En Ringuelet, en una de las villas asentadas sobre el arroyo que debe ser desplazada para que avance el ensanchamiento del cauce, esperan con preocupación la llegada de las máquinas. No hay información ni contención para vecinos que quieren evitar que se quiebre el tejido social que lograron construir con los años.

Por Cristian René Lora

“Nosotros no nos queremos ir de este barrio”. La frase suena como un desafío pero se escucha varias veces un domingo de julio en una vivienda de material ubicada sobre la vera del arroyo Del Gato, en Ringuelet. Allí están reunidos un grupo de vecinos para conversar con La Pulseada sobre un tema que los preocupa e inquieta cada vez más: tener que dejar sus viviendas para ser relocalizados.

Las obras hidráulicas avanzan —no sin retrasos— sobre el arroyo Del Gato. Son parte del plan maestro que impuso la trágica inundación de 2013. Pero el problema para estos vecinos es que esas obras incluyen la imposición de tener que dejar el lugar en el que viven hace años para liberar las orillas. Esas viviendas —algunas de madera, otras de ladrillos— pronto serán destruidas por topadoras para comenzar el ensanchamiento del cauce que atraviesa La Plata, y ellos serán trasladados a un predio donde se están construyendo las 444 viviendas destinadas a la llamada relocalización, ubicado entre el arroyo y el Mercado Regional.

Las familias que viven en un tramo del arroyo que va desde la calle 3 a la avenida 7 —dentro de una villa registrada oficialmente como “El Gato 2”— no ocultan su rechazo y su incertidumbre, pero por sobre todo su preocupación por una relocalización que entienden es inminente. Las autoridades provinciales ya comunicaron la noticia a los maestros de la escuela 60 de Ringuelet (2 bis y 515) y hasta se trabajó el tema en las aulas.

“Nos informaron que en pocos días iban a relocalizar las viviendas que están sobre el Gato, entre las calles 1 y 3. Fue un aviso que los próximos son ellos”, explica Andrea, una maestra de esa escuela.

Según cuenta, los chicos trabajaron el tema en las aulas con imágenes. “Ellos armaron una historia desde la inundación hasta los reclamos de los inundados y la necesidad de tener mejores viviendas”, dice y agrega que armaron una historia en la pared con fotos a la que luego le fueron sumando texto.

En los planos del plan hidráulico, ese punto del asentamiento corresponde a la etapa III, que implica ensanchar el arroyo a 40 metros —hoy tiene menos de 20—, y deberán dejar el lugar en las próximas semanas, luego de que sea relocalizado el sector que va desde el puente del Ferrocarril Roca hasta la calle 3.

Saben que muy pronto les llegará su turno. El momento de juntar sus pertenencias para ser mudados a un lugar que, si bien en el mapa parece cerca, en el relato de los vecinos surge como alejado, inhóspito y hasta peligroso.

La experiencia de Ciudad Oculta

En abril, en La Pulseada 128http://www.lapulseada.com.ar/?p=9533 contamos los primeros casos de relocalización: unas diez familias que vivían en Ciudad Oculta, un asentamiento levantado sobre el arroyo entre las vías del Ferrocarril Roca y la autopista La Plata-Buenos Aires. En total había allí unas 35 familias que habían conformado una identidad propia: casi todos eran parientes pero además había una organización establecida en la que los hombres trabajaban del cartoneo y oficios varios, y muchas de las mujeres, en una cooperativa que realizaba la limpieza del mismo barrio.

En el caso de Ciudad Oculta, aunque con tristeza y sentimientos mezclados, existía una mirada más optimista sobre la relocalización. Para esos vecinos la mudanza aparecía como la oportunidad de comenzar una nueva etapa de sus vidas en un lugar en el que podrían contar con los servicios básicos.

En cambio, para los vecinos del sector de El Gato 2 por donde debe cruzar la etapa III de las obras la situación es otra. Según el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos precarios construido por la subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia (La Pulseada 130), El Gato 2 es uno de los 118 barrios informales que existen en La Plata. Originada en 1984, esta villa ocupa poco más de cinco hectáreas que van de 1 a 7 sobre la vera del arroyo, en Ringuelet. Allí se asientan hoy unas 160 viviendas.

Agrupaciones políticas con trabajo territorial allí que conversaron con esta revista describen que existe una notable fragmentación social en el barrio, entre quienes tienen su vivienda entre 1 y 3, y quienes se ubican entre 3 y 7. En este segundo sector viven muchos inmigrantes paraguayos. Según cuentan ellos, esa conformación del barrio fue surgiendo en los últimos años: cuando algunos vecinos logran mudarse a otras viviendas mejores, en general intentan que su lugar lo ocupe siempre alguien conocido. Esa lógica hizo que muchos paraguayos, en su mayoría, trabajadores de la construcción, se ubicaran sobre ese tramo del Gato.

Los datos del gobierno provincial establecen que las familias carecen de tendido de luz eléctrica, de red cloacal y de pluviales, y acceden de manera parcial al agua corriente, al alumbrado público, al pavimento, a la recolección de residuos y a un sistema alternativo “de eliminación de excretas”. Esos datos también describen que, como la mayoría de las villas de La Plata, ésta no se encuentra inserta en ningún proceso de regularización de la tenencia de la tierra.

Como ocurre con más del 40% de las villas y los asentamientos registrados, en términos ambientales El Gato 2 está caracterizada como “inundable”. Pero quizás para resistir esa inminente relocalización algunos vecinos relativizan el efecto de la última inundación (2013) en esta villa de la castigada Ringuelet, una localidad donde los efectos fueron devastadores y murieron al menos siete personas.

