Avances y trabas en el proceso de Verdad y Justicia. Disminución en la cantidad de sentencias dictadas por año, mayor cantidad de imputados libres y en prisión domiciliaria, bajo nivel de confirmación de sentencias, cambios en la valoración de la prueba. Rasgos y números de otra golpeada política de Estado.
Por Lucas Miguel (*)
Fotos: Gabriela Hernández / Archivo La Pulseada
Gráficos: Juan Pastrelo
Entre 2006 y 2016 se dictaron 174 sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país. El resultado de esos pronunciamientos es 739 condenados y 78 absueltos. El año pasado fueron condenadas 142 personas y otras 25 resultaron absueltas. 95 de esos acusados, fueron condenados por primera vez.
Detrás de esos números, los más visibles y representativos de la profundidad del proceso de Verdad y Justicia, el análisis de otras variables año a año muestra signos de desaceleración y de tendencias al retroceso en la investigación y el castigo de los crímenes del terrorismo de Estado: el año pasado se dictaron 20 sentencias, la misma cantidad que en 2015, consolidando una tendencia a la baja que se dio luego del pico de 2012 y 2013, cuando el número ascendió a 25 en cada período. “La baja en el total de sentencias por año no está acompañada por una baja subsecuente en la cantidad de causas listas para llegar a juicio”, porque sólo hay seis juicios con fecha fijada de inicio de los 119 que hoy esperan en todo el país, advirtió la Procuración General de la Nación en su balance anual, difundido en diciembre pasado. En los primeros días de enero, sin embargo, se suspendió el juicio por los crímenes contra los trabajadores de la automotriz Ford previsto para este mes. Los argumentos: la extensión de otro juicio en curso obligó a reprogramar la actividad del tribunal y la necesidad de avanzar en causas que tienen detenidos. Los dos empresarios de Ford acusados, de 85 y 90 años, están excarcelados.
La experiencia indica que al final de cada año sólo un 15 por ciento de las causas elevadas a la instancia oral y pública celebró su debate. En el marco de procesos en los que suele repetirse la identidad de los acusados –Luciano Benjamín Menéndez recibió 14 condenas; Miguel Etchecolatz, 5- hay un dato revelador: en las causas que
no tienen fecha de juicio hay actualmente más de 260 acusados que nunca fueron sentenciados previamente.
Además, en 2016 se decidieron mayor cantidad de excarcelaciones y prisiones domiciliarias en favor de los acusados. Por primera vez suman más imputados en libertad que detenidos: 1141 a 1052. Y de los detenidos, 519 están en su casa, 460 en el sistema penitenciario, 7 en hospitales y otros 60 en establecimientos de fuerzas armadas o de seguridad.
Este último número creció exponencialmente, luego de que el gobierno nacional dispusiera el 1° de diciembre el alojamiento de represores en la cuestionada por insegura Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ubicada en la guarnición militar de Campo de Mayo. La medida se formalizó mediante la resolución 2004 del director del SPF, Emilio Blanco, quien argumentó la necesidad de crear plazas en las cárceles federales tras la sanción de la denominada ley de «Flagrancia».
El lugar había sido desalojado en septiembre de 2013 por el entonces director del SPF, Alejandro Marambio, “debido a que no era posible dotar a la estructura edilicia de Campo de Mayo de las condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria”. Estaba muy fresca para entonces la fuga del Hospital Militar Central de los represores Jorge Olivera y Gustavo Demarchi (recapturado) el 25 de julio de aquél año. También en aquél momento el Ministerio de Defensa prohibió que los centros sanitarios castrenses atiendan a detenidos. En diciembre pasado, fiscales especializados de la Procuración General de la Nación visitaron el lugar e hicieron notar que la presencia del SPF es “formal” ya que la seguridad del lugar, la alimentación de los presos y su atención médica están en manos del Ejército.
La preocupación por el alojamiento de detenidos por estos crímenes en lugares no penitenciarios ya lleva por lo menos diez años, cuando en diciembre de 2007 el represor de la ESMA Héctor Febrés, ex prefecto, falleció envenenado en una celda de la Prefectura Naval, en Tigre, el día anterior a que se conociera la sentencia del juicio que lo tenía como único acusado.
Lentitud en los procesos
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el organismo del Ministerio Público que coordina el trabajo de los fiscales federales en las causas por este tipo de hechos, hasta el 20 de diciembre pasado se habían abierto 585 causas en las que son (o fueron hasta su fallecimiento) investigados 2771 imputados. Otras 249 causas fueron acumuladas a aquellas y conformaron, entonces, las denominadas «megacausas» por la gran cantidad de víctimas e imputados que conformaban su objeto. Actualmente hay 277 causas en la fase de instrucción, es decir, que potencialmente podrían llegar a juicio en el futuro.
