El caso de un nene pobre asesinado y el de un adolescente, también pobre y con adicciones, que se la pasa desapareciendo de clínicas, hogares, paradores y hospitales, se unen trágicamente para confirmar que el sistema de promoción y protección de los derechos está en emergencia. La suerte que corren los pibes mientras la Provincia y el Municipio reproducen papeles y cortocircuitos.
Por Clara Vernet
1. El martes 5 de junio pasado al mediodía, todos los portales regionales de noticias daban cuenta de la aparición del cuerpo de un nene en un callejón del barrio residencial de Tolosa. Había sido descubierto por una vecina en la calle 14 entre 525 y 525 bis. Llevaba puesta sólo la camiseta del club de sus amores, Estudiantes deLa Plata, y tenía la cabeza destrozada.
Recién a la noche se le pondría nombre a ese cuerpo. Se trataba de Rodrigo Simonetti, de once años; vivía en el barrio Altos de San Lorenzo junto a su madre y diez hermanos, y se encontraba en “situación de calle”. Según la autopsia realizada en la morgue deLa Plata, Rodrigo murió a raíz de los golpes que recibió en la cara y el cráneo entre 12 y 24 horas antes de que se encontrara su cuerpo. Fin de la noticia.
Rodrigo Simonetti había desaparecido, una vez más, de la agenda periodística. Algunos ecos nos llegaron en este mes sobre los vericuetos de la causa penal. Hipótesis de venganza en el núcleo familiar fruto de una relación tormentosa de una de las hermanas de Rodrigo, posible vinculación de un vendedor ambulante con el que en el último tiempo había tenido contacto en la esquina de 7 y 48 —donde pedía monedas—. Poco importa. Rodrigo Simonetti, a los once años, tenía sentencia de muerte. Como miles de pibes y pibas que patean diariamente las barriadas pobres de nuestra provincia. De eso estamos hablando.
2. Otro caso ganó fugazmente algunas páginas de los diarios en estos días y se une trágicamente al de Rodrigo. A días de la aparición del cuerpo en ese callejón de Tolosa, otra mamá de Altos de San Lorenzo pedía públicamente ayuda para su hijo, que tiene trece años y problemas de adicción. “No quiero que a mi hijo le pase lo mismo que a Rodrigo”, suplicaba a quien quisiese oírla. Es que el 11 de junio su hijo se había fugado nuevamente de su casa después de su último ingreso a la comisaría Octava.
Tras las repercusiones mediáticas, la respuesta institucional no se hizo esperar. Dos días mas tarde, A.D, como lo llamaron las crónicas periodísticas, apareció y su madre solicitó que fuera internado de inmediato. El Hospital de Niños deLa Platalo diagnostican y recomiendan ingresarlo en una clínica psiquiátrica para desintoxicarlo. El juzgado de Familia N° 4 dispone la internación.La Justiciahace responsable de su traslado a la secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, se le otorga una “internación domiciliaria”. Se consigue una plaza en la clínica neuropsiquiátrica Ferromed, de Junín; una vieja clínica dela UniónFerroviariaen estado de crisis permanente, pero una de las dos opciones con la que cuenta el sistema para afrontar estos casos.
El viernes 15 de junio, el Servicio ZonalLa Plata dispone un auto y lo retiran de su casa de Altos de San Lorenzo. Según cuenta la madre, recién se entera del destino de su hijo cuando ya está arriba del auto. Desde el juzgado nadie se había comunicado con ella.
Una semana más tarde, el 21 de junio, la mamá de A.D. se acerca ala Defensoría.Denunciaque desde que su hijo fue trasladado no pudo establecer contacto con él ni tener noticias suyas. Ese mismo día, el defensor de Responsabilidad Penal Juvenil Julián Axat se comunica con su colega de Junín Silvio Echarri, que se presenta de inmediato en la clínica Ferromed. Y remite un informe aLa Plata.
Allí consigna que el domingo 17, un día después de su ingreso, A. D. se había fugado de la clínica, y que “sustrajo una moto para venderla y comprar un pasaje de colectivo para volver junto a su madre”. Al ser reingresado, el chico cuenta que fue recluido en una “habitación de aislamiento”. Echarri solicitó ver la habitación: “Se trata de un lugar en pésimas condiciones de habitabilidad, limpieza o higiene, iluminación, calefacción y ventilación, sin baño propio, y lugar adecuado para descansar. Dado el actual período invernal, no cuenta con calefacción, es más, en la parte superior de la pared que da hacia el exterior posee un ventiluz totalmente abierto, sin vidrio o cerramiento alguno…”, describió.
