El espacio para la contención de mujeres y chicos víctimas de violencia que la Municipalidad de La Plata abrió en 2013 duró menos de un año. Distintas organizaciones reclaman su reapertura urgente dentro de la Dirección de Género.
Por Federico Larsen
Fotos Sado y Luis Ferraris
Durante 2013, las mujeres, las niñas y los niños víctimas de violencia en La Plata contaron con un espacio de contención, escucha, protección y acompañamiento que funcionó en el ámbito de la Dirección municipal de Género, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El Primer Refugio Municipal de Atención a Víctimas de la Violencia de Género tenía sede en un inmueble cedido por una ONG y conocido como La Casa de las Mariposas, y allí trabajaba un grupo de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales con experiencia en problemáticas de género.
Fundamentalmente mujeres de sectores humildes que habían sido golpeadas, violadas o amenazadas, en general por sus maridos, novios o ex parejas, podían acudir allí temporalmente con sus hijos, para dormir, protegerse, asistir a talleres o recibir asesoramiento, entre otras cosas.
La experiencia duró poco. Ese mismo año, las trabajadoras de la dirección de Género comenzaron a denunciar maltrato, incluso físico, así como condiciones precarias de trabajo, y la historia terminó mal: con un escrache a la funcionaria a cargo (Flavia Centurión, caracterizada por las trabajadoras como “violenta”), y la desarticulación del refugio.
Hace un tiempo, trabajadoras de la Dirección, nucleadas en una asamblea y enroladas en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y a distintas organizaciones feministas, sociales y políticas, juntan firmas para acompañar su pedido de “reapertura urgente” del refugio. El 10 de junio pasado realizaron además una jornada cultural y de lucha en las puertas del palacio municipal, para hacer visible el reclamo.
La historia
Según la reconstrucción que trabajadoras hicieron para La Pulseada, uno de los antecedentes municipales en materia de género había sido el Consejo Municipal de la Mujer, un organismo muy poco difundido que mantenía el seguimiento de un centenar de casos de víctimas con una perspectiva más bien asistencialista, basada en brindar ayuda ante la urgencia más que en tratar el problema en su complejidad social.
Con la sanción, en 2009, de la ley nacional 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, ese Consejo pasó a coordinar la Mesa Local de Prevención de la Violencia, aún vigente, integrada por la Comisaría de la Mujer, el Centro de Orientación Familiar provincial, el Servicio de Atención Familiar (SAF), también dependiente de la Provincia, la susbecretaría de Salud del Municipio, el área de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el Área de Procesos Urgentes (APUR) de la Defensoría General en La Plata. La presencia institucional del Municipio se fortaleció en 2012 con la creación de la dirección de Políticas de Género, a cargo de Flavia Centurión, una militante bruerista que se había desempeñado en la dirección municipal de Niñez y adolescencia.
En diciembre de ese año, el intendente Pablo Bruera contrató para la dirección de Género a una decena de profesionales, con el objetivo de abrir el primer refugio para víctimas de la violencia de género, y Centurión obtuvo en comodato el uso de una casona antigua, propiedad de una fundación ligada a la Iglesia católica la Sociedad Protectora de Niños, donde había funcionado un hogar de niños.
La Casa de las Mariposas, como pasó a llamarse el refugio a partir de mayo de 2013, contaba con nueve habitaciones individuales, nueve baños, salón de usos múltiples, cocina y patio, que habían sido refaccionados con recursos municipales. Allí comenzó a trabajar el equipo seleccionado por la Dirección, compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, todas mujeres y con experiencia adquirida durante la militancia en movimientos sociales no alineados con el bruerismo.
Allí se alojaban las mujeres que el equipo consideraba, tras hacer una evaluación de riesgo, que necesitaban un lugar seguro que preservara su vida y su integridad psicofísica. Las trabajadoras establecían los criterios. Elaboraron una “escalera de la violencia”, que permite analizar indicadores de violencia psicológica, económica y sexual, el grado de peligrosidad y de aislamiento logrado por el agresor. Aquellas que habían sido golpeadas, amenazadas, violadas, y no lograban salir de aquel círculo en el que las habían encerrado sus maridos, novios o ex parejas, tenían la posibilidad de refugiarse allí con sus hijos.
De manera voluntaria, acudían principalmente mujeres de los sectores más empobrecidos de la sociedad platense que podían permanecer allí días, semanas o hasta meses. Se realizaban grupos reflexivos, coordinados por las psicólogas, talleres para chicos y para sus madres, un foro de convivencia para adultas y otro para los niños. Son situaciones muy complejas y la estrategia principal suele ser el armado de redes para acompañar el proceso de la mujer. El equipo debía conocer el panorama familiar y barrial, y tejer alianzas con personas de su entorno que pudieran ayudar a empoderar a la mujer. Si bien el encierro es la última opción considerada por el equipo, el riesgo que corrían muchas de aquellas mujeres era muy alto. También por eso el lugar tenía dirección reservada, para evitar que fuesen encontradas por sus agresores: es común que las víctimas de violencia de género sean perseguidas y que los agresores incumplan medidas judiciales de protección tales como la “restricción de acercamiento”.
