Por primera vez, la Justicia condenó a funcionarios políticos y autoridades policiales que mandaron reprimir en las jornadas fatídicas de la caída de De la Rua. El ex presidente y un grupo de policías fueron absueltos. La crónica de la última audiencia y los datos del histórico juicio.
Por Milva Benítez
Fotos: Fotosur/Sol Vázquez
El ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y Rubén Santos, jefe de la Federal del gobierno de Fernando de la Rúa, fueron condenados a 4 años y 9 meses y a 4 años de prisión, respectivamente, por ordenar la represión que el 20 de diciembre de 2001 terminó con cinco manifestantes asesinados, en las inmediaciones de plaza de Mayo. El Tribunal Oral Federal N° 6 “los condenó por homicidas, de manera indirecta, pero por las muertes que ocasionaron por la represión que ordenaron”, dijo al salir de la audiencia Rodrigo Borda, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que acompañó a las familias de Diego Lamagna y Gastón Riva, baleados esa tarde con postas de plomo, en la avenida de Mayo.
Los funcionarios fueron condenados por los homicidios de Diego y de Gastón y por el de Carlos Almirón, a título “culposo”, pero por otra parte fueron excluidos de responsabilidad por los asesinatos de Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, asesinados en la misma jornada. Tras conocer la decisión de los jueces y mientras estos se retiraban del lugar, los familiares se abrazaron, lloraron, y, otra vez, compartieron el dolor por los que faltan: gritaron sus nombres y la sala completa les respondió ¡Presentes!
“Es la primera vez que se condena a un funcionario político por las muertes que ocasionó”, explicó Borda, que había pedido cinco años de prisión para Santos y para Mathov y para los jefes del operativo, los entonces titulares de la Dirección General de Operaciones, Norberto Gaudiero, y de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi. En el caso de estos últimos, el tribunal también los entendió responsables, pero les fijo una condena de 3 años y 6 meses y de 3 años de prisión, respectivamente.
Todos fueron inhabilitados por el doble de tiempo para cumplir cargos públicos.
La sentencia no aplacó el dolor
Los hijos de Gastón, como alguien lo recordó en la sala, tenían 2, 3 y 8 años cuando las balas policiales le quitaron a su papá. La tarde del lunes 23 de mayo, en el momento de la sentencia estuvieron con su mamá, María Arena, una de las querellantes que, junto a los familiares de Diego, Carlos, Gustavo y Alberto, dio impulso a la acusación. ¡Ella tenía 3 años cuando le mataron al padre!, grito una mujer, después de escuchar la sentencia, en la que, además de los responsables políticos, hubo cinco ex policías condenados, otros seis absueltos y dos más sobreseídos por prescripción (estaban acusados por el delito de vejaciones).
¡Pasaron quince años!, agregó alguien, mientras los familiares se agolpaban contra el vidrio y le pedían, le exigían a los acusados que los miraran a la cara. Detrás del vidrio, en la sala contigua, después de que los jueces José Martínez Sobrino, Adrián Martín y Rodrigo Giménez Uriburu se retiraron, los siguieron los imputados. La visión del conjunto era difícil, pero no pareció que ninguno atendiera el reclamo; uno por uno, se fueron retirando por la puerta ubicada en el fondo de la sala.
Karina Lamagna, la hermana de Diego, mientras salía de la sala explicó que por el homicidio de su hermano no están acusados los tiradores. Algo que desde el inicio del debate se conocía, y que explica que la condena no podía significar más de 5 años de prisión para los funcionarios acusados por el homicidio “culposo” de su hermano. Lo entiende, aun así no lo siente suficiente; y también recuerda que hace quince años, cuando le tocó velar a su hermano, alguien en un tribunal le dijo: “Agradecé que tenés el cuerpo”.
Las absoluciones
“¡Impunidad!”, estalló el público después de escuchar que 6 de los 9 ex policías acusados por el asesinato de Alberto Márquez fueron absueltos. Hebe y Daniel, dos de sus hijos, querellantes en la causa como Claudia, su hermana, no lograban entenderlo. Saliendo ya de los tribunales, camino a tomar el tren que la llevaba de vuelta a su casa, Marta Pinedo, la viuda de Alberto, se preguntó: “¿Cuánto vale la vida?”.
El del Alberto era el único caso que tenía a los que dispararon entre los acusados. “Estaban filmados, se ve los autos y a la camioneta (tipo cuatro por cuatro gris) cuando llegaron y dispararon”, recordó Marta. Ella ese día estaba con Alberto, y lo vio morir. Allí también resultaron heridos y, sobrevivieron, Martín Galli y Paula Simonetti. Él recibió un balazo en la cabeza, ella en la espalda.
