Charlar, conversar, platicar, acentos y palabras de otras geografías se entrecruzan para intercambiar miradas y experiencias sobre sus sociedades. En los últimos meses, en La Plata y Buenos Aires, se organizaron grupos de peruanos, colombianos y mexicanos que tienen como objetivo visibilizar las problemáticas políticas y sociales de sus países. Narcos. Trata. Migración masiva a EEUU. Acceso a la tierra. Militarización. Memoria sobre el pasado reciente. Estos grupos transitan un territorio común: la indignación, las ganas de vida y de justicia. En esta nota los recorremos de norte a sur, de lo más lejos a lo más cercano.
Por Kristel Best Urday
“Estamos hasta la madre”
“No estoy llorando;
es que me entraron
40.000 muertes en el ojo”
(tuit callejero)
Aunque México esté en el norte no deja de ser el sur, aquel sur inmediato en donde se erige un muro para dividir el supuesto primer mundo, EEUU, del tercer mundo, Latinoamérica. En los últimos años, lo que llega de México son noticias difusas sobre actos criminales de bandas narcos que controlan parte importante del país. No llega información sobre los otros aspectos de esa complejidad: el crimen organizado del narcotráfico, la trata de personas, la lucha de los pueblos indígenas para defender sus tierras frente a la explotación minera, la migración masiva hacia EEUU, por ejemplo.
Cuando en 2006, Felipe Calderón llega a la presidencia -mediante un presunto fraude electoral- su política de Estado es declarar la guerra al narcotráfico. A cinco años de gobierno, se contabilizan unas 50.000 personas asesinadas y desaparecidas. No hay respuestas para los familiares. El silencio oprime los corazones. Y el miedo y la violencia rompen lazos sociales.
En marzo de este año se destacó el asesinato en Cuernavaca de siete personas. Entre ellas, Juan Francisco, de 24 años, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia que convocó de manera masiva a la ciudadanía para reclamar el cese de la violencia, tanto del Estado como de las bandas narcos, y exigir al gobierno un cambio de estrategia para combatir al narcotráfico.
Simultáneamente, en Buenos Aires, a través de las redes sociales mucha gente se convocó en la embajada de México y a partir de este encuentro varios mexicanos en Argentina decidieron organizarse en el grupo “Estamos hasta la madre”. Gregorio “Goyo” Leal traduce: es como decir “estamos podridos”. Y Fernando León explica el origen: “Cuando mataron al hijo de Sicilia, él escribió una carta abierta a los narcos y políticos de México y decía ‘estamos hasta la madre’. De ahí lo tomamos. Engloba que estamos hasta la madre del narco y del Estado”.
Tras la convocatoria de Sicilia se organizaron en México el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y la Red por la Paz y la Justicia. Y en junio confluyeron en la gran “Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad”, de Cuernavaca a Ciudad Juárez, la ciudad más violenta de México, en la frontera con EEUU.
A la distancia, “Estamos hasta la madre” decidió convocarse en la plaza Congreso, en Buenos Aires. Fue el 11 de junio, cuando la caravana ciudadana llegaba a Ciudad Juárez. En la plaza hubo una manta con el mapa de México y las huellas de la violencia, carteles sobre la desaparición de personas y fotografías de ojos que sumaban las miradas ausentes de asesinados y desaparecidos. La muerte y la impunidad se representaron con la imagen de un Tzompantli: un altar de cráneos de la época prehispánica y de la conquista.
“En Argentina nadie sabe qué está pasando −dice Goyo−; saben que hay algo del narco, que hay muchos muertos. Son 50.000 muertos en cinco años. Un mar de muertos que sigue creciendo, además de que la violencia sigue cada vez más absurda: ya no son más balazos, son decapitados, una violencia muy cruda. Tratamos de informar, solidarizarnos, visibilizar, porque conforme más gente en el mundo esté enterada quizá se pueda ejercer una presión más fuerte”.
Fernando dice que el grupo quiere “visibilizar que no es la violencia del narcotráfico lo único que está pasando en México, sino la participación del Estado en la violencia”. Que el Estado mexicano está desapareciendo, está torturando, está matando a su gente. “Muchos hablan de una limpieza social”, dice. Precisamente, en el Pacto Nacional que ha elaborado el movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se le demanda al Estado replantear la lucha contra el narcotráfico, ver que es un problema social y que sus raíces son estructurales.
Ninis y migrantes
Son los jóvenes que no estudian ni trabajan; se dice que son la principal base de expansión del narcotráfico, jóvenes que no pueden encontrar trabajo y no tienen lugar en la educación. Los “ninis” provienen de las zonas marginales y, como dice Flavia Corneli, que vive en Buenos Aires hace siete años, “la oportunidad más fácil es entrar al narco”. En México se estima que existen alrededor de 7 millones de personas en condición de “nini”. Ni esperanza, ni oportunidades, ni derechos, ni vida.