A pesar de que constituían un grupo limitado y se desempeñaban en condiciones precarias, las trabajadoras de la Dirección, quizás también gracias a su perfil militante, mantuvieron el refugio funcionando. Pero con los meses, según denunciaron en ese momento, se deterioró el espacio laboral con decisiones que atentaban contra el espíritu del refugio, como cambios en las duplas de trabajo, falta de respeto a las decisiones de equipo de profesionales, aumento de las horas de trabajo, remuneración cada vez menor y pagos que se retrasaban, lógicas asistencialistas y amenazas a las mujeres víctimas con separarlas de sus hijos.
En una ocasión, Centurión ordenó que se internara a una de las mujeres en el neuropsiquiátrico de Romero y de sus hijos se hiciera cargo la Dirección de Niñez. Otra vez, según cuentan a La Pulseada trabajadoras, Centurión le pidió a una de las mujeres del refugio que escribiera una carta de agradecimiento al intendente, para que ella se la entregara. Luego apareció en una foto en El Día, con otra de las mujeres de espalda pero totalmente reconocible. Se violó el secreto sobre la ubicación del refugio. Luego incluyó como personal de la casona a trabajadoras trans, a las que les pagaba con comida de una tarjeta municipal y un techo en el mismo refugio.
Ante todos estos conflictos se constituyó la Asamblea de Trabajadoras de la Dirección de Género, y la reacción no se hizo esperar. Centurión amenazó con denunciar a una de las psicólogas por asesorar a una de las mujeres, víctima de violación, que dudaba si continuar el embarazo. Fue apartada del refugio y enviada a otra sede de la Dirección, ubicada en el Pasaje Dardo Rocha, donde aún hoy se apilan folletos explicativos sobre violencia de género, carteles que debían ser pegados en la parte trasera de los colectivos urbanos y en las paradas, y todo el material de campañas publicitarias pagadas por el municipio y jamás ejecutadas.
En diciembre de 2013, para el acto de fin de año de la Mesa Local de Prevención de la Violencia, ATE y organizaciones feministas de la región escracharon en el Pasaje Dardo Rocha a Centurión, que dejó su cargo. Con ella se fue también el acuerdo por el uso de la casona donde funcionaba el refugio. En la actualidad, ese inmueble se sigue sosteniendo con fondos municipales pero en el marco de una ONG, Las Mirabal, fundada por la ex funcionaria. Allí funciona un “Centro Integral de la Mujer”, que realiza cursos gratuitos de artes marciales y manicuría.
La Dirección de Género de Pablo Bruera quedó acéfala. O mejor dicho, “autogestionada”. Durante todo 2014, la Asamblea realizó desde ese espacio unas 1.040 entrevistas y acompañamientos a mujeres víctimas y registró más de 200 casos en la región, según informaron trabajadoras a esta revista; también brindaron capacitaciones a organizaciones y a los aspirantes a entrar en la nueva Policía Local (La Pulseada 129). Pero no tienen noticias de la reapertura del refugio, ni de los contratos para las 17 personas que fueron capacitadas durante noviembre y diciembre pasado para sumarse al equipo.
Por ello, el mes pasado entregaron al Concejo Deliberante un petitorio para la apertura inmediata de un nuevo refugio, que tampoco alcanzaría para mejorar la situación en la región pero aparece como un gran paso para que ese #NiUnaMenos que llenó la plaza Moreno platense el 3 de junio pueda pasar “de la foto a la acción concreta”.
El reclamo
Con corte de calles, volanteada, radio abierta y charla-debate, el 10 de junio pasado se reclamó en el centro de La Plata la reapertura urgente del refugio y se presentó un petitorio para que los concejales se expidan sobre la cuestión.
“El objetivo es continuar con la juntada de firmas e ir pensando en otras
intervenciones para ir instalando, cada vez más, la necesidad de un refugio
en condiciones para mujeres en situación de violencia —explicaron desde la organización de la jornada, que al cierre de esta revista llevaba recolectadas más de 1.200 firmas—, así como la efectivización de los contratos; exigiendo que el refugio dependa absolutamente de la municipalidad de La Plata, es decir, de los fondos
públicos destinados a la Dirección de Políticas de Género, y no que
interceda una ONG”.
El reclamo se realizó una semana después de la masiva convocatoria del pasado 3 de junio, cuando decenas de miles de personas se manifestaron en distintos puntos de nuestro país con la consigna #NiUnaMenos, contra los femicidios y la violencia de género toda.
El último refugio
En nuestra región existe un refugio gestionado por la Dirección Provincial de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, que sólo tiene lugar para tres familias de toda la provincia, funciona sin equipo profesional y en un edificio en pésimas condiciones. Los casos más graves que se registran son enviados ahí, a algún parador para personas sin techo, o derivados de vuelta a sus casas, con una orden judicial de exclusión del hogar para el agresor.
Esa Dirección Provincial de Género, que antes conducía una civil, Silvia La Ruffa, está a cargo de la Comisaria Mayor Mabel Cristina Rojas (ex Jefa de la Departamental de Seguridad Chascomús) y por otros 18 coordinadores, todos uniformados.
