La Legislatura bonaerense analiza un proyecto de Vidal para modificar la ley que regula el tratamiento judicial de los niños, niñas y adolescentes que pudieron haber cometido delitos. Las organizaciones que trabajan con chicos hablan de un nuevo avance punitivista. Detrás hay un pedido corporativo de jueces y fiscales.
Por Pablo Spinelli
Fotos: Gabriela Hernández
La ley vigente que regula la acción judicial respecto de los delitos que pudieron haber cometido niños, niñas y adolescentes establece la existencia de dos tipos de juzgados con competencias bien diferenciadas con el objetivo de que se asegure un proceso con todos los derechos resguardados. Los jueces de Garantías del Joven se encargan de la instrucción de las causas con las atribuciones que el Código Procesal Penal le otorga a ese tipo de magistrados en la justicia ordinaria. Los de Responsabilidad Penal Juvenil son los que reciben los expedientes que ya pasaron por esa etapa para proceder a juzgarlos y emitir sentencia. Los primeros operan como un filtro en el que quedan las causas que no llegan a los segundos por sobreseimientos o por finalizaciones anticipadas del proceso. Por lo tanto las estadísticas siempre mostrarán que por aquella instancia pasan más casos que por ésta.
Ese “desigual caudal de trabajo”, seguramente previsto por los autores de la ley que creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y eliminó el Patronato de Menores (Ley 13.634 sancionada a fines de 2006), es el argumento central de una modificación impulsada ahora por la gobernadora María Eugenia Vidal, a través de la cual intenta unificar ambos tipos de juzgados eliminando los primeros. El proyecto es observado con preocupación por organizaciones sociales y políticas que ven un retroceso en la protección de los derechos de un universo significativo de personas vulnerables. También lo consideran un avance de la perspectiva “punitivista” que se complementa con las situaciones de ajuste y represión ya denunciadas en los centros de detención que actualmente tiene el Sistema Penal Juvenil (La Pulseada Nº 158).
Para los críticos de la reforma ni siquiera la Ley vigente, que ya cumplió una década, logró una implementación efectiva
Ese cambio estructural propuesto para la organización del Fuero podría estar acompañado por otros –que aparecieron en la etapa de debate en las comisiones del Senado por presión corporativa de jueces y fiscales– vinculados con la relación cotidiana de los operadores judiciales y la Policía. En todos los casos se perjudica la situación de los jóvenes detenidos. Los más significativos son la posible extensión de 12 a 18 horas del plazo para que los fiscales pidan la intervención del juez desde el momento en que se producen las detenciones, la ampliación de la cantidad de días (actualmente son 5) en los que debe resolverse la prisión preventiva o la liberación y la eliminación de la posibilidad de revisar esa medida cada tres meses.
El proyecto ingresó a la Cámara de Senadores bonaerense en septiembre pasado y empezó a circular por cuatro comisiones. En paralelo, quienes encendieron el alerta por los cambios propuestos encararon una ofensiva para intentar frenarlos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) convocó a una actividad para visibilizar el planteo de la que participaron la Coordinadora de niñez de La Plata, Berisso y Ensenada; la Red de consejos locales de la Provincia; el Foro por los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud; el Servicio de Paz y Justicia; la Garganta Poderosa; el Observatorio de adolescentes y jóvenes del Instituto Gino Germani–UBA, el Programa de Niñez y Políticas Públicas de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Judicial Bonaerense.
En la Legislatura, quien encabeza el seguimiento del proyecto por parte del oficialismo es la senadora de Cambiemos Nidia Moirano, quien dijo a La Pulseada que el objetivo es lograr que sea una ley “lo más consensuada posible”. Para ello –alegó– se están convocando a todos los sectores involucrados. Ella preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos pero el texto enviado por la gobernadora circulará también por las de Legislación General; Seguridad y Niñez, Adolescencia y Familia. Cuando esta revista esté en la calle se estará realizando una de las últimas reuniones en ese ámbito.
