La pérdida de fuentes de trabajo castiga con fuerza a los trabajadores de prensa. La Pulseada conversó con periodistas que dan testimonios de la resistencia y las luchas por visibilizar los conflictos. Quiénes pagan los recortes y qué perspectiva de comunicación aparece. El doble desafío de los medios comunitarios y los peligros de un ajuste que también silencia voces.
Por Josefina Oliva
Fotos Gabriela Hernández
SUBNOTA Más de lo mismo y no
En un contexto de aumentos de precios y tarifas, devaluación y ajuste de salarios, uno de los sectores que también suma despidos es el de los medios de comunicación. Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri los sindicatos calculan 3 mil fuentes laborales menos, que se materializaron a través de despidos masivos o por retiros voluntarios. Algunos medios directamente terminaron cerrando y el caso más resonante se dio a fines de junio: los 357 despidos de Télam. El panorama se agrava si se piensa que menos voces implican menos pluralidad y datos a la hora de informarse.
Las condiciones económicas juegan también en contra de los medios comunitarios. Muchas publicaciones gráficas independientes tuvieron que reducir su tirada y el número de páginas; otras, ya dejaron de salir en papel. Tanto las revistas como las radios comunitarias enfrentan la distribución arbitraria de la pauta oficial, que llega a cuentagotas. Si es que llega.
“Se unen varios factores, por un lado lo que sucede no escapa a la situación general de despidos y de las políticas macristas para todos los sectores; después está la dimensión comunicacional específicamente y particular de los compañeros trabajadores de prensa, que son espacios de trabajo que se están perdiendo y ahí hay cosas que son múltiples, una cosa es el vaciamiento de los medios públicos, donde la responsabilidad es exclusiva y específica del gobierno”, explica Mariana Baranchuk, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Magister en Comunicación y Cultura por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y autora de Los Trabajadores de los Medios y sus Organizaciones.
Otra cosa es todo lo que ha ido sucediendo con los medios que estaban en manos privadas. “Ahí se presentan otros nudos problemáticos que son más antiguos. Eran medios que estaban viviendo de la pauta oficial exclusivamente, y frente al vaciamiento y también la lógica de empresarios –la lógica de que no son amigos, son empresarios– no han tenido ningún problema en cerrar”, agrega Baranchuk, en diálogo con La Pulseada.
Las medidas que se imponen afectan directamente al ejercicio de la profesión, que se hace cuesta arriba cuando se trabaja sin salario o con el temor de ser el próximo a perder el puesto de trabajo. Desde Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), el delegado Mariano Suárez destacó que en el gobierno se parte de una concepción de comunicación “absolutamente asociada al sector privado y al sesgo mercantil. En ese contexto la existencia de medios públicos que supuestamente tienen que defender agendas informativas complementarias, que le tienen que dar voz a sectores sociales que no tienen lugar en otros medios o tener una mirada más federal de la información, no forma parte de los intereses que al gobierno le preocupa desarrollar”. Con respecto a los despidos en Télam en particular, dijo que expresan “una idea de configuración del sistema de medios que necesita medios públicos chicos, débiles, menos diversos, menos federales”.
A los despidos se suman condiciones de trabajo que van calando en la perspectiva y en las formas de hacer comunicación. En el caso de la TV Pública, por ejemplo, se redujeron los informativos, y los medios públicos en general dejaron de sacar móviles a la calle. “Las propias lógicas comerciales, la comunicación tratada como mercancía, hace que la primicia tenga un valor específico”, dice Baranchuk, quien ha sido además asesora de la AFSCA y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.
Otro palo en la rueda para el ejercicio del periodismo fue la medida que implementó el gobierno apenas asumió Macri al dictar el decreto 267 que desmanteló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Si bien está vigente, hizo transformaciones que pegaron en el corazón de la Ley: la pluralidad y la diversidad informativa. También generó desarticulaciones en cuanto a los organismos de control”, plantea Baranchuk. Así, en este contexto de precarización laboral, las expectativas que había con la ley se van cayendo. “Era un proceso que se estaba abriendo pero no es que ya estaba abierto, era la expectativa del crecimiento de trabajo en la profesión. Eso va para atrás porque, frente al desmantelamiento de la Ley y el permiso para mayores niveles de concentración, todo eso es terreno perdido”.
