Nota principal: Cuidado con el custodio
“Muchos de los exonerados de las fuerzas armadas y de las policías provinciales por delitos de lesa humanidad supieron ´reciclarse´ como directivos técnicos de estas empresas, ya que se presentan como ´expertos de la seguridad´”, confirma a La Pulseada Martín Medina.
Los casos más conocidos fueron los vinculados al Grupo Yabrán, cuyo imperio sombrío se hizo público tras el crimen de Cabezas. El nombre de su empresa de seguridad Bridees provendría de la expresión “Brigadas de la ESMA”. También sirvieron al empresario Tecnipol, Zapram SA, Zapram SRL y Zapram Technical, empresas supuestamente independientes, que tenían directivos y empleados en común.
En ese ámbito trabajaron el ex capitán de fragata Adolfo Donda Tigel –uno de los jefes del temible Grupo de Tareas 3.3.2.-, Roberto Naya –el represor reconocido por Basterra-, Juan Carlos Castillo (alias Serpiente), los ex penitenciarios Marcelo Claudio Carmona (Choper), Víctor Hugo Dinamarca (Chango) y Carlos Orlando Generoso (Fragote), y el ex policía Roberto González (Federico), que participó del asesinato de Rodolfo Walsh. También fue parte del aparato de Yabrán un militante quebrado por las torturas físicas y psicológicas, el Ratón Ángel Laurenzano: “Un verdadero talento de la psicología y de la cibernética que, al volver la democracia, salió de la ESMA con otra identidad para convertirse en el cerebro oculto de Bridees y Zapram”, apunta Miguel Bonasso en su libro Don Alfredo.
En su monumental investigación, el periodista también mencionó a Gustavo Bunze, ex capitán del Batallón 601, como propietario de “una empresa de investigaciones, de las tantas que comenzaron a proliferar en la democracia para darle trabajo a la ´mano de obra desocupada´”.
Las brigadas de Yabrán lejos están de ser los únicos casos. De tanto en tanto, sin demasiada repercusión, se ha denunciado la actividad privada de asesinos y torturadores impunes. Así, por ejemplo:
– El ex comisario Luis Donocik (Polaco Chico) figuró como directivo de Segar, una agencia que brinda servicios en varios supermercados, hoteles y sanatorios.
– El teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. En 2003, Schwab fue detenido por orden del juez español Baltasar Garzón. Su empresa dio trabajo a Cecilia Pando, la esposa del mayor del Ejército Rafael Mercado que se hizo famosa por su defensa pública a los represores.
– Félix Alejandro Alais, ex policía federal acusado de integrar la Triple A de Bahía Blanca, figuró hasta 2004 como socio de la cooperativa de trabajo Fast, que ese año ganó una licitación para brindar seguridad privada en la UBA, revocada cuando se conocieron sus antecedentes.
– Miguel Ángel Rovira, jefe operativo de la Tiple A que murió en julio pasado, se desempeñaba como jefe de seguridad en Metrovías cuando fue escrachado por HIJOS y vecinos de San Cristóbal en 2001.
– El coronel retirado Aldo Mario Álvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca, fue responsable de la agencia Alsina SRL, prestadora de servicios a bancos, countries y edificios. Se trata de una empresa de más de seis décadas, que en 1976 decidió “ampliar sus horizontes”, según comenta su web. Álvarez figuró como gerente hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000. En esa fecha cedió sus acciones al yerno. Meses antes se había sancionado la ley provincial que regula el negocio y prohíbe a las agencias emplear a ex represores. Actualmente el Ministerio de Justicia de la Nación ofrece una recompensa de 100.000 pesos por encontrarlo.
– El capitán Hugo César Espeche, que tiene prisión domiciliaria por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas, es copropietario de ESPE SRL, una agencia de vigilancia que trabaja para una petrolera en Chubut.
En febrero de este año, la noticia del “nieto 101” recuperado vino con un detalle tenebroso: su apropiador, Víctor de Alejandro Gallo, que durante la dictadura integró el batallón 601, es el dueño de la agencia de seguridad Lince, acaso una de más conocidas por su publicidad en radio Continental. Después de 32 años, Francisco Madariaga Quintela se reunió con su papá, Abel, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo. Francisco nació en 1977 en el hospital militar de Campo de Mayo, donde estaba secuestrada su mamá. Se crió con el oficial de inteligencia al que describe como un hombre “muy violento”. Además de su trabajo criminal en la dictadura, Gallo tiene antecedentes delictivos en democracia: en los ´80 participó del robo de una financiera y luego de la Masacre de Benavídez, donde fue asesinada una familia. Por esos hechos estuvo detenido. Lince seguridad funciona con la fachada de una “cooperativa de trabajo” y fue socia fundadora de la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad (CELSI).
Durante sus primeros 12 años de existencia, esa cámara fue presidida por el coronel retirado Jorge Luis Toccalino, a quien la Justicia federal de Necochea detuvo por secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura en septiembre de 2007. El año siguiente, durante un cocktail por el 15° aniversario de la entidad, se hizo un reconocimiento a su figura, “verdadero impulsor y motor de la actividad”, “aunque no nos puede acompañar físicamente en esta celebración”.
En marzo de 2007, consultada por la justicia federal, la Secretaría de Derechos Humanos enumeró decenas de agencias donde trabajarían represores: Preval S.A., Audiseg S.R.L., Organización Anselmi S.R.L., Seguridad Ciudadela, Agencia de Investigaciones Privadas San Justo, Brújula S.A., Organización Delta, Seguridad Zabala, Curezza Arg. S.R.L., Odakopf S.R.L., San Roque, Eagle Security, AV.E. S.R.L., Pehuen Seguridad Privada, Sistemas Argentinos de Seguridad S.A., Trans-estatal S.R.L., Pol-Pri S.R.L., SYS, Seguridad Investigaciones Avellaneda, Perbal, Securitas, Serv. De Guarda y Custodia S.A., Cia. de Seg. Río de La Plata, Instituto Cielos Abiertos, Vigilador Cristian Gómez, Bec Protection, Seguridad Privada Argentina, Veller S.A., Excel Seguridad Integral S.R.L., Seguridad y Monitoreo, Alpulver SRL y Alpul, Seguridad Intercountries, Cooperativa de Trabajo Solucionar LTDA y Empresa de Seguridad Integral JF. La lista está archivada en la causa López, que este mes cumple cuatro años sin dar con el paradero del testigo desaparecido.
Por otra parte, el problema de la impunidad no se reduce a los personajes de la dictadura. En enero de 2008, por ejemplo, se supo que el policía condenado por doble homicidio en el “Caso Witis”, Rubén Emir Champonois, estaba trabajando en una empresa de vigilancia. Aunque la ley lo prohíbe, había recibido autorización del propio Tribunal que lo juzgó. Se trataba de la empresa Bayercop SA, según el certificado que presentó el policía bonaerense exonerado. La agencia no estaba debidamente habilitada. “No nos oponemos a que mantenga a su familia, pero sí a que trabaje en seguridad. No queremos que ningún otro joven se vea en la situación de Mariano y Darío, ni que se cargue otra muerte más. Si abusó de la autoridad siendo policía, ¿ahora por qué habría de contenerse?”, declaró entonces Raquel Witis. En su defensa, se decía que Champonois trabajaba de administrativo. Como empleado de oficina, tenía un horario muy raro: de 19 a 7.
