran “las razones económicas y de seguridad que se esgriman para efectuar las demoliciones aludidas” se debe promover el “bienestar general de la República”. Punto.
Sin más especificaciones, la ley resultó ineficaz. Por ejemplo, no tiene plazos. Quien demuele un teatro, entonces, puede dejar en su lugar un baldío, usar ese baldío para guardar autos y dejar pasar el tiempo.
Así sucedió con el emblemático teatro Odeón de la Ciudad de Buenos Aires, en Esmeralda casi Corrientes, demolido en 1991 después de que el intendente menemista Carlos Grosso revocó la norma local que lo protegía “por su interés cultural y arquitectónico”. En esa oportunidad, el abogado Beltrán Gambier presentó un recurso de amparo en virtud de la ley 14.800, sin éxito. Hoy, donde estuvo la sala inaugurada en 1891 funciona una playa de estacionamiento.
En 2006 la ONG Poder Ciudadano reclamó ante la Justicia que el gobierno reglamentara la ley. Tampoco tuvo eco.
Así y todo, la ley sirve como un argumento más cuando, en defensa de un teatro, hay sectores organizados y movilizados. Esa parece ser la clave. Sin vecinos ni trabajadores de la cultura en la calle no hay ordenanza de protección del patrimonio ni ley maravillosa que valga.
