La pregunta que abrió la desaparición de Miguel Bru es todavía una respuesta que adeuda la democracia. La pelea de Rosa, su mamá, abrió camino a otras familias que buscan justicia y luchan contra la violencia policial. En diálogo con La Pulseada, Rosa reflexiona sobre lo recorrido y repite: ¿dónde está Miguel?
Por Mariana Arocena
Fotos Gabriela Hernández
Rosa Schoenfeld de Bru siempre recordará la sensación helada que le corrió por la espalda cuando le dijeron, en 1993: «Está la bicicleta de Miguel, pero Miguel no está». 24 años después, ese surco frío aun late cada vez que recibe una noticia vinculada a la causa de la búsqueda del cuerpo de su hijo.
A Miguel Bru lo torturó, mató y desapareció personal de la Policía Bonaerense el 17 de agosto de 1993 en la comisaría Novena de La Plata. Meses antes Miguel había denunciado al Servicio de calle de esa dependencia por dos allanamientos ilegales realizados en la casa donde vivía con sus amigos. Desde entonces lo persiguieron, amenazaron y hostigaron para que levante las denuncias hasta que finalmente decidieron resolverlo a su modo. Miguel fue a cuidar la casa de unos amigos a Magdalena y desde entonces, no se supo más de su paradero. A orillas del Río de la Plata, cerca de la casa donde paraba, encontraron su ropa y su bicicleta.
Estaba la bicicleta de Miguel, pero Miguel no estaba.
Miguel era estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP y su búsqueda fue tomada como bandera por los alumnos y docentes de esa institución. Rosa recurrió a la Policía, confiando en que la ayudarían a encontrar a su hijo sin sospechar, en un primer momento, la responsabilidad que tenían en la desaparición. Sin embargo las pruebas que incriminaban a la fuerza de seguridad fueron creciendo y poco a poco se instaló la certeza: «A Miguel lo mató la Policía». En 1999, el Subcomisario Walter Abrigo y el Suboficial Justo López fueron responsabilizados por tortura seguida de muerte.
Tras 24 años de luchas, Rosa es hoy compañera y referente de familiares que reclaman justicia por crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad de la democracia contra sus seres queridos. Desde la Asociación Miguel Bru patrocinan a las víctimas de causas de violencia institucional en los procesos judiciales y acompañan con las herramientas de su experiencia la búsqueda de verdad de esas familias.
–¿Cómo es el encuentro con otras madres de víctimas de la violencia institucional desde tu lugar de militante y madre a la vez?
–Cuando nos conocemos con otra mamá, es conocernos y querernos, porque nos contamos las mañas de nuestros hijos, lo que nos pasa. Nos acompañamos y terminamos queriendo al hijo de la otra mamá que aunque no lo hayas conocido, lo querés, por todo lo que esa mamá te cuenta. Lo mejor que podemos darle a otros familiares como nosotros son los consejos de lo que aprendimos en tantos años de lucha. Cuando desapareció Luciano Arruga, su hermana Vanesa vino a la Asociación y lo primero que yo le decía era que pidieran el secuestro del libro de guardia, porque gracias al libro de guardia de la comisaría Novena nosotros pudimos probar que habían escrito el nombre de Miguel cuando entró y después lo habían borrado para ocultar lo que había pasado. Pero lo pedimos dos años después. También facilitamos los contactos de las personas que dentro del sistema judicial sí aportan y ayudan y dan una mano valiosísima. La justicia parece tan difícil desde afuera y nosotros sabemos dónde está la solidaridad acá adentro, quienes son los que de forma desinteresada te hacen un contacto, te informan, te abren las puertas. Todo eso es muy importante cuando una empieza a buscar y se le mezcla el dolor de lo que pasa con no saber cómo funciona todo.
–¿Cuán importante es para vos la posibilidad de organizar la bronca, las denuncias, el accionar?
–Es muy importante y lamentablemente no todos los familiares denuncian. Hay tantísima gente que está sola. Muchas de esas personas no se animan a denunciar porque tienen miedo a la represalia, o que le pase algo a sus otros hijos, o tienen a su víctima detenida y corren más riesgo si lo hacen. Fijate vos la contradicción. La Policía está para resguardarlos, no para apremiarlos. Lo primero que le dije yo a un policía el 22 de agosto de 1993 cuando me dijo que conocía lo trabajador que era Néstor -el papá de Miguel- y pensaba cómo lo dejaba vivir con unos «malandras y faloperos», fue que si ellos sabían que eran así por qué no los detuvieron, inclusive a mi hijo. Yo le decía que si ellos lo hubieran detenido, Miguel estaría con nosotros. ¡Mirá mi ignorancia! porque yo pensaba que si Miguel estaba detenido, estaba protegido. Sin embargo era en ese mismo lugar donde lo habían torturado hasta la muerte y desaparecido. Para la búsqueda de Miguel fue y sigue siendo muy importante el respaldo de la Facultad de Periodismo, porque los que más participaban de las marchas eran los propios estudiantes, y tener una institución detrás nos permitió llegar a más personas. Es fundamental contar con una organización o personas que te den el coraje, o que te incentiven a hacer lo que corresponde porque no están en tu lugar y lo pueden ver con más claridad.