El gobierno pretende unificar los dos tipos de juzgados eliminando los de Garantías. Todos serán de Responsabilidad Penal Juvenil y podrán actuar en ambas partes del proceso
Más allá de esa supuesta voluntad expresada por la senadora, las organizaciones ya criticaron que fueron muy pocos los actores consultados en la etapa de elaboración del proyecto. Y parece difícil que el oficialismo se mueva de su decisión de unificar los juzgados, aspecto medular de un proyecto supuestamente basado en un criterio de distribución de las labores.
Según el diagnóstico realizado por las organizaciones que se resisten a las modificaciones, estas profundizarán un panorama negro en el sistema debido a que ni siquiera la Ley vigente, que ya cumplió una década, logró una implementación efectiva. Varios factores atentaron a los largo de los años para que así sea: no se cumplen los tiempos para librar las órdenes de detención y la prisión preventiva, faltan juzgados de Ejecución y de instancias de apelación, se imponen prácticas y personal del Servicio Penitenciario de adultos en el juvenil y hay una carencia en la atención médica, psicológica y de adicciones de los internos, así como es dificultoso el acceso a la educación y a la formación laboral. A ello se suma que en los lugares de encierro juvenil es sistemática la tortura, el aislamiento extremo y la violencia cotidiana.
Sin garantías
La intención de la gobernadora es modificar el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, cuyas atribuciones y funcionamientos están establecidas en una ley que demandó consensos importantes con la participación de múltiples organizaciones que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes. Aquella norma, promulgada en 2007, contempla la existencia de dos tipos de juzgados que intervienen en distintas instancias del proceso para garantizar que se desarrolle respetando derechos. Es el de Garantías –justamente el que se pretende eliminar– en el que se asienta esa premisa fundamental.
El proyecto los unifica aunque no elimina las atribuciones de los juzgados que desaparecen. Todos serán, si es que la modificación avanza, juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil. Y todos podrán actuar tanto en la etapa de instrucción o investigación como en la del eventual juzgamiento. Incorpora la salvedad de que, “para salvaguardar las garantías constitucionales”, nunca el juez que intervenga en la primera etapa podrá hacerlo en la segunda.
Una evaluación cuantitativa es la que Vidal expone para justificar el cambio: “El desigual caudal de trabajo”. Apela para ello a las estadísticas del año 2015 del Mapa Judicial de la Provincia. En el Departamento Judicial La Plata –por ejemplo– hubo 1.088 causas abiertas en los tres juzgados de Garantías del Joven, de las cuales 177 llegaron a los dos que existen de Responsabilidad Penal Juvenil. Con cifras que muestran relaciones parecidas en otros Departamentos, la gobernadora asegura que los cambios propuestos “permitirán avanzar en la protección del interés superior de los menores” en línea “con lo que establecen las Constituciones nacional y provincial y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN)”.
Las organizaciones que se juntaron para criticar la propuesta advierten sobre las consecuencias negativas que puede tener sobre esos “intereses superiores”. La CPM, en un extenso documento emitido para sentar su postura, resalta la “perspectiva punitivista” que se consolidaría con la eliminación de los Juzgados de Garantías del Joven. “Podría configurar una regresión respecto de los estándares convencionales y constitucionales que deben observarse en las intervenciones judiciales”. El texto, firmado por el presidente Adolfo Pérez Esquivel y el secretario Roberto Cipriano García, pone en tela de juicio el criterio estadístico. Plantea que son números “desactualizados” porque datan de 2015 y relevan menos de un tercio de la totalidad de Departamentos Judiciales. Y alega que las cifras que poseen la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General muestran una disminución desde 2014 de los procesos iniciados en el Fuero Penal Juvenil. “Disminuyó casi un tercio el trabajo de los jueces de Garantías, lo que hace caer el principal argumento que sustenta la reforma”, dice el documento.
En la provincia de Buenos Aires, en 2017 seis de cada diez causas fueron resueltas en juicios abreviados en los que los jóvenes deben admitir haber cometido un delito.