De las 174 causas en las que se arribó sentencia, exactamente la mitad, 87, se encuentran aún en etapa de revisión. Del resto, las más avanzadas son las 14 causas con juicios en curso. Estos números expresan el aspecto crítico del proceso de verdad y justicia: por un lado, la gran cantidad de sentencias que no adquirieron firmeza -sólo 187 de los 739 condenados y 13 y de los 78 absueltos tienen confirmada la sentencia-; y, por el otro, la lentitud para fijar fecha de debate y, una vez que el juicio comienza, terminarlo. Uno de los problemas al respecto es la programación de las audiencias: en la mayoría de los procesos hay actividad sólo dos veces por semana, le siguen los que tienen una audiencia semanal y, excepcionalmente, los que tienen tres en ese lapso.
Este fue el principal reclamo formulado por querellantes, organismos y el Ministerio Público Fiscal en la última reunión de la Comisión Interpoderes -instancia que reúne a todas las agencias del Estado y a actores involucrados en los procesos- celebrada en la sede de la Corte Suprema el 25 de septiembre pasado. El máximo tribunal, representado por los ministros Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, encomendó luego a la Cámara de Casación que realice el seguimiento de la tarea de los tribunales orales en estas causas, aunque reconoció que otro de los problemas que afecta a todo el sistema de justicia es la vacancia de un tercio de los 900 cargos de jueces federales y nacionales.
Megacausas, jueces y empresarios
En 2016 culminaron juicios que habían comenzado en 2012 y 2013: el que juzgó los crímenes en los centros clandestinos «La Perla» y «Campo La Ribera», en Córdoba, y el que probó la asociación ilícita para el terrorismo de Estado de las dictaduras del Cono Sur, denominada «Operación Cóndor». El primero tuvo 43 sentenciados (38 condenados y cinco absueltos) y el segundo, 17 (15 condenados y dos absueltos). Mientras tanto, continúa el juicio en la causa «ESMA Unificada», que va por su quinto año de audiencias, comenzó con 68 acusados y hoy tiene trece menos, por la muerte o incapacidad sobreviniente.
El año pasado tres ex funcionarios judiciales fueron condenados por su actuación durante la dictadura: el ex juez de menores santafesino, Luis María Vera Candioti, recibió 15 años de prisión por su rol en la retención y el ocultamiento de la niña Paula Cortassa, en la alteración y supresión de su estado civil y por prevaricato. También fue condenado el ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, a 12 años de prisión por encubrir un homicidio y siete casos de tormentos. En Mar del Plata, le fue impuesta la pena de prisión perpetua al ex fiscal federal Gustavo Demarchi por su intervención en los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria, CNU.
También en 2016 se registró la primera condena a un empresario que participó y se benefició económicamente con crímenes de lesa humanidad. El dueño de la transportista salteña La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, recibió 12 años de prisión por su actuación como partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados a un trabajador y delegado sindical de la firma.
Otro de los avances se dio en los cada vez más visibilizados delitos sexuales. Silenciados durante mucho tiempo por el pudor de las víctimas y un sistema judicial que prefiere no enterarse, el año que pasó dejó 13 condenas por estos hechos. En San Luis, un imputado fue encontrado autor mediato de la violación de una mujer; en La Rioja, cinco hombres fueron condenados: dos de ellos por dar la orden y otros tres por ser autores directos en la tentativa de violación de un hombre, abusos sexuales contra dos mujeres, una violación y un aborto forzado; y en Córdoba, otros seis hombres y una mujer fueron condenados como coautores del abuso sexual reiterado a una víctima mujer. Hasta hoy, 18 sentencias abordaron estos tipos de crímenes con un total de 78 condenados.
Sin embargo, el proceso de Verdad y Justicia sufrió durante 2016 varios reveses graves, si se tiene en cuenta que fueron al corazón de estos procesos, al trastocar el valor de la prueba testimonial de los sobrevivientes y el de las versiones de quienes se defienden. En junio, la Sala III de la Cámara Federal de Casación absolvió por mayoría a tres militares que habían sido condenados en 2013 a prisión perpetua por el Tribunal Oral de Catamarca por el homicidio de 14 militantes del ERP el 11 de agosto de 1974 en un hecho que se conoció como “Masacre de Capilla del Rosario”. El fallo absolutorio sostiene que los fusilamientos probados en el debate habrían sido, en realidad, enfrentamientos, y dice, además, que no fue un crimen de lesa humanidad. Si para los jueces los fusilamientos no están probados “no deberían haber tratado el asunto de que no eran de lesa humanidad u otras graves violaciones a los DDHH, porque no es posible calificar lo que no tuvo existencia”, advirtió la contradicción el fiscal Javier De Luca, que llevó el caso hasta la Corte.
