“El caso 55” fue confirmado ayer por un juez mientras otro se plantó en “52” y le pidió la causa. La “impronta policial” en el manejo de toda la catástrofe se cuestiona tanto afuera como adentro. Además: pistas comunes, testimonios sobre más cuerpos vistos en directo y dos afirmaciones tajantes que se borronean. Panorama de la nueva etapa.
Hebe Oleastro Ballve de Casasco (76), docente jubilada y ama de casa que murió de un paro cardíaco en el barrio La Loma el infernal 2 de abril por falta de asistencia médica, fue oficializada como “el caso 55” por el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata. El hijo de Hebe Oleastro, Javier Casasco, declaró ayer al mediodía en dicho juzgado, como adelantó esta revista.
Una de las preguntas del millón es si Oleastro, acreditada por el juez Arias como una “nueva víctima del temporal”, integra o no la lista de otras 37 muertes ocurridas “por otras causas, después del siniestro, no propiamente por la inundación”, referidas por Daniel Scioli el lunes pasado cuando ratificó, tajante, que las víctimas directas según el criterio oficial son 51 adultos (aún no se había encontrado a Nilda Luján Godoy en ese momento).
Oleastro, presidenta de la Asociación Amparo de Vida Animal, que tiene un refugio para perros en Tolosa, tuvo el ataque en plena tormenta. Su hijo Javier junto a un vecino médico intentaron revivirla. Hebe murió cerca de las 21.30 hs. La ambulancia pudo llegar recién a las 5 y media de la mañana y se llevó el cuerpo. “Ella tenía problemas del corazón, pero seguro que la situación ayudó”, le dijo a La Pulseada ayer al mediodía Javier, después de firmar su declaración. “Quería llegar a la enfermería de la otra cuadra donde tienen tubos de oxígeno, pero la avenida 19 ¡era un canal!”, graficó el hijo de la señora. Los trámites se resolvieron sin demoras. La mujer fue velada entre las 9 y las 3 de la tarde del miércoles. Y cremada.
El caso Oleastro se suma a los que se fueron incorporando en estos días a la causa N° 27.014, “Defensoría Oficial de Responsabilidad Juvenil s/ Diligencia Preliminar”, y difundiendo en comunicados de prensa:
- Juan Carlos García: “caso testigo” de la presentación realizada anteayer por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), que pidió que se aparte de la causa al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y “se indague si incurrió en maniobras deliberadas para acotar el registro de fallecidos”. Según el escrito del CIAJ, agentes de la comisaría de Ringuelet le informaron a la familia que “de acuerdo a lo ordenado por la fiscalía de turno (…) sólo bastaba la constatación por un médico para la entrega del cuerpo a los familiares”. La presentación del CIAJ incluye la transcripción de un diálogo entre policías (la denuncia se acompañó con un CD).
- Edgardo Reguera (un hombre que murió en la vía pública, en la zona de 28 entre 43 44, que había sido mencionado en una nota de Jesús Cornejo en La Nación y fue oficializado ayer).
La nómina inicial de 51, “definitiva” para las autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad al comienzo de esta semana, se va desdibujando en un entrevero de cómputos, versiones y hallazgos. Como el de Nilda Luján Godoy, la mujer que estuvo desaparecida en Los Hornos desde la noche del extraordinario temporal y fue encontrada sin vida anteayer, como contó Pablo Spinelli en Diagonales.
Pistas comunes
Salvo Godoy, desaparecida una semana aunque la buscaban policías provinciales —no en las condiciones óptimas para un rastrillaje sino en un escenario de post inundación-, los cuerpos de los fallecidos oficializados esta semana fueron cremados.
García y Reguera fueron velados en la casa funeraria de 24 entre 45 y 46, y cremados. Oleastro fue velada en la funeraria de 56, entre 9 y 10, y cremada, al igual que Alberto José Colombo.
La historia de Colombo, que esta revista contó el lunes pasado, es muy similar a la de Oleastro, con la diferencia de que no se tradujo en una declaración judicial. Se trata de un jubilado que tenía mal de Parkinson y murió “de susto” delante de su esposa mientras lo tapaba el agua en Los Hornos. Su muerte no fue computada pero su nieta la entiende como “un poco relacionada”. Policías de Los Hornos habrían sugerido a la familia que no se justificaba llevar al abuelo fallecido a la morgue, que se encontraba “saturada”, porque no era una muerte traumática. La familia siguió este criterio.