México asiste ahora a un debate crucial: se quiere imponer la Ley de Seguridad Nacional, que habilitaría a las fuerzas armadas estar a cargo de la seguridad ciudadana y legalizaría prácticas que ya existen: allanamientos, cateos, torturas. Como describe Gregorio, la presencia militar en la vida de los mexicanos es algo cotidiano: “En todas las ciudades ves patrullaje, y constitucionalmente el Ejército no lo puede hacer; está haciendo labores policiales sin marco jurídico y eso se presta para que haga lo que quiera”.
La siguiente caravana en México se realizó en septiembre, en dirección sur, con el objetivo de dialogar con las comunidades zapatistas y llegar hasta la frontera con Guatemala para pronunciarse sobre la situación de los migrantes que atraviesan México con destino a EEUU. Los “inmigrantes son los que la llevan de perder más feo, se ha convertido como el primer filtro: de los 20 mil desaparecidos que se estima que hay en esa región, un alto porcentaje debe ser de migrantes centroamericanos, sudamericanos −explican los jóvenes mexicanos en Argentina. El signo de época, resaltan, es el parecido entre el accionar de las bandas narco y de las fuerzas del Estado−. Ahorita son los narcos los que están haciendo estas labores, pero siempre fue la Policía: los extorsionan, los desaparecen, los golpean. Acaba de haber un caso de un migrante que participó de la caravana lo arrestó la Policía y se lo vendió a una banda y lo mataron. Exigimos a EEUU que respete a los migrantes mexicanos”.
El grupo en Argentina está abierto. Se reúnen los domingos para charlar sobre México y planear actividades.
“La Colombia que resiste”
Entre 2009 y 2010 varios colombianos se encontraron en la Facultad de Humanidades de la UNLP en el marco de las maestrías de Ciencias Sociales e Historia y Memoria. A partir del armado de una galería fotográfica empezaron a pensar en forma colectiva para informar sobre la compleja realidad política y social de su país. Se denominaron “Sur consciente”. “Como sur se entiende a América Latina. Ahora que lo pienso es una perspectiva muy ligada a EEUU como referente, como norte. Pero eso no fue lo que atravesó nuestra elección, sino más bien pensarse en Latinoamérica, los conflictos sociales, las diversas realidades, desde perspectivas no hegemónicas”, dice Laura Acebedo, que se volvió a Colombia pero no pierde el vínculo con el grupo.
“Sur consciente” tiene integrantes en La Plata y en Buenos Aires, oriundos de diferentes lugares de Colombia: Bogotá, Cali, Medellín y Pasto. Yohanna, Cristina C., Cristina P., Juliana y Javier reflexionan para La Pulseada sobre varias cuestiones, pero sin duda el gran tema es el conflicto armado que en Colombia lleva varias décadas y en el que están involucrados la guerrilla (FARC y ELN), los grupos paramilitares, las fuerzas armadas del Estado y las bandas narco (ver La Pulseada Nº 62).
En 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se promulgó la Ley de Justicia y Paz, por la cual se invocaba a los paramilitares a desmovilizarse, es decir, desarmarse y presentarse ante la Justicia para declarar sobre los delitos cometidos, a cambio de penas menores. Desde el inicio de este proceso y la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se empieza a hablar de una etapa post-conflicto. Sin embargo, la violencia persiste. Según Amnistía Internacional, hasta 2009 sólo declararon 3.700 paramilitares de un total aproximado de 31.000. Además, en su último informe, la Fiscalía General de la Nación registra 173.183 asesinatos, 34.467 desapariciones forzadas y más de 5 millones de personas desplazadas.
La crueldad, la injusticia y las cifras del conflicto desbordan toda comprensión.
Conflicto armado, memoria y resistencia
Cristina Perdomo considera que en el ámbito académico e institucional la memoria en torno al conflicto es un tema nuevo, pero dentro de las organizaciones sociales y de derechos humanos ya hace un tiempo se trabaja: “Hay un sector que viene planteando que el conflicto no es tal, que es un post-conflicto y, en ese sentido, vienen construyendo un tipo de memoria frente a lo que ha pasado en Colombia. Otros consideramos que el país sigue en conflicto y construimos otro tipo de memoria que intenta develar, por ejemplo, cuál ha sido el papel del Estado en ese conflicto. Otros lo invisibilizan y aparecen estudios de memoria en los que el Estado no tiene ninguna responsabilidad frente a la violencia”.