Ante un mapa de medios de comunicación en peligro (ver “Una reforma regresiva…”), con las posibilidades para informar que se van achicando, Baranchuk reflexiona: “A los medios pequeños, independientes, comunitarios, autogestivos, y a los medios universitarios les va a caer la responsabilidad de ser las únicas ventanas de información para la población. Y además los compañeros están sin trabajo, es un combo complejo”. (Ver “Crítica situación para….” y “Más de lo mismo, y no”).
“Reestructuración” contra pluralidad
El caso más resonante por estos días fue el de agencia nacional de noticias Télam, luego de que se diera a conocer, el último 26 de junio, que el gobierno despedía a 357 trabajadores de esa empresa del Estado, lo que equivale a un 40 % de su plantel. Sin ningún tipo de aviso previo y en muchos casos antes de que les llegue el telegrama, los trabajadores encontraron depositadas en sus cuentas bancaras la indemnización, al tiempo que se les inhibía la posibilidad de acceder a las cableras para continuar con su labor diaria. Mientras tanto, a otros les llegaba a través de un correo electrónico el anuncio “sos parte de la nueva agencia Télam”, y las autoridades se enorgullecían de la reestructuración que dejaba a tantas familias en la calle.
La agencia contaba con un plantel de alrededor de 800 personas cuando Rodolfo Pousá asumió como director en el gobierno de la Alianza (1999-2001) y la achicó al punto de quedar 480 trabajadores. Con el correr de los años, al cambiar la gestión y complejizarse la comunicación –con la llegada de las redes sociales y la transmisión web de contenidos multimedia– el plantel se amplió hasta los 879. Ahora Pousá volvió al achique. La agencia cuenta con 27 corresponsalías en todo el país. Una por cada provincia y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por su dimensión e importancia geopolítica hay tres: La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Seis corresponsalías cerraron: Viedma, Rawson, Posadas, Resistencia, Formosa y Catamarca. En otras diez quedó un periodista solo, entre ellas la de Mar del Plata, y en el resto un tercio del personal. En La Plata, de diez trabajadores quedaron cuatro.
“Cuando nosotros luchamos, más allá de los casos individuales de que cada uno tiene que poner la olla en su casa, a lo que apuntamos es a que no se avasalle lo que es Télam, desde que surgió en el año 45”, afirma Diana López Gisberts, que trabaja en la Agencia desde 1994. “Surgió con la idea de que nosotros tengamos nuestra propia agencia, tener información más rica y variada de todo el país tan grande que tenemos, por eso nuestra lucha va por ahí. Por eso decimos: tenemos que volver todos porque todos veníamos tirando de este mismo carro y sosteníamos esta riqueza informativa que daba Télam”.
Desde el Gobierno se habló de una agencia poco profesional y de que los despedidos tenían un perfil ideologizado. Los periodistas de Télam escriben para otras y otros colegas, por eso la información debe abordarse de forma muy precisa, con datos duros, y luego esa información pasa por dos instancias de corrección. “Por lo cual el perfil ideológico, en la mesa de edición, es imposible. O si no a estos señores se les pasaron dos años de panfleteada”, expresa Diana.
Adriana Romero trabaja en la corresponsalía desde hace siete años. Al momento que ingresó el pedido que se hacía desde la gerencia periodística era que se le diera lugar a todas las voces acalladas, aquellas del conurbano bonaerense, lo que sucedía en los municipios, los movimientos sociales. Ella se encarga de cubrir la actividad de Gimnasia y Esgrima La Plata, información que se veía replicada en diferentes provincias de Argentina. De esa forma, se priorizaba la información desde el territorio: “Se puede decir ‘¿a quién le importa lo que pasa en Brandsen?’, y sí, Brandsen existe. Los ciudadanos de Brandsen y las problemáticas sociales que se viven en Brandsen, tal vez son las mismas que se viven en otro lugar, con la diferencia que se podían visibilizar a través de la agencia nacional de noticias. Esas voces hoy están calladas”, sintetiza.
Osvaldo Fanjul está en la agencia desde 2011, ejerce el periodismo desde hace más de treinta años y recibió el telegrama de despido el 27 de junio. Desde ese día, cuenta, no paran de pensar, junto a sus compañeras y compañeros, cómo hacer para seguir dando visibilidad al conflicto. “Estamos todos los días tratando de pensar algo para que no se pierda de vista. Sabemos que el paso del tiempo, al menos en lo personal para mí, no juega a favor, porque es como que se va diluyendo, se va perdiendo, cuando aparecen los grandes medios por ahí está instalado, pero las noticias desgraciadamente con el correr del tiempo se van perdiendo, esto lo tenemos claro como periodistas, y en este caso como parte de la noticia que somos”.
