Tras el temporal de abril, el director provincial de Medicina Preventiva consideró que los hospitales lo soportaron sin mayores inconvenientes, un balance oficial concluyó que el ministerio de Salud probó estar muy preparado y el intendente calificó a la red sanitaria como “de vanguardia”. Sorprende, porque profesionales hace mucho trabajan en estado “catastrófico”, bajo techos rotos, “con lo que hay” y en malas condiciones laborales. Con este “crimen social” agravado por inundación, La Plata llega a su invierno más duro.
Por Josefina Garzillo, Agustina Sarati, Josefina López Mac Kenzie
En septiembre de 2004, La Pulseada publicó un informe sobre el estado de los hospitales. La tapa mostraba una camilla naufragando. Casi nueve años después, la realidad le ganó a la metáfora: el sistema de salud pública debió afrontar la inundación más grande de la historia de la ciudad en centros médicos desmantelados, con presupuestos flacos, poco personal, residentes sobreexigidos y todo tipo de problemas, tanto en el vital primer nivel de atención como en los centros de alta complejidad.
Como planteábamos en el informe especial del mes pasado, cuesta imaginar una emergencia sanitaria al mando del ministerio de Salud en vez de coordinada, como ocurrió, por las áreas de Seguridad provincial y nacional. Salud cuenta con una Dirección de Emergencia para desastres o catástrofes, pero el desastre era el campo de juego hacía tiempo. Una médica residente, Lucía Rabini, definió al área de salud pública como “un sistema para pobres sostenido por el voluntarismo” (La Pulseada 109).
En La Plata hay 45 centros de salud municipales, creados sobre todo para garantizar la atención en los barrios. Lo más local. Las familias tienen derecho a conocer dónde queda el más cercano y qué servicios presta; y éstos deberían conocer las singularidades de su zona para dedicarse a prevenir, corazón de este nivel de atención. También para evitar que los pacientes sean innecesariamente absorbidos por el sistema de salud provincial, que en la Región Sanitaria XI (donde se ubica La Plata) integran 15 hospitales públicos.
Para responder a casos simples y complejos, respectivamente, salitas y hospitales deberían trabajar sintonizados y estar dotados de equipos humanos interdisciplinarios, buena aparatología, insumos, remedios, y programas y campañas bien difundidos. “Si así fuera se podría decir que la descentralización de la salud es exitosa”, asegura una promotora de salud a la que el Municipio le paga una beca de $1.400 por su trabajo.
La realidad es bien distinta. Por eso al cierre de esta edición trabajadores enrolados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonarense (Cicop) seguían de paro. Como denunciaron todo el año pasado, faltan insumos básicos, medicamentos, vacunas, personal de enfermería, refacciones edilicias… Los testimonios se repiten entre quienes a diario tratan de garantizar el derecho a la salud en edificios que son postales del abandono: paredes descascaradas y húmedas, cielorrasos vencidos, pasillos fríos, camas insuficientes, servicios que “no hay”, compras que no se hacen… Hasta falta agua en algunos centros médicos.
Mariano Salerno, médico residente en el hospital Gutiérrez, explica que el “vaciamiento” en el sector es de larga data, por eso denuncian un “déficit estructural”. Una salud digna —mejores salarios y condiciones laborales— es lo que reclaman cientos de personas que como forma de protesta abrazaron a los edificios de la salud pública provincial. Además, juntaron firmas para que, en un año en que el panorama sanitario empeoró, haya un presupuesto de emergencia.
La inversión en salud
Matías de Iuliis, residente en el hospital de Niños Sor María Ludovica, asegura que el último presupuesto provincial de salud aprobado es “el más bajo desde el ‘83, teniendo en cuenta la inflación y la tercerización de los servicios”. Y agrega que para 2013 “no se contemplan nuevos cargos ni aumentos salariales”. Lo efectivamente invertido (el “gasto”), también viene en picada: según datos procesados por la Contaduría General de la Provincia, respecto del gasto total de los recursos de la administración provincial Salud representó el 14,54% en 1991; el 10% en 2003; el 8,71% en 2007; el 8,55% en 2008; el 7,53% en 2009; y el 7,35% en 2010.