Agrega que por eso tiende a achicarse la brecha en el caudal de trabajo de unos y otros juzgados. Y objeta que las cifras sean expuestas sin una lectura valorativa sobre “el funcionamiento, los recursos, los medios, los agentes y funcionarios que integran los órganos que se procura eliminar y la respuesta como servicio de justicia que se obtiene del sistema”.
Fue en el Ministerio de Justicia encabezado por Gustavo Ferrari donde se elaboraron los cambios que ahora se debaten. Su subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, ratificó ante La Pulseada la evaluación estadística e informó que se remitieron informes complementarios a la Comisión del Senado. “Es una radiografía muy extensa de todo el Poder Judicial y se analizaron todos los recursos. No se limita a los números que aparecen en los fundamentos del proyecto, que son sólo una muestra. Logramos determinar claramente que los juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, tienen una carga muy baja y en algunos casos directamente no tienen trabajo”, dijo. Explica entonces que la idea es hacer un “pool de jueces”. El funcionario reconoce que eso generó mucha resistencia entre los magistrados de Responsabilidad Penal Juvenil pero es acompañada “en masa” por los de Garantías, que fueron quienes reclamaron el cambio.
Las razones de la modificación no convencen al defensor de menores de La Plata, Ricardo Berenguer. Considera que no hay juzgados de Garantías colapsados por el caudal de trabajo que reciben. Grassi admite lo mismo: “No están tapados de trabajo, pero sí tienen un caudal bastante mayor”.
Lo simbólico
Más allá de las estadísticas, las organizaciones que salieron al cruce de la reforma hacen hincapié en el “impacto simbólico” que implica eliminar esos juzgados. “Las garantías de los jóvenes y la especificidad de su control mediante este juez son el esqueleto que estructura el sistema de juzgamiento de la niñez”, aseguran. Es por eso que hablan de un retroceso y de un debilitamiento de las funciones jurisdiccionales de ambos órganos. Resaltan el valor que le dieron los autores de la ley vigente a esa separación. “Que se hayan separado las funciones de quienes deciden el mérito de la investigación, las medidas cautelares, el control de las garantías más vitales y vulnerables en esa primera fase de la indagación, está adecuado al esquema de la CIDN”.
Con ese mismo criterio “jurisdiccional” remarcan la relevancia del control de ejecución de la sentencia (cuando ésta ya existe) que deben realizar los juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil. “Es una actividad desatendida y minimizada”, aseguran. Se refieren a las “graves violaciones de derechos humanos” que padecen los jóvenes en los lugares de encierro, así como la “carcelización” de los mismos (La Pulseada 158 y 159).
“Es un error garrafal evaluar el proyecto desde lo simbólico del nombre porque no se afectará ninguna garantía del proceso” (Adrián Grassi, Subsecretario de Justicia)
Berenguer también apunta a lo simbólico del cambio, aunque aclara: “En la práctica puede ser que no signifiquen cambios sustanciales”. Agrega, no obstante, que “como símbolo es importante porque por lo pronto decidieron quitar como figura al juez de Garantías y no al de Responsabilidad”.
Como impulsor de los cambios Grassi considera que “es un error conceptual garrafal evaluar el proyecto desde lo simbólico del nombre”. Considera que el hecho de que los juzgados de Garantías pasen a llamarse de Responsabilidad Penal Juvenil “no significa ni remotamente que desaparezca la etapa de garantías”. Y agrega: “Podríamos haberles puesto Juzgados de Garantías y de Responsabilidad Penal Juvenil, pero la verdad es que no cambia nada. En CABA se llaman Juzgados Penales, Contravencionales y de Faltas, en ningún lado dice de Garantías, pero lo son porque tienen todas esas funciones”.