Como Oleastro, Colombo tuvo un paro cardíaco, tenía un vecino médico, su familia pudo acercarse a la vivienda “caminando por el agua” recién alrededor de las 5 de la mañana, fue velado en 56 entre 9 y 10 y, como otros casos ocurridos esos días de línea 911 saturada y salas velatorias con “muchos más servicios que lo habitual”, también fue cremado.
Off the record, fuentes del ministerio de Justicia y Seguridad abonan la incipiente conjetura de cremaciones a sugerencia de agentes policiales y/o fiscales, realizados, en el mejor de los casos, tras velatorios exprés. Esto, en un contexto de catástrofe climática donde tal vez no era necesaria tanta premura. La cremación es un punto irreversible.
Una pregunta válida sería si esas presuntas sugerencias fueron producto de un mandato (del Ministerio, la Procuración, la Gobernación propiamente dicha) para cerrar una cifra u ocurrieron, aisladas y torpes, en un desorden de agua y caos. Y una segunda pregunta importante: si se tramitaron de igual modo los casos donde habría intervenido personal policial de distintas dependencias.
Otras historias
Algunos pacientes fallecidos en el hospital Español de La Plata podrían ingresar al listado si se llegara a demostrar que murieron por falta de asistencia vinculada al escenario del temporal. Casos en estudio desde esta lógica serían algunos de los siguientes, según pudo reconstruir esta revista con fuentes propias, aunque esta serie no fue confirmada por ninguna fuente judicial:
- Isabel Haydee Villalba. “Tenía cáncer de pulmón. Justo se murió ese día. La llevaron directamente del hospital a la funeraria porque no tuvo nada que ver.Si no, no la hubieran cremado”, explicaron fuentes consultadas por esta revista. (Aunque entre “los 51” —oficialmente muertos a causa de la inundación— podría haber también cuerpos cremados).
- Mabel Angélica Telleria.
- Guillermo Alejandro Plombino. Estaba internado hacía 27 días, por una afección pulmonar. A su esposa le informaron que murió el miércoles 3 a las 8 de la mañana, de un paro. El parte médico en la víspera del temporal había sido el más esperanzador de toda su internación. Plombino fue inhumado en el cementerio municipal. Su esposa declaró en sede judicial.
Las circunstancias de muerte descriptas por su esposa y dos fuentes hospitalarias consultadas por La Pulseada comienzan a poner en duda la otra aseveración tajante que hizo Daniel Scioli en su última conferencia de prensa: “Y no se cortó la luz en los hospitales, aclarémoslo”. En el Español —adonde ingresó esa noche Nicolás Guerrero, un joven que murió electrocutado al prestar ayuda en la tormenta en la zona de 38 y 11 e integra el listado oficial de 51— parece no haber sido así.
En otro centro médico, el hospital San Roque de Gonnet, ingresó a las 12 de la noche y murió Fernando Peña, por no recibir a tiempo atención médica. Este caso es uno de los cuerpos hallados por el defensor Julián Axat y el juez Luis Arias de vínculo con la inundación desmentido por el gobierno provincial. El ministro Ricardo Casal dijo que el paciente estaba hospitalizado con una cardiopatía severa, patología que lo llevó a la muerte. Pero en la declaración judicial que firmó su compañera, Mirta Liliana Saggese, asegura que quedó “perpleja” ante el episodio, “porque esa misma tarde, Fernando estaba bien, al igual que el día anterior; era una persona deportista, con el físico sano”. También declaró en el juzgado un amigo de Peña: “No es ahogado pero tal vez se podría haber salvado”, dijo, con referencia a “la falta de las disposiciones y capacidad que debería tener un hospital referente de una vasta zona de La Plata”. El cuerpo de Peña, dijo, fue cremado.
«Buscamos hasta en los baños de la morgue”
En la jornada de ayer, el juez de Garantías Guillermo Atencio, que entiende en la causa Nº 12771/13 (donde se investigan las 51 muertes oficiales asociadas a la inundación) estuvo en el punto secreto de la ciudad donde se identifica a los cadáveres —donde anteayer policías no dejaban ingresar al juez Arias, que propone una perspectiva más amplia para el conteo de las víctimas—. Atencio se presentó junto al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, personal de la fiscalía y del juzgado, peritos fotógrafos y el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín.
