Dejó 17 muertos, un golpe de Estado y poca justicia el desalojo más violento de la historia paraguaya ocurrido en el marco del constante conflicto por el acceso a la tierra. En la última década, el modelo de monocultivo de soja aceleró la expulsión de familias del campo hacia los bolsones de pobreza de Asunción.
Por María Laura D’ Amico y Cristian R. Lora
Pasó un año de aquel enfrentamiento en la localidad de Curuguaty, ubicada en el sudeste paraguayo, que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos, un golpe de Estado y una investigación oficial ampliamente cuestionada que sólo señala como responsables a 12 campesinos.
La toma de terrenos fiscales por campesinos sin tierra que buscan sobrevivir es una constante en las zonas rurales de Paraguay. Aquella madrugada del 15 de junio de 2012, cuando los primeros tiros sorprendieron tanto a los 65 campesinos que ocupaban tierras de la finca Marina Kue como a los 324 efectivos policiales que se aprestaban a desalojarlos, los paraguayos comenzarían a vivir el peor hecho de violencia en su historia con relación a un conflicto de tierras.
Luis Paredes (26), Fermín Paredes (28), Luciano Ortega (18), Adolfo Castro (28), Avelino Espínola (54), Arnaldo Ruíz Días (35), Ricardo Frutos Jara (42), Delfín Duarte (56), Francisco Ayala (38), De los Santos Agüero (23), Andrés Riveros (67) fueron los campesinos fusilados. También los policías Juan Gabriel Godoy Martínez (25), Derlis Ramón Benítez (27), Erven Lovera (40) Wilson Cantero, Osvaldo Sánchez, Jorge Rojas (37).
Todos fueron asesinados con balas de plomo —cuyo origen aún no fue esclarecido—, en un marco de versiones fuertes sobre presencia de infiltrados que habrían desatado la matanza.
Las tierras “malhabidas” de Marina Kue
La histórica distribución desigual de la tierra en Paraguay se agravó con la larga dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años. A su fin, en 1989, dejó instalada una reforma agraria conservadora que promovió la ampliación de la frontera agrícola y el desplazamiento de campesinos hacia los márgenes. Según el “Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue”, elaborado en 2012 por la Coordinadora Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY), grandes latifundios quedaron en manos de sectores aliados al poder y pasaron a llamarse tierras “malhabidas”, por la ilegalidad de su apropiación.
Paradójicamente, esa reforma agraria reconocía a los campesinos como sujetos de derechos al interior del Estado. Esto permitió que con el retorno a la democracia hubiera numerosos intentos de organizaciones campesinas que reclamaban una “reforma agraria integral” mientras llevan adelante ocupaciones en terrenos fiscales.
Los distintos gobiernos democráticos fueron endureciendo sus estrategias para reprimir y desalojar las ocupaciones. En 1997 se reformó el Código Civil de modo tal que las ocupaciones de tierras y las manifestaciones sociales fuesen castigadas e incluso se empezó a contemplar allí la penalización de reuniones y manifestaciones sociales que pueden ser calificadas de “actos terroristas”.
La finca Marina Kue, donde se produjo la masacre de Curuguaty hace un año, había pertenecido durante el siglo XIX y primera mitad del XX a la empresa yerbatera La Industrial Paraguaya S.A (LIPSA), de origen inglés, que supo tener el monopolio del rubro en el mercado local. Hacia 1960, cuando el sistema de enclaves económicos empieza a decaer y la empresa se desprende de las tierras, muchas se vendieron, pero 2.000 hectáreas, entre las que se encuentran las correspondientes a Marina Kue, fueron donadas al Estado paraguayo en 1967, para promover la “colonización” de la región oriental mediante el asiento de instituciones públicas.
Allí comenzó a funcionar una delegación de la Armada Nacional. “Sin embargo, nunca se opera la transferencia por escritura pública del inmueble donado”, por lo que el título de propiedad nunca se obtuvo.
El ex diputado colorado y empresario Blas N. Riquelme (fallecido en septiembre de 2012), compró a LIPSA, en 1969, las tierras lindantes a Marina Kue. Fueron 50.000 hectáreas, a 500 guaraníes la hectárea. Allí instaló una de sus empresas: Campos Morombí S.A.C.y A. Según el informe de CODEHUPY, “se apropió de las tierras fiscales colindantes a la propiedad recién adquirida”.
En 2004, vecinos sin tierra agrupados en el Movimiento por la Recuperación Campesina de Canindeyú comenzaron a tramitar ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) la documentación para que esos terrenos fiscales, que se encontraban abandonados, fueran ocupados por la colonia Yvypytã 1, de Curuguaty. El INDERT, de acuerdo con el Estatuto Agrario, reconoce la legitimidad de los campesinos sobre esas tierras pero no puede concretar el trámite de propiedad por la ilegalidad previa, ocurrida al momento de la donación de esos terrenos a la Armada.
De ahí se suceden una serie de procedimientos legales y presentaciones ante la Justicia que concluyen con la apropiación ilegal por parte de Riquelme de las 2.000 hectáreas fiscales en disputa.
En abril de 2012 hubo un primer intento de ingreso de campesinos a Marina Kue. Eran unas 30 personas que fueron rápidamente reducidas por la Policía sin consecuencias trágicas. No fue así cuando se dio la segunda ocupación, la del 15 de junio.
