El Intendente mintió en abril y promovió festejos en noviembre. El Gobernador bajó la persiana en abril, homenajeó a policías caídos en agosto y evitó nombrar a los fallecidos por el agua todo el año (escuchó a sus familiares a fines de agosto, en una reunión brusca que intentaron guardar en secreto, y sólo volvió al tema en marzo de 2014). Y el registro de muertes, controversial desde los primeros días, opaco luego, irrespetuoso aún —la Provincia debe rectificar sus registros, como se le solicita en el presente en trámites administrativos y en la condena recién dictada por la Justicia en lo contencioso administrativo (Nota a la edición web: la aplicación del fallo está suspendida por la Cámara de Apelación a mediados de abril de 2014)—, es quizá el ejemplo más sensible de una comunicación oficial indolente.
La palabra también sufrió en el Poder Legislativo. Las comisiones constituidas para estudiar causas, consecuencias y respuesta estatal ante la catástrofe fueron terreno de chicanas y especulaciones, y en pocas semanas mutaron de espacios conspicuos a burocráticos, para doblegarse ante la campaña electoral y apagarse a fin de año en actos sin trascendencia. La del Concejo Deliberante, presidida por Javier Pacharotti, se reunió 13 veces con 12 expositores y terminó con tres dictámenes: el del bruerismo, uno del Frente Amplio Progresista (FAP) y uno del alakismo, estos dos, dirigidos a las falencias del Estado municipal antes de la emergencia, durante y después de ella. Sin debate en el recinto, los recibió el propio Intendente.
La comisión creada en Diputados se reunió cinco veces; la presidió por el Frente para la Victoria (FpV) Raúl Pérez —que a fin de año se pasó al Frente Renovador, de Sergio Massa, igual que Pacharotti— y la integró Gabriel Bruera, que debía ser investigado porque integró el comité de crisis en abril. Terminó con dos dictámenes: uno de la presidencia, autocelebratorio, que calca intervenciones de funcionarios y es llamativamente desprolijo; y otro de Oscar Negrelli (Coalición Cívica), crítico, que sin embargo él también evitó difundir formalmente y en voz alta, y pedir que la cuestión se debatiera en el recinto.
En el Senado no se creó una comisión especial sino que siete de sus comisiones permanentes, a las que se sumaron dos, debían reunirse por la inundación y hacer informes. Varias se juntaron sólo un rato. El trabajo se desvaneció también con las elecciones y sólo después de medio año y cuestionamientos periodísticos apareció un compendio multimedia de versiones taquigráficas, resúmenes y algunos anexos documentales, muy distinto de un “informe final”, que Gabriel Mariotto evitó presentar oficialmente. Circuló por las redes sociales y tuvo una escala fugaz en la web del Senado, de donde fue desvinculado mientras informes similares previos, como el de la “Comisión Candela”, permanecen allí.
Además de las inconmensurables pérdidas materiales y los al menos 89 adultos que murieron por causas directamente relacionadas con ella, la lluvia del siglo dejó también un tendal de expedientes judiciales abiertos en dos fueros, cuatro importantes informes elaborados desde espacios profesionales (el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Facultad de Económicas, el Programa de Niñez y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires), una guerra por la verdad y un desprecio gubernamental por la palabra.
Josefina López Mac Kenzie