Consultado telefónicamente después, Atencio detalló: “Buscamos por toda la morgue, incluso en los baños. Y ninguno se correspondía con la inundación”. Desmintió así que en ese predio hubiera “muertos escondidos”. Y, en sintonía con lo expresado por el Gobernador en la última conferencia de prensa, insistió en que “no hay intenciones de ocultar absolutamente nada”.
Atencio también se expidió sobre las cifras. En un día en el que se “oficializó” el “caso 55”, él aseguró que las víctimas fatales son 52 (las 51 “definitivas” de Scioli más el caso de Nilda Luján Godoy, desaparecida y encontrada muerta).
Así las cosas, por estas horas para el Poder Ejecutivo las víctimas fatales asociadas al temporal siguen siendo 51; para el juez Atencio, 52; y para el juez Arias, 55.
Impronta policial vs. abordaje sanitario
El instalado contrapunto por las víctimas fatales está asociado a cuáles son los criterios de construcción del listado y cuál es la lectura global de los hechos que zamarrearon a la ciudad. La controversia es entre un paradigma policial y uno de tipo sanitario. Dicho de otro modo, un abordaje de esa noche tormentosa y los días posteriores a cargo de funcionarios y policías del ministerio de Seguridad —como de hecho ocurrió, como si se tratara de una escena del crimen— y un abordaje distinto, que podría haber estado timoneado desde el ministerio de Salud, entendiendo los hechos en clave de catástrofe climática. El CIAJ, el juez Arias y el defensor oficial Julián Axat son por ahora las figuras que cuestionan abiertamente la impronta policial.
Atencio entiende que si esa investigación que impulsan —el expediente N° 27.014, que recolecta casos que estaban excluidos de la lista oficial— se corresponde con delitos, debería ingresar a su órbita. Y de hecho, al cierre de esta nota, desde el juzgado de Arias confirmaron que Atencio les remitió una resolución judicial donde les pide que se inhiban de intervenir y remitan las actuaciones pertinentes. El caso seguramente se dirimirá ahora en la Suprema Corte. Algo que no es novedad en la suerte del Contencioso Administrativo de La Plata, donde todo ha sido siempre cuesta arriba. Pero ésa es otra historia. Mientras, sólo quedaría activa la causa penal.
“Lamento que la cifra sea tan alta. No tengo ganas de que sea más alta. Pero son 52 son los casos en los que intervengo”, había expresado también Atencio.
La observación negativa sobre la “impronta policial” en el manejo de la catástrofe existe también desde adentro. Anteanoche se filtró desde la sede de 51 entre 2 y 3 del ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia un mensaje interno que: enmarca como “desastre meteorológico” el episodio de la inundación; se refiere a los rumores de hasta 210 víctimas; y sugiere cómo poner fin a ellos a partir de trabajo profesional. El memorando lleva la firma del antropólogo forense Alejandro Inchaurregui, Director de Personas Desaparecidas, y se elevó el 5 de abril a la jefatura de Gabinete. Se titula “cantidad de víctimas fallecidas por las precipitaciones: causa y manera de muerte”. Y agrega: “Supongo que en pocos casos se habrá hecho autopsia” y “se desconoce si se han hecho necropsias».
Mientras todo esto ocurre, Scioli apuesta a instalar el cambio de “etapa”, volvió a llover en La Plata y siguen lloviendo cruces judiciales entre funcionarios y versiones sobre cuerpos.
En los pasillos del ministerio de Seguridad se comenta que hasta entre los propios funcionarios está a la orden del día el «pescado podrido» sobre muertos y buscados, para empiojar más (si cabe) la cosa. Lo cierto es que ya son por lo menos dos los testimonios concretos radicados en sede judicial sobre cuerpos “vistos” pero no identificados. Uno se refiere a 12 cuerpos vistos en directo el domingo pasado, 7 de abril, en la zona de 68 y 131 (“Lo vi con mis propios ojos; nadie me lo contó”, dice el escrito). El otro habla de “2 o 3 niños” vistos “arrastrados por el agua” en el arroyo Del Gato. Ambos testigos manifestaron saber por terceros que los cuerpos eran más.
Pregunta: esos cuerpos ¿son parte de las imparables habladurías que se reproducen en cada medio, institución, negocio, barrio y taxi de la ciudad?
Cada vez queda más claro que el anuncio oficial —y sus ratificaciones— que clausuró en 51 el número de víctimas fatales (hoy clavado en 52) fue al menos apresurado y desprolijo.
La otra pregunta del millón es el porqué de esa estrategia comunicacional.