El 13 de julio, el juez laboral Ricardo Tatarsky falló a favor de cinco trabajadores. Al hacer lugar a una medida cautelar, el juez consideró ilegales los despidos ya que la agencia no presentó previamente un plan preventivo de crisis, elemento que una empresa debe elaborar cuando los despidos superen el diez por ciento del personal. De esta forma el juez ordenó la reincorporación inmediata de esas cinco personas a sus puestos de trabajo. La alegría fue grande porque significó un gran paso para sentar jurisprudencia. La siguiente etapa es pedir que ese fallo favorable se haga extensivo a todos los y las periodistas afectados por los despidos. Mientras tanto, las autoridades continuaban afirmando que la empresa estaba en una situación muy complicada, que “se decidió una reestructuración”, que “se cumplieron todas las instancias legales y políticas”.
Defender los puestos de trabajo
En el ámbito local a principios de este año en el diario Hoy y la Red 92 se reabrió el conflicto a partir de la detención del director de ambos medios, Marcelo Balcedo, por lavado de dinero y asociación ilícita. Los trabajadores se encontraron acéfalos en la redacción durante quince días, sin saber quién se iba a hacer cargo del medio, hasta que desembarcó la madre del empresario, Myriam René Chávez de Balcedo, con antecedentes de graves maltratos ejercidos contra sus empleados en gestiones anteriores. Desde la redacción se inició un plan de lucha para enfrentar los despidos que enseguida se anunciaron. De 140 personas que trabajaban en el diario (entre administración, publicidad, el área audiovisual, periodistas, y fotografía) fueron despedidas cerca de 80, mientras que en la radio donde eran 70 personas los despidos sumaron algo más de 50.
“Después de varios meses, de un día para el otro, el 13 de febrero, dos personas de seguridad que siempre estuvieron en la puerta, que eran empleados del Soeme (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación del cual Balcedo era secretario general), dos patovicas, nos prohibieron la entrada y a partir de ahí nunca más pudimos volver a nuestros puestos de trabajo”, cuenta Estefanía Velo, una de las despedidas del diario.
En otros casos, incluso de radios nacionales de larga trayectoria, como Radio Rivadavia, los trabajadores sostienen sus tareas cumpliendo horarios habituales sin cobrar. En esta emisora recién los primeros días de julio recibieron un 5% del sueldo del mes de diciembre y no perciben cargas sociales desde noviembre. Osvaldo Bergali trabaja en la radio desde hace 34 años en el móvil, es técnico de exteriores, y dice: “Es muy difícil trabajar gratis. Nosotros estamos trabajando y estamos cobrando ahora un 5% del mes de diciembre, la idea nuestra siempre fue mantener la radio al aire, que no cierre”.
A mitad del año pasado se decretó la quiebra de Radio Rivadavia AM 630 y Radio Uno FM 103.1, y el juez Horacio Robledo a cargo de la causa desplazó al grupo comandado por Guillermo Whpei, dejando la radio en manos de un síndico. Whpei había comprado la radio a la familia Cetrá, sin llegar a obtener la licencia porque el grupo anterior se encontraba inhibido. Ante una situación de continuas irregularidades, a mitad del año pasado se decretó la quiebra. “En noviembre nos sacan del sistema, nos dejan de pagar y entramos a cobrar sobre una prorrata y se fueron creando deudas enormes. Deudas terribles, ajustes, sin cobertura médica, sin nada”, describe Bergali, quien es además delegado de SUTEP.
En todo ese proceso, de 140 trabajadores quedaron 91. No es que hubo despidos. Es que los trabajadores vienen manteniendo la radio sin cobrar, cumpliendo con las mismas tareas y horarios como si lo estuvieran haciendo, para preservar su fuente laboral, y, en ese marco, hay quienes se quedan en el camino por no tener ni para el transporte. “Algunos mandaron un telegrama diciendo que no pueden venir porque no tienen plata para viajar. En algunos momentos la gente nos ha aportado dinero pero no podemos vivir de la caridad. Y algunos salen a buscar otros trabajos”, explica Bergali y agrega: “En otras circunstancias uno hubiera dicho ‘que cierren la cortina, hago paro, y a otra cosa’. Y nosotros sabemos que en cuanto hacemos un paro de dos horas, la radio cierra. Entonces se trata de ponerle más fuerza de la que uno tiene cuando le están pagando los sueldos”.