El abogado de la familia de Márquez, Juan Carlos García Dietze, había acusado a este grupo de policías por homicidio agravado, porque actuaron en banda, y había pedido para ellos de 16 a 25 años de prisión; mientras la fiscalía había solicitado que fueran condenados, según el grado de incumbencia, con penas de 5 a 16 años de cárcel.
Sin embargo, el tribunal solo condenó a los que llevaban las escopetas, y, que incluso, en algún caso, reconocieron haberlas disparados: Carlos López (6 años de prisión); Ariel Firpo Castro (3 años de prisión en suspenso) y Roberto Juárez (4 años y seis meses de prisión).
Ni el jefe del grupo, Orlando Oliverio, ni los que manejaban los vehículos o iban como acompañantes fueron condenados –Eugenio Figueroa, Mario Seia, Norberto Sabbino, Sebastián Saporitti, Horacio Berardi-. Los fundamentos sobre esta decisión serán dados a conocer por el tribunal el 4 de agosto próximo, a las 16; pero la familia de Alberto, ya evalúa apelar esta decisión.
El que encubrió a los tiradores del HSBC
Omar Bellante, el ex subcomisario acusado de borrar las pruebas del asesinato de Gustavo Benedetto, frente a la sede del banco HSBC, en avenida de Mayo al 700, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso porque encubrió un delito “grave”. Gustavo tenía 23 años, estaba a diez días de su cumpleaños y esa mañana cuando fue a trabajar se enteró que había quedado desocupado. El supermercado donde se encarga de reponer mercadería había sido saqueado y, enojado, decidió marchar hacia la Plaza de Mayo. Cuando pasaba frente al banco, una bala le destrozó la cabeza.
Por pedido de la fiscalía, durante el debate, se incorporó un video inédito para la causa: un registro casero, tomado desde un cuarto o quinto piso, desde donde se observa la sede de la entidad financiera. De autor desconocido el video muestra el momento exacto cuando se desató la balacera, más de 60 disparos. Después, por videos de seguridad de la entidad financiera, la acusación mostró cómo se destruyeron las pruebas del ataque: uniformados que se ocuparon, especialmente, de levantar los casquillos. Bellante estaba al frente de por lo menos 16 de esos policías.
Tiró, pero no lo condenaron por intento de homicidio
Víctor Belloni llegó a este juicio acusado por los intentos de asesinato de Marcelo Dorado y Sergio Sánchez, y la fiscalía pidió para él una condena a diez años de prisión. Los fiscales Mauricio Viera, Santiago Vismara y los ad-hoc Mariano Domínguez y José Piombo, consideraron probado que “apostado sobre la Avda. de Mayo, entre las calles Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, apuntó con la escopeta calibre 12/70 que portaba hacia los manifestantes que allí se encontraban y disparó con munición de plomo (denominada de Propósito General)” e hirió a Dorado, que declaró en el juicio, y a Sánchez (fallecido, antes que la causa llegara a juicio). El tribunal, valoró los hechos de otra manera, lo condenaron solo por abuso de arma, a 3 años de prisión.
Los ausentes
Mathov es el único funcionario político condenado en este juicio. Uno de sus jefes, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, falleció antes que la causa llegara a juicio. El otro, el ex presidente De la Rúa, logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo sobreseyera y declaró como testigo en este juicio, cuando, como destacó la fiscalía, señaló a Mestre y a Mathov como “responsables de los fallecimientos”. El sobreseimiento del ex presidente fue cuestionado, por los familiares a los que representa el CELS, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deberá decidir si da lugar al planteo.
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Los números del debate:
El juicio empezó el 24 de febrero de 2014.
Fueron dos años y tres meses de debate.
Son 7 las causas que llegaron a juicio, mientras otros tramos, como el que tiene como víctimas a las Madres de Plaza de Mayo, continúan en instrucción.
Los acusados fueron 17. Mathov fue el único funcionario político que llegó a juicio. Los otros 16 eran policías de la Federal.
La fiscalía pidió penas de entre 2 y 16 años de prisión.
Durante el debate, se proyectaron más de 300 horas de filmaciones aportadas por documentalistas, canales de TV privados y del Canal Policial. Y declararon más de 500 testigos.
En limpio, las condenas
1- Enrique Mathov: 4 años y 9 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 9 años y medio.
2- Rubén Santos: 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 8 años.
3- Carlos José López: 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años.
4- Roberto Emilio Juárez: 4 años y medio de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 9 años.
5- Víctor Manuel Belloni: 3 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 3 años.
6- Omar Alberto Bellante: 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años.
7- Raúl Roberto Andreozzi: 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años.
8- Norberto Edgardo Gaudiero: 3 años y medios de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años.
9- Ariel Gonzalo Firpo Castro: 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años.