En el ámbito municipal, la salud importa aún menos. En 2012 lo presupuestado para esa área representaba el 5,16% del presupuesto general del Municipio y en 2013, el 6,10%. Si bien falta aún la rendición de cuentas para evaluar con mayor precisión lo ejecutado, “no se llega a piso del 10% que marca la Organización Mundial de la Salud”, señala Leonardo Rocheteau, concejal del Frente Amplio Progresista que preside la comisión de Salud y Medicina social del Concejo Deliberante.
El sector de los residentes está tan exigido como ninguneado: “Sostenemos la salud pública, somos la mano de obra barata”, afirman algunos de ellos desde consultorios y guardias. Rabini trabajó en el hospital José Ingenieros y renunció tiempo antes de la inundación: “El sueldo neto es de $4.800; nuestra hora de guardia vale $12 —informa—. Después de pagar matrícula, para ejercer quedan $4.500 de bolsillo. Hay un discurso que dice que los médicos sobran, pero lo que sobra es la explotación de los residentes. Hay pocos médicos de planta y varios no cumplen el horario porque se van a sus consultorios privados”, redondea.
Juan Porto, desde la Asociación de Profesionales del San Martín, agrega que en ese policlínico sectores como cocina, lavadero y limpieza están tercerizados (en manos de empresas contratadas por el Estado). “Es un gran negociado y genera una situación de súper explotación para los trabajadores —analiza—. Tienen sueldos de hambre y cada año caduca su contrato: deben empezar de cero, sin antigüedad”. En mayo, quienes se ocupan de limpieza en el San Martín —tercerizados en la empresa Glomar— pararon por falta de pago. En los 77 hospitales provinciales, mantenimiento y limpieza están particularmente afectados por modalidades de precariedad como becas en vez de plantas de empleo y sueldos sin aportes, vacaciones ni asignaciones familiares. “En el Niños quisieron echar a los que tienen enfermedades o no terminaron la primaria y logramos revertirlo”, contó De Iuliis.
“No hace falta un 2 de abril”
No es una pared que se cae “por accidente” o un centro de salud donde “ocasionalmente faltan vacunas”, como intentan justificar funcionarios jerárquicos del Ministerio de Salud. Para que las salas de maternidad del Gutiérrez se inunden no hace falta un 2 de abril. “Pasa con todas las lluvias; hay una deficiencia terrible”, cuenta Salerno, que pasó la tormenta en la guardia con un solo médico de planta. En ese hospital, al cierre de esta nota había una sala de Pediatría y todo un ala cerradas por falta de enfermeros, y en Tocoginecología y Obstetricia se daba la paradoja de camillas inutilizadas porque les llovió y canillas casi sin agua para higienizar a los recién nacidos (son más de 140 partos los que atienden por mes allí). “Trabajamos con muchas limitaciones. Catastrófico es poco”, sintetiza el jefe de sala de Maternidad, Juan Doldan, y agrega que reciben allí “a muchas familias humildes”.
El deterioro del San Martín, especializado en traumatología y de alta complejidad, expresa esta historia de decadencia: “En la década de los ‘90 tenía más de 220 camas de clínica médica; hoy sólo 96 —relata Porto—. Falta personal profesional”. En el de Niños la realidad transforma su histórico emblema de calidad en un afiche de propaganda: “No hay cirujano de guardia, hace siete meses no se hacen trasplantes renales, cuando tenemos una sala reconocida en la especialidad, y la sala de quemados está cerrada pese a ser la única especializada en la Provincia —ejemplifica De Iuliis—. Se atiende igual pero en peores condiciones… Y sin servicio de resonancia magnética, hay que derivar pacientes a clínicas privadas”.
Para retratar el panorama en el ámbito municipal, quienes que se brindaron en postas y hospitales móviles en abril también usan la palabra “vaciado”. Señalan que faltan recursos humanos, insumos y un plan. Ayelén Gorza, residente de Medicina General, vivió el día siguiente al temporal en el sinsentido de estar sentada en un consultorio del Niños al que nadie fue. Y cuando pudo sumarse a trabajar en barrios detectó que algunos centros de salud tenían enfermero pero no vacunas. “Hicimos un trabajo que le correspondía a atención primaria, como completar calendarios de vacunación”, problematiza. Incluso el pasquín municipal distribuido a 15 días del temporal admite que no se completó el calendario. Por eso en los barrios hubo médicos vacunando, abrigando, consiguiendo pañales y conteniendo, por vocación y entrega.
