¿Qué pasa con los y las hijas de una mujer asesinada por un femicida? La Casa del Encuentro y otras ONG´s pensaron en un anteproyecto de ley –conocido como “Brisa”- que propicia que el Estado otorgue en estos casos una reparación económica. La historia de Brisa y por qué su caso debería inspirar una norma.

Por Paula Bonomi

Brisa es aún una iniciativa, un anteproyecto cuyo nombre fue elegido por el caso de una niña de tres años que quedó huérfana de madre, igual que sus hermanos gemelos Tobías y Elías, de 7 años, luego de que se produjera el femicidio de Daiana Barrionuevo, su mamá. Es impulsado por La Casa del Encuentro y otras ONG´s, con el apoyo de varios organismos de derechos humanos, culturales y políticos.

La Corte Suprema presentó en noviembre del año pasado el Registro Nacional de Femicidios en Argentina. En su primer informe, este registro relevó 225 muertes de mujeres contabilizadas durante 2014, y al menos 144 niñas, niños y adolescentes que se quedaron sin madre. El observatorio sobre femicidios Marisel Zambrano, que depende de la organización La Casa del Encuentro, registró a través de los medios de comunicación que 1.403 niños menores de edad perdieron a sus madres entre 2008 y 2014. El número asciende a 2.146 si se incluye a los mayores de 18. Niños, niñas y adolescentes huérfanos porque muchas veces los padres están presos, fugados o muertos.

El caso de Diana y sus hijos es uno de esos más de mil. Fue asesinada a golpes por su ex marido el 20 de diciembre de 2014 y su cadáver fue arrojado a un río dentro de una bolsa. El femicida denunció ante la comisaría 1° de Moreno que Daiana había hecho abandono de hogar y se había fugado con un amante. Nadie la buscó. Veinte días después, su cuerpo apareció de casualidad y su asesino quedó detenido. Desde ese momento los hijos de Daiana viven con su tía, Cintia Barrionuevo, sus tres primos y el abuelo, Osvaldo.

Estos niños, como aquellos relevados por el observatorio, sólo están contenidos económica y afectivamente por sus familiares, pero en muchos casos la situación empeora por su vulnerabilidad económica. Maximiliano Montenegro, integrante de la Red internacional de periodistas con visión de género, siguió y difundió el caso de los hijos de Daiana. Su tarea de investigación lo llevó a involucrarse con la familia y al tomar contacto con una realidad apremiante y desoladora, organizó varias campañas solidarias para colaborar con ellos, fundamentalmente con Cintia y los niños. A través de las redes sociales consiguió juguetes, muebles, comida y donaciones de todo tipo que fueron trasladando hacia Pilar en varios viajes. Pero coincide con que es necesario mucho más que la solidaridad para sostener una red que contenga a estas familias.

Fabiana Túñez, ex directora de la Casa del Encuentro y actualmente a cargo del Consejo Nacional de Mujeres, habló con La Pulseada sobre la iniciativa que busca darle un respiro económico a quienes quedan al cuidado de los niños que se quedan sin su mamá.

-¿Cómo siguen sus vidas cotidianas los niños y niñas luego de una situación tan aberrante y traumática?

-Los chicos se encuentran afectados desde todos los puntos de vista. Perdieron a sus madres porque sus padres o las parejas de ellas las mataron. Los hijos de Daiana, por ejemplo, quedaron al cuidado de su tía que ya tenía tres hijos y su situación actual es muy vulnerable desde lo económico, necesitan todo tipo de acompañamiento psicológico y de salud, también escolar. Este caso nos hizo dar cuenta del vacío legal y la indiferencia que hay respecto a las víctimas colaterales de la violencia de género. Es indispensable la creación de una normativa que garantice todos los derechos que les corresponden a los menores. En conjunto con las ONG´s del lugar, la familia de Liliana Grabelian, Maximiliano Montenegro y la Red Internacional, se trabajó mancomunadamente en la conformación de este proyecto de Ley Brisa porque creemos que es una forma de garantizar el derecho de los niños y niñas a tener un reconocimiento económico por parte del Estado. Un reconocimiento que les pueda garantizar el acceso a una obra social necesaria a través de PAMI y una asistencia económica hasta que tengan la mayoría de edad, como una pensión.