La experiencia de vivir fuera de Colombia y agruparse les permitió quebrar ciertos silencios y desafiar la desconfianza. Todos coinciden en que un aspecto que no se puede discutir en Colombia son las responsabilidades de los actores armados, pues la estigmatización es una constante, como reflexiona Laura: “Lo complicado de tratar este tema al interior del colectivo creo que tiene que ver también con los miedos que uno se carga desde el país, que de todas formas no desaparecen sólo por estar en otro lado”.
Juliana estima que los reparos se deben a que “desde el Estado se han encargado de construir una comunidad de sentido donde si vos sos de izquierda sos guerrillero. Entonces hablar no es tan sencillo. Yo lo sentí mucho más desde el gobierno de Uribe, donde se estableció muy bien desde el discurso oficial quiénes somos los buenos y quiénes los malos. Y creo que eso, desde las discusiones políticas y académicas, montó barreras de silencio muy fuertes. Desde afuera uno puede ver qué tanto silencio se mantiene y qué tantas cosas se pueden discutir”.
Yohanna opina que “el Estado tiene un papel fundamental en todos los hechos que han ocurrido en Colombia: tiene una relación directa con el paramilitarismo. Hay que problematizar un poco más el tema porque la arremetida contra poblaciones civiles no responde a la lógica del conflicto; excede por mucho los fines ‘antisubversivos’… Son auténticas formas de terrorismo de Estado. Eso responde a un sistema socioeconómico, no tanto si la guerrilla y el Estado están peleando. Hay una cantidad de comunidades que están proponiendo una visión de país y es a ellas que el Estado reprime, los paramilitares masacran. Tratamos de tener una visión muy crítica sin dejar de problematizar los actores armados… tenemos interiorizado que de eso no se puede hablar, de eso no se responde… y es difícil romper eso”.
Las primeras actividades de “Sur consciente” nacieron con la idea de resistencia: foros de discusión en Buenos Aires, La Plata y Montevideo, y una galería fotográfica de diferentes organizaciones sociales que, como dice Laura, “buscan una salida al conflicto y no la profundización de la guerra”.
Cristina Castro explica que “resistencia” “es un término propuesto por las comunidades que buscan sostenerse en la oleada de violencia. El poder mantener esas propuestas organizativas, comunitarias de articulación en medio de ese contexto que todavía les reprime y les estigmatiza es el ejercicio de la resistencia y aparecen propuestas como las Comunidades de Paz, la de San José de Apartados, o los mismos procesos organizativos del sur de Bolívar, las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas que han utilizado el término resistencia para referirse a eso de seguir luchando. Entonces lo que plantea la galería es poder mostrar esas propuestas, que no siempre son las que llegan al exterior, porque generalmente a Colombia se le referencia con la conflictividad y la vulneración de derechos humanos, pero pareciera hacia fuera que adentro de Colombia no pasa nada, como si la gente adentro permitiera y estuviera quieta esperando que todo pasara y ya”. No obstante, hay resistencias, como las que mantienen las comunidades indígenas y campesinas, que luchan por recuperar las tierras que les fueron expropiadas durante el conflicto.
En “Sur consciente” varios piensan en volver a Colombia a continuar con el trabajo de reflexión y construcción colectiva que de alguna manera les habilitó el estar lejos de su país, para seguir visibilizando una Colombia que resiste y que propone la construcción de una sociedad organizada.
Perú: ¡Fujimori Nunca Más!
“La esperanza es nuestra”, decía un mural en el jirón Quilca, en el centro de Lima. Esperanza, dignidad, justicia, memoria, son las palabras que pronunciaron diferentes organizaciones sociales en Perú para emprender una campaña en contra de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, congresista e hija de Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000.
En los últimos 30 años, Perú atravesó momentos duros: doce años de conflicto armado interno entre el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso y las fuerzas armadas, y una década de autoritarismo al mando de Alberto Fujimori, en la que se implantaron el modelo neoliberal, la militarización y despolitización de la sociedad.
A fines de lo ‘90, los crímenes del fujimorismo ya no podían ocultarse. La ciudadanía se organizó y logró expulsar a Fujimori, que huyó del país. En 2001 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó las causas, los hechos y las secuelas del periodo de violencia política. En base a miles de testimonios y de investigación documental, la CVR estimó que entre 1980 y 2000 han sido asesinadas o desaparecidas unas 69.000 personas. La mayoría, de origen campesino o indígena.
Por ello, la última campaña electoral significó un gran desafío para la sociedad peruana, pues debió confrontarse a sí misma para reflexionar acerca de qué país quiere construir y cómo entiende su pasado reciente de autoritarismo y violencia política. Luego de la primera vuelta electoral, quedaron dos candidatos: Keiko Fujimori, congresista e hija del dictador Alberto Fujimori, que proponía indultar a su padre y continuar con el proyecto autoritario y conservador. Y Ollanta Humala Tasso, de la alianza Gana Perú, que hizo una campaña de izquierda moderada, intentando alejarse de una imagen castrense.