El miércoles 27 de junio, tras un amparo presentado por Axat y organizaciones de Derechos Humanos, el Ejecutivo bonaerense se comprometió a trasladar al chico, en el plazo de tres días, a una clínica de alta complejidad deLa Platacon “cuatro acompañantes terapéuticos idóneos del área de Promoción y Protección, que asistirán en todo momento al chico en turnos de seis horas cada uno”, según consta en el acta firmada por los titulares del ministerio de Salud y de la secretaría de Niñez y Adolescencia, Alejandro Collia y Pablo Navarro, respectivamente.
Cumplido el plazo, A.D. fue trasladado aLa Platapor la secretaría de Niñez y Adolescencia y alojado en la sala de infectología del Hospital de Niños. La medida fue cumplida parcialmente. El chico volvía al punto de inicio. El 3 de julio, la defensoría vuelve a intimar ala Provinciapara que en 24 horas se “encuentre una solución de fondo acorde con la problemática”. Pero antes de que se cumpliera el plazo A.D. se escapó por una ventana del hospital de Niños.
El viernes 6 de julio,la Comisión Provincialporla Memoria y otras organizaciones de Derechos Humanos presentaron una denuncia penal contra las autoridades provinciales por abandono de persona, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
Dos semanas más tarde, mientras se escriben estas líneas, A.D. fue encontrado por la Policía en las calles de Altos de San Lorenzo y trasladado nuevamente a una clínica de salud mental infantojuvenil deLa Plata.
Lamentablemente, no es la primera vez que este chico y su familia viven esta historia. A.D. ingresó al “sistema formal” alrededor de 2006, según relatan ahora distintos trabajadores del área de Niñez y Adolescencia y del Servicio Local del Municipio. A los cortos siete años transitaba el trayectoLa Plata- Buenos Aires cambiándose el nombre para ingresar a los distintos paradores asistenciales de Capital. Llegó a ser conocido: de Buenos Aires se comunicaban conLa Platay lo trasladaban. De2008 a2010 pasó por distintos hogares y clínicas dela Provincia. Transitópor la comunidad terapéutica Cumelén de Mar del Plata, por el Hospital de Niños y por la clínica psiquiátrica San Pablo de La Plata, donde en la última internación lo mantuvieron “dopado”, asegura su mamá, hasta que ella decidió sacarlo. Ante cada “abandono de programa”, A.D. recalaba en alguna comisaría. Según reconstruye Julián Axat en las distintas presentaciones judiciales, el chico registra doce causas penales.
3. La historia de Rodrigo Simonetti fue más difícil de reconstruir. Al consultar en el servicio zonalLa Plata, dependiente de la secretaría de Niñez y Adolescencia dela Provincia, se informó que no había ningún legajo del nene asesinado. El único registro data de 2010 y referiría a alguno de los hermanos de Rodrigo. El dato no se pudo corroborar ya que tras su muerte fue pedido por las autoridades dela Secretaría de Derechos Humanos. Operadores del área, sin embargo, rememoran una estadía en el Hogar Remedios de Escalada, de Villa Elisa. Y aseguran que la familia era conocida por el sistema. En el servicio zonal creen que la que sí tiene “legajo” de Rodrigo es la Municipalidad, pero entrela Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio y la Secretaría de provincia “las líneas están cortadas”, afirman.
A través de las voces de quienes lo conocieron sabemos que Rodrigo Simonetti tenía once años, que vivía junto a su mamá, Patricia, y sus hermanos, y que era fanático de Estudiantes. Hasta el año pasado asistió a la escuela 14 de Villa Elisa, de donde es originaria la familia. Su abuelo supo ser un personaje conocido y querido en esa comunidad; empleado municipal, era el referí de todos los campeonatos de fútbol que se organizaban desde la delegación. Pero eso fue hace mucho. La familia de Rodrigo emprendió una travesía por distintos barrios hasta llegar a Altos de San Lorenzo. Una de las últimas paradas habría sido en la estación abandonada de Camino Centenario y 502, donde fueron alojados por otra familia que aún vive en las oficinas abandonadas del predio. Rodrigo frecuentaba el centro platense pidiendo monedas y abriendo puertas de taxis en 7 y 48. Acomodaba changuitos en el supermercado Vea de 13 y 72 y solía terminar la jornada por la zona de Meridiano Quinto, camino a su casa. En ese recorrido también había espacio para asistir tres veces por semana a la casa dela ONG“Somos tu voz”, de la calle 64, una asociación civil sin fines de lucro que fue el único lugar de encuentro en tardes de juego, merienda y afecto.
4. Rodrigo y A.D. son cara y contracara de la moneda en que parece agotarse la respuesta estatal: abandono o crueldad burocratizada.