En radio Rivadavia dejaron de pagar los sueldos. Si bien no hubo despidos algunos trabajadores mandaron un telegrama diciendo que no podían asistir porque no tienen plata para viajar
A principios del mes de julio llegó la noticia del remate, pero pronto se dio marcha atrás cuando el grupo América, que dirigen Daniel Vila y José Luis Manzano, se presentó para hacerse cargo de la radio. El 11 de julio el juzgado Nacional en lo Comercial Nº 25 a cargo de Robledo decidió levantar la ejecución. Al cierre de esta edición, y con la feria judicial vigente, el asunto quedó en suspenso, aunque con luz verde para los 81 trabajadores que iniciaron un camino de diálogo con el nuevo grupo de gestión a través de los cuatro gremios AATRAC, UTPBA, SAL y SUTEP. Ahora se debe esperar que el grupo presente una serie de requisitos, entre los que se encuentra el acuerdo con los trabajadores. Ellos apuntan a que el compromiso sea pagar las deudas acumuladas desde 2015 a la actualidad en un plazo de doce meses, que se tengan en cuenta los meses perdidos de antigüedad y aportes, y que no se despedirá a nadie por 18 meses. De esa forma, por ese periodo, anunció Bergali, “tendríamos una vida más tranquila, sería como un respirador”. Todo indicaría que si el grupo América presenta los requisitos que fueron pedidos por el juzgado, podría ser quien finalmente se haga cargo de la emisora.
Resistencia y organización
Los trabajadores del Diario Hoy y la Red 92 impulsaron durante los meses que duró el conflicto varias estrategias de lucha. Desde sacar la redacción a la calle, en las puertas del diario que funciona en 32 entre 3 y 4, hasta la ingeniosa acción de presentarse en las puertas del country Abril, donde vive Chavez de Balcedo, vestidos con cascos y palas para cavar pozos y así cerciorarse de que el dinero que les correspondía a sus sueldos no estuviera enterrado, tal como se decía sobre los billetes del lavado de dinero que esa familia habría escondido.
El colectivo de trabajadores nunca abandonó la lucha y, aunque no lograron ser reincorporados, hacen un balance muy positivo por haber encontrado una salida en lanzar su propio medio de comunicación. “Más allá de que no hayamos podido volver a nuestros puestos de trabajo, lo vemos como un triunfo porque es otra forma de organizarnos para buscar otro cauce a todo el proceso de lucha, y en este caso fue el camino de la autogestión y poder constituir nuestras propias fuente de trabajo”, dice Velo.
A partir de otras experiencias como la de Tiempo Argentino, los integrantes del nuevo portal Pulso, emprendieron el camino de mantener un medio de comunicación autogestivo. Encaran varios desafíos como ir adecuando su jornada de trabajo como lo indica el convenio colectivo con el objetivo de que el emprendimiento sea su primera fuente de trabajo. Otro de los desafíos es el ingreso de pauta publicitaria, que siempre cuesta más conseguir a los medios más chicos: “El Estado sigue aportando pautas millonarias en el diario Hoy, que está totalmente por fuera de la ley. Por el Estatuto del periodista no deberían aportarle plata a un medio que no cumple con el convenio, paga en cuotas, no tiene aportes en obras sociales ni jubilaciones”, explica Estefanía.
Desde Pulso apuestan a instalarse como un medio que esté más presente en la calle, darse a conocer y tener un feedback con la gente. Para eso lanzaron una línea de suscripción. “Nos interesa conocer su perspectiva y trabajar ese dialogo para encarar temáticas que muchas veces en los grandes medios no salen y es realmente lo que pasa en la ciudad, y también alentar a que toda la ciudadanía de La Plata que consume información apoye un proyecto que le interesa y quiera informarse desde ahí” /// LP
Crítica situación para el sector gráfico autogestivo
La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) publicó un informe el último 3 de julio, a partir de una encuesta realizada a las publicaciones asociadas en los meses anteriores. “Las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos: si bien la mitad esos medios decidieron priorizar el formato digital, las restantes no pudieron publicar ningún número en lo que va del 2018”, dice el texto.
De las revistas que aún siguen publicando, el 95 por ciento asegura haber sufrido en los últimos meses aumentos en los costos de producción, con un porcentaje promedio del 42,4 por ciento. Allí se cuentan subas en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.
En lo que refiere a la impresión, el 50 por ciento de las revistas redujo su tirada y el 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión. Hay publicaciones que mantuvieron la edición sin modificar, ni la calidad de impresión ni la cantidad de páginas, pero sufrieron aumentos en los costos de impresión que van del 7,5 al 500 por ciento. Para cada revista, AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio es casi del 67 por ciento en sólo 9 meses.