-En relación a tu experiencia de trabajo y el contacto que van teniendo con las familias, con los hijos e hijas del femicidio, ¿cómo se sale adelante luego de semejante experiencia? ¿Qué tensiones aparecen?

-La pérdida de la madre es una de las tensiones que un niño va a arrastrar por el resto de su vida. Es por eso que es indispensable una asistencia psicológica para ellos sostenida en el tiempo. Por otro lado, es inevitable que aparezcan tensiones entre la familia del agresor y la familia de la víctima. En general, la familia del agresor pretende utilizar a esos hijos como botín de guerra para beneficiar las condiciones carcelarias del asesino. Por otro lado, la familia que perdió a su hija, de alguna forma ve en esos niños la continuidad de esa hija fallecida, buscan cubrir su ausencia. Buscarán darles todo ese continente afectivo necesario para que los menores puedan rearmar, desde donde puedan, un proyecto de vida afectivo, familiar. El Estado no reconoce esto como la consecuencia del problema y es por esto que hay tantas familias, sobre todo las de sectores muy vulnerables, que tienen que terminar separando a los hermanitos para poder garantizarles las necesidades básicas. Esto es otra pérdida más y creemos que es otra consecuencia que debemos evitar. La idea sería no sumarles más pérdidas a los niños porque tiene que ver con el marco referencial, con su identidad, su historia. Esos niños necesitan contar con la asistencia médica, con educación, con buena alimentación, que forman parte de la vida y del derecho que tienen.

– O sea que cuando la mujer fallece, los familiares que quedan a cargo de sus hijos no perciben ninguna ayuda económica por parte del Estado ¿no pueden obtener automáticamente la asignación universal si ella tenía otorgado ese derecho?

– No. Si la AUH estuviera asignada al femicida, deja de percibirla cuando está detenido por la Justicia. A su vez, la patria potestad de los hijos de la pareja continúa siendo del varón, aunque éste sea el autor material de la muerte de la mujer. Por eso nosotros, además de impulsar la Ley Brisa, estamos discutiendo desde el año pasado otro proyecto de ley que implique la pérdida automática de responsabilidad parental del femicida condenado. Esta acción es una forma de facilitarles a los familiares de las víctimas la posibilidad de tener la tenencia de esos niños que le permitan generar todo tipo de trámites desde lo legal y también, algo fundamental, que las familias hacen igual, que tiene que ver con la contención afectiva de estos chicos. El Estado todavía no considera la complejidad de todo lo que significa la violencia de género y por ende no toma en cuenta el impacto que tiene en esos niños y niñas la sensación de doble pérdida: la pérdida de la madre y con ella del entorno familiar y, por otro lado, el desamparo en lo económico, fundamentalmente para aquellas familias de los sectores más vulnerables.

– Nuestra Constitución Nacional da cuenta del derecho superior del niño a vivir una vida libre de violencias y todos sus derechos. También existen pactos internacionales firmados por nuestro país que están en consonancia con esta línea. ¿Por qué es tan complejo dar viabilidad a una iniciativa como la Ley Brisa?