Desde enero de 2005, cuando se promulga la esperada ley provincial 13.298, dela Promocióny Protección Integral de los Derechos de los Niños, se inicia un proceso que tiene por propósito superar el régimen del Patronato. Constituir un sistema basado en el niño como “sujeto de derecho” apelando al “interés superior del niño” como guía del accionar del Estado. La idea no es hacer un balance exhaustivo de la situación actual después de estos casi ocho años, pero sí destacar algunos de los puntos centrales que la situación de estos dos pibes de Altos de San Lorenzo pone de manifiesto.
Estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, a su vez sede de la secretaría de Niñez y Adolescencia —actual autoridad de aplicación de dicha ley— y lugar donde se concentra la mayor parte de recursos humanos, de infraestructura y logística de los que dispone el sistema provincial.
El artículo 14 de esa ley está lleno de verbos. El sistema, un “conjunto de organismos, entidades y servicios”, debe formular, coordinar, orientar, supervisar, ejecutar y controlar las “políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal”. Su propósito: “promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños”.
Para que todos estos verbos puedan ejecutarse, el artículo 14 también prevé los medios: “1. Políticas y programas de promoción y protección de derechos; 2. Organismos administrativos y judiciales; 3. Recursos económicos; 4. Procedimiento; 5. Medidas de protección de derechos”.
Si repasamos los casos de estos chicos de Altos de San Lorenzo (que son miles en toda la Provincia) es muy difícil encontrar las políticas y programas desarrollados para atender su situación, los recursos económicos puestos en juego y los procedimientos que orientaron el accionar de las distintas agencias del estado intervinientes en el sistema. Lo que parece haberse conseguido en estos años es la existencia de “organismos administrativos y judiciales” y proformas de “medidas de protección de derechos”. Es decir, papeles.
La secretaría de Niñez y Adolescencia yla MunicipalidaddeLa Platano sólo no coordinan sus recursos y políticas sino que existe una ruptura total entre ambos organismos del sistema. No hay información compartida; por el contrario, desinteligencias y hasta una franca hostilidad según consignan trabajadores y ex trabajadores de ambas dependencias. “Los pibes se encuentran en el medio de dos partes rotas”, aseguran. En el zonalLa Platano había registro de Rodrigo, los trabajadores dicen que mas allá de contar con un plantel de cerca 30 personas, sin incluir el personal administrativo, no hay trabajo territorial, por lo que se convierten en una suerte de “mesa de entrada” de la Justicia y de centro de información para derivaciones. “Si el municipio no informa, nosotros no nos enteramos”, dicen.
Cuando el juzgado de Familia N° 4 ordena ala Provinciabrindar tratamiento psiquiátrico a A.D., la secretaría de Niñez y Adolescencia no tiene muchas posibilidades y se lo traslada a Junín pese a que “el nuevo paradigma” enfatiza permanentemente en la necesidad de que cualquier tipo de intervención debe favorecer el vínculo con la familia. Al margen de otras explicaciones, la decisión respondió a que hay sólo dos clínicas que pueden recibir un caso como éste: la San Pablo —ya denunciada por Axat— y la Ferromed, en Junín.
Tampoco existe un sistema de supervisión de estas clínicas tercerizadas, o éste sólo se limita a los aspectos burocráticos. En el caso de A.D., fue necesaria la intervención dela Justiciapara quela Secretaríase enterara de las condiciones de alojamiento del chico.
Además, el ministerio de Salud dela Provinciano ha desarrollado ámbitos ni programas de asistencia directa que den respuesta a la situación de los pibes con problemas de adicción. La medida cautelar ordena que A.D. sea restituido a su familia enLa Platay atendido en un centro de alta complejidad con asistentes terapéuticos, pero enla Provinciaese centro no existe; los asistentes terapéuticos tampoco.
No vale la pena seguir enumerando. Impera una situación tristemente peor que la del Patronato: agravada por la hipocresía de quienes han reducido el cambio de paradigma a un cambio de lenguaje.
Las dos caras de la moneda con la que se decide la suerte de los pibes son un Estado que renuncia al Patronato con un ropaje vacío de contenido, abstracto, y sigue replicando sus prácticas del Patronato con otro nombre.
Tal vez el Estado logre descubrir quién asesinó a Rodrigo, pero la pregunta que el cuerpo en el callejón de Tolosa deja es: ¿podremos salvar al otro pibe? ¿Podremos insuflar de acción esos verbos y ponerles el cuerpo? ¿Seremos capaces de sacarlos de la abstracción y cambiarlos por verbos concretos? Amar, sanar, cuidar, abrazar, alimentar, jugar…
Los pibes nos convocan. Quizá esta vez la moneda caiga de canto y comience a rodar.
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