En septiembre, la Sala IV de Casación anuló por afectación a la «garantía de imparcialidad» del tribunal -entre otras cosas, dio crédito a la acusación de las defensas sobre la participación de la jueza Alicia Noli en el ERP, lo cual fue festejado con un editorial por el diario La Nación- el juicio que llevaba un mes de audiencias en Santiago del Estero y que tenía entre sus 13 acusados al ex fiscal federal Santiago Olmedo de Arzuaga. Apartó a los jueces del debate y designó en octubre a otros: uno se inhibió de participar, los otros dos rechazaron la designación y el juicio no arrancó.
El 16 de diciembre el masazo llegó en la causa Papel Prensa. El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al director ejecutivo del Grupo Clarín Héctor Magnetto, a la directora del diario Ernestina Herrera de Noble, al ex presidente de La Nación S.A. Bartolomé Luis Mitre, al intermediario de la operación Guillermo Gainza Paz, y al secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura Raymundo Pío Podestá. El juez consideró que “no existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina” contra miembros del Grupo Graiver.
Como sucedió con otras políticas consideradas de Estado, el año en el que se cumplieron 40 años del golpe los juicios por crímenes de lesa humanidad sintieron los embates de quienes quieren ponerlos en crisis.
La Plata, un ejemplo a escala
En la capital provincial ya se hicieron 16 juicios. Pero faltan realizarse 10 causas con más de 80 acusados
El 29 de diciembre pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata se pronunció por primera vez en una causa de lesa humanidad e impuso la pena de prisión perpetua a seis ex policías federales, entre ellos el ex jefe de la Delegación local, Martín Eduardo Zuñiga, por una serie de operativos ilegales realizados en distintos puntos de la ciudad entre el 11 y el 13 de octubre de 1976, que se tradujeron jurídicamente en tres homicidios y dos hechos de privación ilegal de la libertad.
La jurisdicción de la Justicia Federal de La Plata tiene sólo dos tribunales orales para juzgar los casos que se elevan a juicio desde los juzgados de Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y los de la propia capital provincial. Tiene además, creado por ley en 2010, un tercer tribunal oral federal, el N°3, nunca puesto en funciones por problemas en la tramitación del concurso: se «perdieron» las claves que identifican a los autores de los exámenes para acceder al cargo de juez y, tras idas y vueltas burocráticas, se convocó a un nuevo concurso.
Salvo en el último juicio, las causas por estos delitos se concentraron en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, donde se atollaron en un embudo que, como en el resto del país, drena a cuenta gotas.
Desde 2006, en La Plata se celebraron 16 juicios, algunos de enormes objetos procesales, con más de veinte acusados, y otros por casos individuales. En 2006 fue juzgado Etchecolatz y en 2007 el aún sacerdote católico Christian Von Wernich; en 2010, los penitenciarios de la Unidad Penal N°9 de La Plata y el caso de la apropiación de la nieta recuperada Natalia Suárez Nelson; en 2011, el ex penitenciario Pedro César Guerrero; en 2012 (el juicio había comenzado en 2011) una veintena de represores fue condenado por una parte de los crímenes del Circuito Camps de centros clandestinos de detención y, en otro debate, se juzgó la apropiación de Sebastián Casado Tasca; en 2013, el secuestro de los empresarios Iaccarino y la apropiación de la nieta recuperada Elena Gallinari Abinet; en 2014, los crímenes en el centro clandestino La Cacha; en 2015, se celebró en Junín el juicio a seis policías y un militar y en La Plata el debate que involucró a ex marinos y prefectos por la represión ilegal comandada desde la Base y la Escuela Naval de Río Santiago; y en 2016, el juicio por el secuestro y desaparición de Daniel Favero y María Paula Álvarez, el juicio al ex jefe de Operaciones del Regimiento 7 por el secuestro y asesinato de militantes detenidos en la U9 y el caso de los policías federales.
El único debate celebrado en La Plata antes de esta saga fue el que terminó en abril de 2004 con la condena a Etchecolaz y al médico policial Jorge Antonio Bergés por su intervención en la apropiación de la nieta recuperada Carmen Gallo Sanz.
El mayo del año pasado la Unidad Fiscal advirtió sobre la concentración de once causas -por más de 80 acusados y alrededor de 600 víctimas- a la espera de juicio en el Tribunal Oral N°1 y le pidió que fijara fecha de debate. Incluso, sugirió que algunas podrían unificarse, como las que tratan sobre los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, Brigada de San Justo y el Cuerpo de Infantería de 1 y 60. Hasta hoy sólo se celebró el juicio en una sola de aquellas once causas: la del ex militar del Regimiento 7, Lucio Ramírez, condenado a perpetua en octubre.
Al menos una más se sumó a la lista de espera: el caso proveniente de Lomas de Zamora que tiene imputados a cuatro civiles, entre ellos dos ex funcionarios judiciales, por su participación en la apropiación de los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez.
* Docente de la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de la UNLP