–Miguel quería ser periodista, ¿cuál es desde tu visión la responsabilidad y el lugar de los medios en este escenario?
–Los medios más grandes tienen la posibilidad de difundir a más gente lo que pasa cuando matan a un pibe, pero en general lo hacen justificando lo que pasó. Hay mucha estigmatización, instalando ideas sobre los derechos humanos que son erróneas. De todos modos, hay otros medios que sí apoyan y están presentes. Yo creo que en ese sentido hoy está todo mucho más abierto y los familiares hemos aprendido muchas cosas sobre cómo manejarnos con los medios, qué canales usar dentro de la justicia, quién te va a dar una mano, o quién no te conviene. Cuando nosotros empezamos a buscar a Miguel, en el ’93, que la prensa te diera una nota para denunciar la desaparición de un pibe en manos de la policía no era tan fácil. La comunicación que hay ahora con las redes sociales y los celulares, facilitan la posibilidad de comunicarlo en el momento, cuando está pasando algo. Antes era todo de boca en boca.
2200 fojas no entran en un bolsillo
A pocos días de cumplirse los 24 años de la desaparición de Miguel Bru, la causa judicial que lo busca está alojada en la UFI 4 y tiene once cuerpos y 2200 fojas con los testimonios, notas, informes, fotos y peritajes de los 38 rastrillajes que se hicieron hasta el momento. Desde el 2010 a la actualidad –tiempo en que la causa quedó a cargo del fiscal Fernando Cartasegna– sólo se hicieron dos.
Héctor Vogliolo, ordenada por presuntas irregularidades en distintas causas que llevaba adelante Cartasegna, no encontraban el expediente.
La nota decía que el dato se había «filtrado» antes de finalizar el inventario de expedientes y que «nadie» se atrevía a ensayar hipótesis porque «puede ser que lo ubiquen en alguna otra parte».
Un bodoque de papel que se pierde sin dejar rastros, sobre un cuerpo que desaparece sin dejar rastros.
–Con Cartasegna teníamos muy mala relación –afirma Rosa–. Yo en su momento le pedí a la ex procuradora María del Carmen Falbo que lo separara de la causa y ella me decía que era un buen muchacho. Yo no cuestionaba eso si no que a él no le interesaba la causa de Miguel y necesitaba que lo desvíe a otra fiscalía que sí lo buscara.
Esa mañana no fue la excepción. Recibió un llamado que la advirtió de lo publicado e inmediatamente fue a Fiscalía General a pedir explicaciones y reclamar la denuncia formal del faltante. Pero ni ese miércoles ni los días que siguieron recibió respuestas concretas a sus preguntas por parte de los funcionarios responsables de darlas. Durante cinco días la noticia de la pérdida del expediente recorrió radios, portales de noticias y canales de televisión. Ella habló con cada uno de los periodistas que se comunicó y dio su versión de lo sucedido. Luego las palabras se repetían en notas que refritaban párrafos y testimonios. Como un eco que se propaga en el silencio de un valle, ella era la voz unívoca de la idea unívoca de toda esta historia:
–Nosotros, desaparezca o no la causa, tenemos que llegar a saber Dónde está Miguel –repite Rosa.
–¿Cuán importante es el rol de la justicia para sostener la impunidad en los casos de violencia institucional?