Las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 % de los títulos
Otro punto clave es la situación en relación a la pauta oficial que afecta a 6 de cada 10 revistas relevadas. Ninguna publicación está al día con los cobros de la publicidad del Estado; el 15,4% tiene una demora de 1 a 3 meses; en el 34,6% de los casos, cobran de 3 a 6 meses tarde; y en el 50% de los casos los pagos superan el medio año.
En este marco desde AReCIA reclaman “a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de Cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país”. Por eso, exigen: “Eliminación del 2,5% de IVA; acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector; posibilidades de crédito sin tasas usurarias; democratización del circuito de distribución; Reparto equitativo y transparente de la pauta pública”.
“Un mapa de medios donde haya dos o tres grandes actores”
Las situaciones de Rivadavia, Télam y el Diario Hoy/Red 92 se suman a los despidos que viene sufriendo el sector en los últimos tres años. Según datos publicados por el Sipreba en junio de este año, en el 75% de los medios relevados en 2017 hubo pérdida de puestos de trabajo, sumando más de 500 en total, que, si se agregan a los datos relevados en el informe de 2016, rondan los 1.800 puestos de trabajo formales perdidos en los últimos 2 años. El número de desempleados que se relevó en 2017 se suma a los 1.300 despidos sufridos en el sector en 2016 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pasando a engrosar cerca de 3.000 el número de puestos de trabajo perdidos a nivel país. Desde Sipreba denuncian “una realidad de menos empleos disponibles, en muchos casos fuera de convenios colectivos y de toda legislación laboral vigente”.
Mariano Suárez, trabajador de Télam y delegado de Sipreba dice sobre estos números que “hay una reforma regresiva en materia de derechos laborales, con un gobierno que impulsó una reforma laboral, y previsional. Además de eso hay un proceso de reconversión tecnológica del gremio y obviamente en la industria gráfica se han perdido puestos de trabajo en el sector privado. Ese es el cuadro general que tuvimos en los dos últimos años y medio, en el cual se monta una alianza estratégica que tiene el gobierno con el sector más concentrado de la industria de medios, lo cual tampoco ayuda a la preservación de puestos de trabajo”.
“Hoy no hay prácticamente ningún límite regulatorio a la concentración de medios, el gobierno piensa en el diseño de un mapa de medios donde haya dos o tres grandes actores de la comunicación y ese mapa no favorece a la generación ni la preservación de empleo de trabajadores de prensa, en una actividad que además está golpeada por razones tecnológicas”, manifiesta Suárez.
Por nombrar sólo algunos casos de los medios de comunicación afectados con estas políticas se puede repasar:
- Radio Del Plata: tras dos años de conflicto sus trabajadores continúan reclamando a la empresa Radiodifusora del Plata, ligada a Electroingeniería, por 50 despidos. “Desde mayo hasta ahora, la reducción alcanza al 45% de la empresa. No tenemos salario, no tenemos obras sociales, nos quedamos sin trabajo y no tendremos indemnización. Seguimos manifestando que Sin Prensa no hay radios”, dicen los trabajadores.
- En agosto del año pasado, después de varios despidos, cerró el Buenos Aires Herald.
- En 2017 el grupo Crónica cerró la Revista 23, dejó 14 familias en la calle. Luego vinieron despidos en el diario Crónica, BAE y Crónica TV.
- Desde el año pasado los trabajadores de C5N están en estado de alerta ante pagos adeudados y en cuotas, y así ocurre con diferentes radios del grupo Indalo (Radio 10, Mega, Pop, Vale y One).
- En noviembre de 2017 el directorio de la empresa que gestionaba la agencia DyN comunicó su “disolución” y casi un centenar de trabajadores quedó en la calle. El argumento de la compañia, entre cuyos principales accionistas se encuentran La Nación y Clarín, fue la complicada “situación económica”.
- El vaciamiento del Grupo 23 (Tiempo Argentino, Infonews, El Argentino, entre otros) se llevó más de 800 puesto de trabajo. Los trabajadores de Tiempo Argentino lograron recuperar el diario, y experiencias similares se dieron con El Ciudadano de Rosario y La Nueva Mañana, de Córdoba.
Otros medios que bajaron sus persianas son el diario gratuito El Argentino, El Gráfico y revistas de Editorial Atlántida.