Culpables de prepo
La CPM y las organizaciones remarcan que los cambios se complementan con situaciones que son recurrentes y atentan contra la situación de los niños, niñas y adolescentes que pudieron haber delinquido. Hablan del uso extendido de la prisión preventiva, de la vulneración de las garantías procesales a través del juicio abreviado y de la potestad que los fiscales tienen de pedir el encierro durante la etapa de instrucción.
El “juicio abreviado” es visto como un mecanismo extorsivo por la CPM. Es una práctica que elude el juicio oral y público y aporta una solución más sencilla y con menor demanda de trabajo, pero condiciona a los imputados a declararse culpables y acordar una pena con el fiscal: “Se les dice que si no lo hacen, en los juicios se le aplicarán condenas más elevadas”. En la provincia de Buenos Aires, en 2017 seis de cada diez causas fueron resueltas por esta vía: 1.113 juicios abreviados del total de 1.848 causas elevadas a juicio.
Aunque en algunas situaciones en las que considera que favorece a los imputados Berenguer firma juicios abreviados, el defensor los considera “muy cuestionables desde el punto de vista constitucional” y reconoce que hay operadores del sistema que funcionan “sacando juicios abreviados como chorizos”. El error de un preso que mencionó a esta instancia como “juicio averiado” en lugar de “abreviado” aún es recordado como figurativo entre los operadores judiciales. “Realmente es un ‘juicio averiado’ porque no hay defensa, no hay acusación y muchas veces, después de un año de encierro, el preso firma cualquier cosa”, afirma Berenguer.
Malos tratos
Las organizaciones temen que la eliminación de los Juzgados de Garantías aumente el proceso de “carcelización” y la situación de “tortura sistemática” que ya denunciaron ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas. En el reporte que ese organismo recibió en abril último se habla, en general, de “sobre encarcelamiento en los ámbitos de encierro y condiciones de absoluta precariedad en las dependencias policiales para el alojamiento de personas privadas de su libertad, factores que constituyen la condición de posibilidad para la tortura”.
Esas situaciones han sido constatadas también en las instituciones para la detención de jóvenes: en las comisarías y en los 14 centros de encierro dependientes del organismo provincial de Niñez y Adolescencia. En seis años (desde que en 2011 empezó a relevarse información a través del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos –RNCT–) 211 jóvenes denunciaron 824 hechos en los que dicen haber sido víctimas de torturas o malos tratos. La mayoría de estas situaciones acontecieron en la etapa de ejecución de la sentencias, por lo que deberían ser controladas por los actuales jueces de Responsabilidad Penal Juvenil, quienes supuestamente tienen una menor carga laboral.
“Los cambios normativos que se intentan no resuelven los problemas estructurales ni profundizan el paradigma de protección integral, sino que lo desandan, consolidando un camino de regreso al sistema de protección tutelar que sigue vigente en las prácticas”, dice la CPM en su evaluación del proyecto. La crítica alcanza a todos los gobiernos que no pusieron en funcionamiento los dispositivos previstos en el Sistema de Promoción y Protección de Derechos como el Defensor del Niño, el Observatorio Social y los Consejos Locales, los cuales podrían evitar que muchos de esos jóvenes lleguen a cometer los delitos por los cuales ingresan al sistema penal.
Tiempos de encierro
Tres aspectos vinculados con los plazos dentro de los cuales los jóvenes permanecen detenidos completan el cuadro de preocupación que genera la reforma.
El primero de ellos está relacionado con el máximo de horas que deben transcurrir desde las aprehensiones hasta que el juez interviene, por pedido del fiscal, con una orden de detención o con la liberación. El texto original enviado por Vidal no modifica las 12 horas contempladas en la ley actual, pero por pedido de algunos jueces y fiscales se incluyó una extensión a 18.
Esos mismos sectores reclamaron otro de los cambios temporales: la extensión de los 5 días de plazo para que se dicte la prisión preventiva o se proceda a la liberación. Según el análisis de la CPM es un cambio que sólo busca evitar el trabajo de esos funcionarios judiciales durante la madrugada o en fines de semana cuando están de turno. “Desconocen que los niños y jóvenes permanecen detenidos en comisarías, muchas veces con adultos durante todo este tiempo, siendo víctimas de torturas y golpizas policiales”, afirma.