–Es muy importante porque si no hace las cosas como las tiene que hacer, la violencia institucional nunca va a terminar y como ejemplo de eso está lo que acaba de pasar con el caso de Omar Cigarán donde el tribunal absolvió a Diego Walter Flores. Yo cuando escuché que el fiscal (Marcelo) Romero se excusaría de investigar al doctor Cartasegna porque los vincula una relación de amistad de muchos años, sentí la misma sensación que cuando logramos llevar a juicio político al Juez (Amílcar) Vara, por probar irregularidades de su parte en las causas en las que había personal policial involucrado. Él no quería buscar a Miguel porque me decía que si no había cuerpo, no había delito. Cuando finalmente lo destituyen y piden que se lo investigue penalmente por su accionar, ninguno de sus pares lo quería investigar por su condición de ser jueces y tener alguna amistad manifiesta. A raíz de eso quedó totalmente impune hasta 18 años después donde hubo un defensor oficial que dijo «si, lo vamos a investigar». En concreto el juez Vara murió y nunca fue juzgado por todas esas irregularidades que había cometido en las causas donde él era juez. Ahora el fiscal Romero se excusa de intervenir por su amistad con Cartasegna e investigar cómo es posible que de su fiscalía desaparezca un expediente de más de 2200 fojas. Sentí que todos pueden llegar a decir lo mismo, anteponiendo lo personal al deber de funcionarios públicos. Es una impotencia enorme porque ellos son los que tienen que actuar. Nosotros no teníamos abogado porque no estamos buscando responsables, estamos buscando a Miguel, entonces toda la instrucción dependía del fiscal, él es el que ordena a su personal qué es lo que hay que hacer. Nosotros siempre fuimos una parte activa por la necesidad de saber dónde está Miguel pero no tenemos ni fotocopia de esa causas. El fiscal llegó a decirme que yo no tenía nada que ver con ella. ¿Cómo que no? Si leen la causa penal o la de la búsqueda van a ver que en todos los documentos está mi firma o la de Néstor. No hubo un sólo rastrillaje donde nosotros no estuviéramos presentes, ni una sola planilla de búsqueda que no esté firmada por el papá o por mí. Hasta es un agravio que no nos considere parte, porque no estamos buscando un paquete de azúcar, un perrito o una tortuga. Están buscando a nuestro hijo y nosotros somos parte de eso.
Hace más de un año que Rosa Bru se entera de los movimientos de la causa por noticias publicadas en los medios de comunicación.
–Si ellos dijeran dónde está, esto se terminaría. La noticia sería «encontraron los restos de Miguel Bru, su familia le dio cristiana sepultura» y se terminó. Para ellos sería mejor eso y no que cada 17 de agosto nosotros estemos en la puerta de la Comisaría Novena, donde hay una placa que dice que ahí torturaron y desaparecieron a Miguel y que seguro es el último lugar donde él quisiera que yo esté pidiendo por él. En lugar de eso iríamos al cementerio a llevarle una flor. La justicia que exigimos es saber Donde está Miguel. Si fueran más inteligentes, dirían Dónde está Miguel y esta historia se terminaría.
–¿Qué es lo que más te preocupa hoy? ¿Qué es lo que te esperanza?
–Me preocupa esta situación, cómo reconstruir todas esas pruebas, la desinteligencia del poder judicial de perder un expediente como si fuera un papelito y que luego no se avance en investigar las responsabilidades porque se cubren entre ellos. Una causa de once cuerpos no se traspapela. No le encuentro razón ni motivo a querer que ese expediente se pierda. La causa está en la UFI 4 desde el año 1999 y nunca tuvimos problema hasta que ingresó a cargo Cartasegna. Hemos estado en momentos mucho más difíciles, cuando se investigaban las responsabilidades penales y se buscaba en la casa de Juan Domingo Ojeda o de Justo López, donde uno estaba tocando directamente a sus familias, poniéndolos en evidencia frente a ellos. Siempre fue una causa que llevó su peso contra la policía bonaerense, el gobernador (Eduardo) Duhalde, el juez Vara. Siempre fue público y se denunció en los medios con nombre y apellido. Desde el año 2010 que Cartasegna está al frente de a UFI 4, la causa ha retrocedido. Hubo muchos testimonios de un posible lugar donde estaba el cuerpo que no se investigaron. Yo entiendo que no todos los datos se pueden seguir pero él me decía que yo era una caprichosa, que quería que se haga lo que yo quería, y en verdad mi única intención era que si aparecía un dato se investigara, y llegar a fondo. Él minimizaba cada testimonio. A la última persona que se acercó ni siquiera le habían tomado la dirección o el teléfono y me decía que no iba a investigar en ese lugar porque ahí había una cocina de drogas y exponía a su personal. Yo le respondía que hiciera lo mismo que hacen cuando los familiares hacemos una protesta en la puerta de la fiscalía, que la llenan de policías. ¿Por qué no ponía policías que cuidaran a su personal y hacían la búsqueda como corresponde? Él tenía la causa parada, no le interesaba la búsqueda de Miguel. Quizás esto sirve para apartar de la causa al fiscal que la obstruyó durante siete años, porque para mí él es el responsable de haber perdido todo este tiempo de búsqueda.
Días después de la desaparición de la causa, el diario El Día indicó, gracias a sus «calificadas fuentes de la pesquisa», que estaban apareciendo algunos legajos del expediente de Miguel Bru en lugares que ya habían sido auditados. Finalmente el lunes 19, cinco días después de que se denunciara sólo mediáticamente un hecho tan grave, se anunció que el expediente de Miguel había aparecido completo en un armario que había sido inspeccionado en dos oportunidades por personal de Gendarmería. Sin denuncias oficiales, sin explicaciones.
