El empleado del ministerio de Seguridad que estuvo 15 días en coma y falleció fue oficializado hoy como víctima de la inundación. Ahora, para el Ejecutivo, los muertos son 60. Hace tres días -cuando Nuccitelli había fallecido doce días antes- el ministro Casal confirmaba como cifra 52. No se difundió el resto de las identidades. Y siguieron las desprolijidades, las dudas sobre el criterio utilizado en los listados y la falta de respuestas a preguntas básicas.
Después de la movilización que ayer reclamó verdad, justicia y obras a un mes de la inundación, y a 25 días de la última conferencia de prensa sobre la cuestión, el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, informó esta tarde en una conferencia que los cómputos oficiales pasan de 52 a 60 víctimas fatales producto de la inundación del 2 de abril, como lo adelantó a la mañana el juez de Garantías Guillermo Atencio. Albarracín agregó que sería “absolutamente inconducente” restringir la cifra de víctimas. Pero hace sólo tres días el ministro Rircado Casal había insistido ante los senadores de la comisión de Seguridad que los cuerpos que ellos contaban eran 52 y el resto lo evaluaría la Justicia.
A partir del mensaje de Albarracín la suma oficial daría 60 y surgiría de las 52 muertes oficializadas (51 enunciadas el 8 de abril y Nilda Luján Godoy, primero desaparecida y luego hallada sin vida), más Alejandro Santiago Nuccitelli (que murió hace 15 días sin ser admitido en la lista y que aparece justo al día siguiente de que La Pulseada reconstruyó su historia), más 7 otros casos cuyas identidades no fueron difundidas…
Las 52 víctimas, dijo Albarracín, “son las personas que a través de distintas noticias como denuncias de familiares o por intervención directa de la Policía o de las instituciones que trabajaron en la asistencia se habían detectado como fallecidos por la inundación y que pasaron por Policía Científica, en un trabajo que se hizo en las primeras 48 horas para poder dar certeza a las familias que estaban buscando a familiares”.
En cuanto a Nuccitelli, el remisero y empleado del ministerio de Seguridad de 45 años que murió en el hospital Italiano, el funcionario lo refirió así: “El día 17 de abril se ha producido un nuevo fallecimiento que es efectivo policial de la provincia de Buenos Aires, quien había quedado con su auto en una zona inundada y sufrido una descompensación que generó su inmediata internación y lamentablemente falleció el 17 de abril”. Nuevamente la información es confusa: ni su internación fue inmediata (estuvo muchas horas en su auto, por eso llegó con hipotermia al centro médico, gracias a la ayuda de desconocidos que lo llevaron en un vehículo particular) ni murió el 17. Al menos el certificado de defunción dice que murió el 18 a la 1.45.
Albarracín volvió luego sobre las 37 personas que había referido el gobernador, Daniel Scioli, en aquella conferencia de prensa del 8 de abril, fallecidas “por otras causas” entre el 2 y el 7 de abril. Albarracín insistió con que murieron en “hospitales públicos”. Esto es importante porque descarta que integren esa lista personas como Guillermo Plombino e Isabel Haydee Villalba, que murieron en el hospital Español, y siguen sin ser entendidos como víctimas de la inundación. Y no queda claro el caso de Fernando Peña, que murió en el San Roque. Las identidades de estas 37 personas no se hicieron públicas, ni se respondió la solicitud de acceso a la información pública sobre este dato puntual ingresado por este medio en la subsecretaría de Albarracín el 11 de abril.
Sobre el manejo de la información sobre las identidades en general, Albarracín dijo que si bien “inicialmente tuvimos la decisión de dar a conocer la nómina de fallecidos porque había una situación de incertidumbre” en este momento “prevalece el criterio del fiscal de preservar la identidad de las personas para respetar la intimidad de las familias y que no hay noticias con paraderos desconocidos”. Esto ocurre a más de un mes de desprolijidades y dudas, y cuando en la misma semana el ministro Casal dijo en el Senado que las víctimas eran 52.
En cuanto a 215 certificados de defunción que se encontrarían bajo análisis (fallecimientos en los 10 primeros días posteriores al temporal), el funcionario respondió que el criterio del Ejecutivo y del fiscal penal que se aplica para determinar cuales están vinculados al temporal es “el más amplio posible: es absolutamente inconducente tratar de restringir el concepto de víctima”, dijo. “Luego la justicia determinará si hay fallecidos de modo directo del temporal y hay otras víctimas que son indirectas; me parece que al momento de contabilizar es importante tenerlas en cuenta a todas desde el rol asistencial y de protección que le cabe al Estado”, señaló Albarracín.
Sin embargo, hay muchos casos que no se están tomando en cuenta o no queda claro si se están tomando en cuenta, por lo cual no cierra lo del criterio “amplio”. Esta revista y muchos otros medios vienen refiriendo varios de esos casos: Ada Teresa Rodríguez (la vecina de la madre de la Presidenta), Juan Carlos García (el caso testigo utilizado por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica —CIAJ — para pedir que se apartara al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y se indagara si incurrió en maniobras deliberadas para acotar el registro de fallecidos—, Josué Gonzalo Suárez Salazar (difundido en las primeras listas elaboradas por Policía Científica y ahora aparentemente no contemplado en la investigación penal preparatoria), Guillermo Plombino, Fernando Peña, Alberto José Colombo (casos que contó La Pulseada), Edgardo Reguera (caso que contó La Nación)…
Volvió la doble investigación
Después de la comunicación oficial de ayer sobre el retorno del juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias a la investigación sobre las víctimas de la inundación, el escenario judicial queda planteado otra vez a doble vía. Por un lado, desde el fuero penal actúan el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, para determinar causas de muerte, y el fiscal de delitos complejos Jorge Paolini, para corroborar la relación de muertes con las inundaciones y, eventualmente, oficializarlas. Por otro, desde el fuero en lo contencioso administrativo Arias investiga posibles omisiones o errores en la identificación de víctimas. Este juez había sido desplazado pero su juzgado recuperó ahora las dos causas donde se acumulan denuncias sobre nuevas víctimas, por entenderse que se trata de la primera dependencia donde tramitaron estas actuaciones y así lo contempla el Código Procesal en lo Civil y Comercial.
Albarracín respondió en la conferencia de prensa que prefiere no opinar sobre la investigación de Arias. Respecto de la penal opinó que es “exhaustiva”. Además, expresó que “hay una claridad absoluta sobre todos los casos de fallecimientos que se han producido en La Plata y se pueden analizar caso a caso”. Esta revista viene sosteniendo que la comunicación sobre las víctimas ha sido en principio apresurada y opaca. Y que ya la lista de 51/52 es un cúmulo de errores. Con el retorno de Arias a la investigación y algunas puertas abiertas que dejaron hoy Atencio y Albarracín (estarían investigando “otros 55 casos”, tampoco difundidos), es de esperar que se vayan oficializando nuevas víctimas. Aunque la tensión sigue estando en el criterio de admisión a un listado oficial poco criterioso. Y aunque Atencio hoy opinó que la cantidad de víctimas no resulta relevante en esa instancia porque “la tarea del fuero penal es investigar la comisión de un delito y encontrar un responsable”. “Buscar el 5 a 1 como si fuera un partido de fútbol me parece inútil y por debajo del respeto a los familiares”, les dijo a los medios el juez. Pero ayer muchos familiares expresaban interés por conocer a ciencia cierta el número de muertes.
