Daniel Rapanelli, candidata a senador provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores
Nota central > Qué se propone para la niñez en la región
–¿Cuál es su diagnóstico sobre la legislación vigente respecto de la niñez en la provincia de Buenos Aires? ¿Es suficiente? ¿Faltan reglamentaciones? ¿Se cumple?
–Desde su sanción y posterior puesta en vigencia efectiva, la ley 13.298 de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es el marco jurídico y legislativo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la realidad a lo largo de los sucesivos gobiernos? En su momento denunciamos la política del gobernador (Daniel) Scioli de criminalizar a la juventud y bajar la edad de punibilidad para los menores. (María Eugenia) Vidal ha extremado esta política antipopular y represiva que golpea a millones de familias trabajadoras que están sin empleo, en la indigencia y en la pobreza y privadas de los derechos más elementales a la alimentación, la vivienda y condiciones dignas de vida. Los números del ajuste, en una provincia hipotecada que deberá pagar más de 500.000 millones de pesos en concepto de deuda externa en los próximos cuatro años, un 82% de ésta en dólares y merced de la devaluación, hablan por sí mismos de este default social. El presupuesto bonaerense 2019 votado por Cambiemos, por los legisladores de Massa y el PJ destinan apenas el 0.37% de sus recursos al financiamiento del Organismo Provincial de la Niñez. El resultado es el desfinanciamiento de los Servicios Locales que deben atender esta grave problemática en los municipios, la falta de nombramiento de personal suficiente y especializado, la precarización laboral que afecta al 70% de los trabajadores con contratos temporarios. Enfrentamos un vaciamiento del Organismo Provincia de Niñez y Adolescencia y una sub-ejecución de las magras partidas. Existe una hipocresía cómplice de los bloques patronales que han votado, uno tras otro, los presupuestos de ajuste que castigan a nuestros niños y niñas. Las movilizaciones de docentes, estudiantes, de la comunidad escolar y de los movimientos de desocupados han desnudado el agravamiento del hambre y los montos de miseria destinados a los comedores escolares. Frente a este cuadro de catástrofe social, donde más de la mitad de los niños y niñas de la Provincia están en una situación de pobreza agravada, la respuesta del gobierno nacional y los gobiernos provinciales es la de agudizar la represión del Estado. Los niños, niñas y adolescentes están a merced de la violencia policial en los barrios, del gatillo fácil y de la acción coordinada y delictiva de la corrupción policial y los punteros del narcotráfico que dominan las barriadas. Todas las medidas que se tomen en materia de financiamiento de los recursos destinados a la protección de la niñez y adolescencia plantean agudamente la necesidad de no pagar la deuda externa usurera y de romper con el FMI, y por lo tanto que sean los capitalistas quienes paguen la crisis y no las familias trabajadoras.
–¿Cuál es su posición respecto a la baja en la edad punibilidad? ¿Por qué?
–Rechazamos todo intento por bajar la edad de punibilidad. Junto a este rechazo público, la bancada del Partido Obrero en el FIT presentó un proyecto de control popular del accionar policial, de apertura de los libros de las comisarías y de formación de una comisión investigadora de los crímenes del gatillo fácil. Luchamos por el desmantelamiento del aparato represivo y contra la criminalización de la protesta social.
–¿Tiene algún proyecto para el área? ¿Cuál?
–En la Legislatura, el FIT-PO presentó dos proyectos de defensa de la educación especial y de los equipos de orientación escolar frente a las reformas antieducativas de Vidal y (el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel) Sánchez Zinny. Estos ataques son parte del ajuste general y rebaja del presupuesto en la educación pública bonaerense que ha llevado a un “Cromañon educativo” en la Provincia. A instancias de la bancada del FIT y del diputado Guillermo Kane se dio media sanción a la creación de una oferta de cursos de capacitación en Educación Sexual Integral (ESI) laica y científica, de carácter obligatoria destinada a todos los niveles educativos de gestión pública y privada, garantizando la capacitación en servicio, de carácter obligatoria, con relevo de tareas, que se dictará de manera quincenal (modalidad pedagógica de aula taller). La ley está frenada en el Senado de la Legislatura por presión de las iglesias e intereses oscurantistas y clericales que también se oponen al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Reivindicamos especialmente la formación de una comisión de representantes electos por la docencia, de los sindicatos docentes, de los centros de estudiantes, y de las organizaciones de mujeres y la diversidad sexual para introducir en las carreras de formación docentes una asignatura acerca del dictado y reflexión de contenidos vinculados a la educación sexual, laica, científica y respetuosa de la diversidad sexual.