Rosa, que se había enterado del hecho por la publicación del matutino, esta vez fue informada del hallazgo por el fiscal general Vogliolo en una audiencia general. Ahora espera que los once cuerpos y más de 2200 fojas, sean derivadas a una fiscalía donde realmente busquen el cuerpo de su hijo.
24 años después
Rubén Fabián Perroni fue designado por la Gobernadora María Eugenia Vidal como el nuevo jefe de la Policía Bonaerense. El mismo que en 1997 fue juzgado por torturas y apremios ilegales junto a Walter Abrigo en la Comisaría Novena entre 1992 y 1993. En ese entonces, el juez Ernesto Domenech los imputó por “torturas y violación de los deberes de funcionario público” y ordenó detenerlos. Sin embargo Perroni fue sobreseído, exento de sanción disciplinaria y reincorporado a la fuerza. Rosa Bru sospecha que él podría saber Dónde está Miguel.
Yo lo involucro porque si él y Abrigo tenían la misma maña de torturar a las personas, y torturaban juntos, bien puede saber dónde está Miguel. Como lo saben tantos otros porque sabemos que hay un montón de gente que sabe dónde está el cuerpo.
–¿Cuál es la situación actual de los responsables de la muerte de Miguel?
–Walter Abrigo murió estando preso y Justo López ya está en libertad hace dos años. Se vio beneficiado con el 2×1 y por tener buena conducta. Mirá que increíble, que siempre cuando son milicos tienen buena conducta. Ellos torturan, matan, pero adentro de la cárcel son todos buenitos.
–¿Cuál es tu perspectiva frente a la situación político-económica actual?
–Yo creo que estamos en un momento muy difícil porque están sacando más policías a la calle, les están dando más poder y realmente los pibes que están en situación más vulnerable son los que corren más riesgo. Son los que por ahí menos miden el peligro que tienen, porque siempre fueron los más golpeados y discriminados por la sociedad y desarrollan una autodefensa a veces hasta infantil, de pensar que no les va a pasar nada, que pueden solos y se exponen a más peligros. En este último tiempo hemos visto una seguidilla de pibes a los que casualmente, siempre el policía que los asesinó, denunció haber sido víctima de un robo, y lo más grave es que la sociedad avala esa muerte. Duele cuando vos ves que mataron a un pibe y escuchás comentarios de mamás o abuelas que dicen «está bien, una lacra menos». No, es una vida menos a la que no se le dieron las oportunidades.
Mural de cerámicos en memoria de los pibes
Por M. A.
Las rejas en 7 entre 57 y 58 parecieran estar para resguardar la solemnidad de las columnas y escalinatas de la Fiscalía General, distinguirla de lo que sucede en la calle. Un jueves de junio el Colectivo Contra el Gatillo Fácil las convierte en mástil para colgar las banderas que exigen justicia por Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Sebastian Nicora, Víctor González, Damián Corvalán, Nicolás Vargas y Omar Cigarán. En todos los casos hay policías involucrados. Durante la jornada se coloca un mural de cerámicos en memoria de esos pibes asesinados. Pegan las placas en el frente del edificio de justicia, para que el reclamo siga clavado como una espina cuando ellos se retiren.
Una canción de hip hop de algún pibe del barrio suena por los parlantes que intentan perforar la burbuja que rodea al edificio. Le sigue una voz que denuncia que desde el retorno de la democracia ya van más de cinco mil personas desaparecidas. La mayoría de ellas de sectores vulnerables.
Durante la jornada oficiales de la fiscalía y el jefe de la guardia edilicia se acercaron a consultar de qué trataba la actividad. Les indicaron que no hay problema con poner los cerámicos siempre que no dañaran el edificio. Pero más tarde el subcomisario de la comisaría Novena de La Plata, Walter Pavarini, les dijo que estaban cometiendo un delito y que se abstuvieran de continuar colocando las placas. Otros oficiales de civil merodeaban y sacaban fotos a las personas que participaban de la jornada. Cuando todo terminó, un empleado de la fiscalía desmanteló el mural de cerámicos colocado por la organización. Lo hizo custodiado por personal de la misma comisaría que, además de garantizar que se quiten las placas, amedrentó a los militantes que se acercaron para pedir explicaciones.
Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil relacionan este hecho con el reclamo de justicia y acompañamiento a familiares de Victor González (La Pulseada 145), asesinado el 24 de septiembre del año pasado de un tiro de 9 milímetros por la espalda en 60 y 115, jurisdicción de la misma seccional: «Actúan porque saben que son responsables», concluye la organización en un comunicado emitido ese mismo día.
