Lorena Pagano, candidata a senadora provincial por Consenso Federal.
Nota central > Qué se propone para la niñez en la región
–¿Cuál es su diagnóstico sobre la legislación vigente respecto de la niñez en la provincia de Buenos Aires? ¿Es suficiente? ¿Faltan reglamentaciones? ¿Se cumple?
–La Ley provincial N° 13.298 del año 2005 (adherida por nuestra ciudad el 13 de diciembre de 2006) llegó para instalar un nuevo paradigma respecto a la niñez y adolescencia, el de “Promoción y Protección de Derechos”. En la actualidad seguimos viviendo una situación de pugna entre el antiguo paradigma de “Patronato” y este relativamente nuevo. Esta Ley en conjugación con la Ley Nacional N° 26.061, desde un punto de vista normativo, permitió construir y ampliar la estructura de derechos de la niñez y adolescencia acorde a la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por nuestra Nación. La legislación vigente alcanza para comenzar a transitar un camino de transformación de la realidad que vive nuestra niñez, adolescencia y juventud. El problema es que desde el Estado no se acompaña con los recursos suficientes para su mejor implementación. Por ejemplo: la Ley crea Servicios Zonales y Locales, y consejos locales de promoción y protección de derechos, pero la responsabilidad de ponerlos en funcionamiento y fortalecerlos en cuanto a su planta laboral es del Estado tanto en su esfera provincial como municipal. Situación que a clara vista no ocurre, consecuencia de eso es que tenemos Servicios Locales con planta laboral muy reducida, precarizada y con muy pocos recursos para abordar múltiples situaciones que los colapsan institucionalmente.
–¿Cuál es su posición respecto a la baja en la edad punibilidad? ¿Por qué?
–Me parece totalmente atinado hablar de punibilidad y no de imputabilidad. Se suelen confundir estas dos categorías sobre todo a consecuencia del tratamiento mediático que hacen los medios de comunicación del tema. Desde nuestro espacio, consideramos que hay que partir de que una política punitiva no es la salida para abordar las situaciones de conflicto con la ley penal. En este sentido, nos posicionamos contra la baja de la edad de punibilidad (que hoy es a partir de 16 años) que no es contrario a mantener la imputabilidad ante la comisión de un delito sino que cuando son menores de 16 años quienes los cometen, debe imputárselos pero quien los debe alcanzar es el sistema de promoción y protección de derechos y no el de responsabilidad penal juvenil. Consideramos que para atender estas manifestaciones de un déficit estatal en cuanto a garante de los derechos de la niñez es necesario fortalecer el sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia: Si bien se debería intervenir previamente acompañando a la niñez en el territorio fortaleciendo y recuperando los lazos socio familiares fragmentados, una vez que el menor cometió del delito el Estado debe potenciar el trabajo de los equipos institucionales encargados de intervenir capacitándolos en derechos humanos y brindando el presupuesto necesario con el cual puedan trabajar proyectos de vida que tiendan a acompañar su integración familiar, educativa y en las situaciones de jóvenes mayores de edad también laboral. La mayoría de los menores que están en conflicto con la ley penal es por consecuencia de una ausencia estatal que bregue por contenerlos junto a su familia construyendo las redes necesarias para acompañarlos y a su familia también, en la construcción de un futuro con trabajo y educación. En este sentido, coordinaríamos institucionalmente con los programas provinciales encargados de acompañarlos para que puedan ejercer sus derechos a la educación, vivienda y trabajo digno. Que el Estado sea parte activa en garantizarles la posibilidad de modificar su presente para poder construir otro futuro.
–¿Tiene algún proyecto para el área? ¿Cuál?
–Sobre la base de construir medidas alternativas al encierro y con el objetivo de contener a la niñez, adolescencia y juventud en vez de criminalizarla, estamos trabajando en algunos proyectos que tiendan a fortalecer la coordinación con la Universidad y sectores de la sociedad civil en cuanto a capacitar a la juventud en oficios con salida laboral. Además fortalecer la coordinación con la oficina de empleo local del Ministerio de Trabajo de la Nación para la capacitación y búsqueda laboral. Por otro lado también consideramos importante que la niñez y adolescencia tengan un espacio institucional y vinculante donde puedan ejercer su derecho a ser oídos. En este sentido, sería un gran avance la creación del Parlamento Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud, donde sean ellas y ellos protagonistas de la creación de políticas públicas del área. Si bien como antecedente existe desde 1997 el “Concejo Deliberante Infantil” (Ordenanza 8783), en este caso ampliaríamos la participación a toda la niñez, adolescencia y juventud de la ciudad, y no sólo a los y las alumnas del último año de Secundaria. Por último, estamos trabajando también en la creación del programa “Mi primera vivienda” destinado a otorgar facilidades a jóvenes en el alquiler o compra de la primera vivienda: control inmobiliario, facilidades en los requisitos para alquilar, otorgamiento de créditos, etc.
–¿Conoce proyectos para el área que estén en comisiones o tengan estado parlamentario? ¿Los apoyaría?
–En realidad, en nuestra ciudad, la niñez, adolescencia y juventud siempre ha sido uno de los sectores sociales más postergados en la agenda legislativa. Consecuencia de ello es que en la actualidad la comisión legislativa que aborda las problemáticas acerca de la niñez, adolescencia y juventud es la comisión de “Seguridad Pública y Derechos Humanos” lo que complejiza el abordaje particular sobre la temática. Desde hace tiempo existen reclamos sobre esta situación, como ocurre con el realizado este año por la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud del Consejo Social de la UNLP que envío una solicitud al Concejo Deliberante para la creación de una Comisión legislativa específica del área y aún no ha sido tratada. Desde nuestro espacio acompañaríamos esta iniciativa. Además, trabajaríamos generando consensos para la Declaración de la Emergencia en Niñez, Adolescencia y Juventud, a partir de la cual transformaríamos presupuestariamente la partida que recibe la Secretaria de Desarrollo Social que en la actualidad es sólo un 4% (423 millones de pesos) del presupuesto municipal (de 9.955 millones).