Esta mirada no dista demasiado de la del propio gobierno bonaerense que no había modificado esos plazos. De acuerdo a lo confiado a La Pulseada desde la Gobernación, el supuesto lobby del Ministerio Público Fiscal y de los jueces de Garantías no encontrará eco en el Poder Ejecutivo. “No hay razones para tocar ese plazo porque eso sí podría generar un problema de garantías para los niños”, indicaron. “Si tocó a las 2 de la mañana hay que empezar a moverse a esa hora porque hay un interés más importante, que es el de los menores, que las cuestiones prácticas que pueden dificultar el trabajo”.
Esas dificultades llevaron al defensor Berenguer, alguien alineado con la mirada crítica del proyecto, a moderar su cuestionamiento al pedido de jueces y fiscales. “Tal vez sea un cambio que no estaría mal analizar porque en la práctica hoy muchos jueces extienden los plazos. Entonces si llega a establecerse que sean 18 horas, debe ser terminante, con una previsión de nulidad en caso de que no se cumpla”, dijo al recibir a La Pulseada en su despacho de la Defensoría 15.
“Los cambios podrían configurar una regresión respecto de los estándares convencionales y constitucionales que deben observarse en las intervenciones judiciales” (CPM)
Otra preocupación que podría quedar saldada si se confirma la intención del Gobierno confiada a esta revista, es que no se eliminarían las revisiones de las prisiones preventivas cada tres meses ni se quitaría la pena de nulidad de la causa prevista para cuando no se realicen audiencias de preventivas. El alerta sobre ambas cuestiones se encendió porque ambos párrafos de la ley actual no aparecen en el proyecto firmado por la Gobernadora. Desde el Gobierno argumentaron que es porque fueron observados en el decreto de promulgación de la ley actual (el 44/07). “Técnicamente no están vigentes, más allá de que en la práctica se aplican”, indicaron. La intención del Ejecutivo es incluirlo con correcciones: una de ellas convierte en obligatoria a la revisión trimestral de las preventivas, mientras que el texto actual lo plantea como una “posibilidad” de los defensores.
La CPM mantiene el alerta sobre estos puntos y remarca que el Comité de los Derechos del Niño recomienda a los Estados adoptar disposiciones jurídicas estrictas para garantizar que sea objeto de examen periódico la legalidad de la prisión preventiva, preferentemente cada dos semanas. También mantiene el reclamo por los plazos dado que entre los legisladores que analizan el tema la presión de jueces y fiscales puede pesar más que la propia voluntad del Ejecutivo.
¿Avance punitivista?
Desde la óptica gubernamental, el subsecretario de Justicia Adrián Grassi rechaza que haya una mirada punitivista en la reforma. “El fundamento del proyecto es una mejor distribución de la carga de trabajo en los distintos órganos que componen el fuero, pero de ninguna manera implica un retroceso o una disminución de las garantías de los chicos en conflicto con la ley”
La CPM y los organismos que se juntaron para encender el alerta se mantendrán en esa posición mientras dure el tratamiento legislativo. Aseguran que los cambios impulsados tienden a consolidar un modelo de gestión que se despreocupa de la situación de los niños, niñas y adolescentes, tanto antes como después de ingresados al sistema penal.
Hay datos que sustentan esa alarma y configuran una situación estructural compleja: las amenazas de cierre de los servicios locales, la precaria situación de los operadores de niñez, la falta de capacitación y de financiamiento para la prestación de los servicios en algunas instituciones, el recorte de las becas a los hogares y centros de día, el desfinanciamiento de programas oficiales, el intento siempre latente de bajar la edad de punibilidad y la reconversión en cárceles de los centros de detención. Todos elementos que consolidan una mirada en la que priman la seguridad y el encierro por encima de las medidas inclusivas e igualadoras de promoción, protección y restitución de derechos//LP
