Este domingo a las 20 se hará una misa en la iglesia San Antonio para conmemorar la muerte de este pibe de 17 años. El próximo viernes habrá un acto central y una marcha a la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. La causa está elevada a juicio y se espera fecha de inicio.
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Por Leopoldo Coda
“No me gustaría que la muerte de Omar quede impune. Quiero que la basura que lo mató pague por lo que hizo. Pero no sólo quiero que se haga justicia por Omar sino por tantos pibes víctimas de gatillo fácil. Me gustaría que los dejen de matar como si fueran pajaritos en un campo”, reclamó en diálogo con La Pulseada Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán, el joven de 17 años asesinado en 2013 por un policía de civil en la esquina de 43 y 115 del barrio Hipódromo de La Plata.
Este 15 de febrero se cumplen dos años de su muerte. Una muerte anunciada, como contará su mamá. “El 14 de febrero algunos festejan el día de los enamorados. Yo no, porque ese día entraron a mi casa policías de la comisaría Segunda. Rompieron todo, me maltrataron y uno de ellos me dijo: ‘¿Dónde está el guacho? Si no lo entregás hoy en la comisaria, mañana lo tenés muerto’. Y así fue”.
“Omar era un excelente hijo, y en el camino de su crecimiento tuvo la desgracia de encontrarse con las drogas”, lamenta una vez Sandra, y recuerda que él era uno de los pibes de ‘la banda de la frazada’, un grupo de jóvenes en situación de calle que se reunía en la plaza San Martín de La Plata. A los ocho años dejó la escuela por problemas de conducta. Poco después conoció las drogas y el delito y recién ahí llegó la mano del Estado.
Actividades por memoria y justicia
Este domingo 15 a las 20 se realizará una misa en homenaje a Omar en la iglesia San Antonio (diagonal 80 entre 39 y 40), y la familia pidió acompañamiento.
El acto central para recordarlo y reclamar justicia será el próximo viernes 20 de febrero, cuando Omar cumpliría apenas 20 años. Junto a organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos, la familia está organizando una marcha que partirá de la plaza Moreno y finalizará en la sede de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense (51 entre 10 y 11 de La Plata), donde se hará entrega de un escrito para pedir explicaciones sobre la permanencia en funciones de Diego Walter Flores, autor del disparo que mató a Omar, hoy imputado de homicidio y a la espera del juicio.
La historia de Omar y la ausencia del Estado
La familia recorrió distintos estamentos para pedir ayuda porque Omar tenía problemas de adicciones a las drogas. Junto con el papá de Omar, Milton Cigarán, Sandra luchó mucho para ayudarlo, pero siempre se encontraba con las puertas cerradas. Por eso, considera que el Estado “nunca existió”. Una sola vez recibieron una respuesta positiva: “Fue cuando Omar estuvo internado en el Instituto Nuevo Dique, donde estaba bien”. Cuando salió, debió tener la contención de uno de los Centros de Referencia (CDR) que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Sin embargo, no estuvo a la altura de la circunstancia y Omar volvió a caer en la misma trampa que tiende el sistema a los pibes con derechos vulnerados.
“Días antes de que muriera había pedido ayuda al CDR, donde había un trabajador que se tenía que encargar de Omar luego de salir del Nuevo Dique: tenía que venir a mi casa, hablar con él, llevarlo al psicólogo y encargarse de todo lo que era el tratamiento. Le pedí que me ayudara con la jueza para que volviera al Nuevo Dique, porque sabía que me lo iban a matar. No tuve respuestas y a los dos días Omar muere”, sentenció Sandra.
Dieciséis veces denunciaron la persecución, el hostigamiento y los golpes que sufría el joven de parte de la Policía. Una sola vez tuvieron una devolución de parte de la Justicia. La presentación había sido formulada contra un servicio de calle. “Nos llamaron tres meses después de que mataran a Omar para que rectifique la denuncia. Eso es una terrible vergüenza y una canallada. Si se hubieran ocupado antes Omar estaría vivo”, subraya Sandra.
Nuevas amenazas
El crimen contra Omar cambió por un tiempo la geografía del barrio Hipódromo. Es la segunda víctima de la violencia policial de esa zona. Los adolescentes dejaron de juntarse en la calle. Pero no fueron los únicos que abandonaron el barrio. Al menos en apariencia. Durante cerca de un año la Policía dejó de circular los alrededores de la casa del joven de 17 años, pero reapareció luego de que los familiares y amigos hicieron una sentada frente a la fiscalía que intervenía en el caso. Esta vez, la Policía volvió en forma de amenaza. Luego de esa manifestación “persiguieron a mi hija de 14 años”. Cuenta Sandra que “un policía se bajó de un auto particular, la agarró y le dijo: ‘Decile a tu mamá que se deje de romper las pelotas con la causa de Omar porque le vamos a volver a pegar donde más le duele’”.
La familia denunció esa amenaza, pero como no la pudo comprobar la causa se archivó. Hoy viven desprotegidos porque, como la Policía está involucrada en el caso, solamente les pueden ofrecer la custodia de la Gendarmería, lo cual es rechazado. No existe una protección subsidiaria cuando el Estado interviene en el delito.
La causa
La Pulseada también habló con el abogado de la Asociación Miguel Bru patrocinante de la familia de Omar hace un año. Juan Manuel Morente repasó que la causa acaba de ser elevada a juicio y que están a la espera de la fecha del proceso, que estará a cargo del Tribunal N°4.
La investigación estuvo a punto de cerrarse cuando la fiscal pidió el sobreseimiento de Diego Walter Flores por entender que actuó en legítima defensa. El juez, en tiempo récord, accedió a la formulación. Esa situación se logró revertir pero la fiscalía se corrió del caso, entonces el Estado no acusa. “Durante el juicio vamos a estar nosotros como Asociación y la madre de Omar. Esto es muy chocante porque no es un caso normal, sino un hecho de violencia institucional. Es un delito que comete el Estado y este mismo Estado se corre en la Justicia”, denuncia Morente.
Como no hay fiscal que argumente la denuncia contra Flores, “nosotros presentamos una denuncia por encubrimientos y empezamos a recolectar prueba. Le pedimos dos veces a la fiscal el arma secuestrada que creemos que le plantamos a Omar y todavía no contestó el oficio”.
En tanto, el abogado recordó que, a pesar de que el policía está imputado por homicidio agravado, no está detenido, como le sucedería a cualquier persona con ese cargo. Por último, manifestó: “Tenemos muchas cosas para aportar” durante el juicio. Explicó que la Bonaerense no debía haber intervenido en el caso como lo hizo, ya que para esa situación está prevista la Asesoría Pericial de la Suprema corte de Justicia. Para el letrado, esa acción fue premeditada porque la sede de la Asesoría está a pocos metros de donde sucedió el crimen. “Tenían que llevar el cuerpo hacia ese lugar, pero lo trasladaron a la morgue policial, que está en Cementerio, y es allí donde encuentran el arma. Nosotros pedimos los libros de entrada del cuerpo pero todavía no sabemos a qué hora entró, en qué condiciones… nos ocultan información, nos responden tarde los oficios o no los responden”.