-Cuando consultamos a cualquier persona acerca de si estaría de acuerdo con que el Estado tuviera un reconocimiento económico mensual para esos niños que quedaron sin madres, la respuesta es sí automáticamente. Entonces nos cuesta comprender por qué es tan difícil entenderlo desde la política pública. La Justicia no escucha a los menores, no respeta sus necesidades -desde, por ejemplo, que esté presente un abogado que represente al niño-, no escucha sus reclamos. Tampoco habilita o designa una tutela provisoria de manera ágil para todos los requerimientos legales que tenga que resolver la familia con el niño en esta condición: cuestiones de salud, inscripción escolar, AUH, entre otros. Cualquier mecanismo de protección de ese menor debe ser vehiculizado con celeridad. Creo que uno de los problemas centrales es que se pone especial énfasis de parte de los actores judiciales en el derecho del agresor, en mantener una vinculación con su hijo. Ahora, yo le preguntaría a la Justicia: ¿de qué tipo de vínculo estamos hablando? ¿Podemos decir que es un vínculo de amor, de cuidado? Hay un vínculo pero es violento. Ese varón asesinó a la madre de ese niño y, en muchos casos, matan a las mujeres delante de sus propios hijos. Con lo cual, me pregunto y les pregunto: ¿de qué vínculo estamos hablando? Creo que como sociedad necesitamos garantizar un vínculo de cuidados y de amorosidad para procurar un nuevo contexto a esas personitas. Nosotras por estas razones impulsamos entonces ambos proyectos de ley: Brisa y la pérdida automática de patria potestad, porque creemos que ambas propuestas van a garantizar la integralidad de los derechos del niño y de la niña. Cada semana, seis niñas y niños quedan huérfanos de madre por femicidios perpetrados en Argentina. Los chicos quedan absolutamente desamparados y dependen de sus familias o de la voluntad de otras personas. Es necesario, en ese marco, que el Estado se responsabilice y repare esta situación, que no llegó a prevenir. La Ley Brisa permitirá que hijas e hijos, víctimas colaterales de la violencia machista, cuenten con un monto mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura de salud, hasta su mayoría de edad.

Casa del Encuentro

La Casa del Encuentro se fundó el 4 de octubre de 2003 con el fin de diseñar un proyecto feminista por los derechos humanos de todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Su trabajo está basado en la construcción de la igualdad de derechos, la erradicación de toda forma de violencia, abuso y discriminación. En su sede realizan asistencia, prevención, investigaciones, estudios, programas, proyectos, cursos de capacitación y propuestas de incidencia en políticas públicas y otras actividades que tiendan a garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y trato para mujeres y varones, y la erradicación de toda forma de violencia sexista.

El Observatorio de Femicidios «Marisel Zambrano» de la ONG estableció que en los primeros 10 meses de 2015 hubo 233 femicidios en Argentina que dejaron 163 menores de edad sin mamá. Los asesinatos fueron ejecutados por 142 parejas y ex parejas de las mujeres, siendo la casa el lugar más inseguro: 113 de los hechos ocurrieron allí.

Un primer registro oficial

La Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género quedó conformada en junio de 2015 y tiene a cargo el relevamiento de información que contribuirá al desarrollo de políticas públicas precisas en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos específicos de las mujeres en general y femicidios.

En su primer informe el registro arrojó que sólo un 7 por ciento de los femicidios fue cometido por extraños. De esta manera advirtió que el máximo peligro lo representan las personas con quienes las mujeres mantienen o han mantenido un vínculo sentimental, es decir parejas, ex parejas, novios, maridos y convivientes. De este círculo íntimo proviene el 57 por ciento de los femicidios, que, sumado a familiares y conocidos, indica que al 75 por ciento de las mujeres las mató algún allegado. La mitad de los crímenes fue perpetrado por varones mayores imputables.

De todas las causas iniciadas en 2014, el 40 por ciento ya se encuentra en la etapa de juicio oral, lo que implica que se ha finalizado la investigación y hay al menos una persona sobre la que pesa la imputación próxima a ser juzgada.

El contacto para todas las personas o instituciones que quieran enviar información correspondiente a casos de femicidios ocurridos a partir de diciembre del 2012 hasta la fecha es: registro_femicidios@jus.gov.ar, o telefónicamente al (011) 5167-6500 interno 6646/6570.