Militantes de partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de género se manifestaron en La Plata para exigir que reciba tratamiento el proyecto de ley nacional sobre interrupción voluntaria del embarazo y se apliquen plenamente las leyes de salud y educación sexual.
Por Agustina Sarati
Con las consignas “por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito” y “anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir y aborto legal para no morir”, diversas organizaciones se movilizaron ayer desde 7 y 50, en el centro platense, hasta la Catedral, para exigir que se concrete el acceso a este derecho. La jornada se enmarcó en el “Día internacional de lucha por despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe”, que se celebra desde 1990, y hubo manifestaciones en distintas ciudades argentinas.
Las actividades comenzaron a las 16, cuando integrantes de la “Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito” junto a otras organizaciones se congregaron para exigir que se debata el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue presentado por la Campaña por cuarta vez en 2012, está firmado por 60 diputados de distintos sectores políticos y no fue tratado en el Congreso.
María Julia Constant, integrante de la Campaña en La Plata, dialogó con la Pulseada: “Este derecho es una necesidad que estemos exigiendo hoy, porque es una de las principales causas de muerte de las mujeres en Argentina y Latinoamérica. Queremos que se legalice para que se puedan hacer los abortos en los hospitales de manera pública y segura y que se dejen de morir las mujeres en la clandestinidad”.
En Argentina se calcula que se realizan más de 500.000 abortos por año y alrededor de 100 mujeres mueren por esta causa. La práctica clandestina es un problema de salud pública y, como tal, requiere una solución estatal integral para que todas las mujeres puedan disponer de información necesaria para decidir libremente sobre métodos de anticoncepción y acerca de cómo realizarse un aborto sin riesgos.
En La Plata, la Campaña viene realizando distintas intervenciones en hospitales públicos. También en el Ministerio de Salud de la Nación, para exigir la plena aplicación de la ley nacional de Educación Sexual Integral (Nº 26.150) y de la ley de salud sexual y procreación responsable (Nº 25.673). También exigen que se cumpla el artículo 86 del Código Penal, en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que garantiza la práctica del aborto no punible en los servicios de salud. Esto significa que, frente a una violación, el hospital está obligado a realizar esta práctica sin intervención de la Justicia.
Constant agregó: “Salimos a denunciar a los hospitales porque hoy no existen políticas públicas ni presupuestos destinados a la salud de la mujer. Y lo que está pasando en que los profesionales se declaran objetores de consciencia. Que por razones éticas, morales, y religiosas, no lo realizan. Pero la ley dice que debe hacerlo el hospital, que es el responsable”.
En La Plata, la movilización terminó en la Catedral, para denunciar la responsabilidad política de la iglesia católica en cuestiones que involucran los derechos de las mujeres, como la penalización del aborto. “Denunciamos a la iglesia –explicó Constant—, que prohíbe el aborto pero defiende a los curas abusadores de menores, como Ricardo Giménez, que salió a la luz por las declaraciones de una mujer que había sido abusada de niña”. Giménez brindaba misa en el hospital San Juan de Dios hasta hace un mes, cuando fue denunciado públicamente por estas organizaciones. “Y denunciamos cualquier intromisión de la Iglesia en las decisiones de las mujeres y el Estado”, concluyó Constant.