Desde 2009, cuando se perfilaba la candidatura de Fujimori, se organizó el grupo “No a Keiko”, que realizaba intervenciones en las calles y difundía actividades en las redes sociales. Después de la primera vuelta, esta iniciativa se replicó en diversas ciudades del Perú y del mundo. Argentina, con una numerosa colectividad peruana, tercer país con mayor cantidad de electores peruanos (unos 106.000 votantes), no fue la excepción: un grupo de jóvenes, estudiantes y trabajadores peruanos se unió en el grupo “No a Keiko – Argentina”.
Sin embargo, Keiko ganó en Argentina. ¿Por qué? La pregunta resonaba en el grupo, que se planteó informar a la colectividad peruana sobre los crímenes de corrupción y violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el periodo fujimorista y que su hija respaldaba.
Durante la campaña, la arremetida fujimorista fue contundente. Los abogados del ex presidente presentaron un habeas corpus para anular el juicio, por el cual se había probado la autoría mediata de Fujimori y se le había condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
En medio de este clima de injusticia, diversas organizaciones realizaron en Perú la “Marcha con Esperanza y Dignidad, Fujimori Nunca Más”. Y circularon videos con los familiares y las víctimas denunciando los secuestros, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas armadas, por el servicio de inteligencia o por el comando paramilitar Colina.
Lo que más conmovió a Perú fue la denuncia de casos de esterilizaciones forzadas a mujeres de sectores marginales y rurales. Estas intervenciones fueron realizadas entre 1996 y 2000 dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del Ministerio de Salud. Alrededor de 300 mil mujeres y 20 mil varones fueron víctimas de este programa, que fue implementado para reducir los índices de pobreza y, de este modo, lograr la inserción del país en la economía mundial. Estas mujeres, en su mayoría campesinas y quechuahablantes, hicieron escuchar sus voces pese a que fueron invisibilizadas durante años y aún sus denuncias continúan archivadas en la fiscalía.
Mientras en Perú se organizaban marchas, foros, intervenciones callejeras, en Buenos Aires y La Plata se organizaron volanteadas, pegatinas de afiches, ciclos de cine documental y una actividad central: un plantón frente al consulado del Perú en Buenos Aires.
El grupo recuerda que el día que proyectaron el documental Familiares en el Ex Centro Clandestino El Olimpo, ubicado en Floresta, una señora peruana llegó de manera casual, pues asistía a un taller de tejido en ese lugar. Se quedó y al finalizar la proyección, entre lágrimas, se despidió con un abrazo. Minutos después, la coordinadora del espacio contó que la señora había votado por Keiko Fujimori en la primera vuelta. En La Plata, también se realizó un ciclo de cine documental con relatos sobre la lucha de las organizaciones sociales de fines de los ’90, así como también la lucha actual de los familiares que durante la campaña electoral fueron amenazados, atacados y acusados de terroristas por los seguidores de Fujimori. Los asistentes dijeron que desde que están en la Argentina nunca habían tenido un espacio de reflexión y discusión política sobre los años de violencia. Uno de los jóvenes recordó cómo se organizaron en su escuela secundaria para asistir a la Marcha de los Cuatro Suyos del año 2000, en la que organizaciones de todo Perú denunciaron fraude electoral y exigieron el fin de la dictadura.
El grupo “No a Keiko Argentina” se propuso rescatar aquellas prácticas de fines de los ’90 e inicios del 2000 para manifestar su rechazo a la candidatura y a la impunidad. Creó un Muro de la Vergüenza en donde se publicó todos los rostros de los personajes del gobierno fujimorista y señaló cada uno de sus delitos. Y frente al Consulado se convocó la colectividad peruana en medio de música, baile, arengas, escritos en el muro y el lavado de la bandera. Durante el año 2000, todos los viernes, frente a palacio de gobierno, la gente llevaba jabón, agua, palanganas y lavaba la bandera del Perú. Un acto colectivo y simbólico de “limpiar la patria” para reconstruir los lazos sociales, la dignidad y exigir justicia.
Finalmente, el 5 de junio se realizó la segunda vuelta. En Argentina, el ausentismo fue llamativo y volvió a ganar Keiko Fujimori. Ollanta Humala ganó en el resultado final y es el actual presidente de Perú.
Las preguntas siguen vigentes: ¿Por qué Keiko Fujimori ganó en Argentina? ¿Por qué los peruanos en el exterior aún confían en el fujimorismo? Sin embargo, el Perú está tomando otro rumbo que ojalá sea coherente con las demandas de la ciudadanía: justicia social y no más impunidad.
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