Para Rabini, “Provincia le tapa los baches al Municipio”. Cuenta que “muchas salitas estuvieron cerradas o sin personal adecuado tras la inundación. En las postas hubo gente que por primera vez se enteraba de la existencia del sistema de salud público, de qué es un control y de que es un derecho a acceder a ello”.
Parches para los barrios
En distintas unidades sanitarias, La Pulseada encontró poco personal (debería haber médico a cargo, obstetra, otorrinolaringólogo, pediatra, ginecólogo, clínico, odontólogo, psicólogo, enfermeros y promotores de salud), sueldos bajos (un médico puede cobrar $3.000; un enfermero, $1.400; y un administrativo, $1.200) y condiciones laborales precarias: de nuevo, becas y contratos, así como una inconveniente rotación de trabajadores. “Sin equipo sólido es difícil tender el lazo con el vecino. Nadie quiere estar cambiando constantemente el pediatra de sus hijos”, cuentan en el territorio.
“Los que vemos la realidad de la pobreza no podemos quedarnos detrás de un escritorio. Casi todos los centros de salud estamos rodeados por asentamientos o villas”, afirma una de las enfermeras que salieron a asistir vecinos tras la inundación y se animó a conversar con La Pulseada pese al miedo que impera en muchas salitas por la vulnerabilidad laboral en la que se trabaja.
Una particular desidia sobrevuela muchos relatos: “Cómo se trabaje en atención primaria depende del perfil del jefe. Algunos te demandan hacer número, llenar planillas, responder a las demandas de la Secretaría”, cuentan en una salita. “Es muy difícil la situación que viven en los barrios familias paraguayas y bolivianas que no acceden al derecho a la salud —narran en otra—; acá están ‘mejor’ porque comen, pero emocionalmente están tristes”, expresa una médica para quien sin trabajo barrial no se puede hablar de salud comunitaria. Alrededor de las salitas se vuelve evidente la necesidad de pensar la salud integralmente, desde el hábitat: hay arroyos contaminados, basura, casillas agolpadas entre sí en lotes pequeños y casillas vueltas a levantar donde habían sido arrasadas.
“En municipio siempre sufrimos por los bajos sueldos, pero el que ama su profesión no piensa en el dinero sino en la salud de los pacientes…”. Mirta es enfermera, cobra $1.400, conoce el barrio y sus familias, y cuenta que en su zona “hay cada vez más asentamientos y suicidios de jóvenes”.
Es contradictorio hablar de prevención allí donde el agua no hizo más que acentuar un entorno de miseria y la contaminación, que enferma: “De tres colchones para una familia de ocho personas pasó a no haber ninguno”, graficaba una vecina… Y una promotora de salud consultada en el territorio asegura que como “faltan equipos estables de trabajo” y la tarea de prevención “no sucede”. Las salitas “no cumplen con el rol para el que fueron creadas” y “no hay labor interdisciplinaria ni comunitaria: cada uno está en su consultorio”. Y todo desemboca en los hospitales.
El concejal Rocheteau dice que “las salitas se caen a pedazos” pero el secretario de Salud y Medicina social (Jaime Henen) “jamás se dignó a atendernos”. En Villa Elisa hay problemas edilicios; en Los Hornos faltan insumos; en Arana no hay agua potable desde el verano. “La salita N°21 funciona con bidones que acercan vecinos y desde el distrito militar”, sostiene el edil, cuyo bloque en 2012 presentó varios proyectos sobre salud. Tras el temporal pidieron que se declare la “zona de desastre y emergencia sociosanitaria”, para trabajar con familias afectadas. Nada fue considerado (ver aparte: Hablar de la salud).
No obstante, el intendente Pablo Bruera calificó al sistema como “de vanguardia” en mayo, al recorrer el hospital Español junto al gobernador Daniel Scioli, el ministro de Salud Alejandro Collia, y el director de ese nosocomio, Pedro Belloni. Indudablemente muy afectado por la inundación —cortes de luz, muchísima agua, equipos arruinados— ese centro de gestión privada recibió la mayor ayuda: “A los $2 millones que otorgamos —serían para comprar un tomógrafo y readecuar el hospital— sumamos $300.000 que comprometió Telefónica”, comunicó el gobernador.
