Nota principal: Sin lugar para los débiles
A fin del mes pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CpM) presentó un Habeas Corpus Colectivo ante el Tribunal de Casación provincial, a favor de todas las personas privadas de la libertad en los hospitales neuropsiquiátricos bonaerenses. Desde la CpM expresaron que luego de más de dos años de inspeccionar esos centros monovalentes, el equipo de salud mental de su Comité contra la Tortura relevó condiciones de alojamiento que violentan derechos esenciales: internos que debían dormir en el piso por falta de camas, baños tapados faltos de higiene y con olores nauseabundos; ausencia de piletas para lavar utensilios. También se registraron situaciones de déficit alimentario por reducción de raciones. Y se constató la existencia y el uso de celdas de contención y aislamiento, donde se realiza contención mecánica a las personas en situaciones de crisis atándolas a una cama.
Entre los hechos que originaron la acción se denuncia que murieron 133 personas en el hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, durante 2012, 2013 y 2014 (65 en 2012, 59 en 2013 y 9 durante enero y febrero de 2014). La CpM solicitó una investigación judicial que analice detalladamente cada muerte y determine las responsabilidades de los funcionarios públicos. El habeas corpus colectivo denuncia centralmente el incumplimiento de la ley nacional de salud mental y de la ley de derechos del paciente (26.529).
Ya en 2008, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó el informe “Vidas arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. Un informe sobre Derechos Humanos y Salud Mental”, que documenta la vulneración estructural de derechos que forma parte de la vida cotidiana en los manicomios: detención arbitraria como respuesta a cualquier padecimiento mental; internación prolongada por carencia de redes sociales de apoyo, pobreza y falta de acceso a la vivienda; abusos físicos y sexuales en las instituciones; condiciones insalubres de alojamiento; falta de atención médica; tratamientos inadecuados; ausencia de rehabilitación; prácticas de tortura y muertes que no son investigadas. Al cierre de esta edición, el organismo de derechos humanos avanzaba con una presentación judicial propia, un amparo, sobre el mismo tema en la provincia de Buenos Aires.
La internación es una privación de la libertad y debe ser una medida excepcional, de último recurso, por tiempo limitado y con el control judicial correspondiente que resguarde el derecho de defensa del internado, pero el modelo médico psiquiátrico asilar, caracterizado por el encierro y la medicación, está arraigado y coincide en general con situaciones de pobreza y exclusión social. La problemática se advierte y reproduce en el sistema de salud cada vez que un juez ordena la internación de pacientes que necesitan un tratamiento adecuado en salud mental; muchas veces reciben la negativa del Poder Ejecutivo, o porque hay un excedente de internados o porque no hay dispositivos específicos para tratar adecuadamente determinados casos.
En los niños y jóvenes de sectores vulnerables en la Provincia las adicciones son uno de los rasgos de época; en el hospital Noel Sbarra (ex Casa Cuna) de La Plata, por ejemplo, un 30% de las internaciones tiene que ver con una adicción de ellos o de sus padres.