Los motivos del rechazo son los mismos que esgrimían, en menor medida, los vecinos de Ciudad Oculta. Temen a posibles falsas promesas gubernamentales y a un desmembramiento irreversible de lazos comunitarios construidos a través de los años, pero en este caso y por sobre todas las cosas, aparece el miedo que les genera la vecindad con El Mercadito, una villa donde viven unas 215 familias, pegada al Mercado Regional, marcada por una historia de urbanización compleja que suele ser identificada por su conflictividad social.

Miguelina es la dueña de la vivienda donde conversamos. Agrega que ni policías, ni ambulancias, ni remises quieren entrar a El Mercadito. Ariel aporta que sólo Gendarmería y Caballería se animan a entrar. “Para allanamientos”, agrega Andrea.

El Mercadito, centro de las tensiones

La relación con El Mercadito es un tema que los vecinos sacan constantemente. “Nosotros salimos temprano, a las cinco de la mañana a trabajar. Tenemos miedo de que viviendo allá, nos vayamos a trabajar a las obras y cuando volvamos tengamos la casa ocupada”, dice Daniel, un paraguayo que llegó hace unos años a La Plata para trabajar en la construcción.

“Eso acá (en el asentamiento sobre la vera de El Gato) no ocurre. Acá, así como nos vamos, encontramos todo a la tarde, cuando volvemos. Nadie toca nada —agrega. Daniel cuenta que se arriesgó a endeudarse para comprar una casa en el asentamiento hace un tiempo. Ahora corre riesgo de perderla—. Acá todos sabemos cómo es El Mercadito. A la tarde no se puede pasar ni en bici por ahí. Imaginate salir de ahí a las cinco de la mañana. Ni Policía van a entrar ahí”, dice.

Según explican, ser paraguayo es un problema en ese barrio donde el gobierno nacional bajó un Plan Federal de Viviendas que sufrió demoras en su construcción y un complejo proceso de adjudicación. Según afirman los vecinos, desde el año pasado, apenas se supo que las familias que viven sobre el Gato iban a ser relocalizadas en los terrenos linderos a El Mercadito, allí aseguraban no permitirán que los inmigrantes paraguayos se instalaran. “A los paraguayos no los vamos a dejar entrar acá. ¿Qué se piensan? ¿Que se van a quedar con estas casas?”, eran los mensajes que les llegaban.

Esas tensiones sociales se sienten en el barrio aunque resulten ajenos a los funcionarios y legisladores sumergidos en la campaña. Es que sobre los vecinos tienen también otro frente: un juicio de desalojo iniciado en 2008 por la dueña de los terrenos donde se levanta el asentamiento. Con ayuda de algunas agrupaciones políticas, comenzaron a asesorarse sobre si la posibilidad de un desalojo podría concretarse. Por el momento, parece que las condiciones no estarían dadas pero el temor está presente.

Pero, según relatan, ese juicio también se transformó en un obstáculo para cuestiones esenciales, como pedir agua potable y otros servicios básicos. “Nos aparecen trabas legales y burocráticas”, asegura Miguelina.

En este sentido, la relocalización necesaria para las obras aparece como un nuevo problema y no como una solución. Es que hay un sector de viviendas, más alejado del cauce del arroyo, que los ingenieros de la obra hidráulica no consideran necesario trasladar. Producida la mudanza, ese sector quedará desprotegido. «Una cosa es la presión que podemos hacer todos nosotros para evitar el desalojo. Pero es muy distinto si quedan solo unas pocas viviendas», aseguran.

Allí aparece una alternativa que los vecinos quisieran que se ponga a consideración. Existe en la zona un terreno que pertenece a la misma persona que les inició la demanda por desalojo, y verían como una oportunidad que la Provincia les permitiera mudarse a ese predio, siempre y cuando puedan mantener la fisonomía del barrio. Según explican, estarían dispuestos a construir sus viviendas. “La mayoría trabajamos en construcción. Lo principal es que sepamos que el terreno es nuestro”, dicen, convencidos de que ésa es la salida para resistir la mudanza impuesta por las obras hidráulicas que destruiría sus lazos sociales.

Preocupación por la marcha de obras

Vecinos inundados nucleados en asamblea de Autoconvocados de Tolosa e integrantes de las veedurías ciudadanas manifestaron preocupación por “los trabajos de relocalización de viviendas que interfieren con las obras”. En un comunicado difundido en julio pasado, plantearon que “la relocalización es una parte fundamental del proyecto” pero “el ritmo de estas tareas no nos satisface”. Ellos observan que si la construcción de las casas y el traslado de las familias asentadas a orillas del arroyo más importante para instrumentarlo no se logran “en tiempo y forma” el ensanchamiento del arroyo no podrá avanzar hasta 2016 en los tramos que están frenados.

Considerando el dinero pagado, los costos previstos y el paso del tiempo, plantean que mientras ya se cumplió el 42% del plazo previsto en el convenio firmado con Nación para obtener el préstamo para hacer el grueso de las obras (empezaron hace un año y tres meses; deberían terminar en diciembre de 2016), en la cuenca del Gato éstas tienen poco más del 23% de “avance real”; para estimar el costo de obras aún no contratadas trabajaron en cálculos propios en base a precios de licitaciones recientes por obras similares.

Según un balance que realizaron en julio (con información oficial del Ministerio de Infraestructura, informes de la Bicameral, notas periodísticas y trabajo propio), 39 del las 68 obras planificadas no están en ejecución. De ellas, 16 están paralizadas o no empezaron, por conflictos que van desde gasoductos y “líneas de alta tensión no previstas en los pliegos” hasta la construcción de viviendas para relocalizar familias, y 23 (que corresponden a tramos de los derivadores de las calles 31 y 143, y a la cuenca del arroyo Maldonado) no llegaron a licitarse, por falta de fondos. Este es el punto que más preocupa, de ambos lados del mostrador.