Después de 25 meses de audiencias, el debate ante el Tribunal Oral Federal 6 entra en su etapa final. Es la primera vez que autoridades políticas que ordenaron una represión deberán responder por las muertes que ocasionaron en diciembre de 2001. Milva Benítez cubre el juicio desde el principio para Infojus, la agencia del Ministerio de Justicia desmantelada recientemente por el Gobierno de Macri. Sus notas fueron borradas del archivo de ese portal. La periodista, recientemente despedida de Infojus, comparte en La Pulseada la cobertura de la última etapa de un juicio clave, histórico y casi silenciado por los medios. Seguí la información en esta web.
Por Milva Benítez
El martes pasado, Daniel Márquez, llegó temprano a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, fue hasta el subsuelo y en la sala AMIA se acomodó en una de las butacas destinada al público. Espero un rato, hasta las 9.30, cuando los jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) ocuparon sus lugares. Escuchó, entonces, las réplicas con las que su abogado y los fiscales respondieron a las defensas de los 16 policías federales y del ex secretario de Seguridad -Enrique Mathov-, acusados por la muerte de cinco manifestantes en la represión que, el 20 diciembre de 2001, ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa.
Esa tarde, uno de los cinco heridos con balas de plomo, en las inmediaciones de la Casa Rosada, era Alberto Márquez, el padre de Daniel, de Hebe y de Claudia. Alberto tenía 57 años, cuando dos balas calibre 12/70 le atravesaron al cuerpo. Era cerca de las 19.20 de la tarde, De la Rúa ya había renunciado, cuando dos autos y una camioneta entraron por la avenida 9 de Julio, y se estacionaron frente a una plazoleta, cerca del Obelisco, para después disparar contra 20 o 30 personas que descansaban a la sombra. Alberto se desplomó, los intentos para salvarlo fueron inútiles.
En el momento de los alegatos de las querellas, el abogado de los Márquez, Juan Carlos García Dietze, pidió 25 años de prisión para el jefe de los tiradores –Orlando Oliverio–, 20 para los que llevaban las armas –Carlos López, Ariel Firpo Castro y Norberto Juárez– y 16 para los otros acusados. El martes, García Dietze, reafirmó estos pedidos y atacó los dichos de las defensas. Se escudaron, dijo García Dieteze, diciendo que “los testigos se pusieron de acuerdo para conspirar y echarle la culpa a un grupo de desconocidos (los acusados)”.
“Si la defensa viene por el lado de la conspiración, hay falta de argumentos certeros”, concluyó el abogado. Se acercaba al final de su exposición, cuando –ante una sala sumida en un atento silencio–resaltó, justamente, que la lógica imponía lo contrario: “Los deudos lo que quieren es la verdad, porque solo la verdad es la que calma el dolor de la pérdida”.
La réplica de los fiscales
Después, fue el turno de los fiscales. Encabezados por Mauricio Viera, refutaron los argumentos que las defensas presentaron contra la acusación. Viera abrió las réplicas informando el orden de la exposición. Y, después de dar lugar a los argumentos del fiscal Santiago Vismara y de los ad hoc Mariano Domínguez y José Piombo, llamó la atención de los jueces sobre “los agravios, injuriantes y gratuitos” con los que algunas defensas, durante sus alegatos, se refirieron a las víctimas y testigos -a quienes incluso llegaron a llamar “boludos”-.
Viera también rechazó las que calificó como “amargas e injustas diatribas” con las que algunos defensores pretendieron desmerecer la labor del equipo de fiscales. “La acusación ―aseguró― tuvo, en cada caso, una conclusión lógica, producto del análisis integral de los elementos de prueba, tanto para dar por acreditados los hechos como para atribuirle responsabilidad penal a los imputados”. Y, entendió que “en desmedro de lo que este juicio les exigía”, las defensas se manifestaron en esos términos porque “no encontraron argumentos” para poner en jaque la imputación.
De esta manera, el ministerio público fiscal reconfirmó la acusación y los pedidos de penas de entre 2 y 16 de prisión, para quienes consideran responsables del asesinato de Márquez, los homicidios culposos de Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto y los intentos de homicidios de Martín Galli, Paula Simonetti, Marcelo Dorado y Sergio Sánchez, y las lesiones causadas a otras 48 personas, entre otros delitos.
Graves violaciones a los derechos humanos
El lunes había sido el turno de la querella de los familiares representados por Rodrigo Borda, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El abogado sostuvo la acusación contra el ex secretario de Seguridad Mathov, al ex jefe de la Federal, Rubén Santos, y los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi, que comandaron el operativo. Borda aseguró que “el estado de sitio (dispuesto por De la Rúa) aumentaba los riesgos y, por lo tanto, los deberes de cuidado que tenían los imputados”.
Antes, Borda se había referido a la obligación de los Estados de lograr la condena de todos los involucrados en graves violaciones contra los derechos humanos, ya sean estos sus autores materiales, intelectuales o partícipes; siendo, este tipo de delitos imprescriptibles. Cuando tocó este último punto, el fiscal Vismara, recordó que entre los acusados hay cinco que aunque pasaron a retiro, nunca fueron dados de baja de la fuerza, y otro, Firpo Castro, que continúa cumpliendo funciones; aseguró Vismara que esto suspende la prescripción. “Como los hechos a investigar son los mismos”, esto es, dijo, “extensivo” para los otros imputados.
Cómo sigue el juicio
El debate que, desde febrero de 2014, llevan adelante los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, entró así en su etapa final. En adelante, las defensas tendrán opción de responder estos planteos en las audiencias que se realizan los lunes y los martes, en los tribunales porteños. Después, los policías acusados y Mathov tendrán la oportunidad de dirigir sus últimas palabras al tribunal que, tras deliberar, dictará sentencia. Seguramente, estipulan quienes participan del debate, cerca o después de la feria judicial de invierno.
“Llega después de 15 años”, dijo Daniel Márquez como al pasar, mientras se acomodaba en el asiento, y se recordó incrédulo cuando una compañera de trabajo, 15 años atrás, le advirtió que conseguir justicia le llevaría eso, o más tiempo. Ahora, por este juicio pasaron más de 300 testigos y se analizaron más 300 horas de grabaciones, en algunas se ve a su padre desplomado en la vereda. Y él es uno de los querellantes en el primer juicio en el que las autoridades que ordenaron una represión, o por lo menos algunos de ellos, están entre los acusados con los que dispararon (o, por lo menos, con algunos de ellos, porque por estos hechos todavía hay causas abiertas en la fiscalía de Instrucción N.° 5).