Al abrir el año legislativo Scioli había dicho lo obvio: “El Estado es el actor central en la prevención y atención de la salud”. Pero no lo materializó en el presupuesto ni lo recordó tras la inundación. Tampoco se conocieron inyecciones de dinero de esa magnitud para hospitales públicos (salvo los 41.000 euros anunciados por la Presidenta como donación para el Niños, de lo ganado en la demanda contra un diario italiano). Ni sanciones a Telefónica, donante ahora en el Español, por su deficiente servicio durante el temporal.
Recetas para emergencias
Frente a la inundación de abril, “la Municipalidad no dio ninguna directiva (sanitaria) —cuenta un profesional en una salita—. La Secretaría bajó lineamientos de trabajo recién una semana después….”. La Plata, sin embargo, tiene desde 1992 un Centro de Emergencias Médicas, Accidentes y Catástrofes (CEMAC), que parece pertinente para esas situaciones (que Prensa del Concejo Deliberante eligió llamar “fenómeno hídrico” y Medicina Preventiva de Provincia, “evento meteorológico”). Su responsable, Roberto Ballistreri, falleció hace dos años, “no fue reemplazado”, y según la web oficial continúa a cargo del CEMAC. En los hechos, ese Centro depende de Henen.
El teléfono y la puerta de la Secretaría de Salud suenan demasiadas veces en el vacío. Cuando por fin atienden, tampoco hay respuestas. La Pulseada pidió varias veces una entrevista con Henen. El teléfono de esta redacción quedó anotado en un cuaderno.
En Provincia “había plan”, asegura el Director de Medicina Preventiva, Ángel Luis Crovetto, consultado para este informe:
—¿Cuándo empiezan a trabajar?
—El primer día. El de la inundación, 2 o 3 de abril, no me acuerdo —, dice el funcionario, pero residentes que le pusieron el cuerpo a la catástrofe cuentan otra cosa: que “el miércoles la Provincia no hizo nada por la gente” y “recién el lunes 8 se convocó de manera oficial a médicos y estudiantes avanzados a dirigirse a la Dirección de Capacitación de Provincia”. “Los primeros días fuimos a los barrios en nuestros autos y pagamos nuestra comida”, afirman Rabini y Salerno.
—¿En qué actividades específicas trabajaron? –preguntó La Pulseada a Crovetto.
—Rescate de personas. Postas sanitarias. Ahora te voy a mostrar un mapa —con un dedo índice, el funcionario hace un círculo sobre un papel. Son las vueltas de los hospitales móviles dentro y fuera del cuadrado urbano—. Después de la etapa aguda iniciamos la campaña ‘Vuelta a casa’, donde informamos cómo limpiar del hogar y obtener agua.
—¿Cuáles fueron las zonas más afectadas?
—Ahora vas a ver más en el mapita los barrios y el despliegue nuestro.
—¿Pudieron articular acciones con el Municipio?
—Sí, básicamente con el movimiento Evita, La Cámpora, la Juventud Radical, facultades y centros de estudiantes. El accionar exitoso está a las luces. A un mes, no tuvimos brotes.
—¿Y con la Secretaría de Salud?
—Se sumaron a nosotros. Cómo trabajaron ellos, se lo tenés que preguntar al Secretario. El trabajo conjunto radicó en el lugar de acción de los movimientos políticos.
La falta de coordinación entre Provincia y Municipio es habitual a pesar de que existen áreas creadas para ese fin, como la Dirección de Emergencias Sanitarias de la Subsecretaría provincial de Coordinación y Atención de la Salud.
—¿Recibieron consultas o pedidos de ayuda por muertes en las postas?
—No tenemos nada que ver, de eso se encargan Medicina Forense y el ministerio de Seguridad. Donde nosotros actuamos no recibimos denuncias. ¡Tampoco podíamos rastrear toda La Plata!
