Aunque sostuvo que los disparos provinieron de la policía, la justicia no supo determinar quien fusiló a los pibes de villa La Cárcova. La tristeza volvió a inundar el barrio de José León Suárez donde hace tres años la Bonaerense asesinó a Mauricio «Pela» Ramos y Franco «Gordo» Almirón y dejó al borde de la muerte a Joaquin Romero. El tribunal planteó más dudas que certezas y dejó sabor a impunidad ante la feroz represión policial.
Por Matías Ortega
A pesar de la esperanza que guardaban las familias de los pibes, el fallo del tribunal cerró el círculo de injusticia que rodea a los asesinatos de Carcova. A la injusticia del hambre en una de las zonas más pobres del Conurbano, donde la próxima cuota de supervivencia está entre los desechos del basural, se le suma la de las muertes por el gatillo fácil.
Aquel 3 de febrero de 2011, Mauricio, Franco y Joaquín iban con sus bicis al «cinturón ecológico» de la CEAMSE, cuando fueron rodeados por la represión contra los vecinos del barrio que intentaban abrir un tren descarrilado que contenía alimentos y autopartes.
El Gordo, de 16 años, recibió siete disparos por la espalda y murió al instante. También herido por las balas, el Pela, de 17, logró escapar del lugar y llegar hasta el Hóspital Belgrano, pero su vida se apagó en el quirófano. Sólo Joaco, quien tenía 19 en aquel entonces, pudo sobrevivir a los disparos luego de ser internado de urgencia en el Thompson.
A juzgar por el veredicto, la justicia volvió a fusilarlos. Gustavo Sebastián Rey, acusado de haber asesinado al Pela y al Gordo con su escopeta Mossberg R674045, fue absuelto por el beneficio de la duda. Desde el principio del caso, Rey negó haber utilizado munición de guerra y argumentó «inexperiencia» ; recién ingresaba a la fuerza policial con 23 años cuando ocurrió la masacre. Durante el juicio, su defensa sostuvo que no fue reconocido por ningún testigo -aunque había sido identificado por vecinos de Villa La Cárcova- y desestimó las pericias donde Gendarmería había trazado el trayecto de los proyectiles.
En cambio, Gustavo Ezequiel Vega fue condenado a 7 años de prisión por «intento de homicidio simple» tras haberle disparado con una escopeta Escort -Nro. de Serie 159970- a Joaco, causándole lesiones gravísimas en la zona del tórax y el abdomen.
A la hora de la condena, el tribunal hizo caso omiso al agravante de que se trataba de un policía en ejercicio de sus funciones que ádemás es instructor de tiro. Luego de la represión del 3 de febrero, Vega, oficial subteniente de la comisaría 2º de Villa Ballester, fue el primero en reconocer que había utilizado balas de plomo. Como coartada sostuvo que se había “equivocado” al agarrar los cartuchos.
Si bien los cargos recayeron en Vega y en Rey, un ataque de estas características no pudo haberse producido sin la coordinación de los jefes policiales presentes en el lugar. “El que disparó fue porque hubo un Comisario que le dio la orden», resalta Federico Efrón, abogado del CELS que defiende a las familias de los pibes. Luego del último fallo judicial, se desvanecen las chances de que la investigación incrimine a la jerarquía de la Comisaría Cuarta de José León Suárez.
A pesar del dolor que provocó, las familias apelarán la resolución judicial. Como cada 3 de febrero, cuando el barrio se moviliza hacia las vías donde ocurrió la represión, encabezarán el camino para reclamar justicia. Al frente, María Elena, Belquis y Toti -madres del Pela, Gordo y Joaco, respectivamente- se unirán nuevamente detrás de la bandera que lleva la consigna “Ni un pibe menos”. El ritual de la despedida no se agota en las calles de barro. Y menos aún en los toscos pasillos de Tribunales.