Tras el primer desalojo, los campesinos volvieron a tomar Marina Kue y entre abril y junio mantuvieron negociaciones con funcionarios para llegar a un acuerdo. Una semana antes de la masacre, el 7 de junio, representantes del Ministerio del Interior y de Policía se presentaron en la ocupación para intentar conversar una desocupación pacífica. Además, informaron a los sin tierra que existía una orden de allanamiento que sería aplicada en los días siguientes. Los campesinos exigían a los funcionarios que les exhibieran los títulos de propiedad a nombre de Riquelme.
Campesinos criminalizados
Tras suspender tres veces la audiencia preliminar, el jueves pasado la jueza Janine Rios fijó nuevas fechas para los días 19, 20 y 21 de junio, en el marco de la causa “Masacre en Marina Kue”, que tiene a 12 campesinos imputados.
Esta decisión significa un nuevo revés para los sin tierra, que niegan la investigación oficial y apuntan al fiscal de la causa, Jalid Rachid. Todos los procesados son personas que ocupaban las tierras; es decir, campesinos. Ningún funcionario policial fue imputado. Mientras, las denuncias de abuso sobre los detenidos se escuchan en cada una de las movilizaciones.
La lupa del fiscal se posa sobre los campesinos. Durante la audiencia, aportó como prueba para incriminarlos un cortaúñas, un carnet del Partido Colorado y otro del Movimiento Agrario, y un rollo de papel higiénico, entre otros elementos. En tanto, omitió mencionar los cartuchos de armas automáticas que fueron encontrados el día después de la masacre.
El cargo que recae sobre los campesinos es el de invasión de las tierras de Campos Morumbi, y se los imputa por homicidio doloso de los seis policías y asociación criminal.
Mariano Castro es padre de Adolfo Castro, asesinado en Curuguaty. Y también es padre de Néstor y Adalberto, imputados y presos desde hace casi un año. En diálogo con La Pulseada, contó que su abuelo combatió en la Guerra del Chaco: “Él luchó para defender estas tierras, pero ahora la mitad están en manos de extranjeros y eso es injusto”, problematizó.
Guillermo Ferreiro, uno de los abogados de 11 de los 14 labradores procesados, explicó a esta revista que “la causa viene mal desde su inicio. El fiscal empezó la investigación con la acusación sobre los campesinos. Se realizaron pericias sin la participación de la defensa, algo que acá en Paraguay está prohibido. Se ocultaron pruebas como los casquillos de armas automáticas y sólo se mostraron las escopetas de bajo calibre que usaron los campesinos”.
En el marco de las irregularidades del juicio sobresale además el crimen de Vidal Vega, un campesino que era testigo clave de la masacre y fue asesinado el 1º de diciembre de 2012 por sicarios, frente a su familia.
Desde la defensa se avanzó con lo que se denomina un «incidente de prejudicialidad» esto es un estamento por el cual un tribunal no puede enjuiciar sin antes resolver determinada cuestión jurídica.
“No se puede llevar a juicio a los campesinos cuando todavía está pendiente de resolución quién es el titular de la finca donde ocurrió la matanza”, señaló Ferreiro.
El golpe
Otra de las consecuencias de la masacre de Curuguaty fue el golpe de Estado al entonces presidente Fernando Lugo, ocurrido apenas siete días después del enfrentamiento, a través de un simulacro de juicio que duró menos de 24 horas.
Sorpresivamente, Lugo, que había llegado al poder cuatro años antes por una compleja alianza de sectores casi antagónicos y rompiendo la hegemonía del Partido Colorado, decidió acatar la decisión del Congreso y pidió respetar su destitución.
En Paraguay hay posturas encontradas respecto de esa actitud: están los que leen ese acato como una especie de renuncia a la presidencia y los que, por el contrario, ven en esa actitud a un héroe que evitó un derramamiento de sangre en momentos en que sus seguidores comenzaban a copar la plaza principal para expresarle su respaldo.
El Golpe dejó al entonces vicepresidente, Federico Franco, como mandatario interino hasta 15 de agosto próximo, cuando asumirá Horacio Cartes, elegido por los paraguayos en las elecciones del 21 de abril.
Pero la destitución de Lugo trajo también una amplia condena internacional. La mayoría de los gobiernos de la región consideró que se trató de una ruptura del hilo constitucional y el país permanece suspendido de sus principales socios políticos, agrupados en la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y el bloque comercial Mercosur.
La cuestión del campo
Según la investigadora Mariana Fassi en el libro Paraguay en su laberinto, “el sector agropecuario es la principal fuente de divisas” de Paraguay. Este país “produce entre 12 y 15 millones de toneladas de granos anualmente” y es “el tercer productor de estos granos en Sudamérica, detrás de Brasil y Argentina”. No obstante, “tributa considerablemente menos que en Argentina: los ganaderos deben pagar impuestos del 3 por ciento; los productores de soja, del 1,8 por ciento”.
Perla Álvarez Britez, integrante de Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), aseguró a La Pulseada que en diciembre de 2012, el Senado paraguayo había dado media sanción al proyecto para fijar en 10% las retenciones a las exportaciones de soja pero la iniciativa se frenó en Diputados en abril de este año, cuando no consiguió los votos suficientes.
Perla explica que “en los últimos 10 años se produjo una acelerada expulsión de los campesinos de las tierras agrícolas porque se impuso un modelo de monocultivo de soja”. Según la dirigente campesina, “unas 200.000 familias que dejaron el campo en los últimos 10 años y pasaron a engrosar los cinturones de pobreza en Asunción”.