Pese a lo que afirma Crovetto, la lista de 37 muertes “por otras causas” la habría armado el ministro Alejandro Collia, según dio a entender su par Ricardo Casal en mayo, en la Legislatura. Lograr una entrevista con el ministro de Salud fue imposible. Como el agua estancada y los bichos causan enfermedades, como se fumigó y desratizó (desde el Departamento de Saneamiento Ambiental), como murió demasiada gente por causas directas e indirectas asociadas al temporal, como la información solicitada formalmente no fue enviada, como el sistema está deshilachado hace tiempo y como la ciudad se aproxima a uno de sus peores inviernos, esta revista consideraba primordial contar con su voz. No se pudo. Tras muchos intentos, sólo fue posible hablar con el director provincial de Medicina Preventiva.
—En los hospitales hubo grandes problemas con la inundación ¿estaban preparados para hacer frente a una catástrofe?
—Vos te referís a un techo del Niños.
—Y al Gutiérrez. Y al San Martín…
—Es lo menos que podía pasar. Hubo casas y departamentos lujosos que también se inundaron. Los hospitales estaban en muy buen estado y soportaron la situación sin mayores inconvenientes. Quedó demostrado.
—Sabemos que faltaban médicos en las guardias del 2 de abril…
—Para nada. Estaban completas. En los hospitales no hubo asueto el miércoles.
Reporte oficial vs. “crimen social”
A pesar de que no podía rastrillar toda la ciudad, la dependencia de Crovetto elaboró un “reporte de situación” el 20 de abril. La conclusión principal de este balance de 14 páginas titulado “Emergencia hídrica” es que el ministerio de Salud demostró estar preparado para la asistencia sociosanitaria.
El documento describe una primera etapa de intervención que dio “respuesta inmediata ante la emergencia”. Y una segunda etapa, de “planificación estratégica para la acción territorial con equipos especializados e insumos necesarios”, según la modalidad del “amanzanamiento”. Se destaca el aporte de Nación en medicamentos y vacunas para “zonas referenciadas y resignificadas desde el alerta epidemiológico”. Esto último llama la atención, ya que en principio no se declaró formalmente en Provincia ni en Municipio. Pero evidentemente se tuvo en cuenta, tanto en este reporte provincial como en aquel pasquín municipal titulado “Todos por la reconstrución” (sic), porque ambos productos incluyen recomendaciones para evitar enfermedades típicas de inundaciones, transmitidas por agua, insectos y roedores (leptospirosis, dengue, hantavirus).
“A pesar de la masiva campaña sobre enfermedades pos-inundación todavía no se conocen casos oficiales ni cuáles son zonas afectadas por estas características y enfermedades”, plantean profesionales del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). A fines de abril, cuentan, se le confirmó leptospirosis a una persona que había tenido el agua hasta la cintura e ingresó a la terapia intensiva del hospital Italiano, para luego recuperarse. “De acuerdo a los protocolo, es suficiente para establecer zona de epidemia que se corrobore positivo un caso”, sostienen. La rutina es que los hospitales denuncien mediante una planilla casos como éste al Ministerio
El reporte de Crovetto incluye un plano que señala zonas desratizadas —o desratizables—. No aporta datos específicos (productos utilizados, zonas cubiertas, resultados obtenidos), y si los tuviera sería demasiado pronto: se trata de “una foto” del 20 de abril. Plan o resultado, impresionan las manchas anaranjadas que representan “desratización” sobre el territorio. Todo indica que están en lo cierto los chicos de Baruyo y los vecinos que entrevistaron.
Logística (disposición de carpas, hospitales móviles y postas, aplicación de vacunas, etcétera), vigilancia epidemiológica y personal involucrado (“más de 2.600 profesionales y voluntarios”) en un trabajo desplegado en 16 días completan el reporte oficial. La Asociación de Profesionales prefiere hablar de un “crimen social igual que Cromañón o la tragedia de Once” y asegura: “La catástrofe se podría haber evitado con infraestructura y plan de emergencia adecuados”.
Con ironía, la Cicop difundió un comunicado el 5 de mayo, por el Día Internacional del lavado de manos, que decía: “El Ministerio lo recomienda explicando cómo una mano lava a la otra. Frente a las penurias del sistema público y sus trabajadores, el ministro Alejandro Collia y el Gobernador se lavan las manos”.
Notas relacionadas:
- La mala educación
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