Otra organización analizó el tratamiento periodístico de un conflicto social en La Plata. Esta vez fue por tierra y vivienda, y la cobertura de El Día sobre la última toma en un barrio de San Carlos terminó en una denuncia por “fomentar la discriminación”.

El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (Ciaj) denunció al diario El Día ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por cómo cubrió el conflicto por la toma de terrenos en el barrio Islas Malvinas de San Carlos que se dio entre fines de agosto y principios de septiembre último. Según el Ciaj —una organización de derechos humanos que hace años desarrolla su trabajo en áreas como derecho a la ciudad y acceso al suelo, género, violencia policial y protesta social—, la línea editorial del diario “fomenta la discriminación, la violencia y el enfrentamiento entre personas”. La presentación se realizó en la delegación platense del Inadi, organismo que se comprometió a expedirse en un plazo de tres meses, informaron integrantes del Ciaj (ver aparte “Formas de discriminar”).

La cobertura desplegada por el diario durante el conflicto (17 días, 17 notas y 7 tapas) fue escrutada en un informe titulado “La construcción del relato en conflictos por el acceso al suelo urbano. El caso San Carlos, diario El Día”. En ese trabajo (minucioso, necesario, disponible en el sitio web del Ciaj), la organización observa que los protagonistas de la protesta no son retratados como sujetos políticos que interpelan al Estado y a la sociedad sino como “personas fuera de la ley”, lo que “transforma un conflicto social en un litigio judicial”. Así, un reclamo que expone un problema social donde está en juego la dignidad de las personas resulta “criminalizado” a partir de acciones y omisiones.

La presencia amenazante del otro

El uso de palabras como “desembarco, invasión, estado de alerta, apostarse, hacer guardia, explosión, erradicar” y de símbolos como “los vecinos”, “los usurpadores” (unas 100 familias sin vivienda), el “miedo de los vecinos” (que temen salir de sus casas o dar sus nombres por miedo a represalias) o “un barrio que vive atemorizado” son algunas de las regularidades observadas por el Ciaj en el material periodístico relevado.

El extenso informe, que repasa también el discurso periodístico sobre tomas de terrenos y desalojos previos, desmenuza cómo un reclamo social complejo, delicado y urgente se narra como una historia de inseguridad; como el “robo de un barrio”; como una guerra entre “establecidos” con derechos y delincuentes “causantes de todos los males del barrio (saqueos, cobros de peaje e intentos de violación)”.

“En ninguna de las 17 notas el diario dijo algo respecto del grave problema del acceso al suelo urbano por parte de los sectores de más bajos recursos, ni sobre la ‘ociosidad’ de las tierras tomadas o la especulación con que suelen mover sus negocios los holdings inmobiliarios —critica el Ciaj—. No sólo se ignoraron las consecuencias sociales que trae aparejada para un grupo social la vida estigmatizada, sino que el estigma fue propiciado y en ningún momento puesto en duda”.

Es la segunda vez en pocos meses que una organización de la sociedad civil denuncia con casos concretos las prácticas de medios gráficos locales. La anterior la realizó en agosto el colectivo de la Olla Popular de la plaza San Martín, por el abordaje de El Día y de Hoy sobre un hecho policial con adolescentes implicados (Ver La Pulseada 104). Por sus “errores informativos, de estilo y contrarios a lo dispuesto por la Convención Internacional por los Derechos del Niño”, pidieron a ambos medios un derecho a rectificación (que ninguno concedió).

La edición impresa de El Día tiene una tirada promedio de más de 36.000 ejemplares. Es impostergable un avance hacia un enfoque respetuoso de los derechos y de la igualdad.

Formas de discriminar

Para su denuncia el Ciaj tuvo en cuenta la ley nacional 23.592, sobre “Actos discriminatorios”, cuyos principios el Inadi debe contribuir a difundir. El primer artículo establece: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”. Y consideran en particular “los actos u omisiones discriminatorios determinados por raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

El Ciaj entiende que la cobertura del diario sobre los hechos de San Carlos discrimina por ambas vías: “Por un lado, estableciendo una relación directa entre el delito y la presencia de los ocupantes del predio de San Carlos —su afirmación llana de que se trataba de una ‘usurpación’ es sólo un ejemplo—, y por otro bloqueando el acceso a la palabra de quienes eran inculpados socialmente de tales delitos”.

El Inadi debe encarar políticas y acciones para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, llevar un registro de denuncias y elaborar dictámenes (que no son vinculantes) En materia de medios, suele responder que sólo cuenta con un observatorio para Radio y Televisión, no para medios gráficos. Pero existen antecedentes en los que dictaminó ante denuncias contra diarios, y ahora la presentación del Ciaj fue recibida con la promesa de que será evaluada en tres meses.