En el Congreso y en la Legislatura, organizaciones comunitarias que trabajan con chicos, mujeres y mayores empujan un paquete leyes que contenga las singularidades del sector y le brinde reconocimiento laboral y alivio impositivo, entre otros reclamos históricos. Sólo en nuestra provincia, más de 15.000 educadores sostienen, de manera voluntaria o con sueldos de miseria, unos 900 espacios barriales para millones de pibes con derechos vulnerados.
Por Javier Sahade y Matías Ortega
Producción J.S., M. O. y Daiana Melón
Fotos Gabriela Hernández y Luis Ferraris
Son las 9 de la noche o las 11 de la mañana… Es la hora de la siesta, del desayuno o del insomnio a la madrugada. En el momento en que esta nota se escribe, se imprime o se lee, un educador, una cocinera o un tallerista de alguna de las cientos de organizaciones barriales que trabajan con pibes bonaerenses está pensando en cómo hacer para pagar el alquiler o comprarse zapatillas. A la misma hora, algún joven está pensando en inscribirse en la Policía, para tener un trabajo estable y soñar con un proyecto de vida posible.
En una provincia con una cifra récord de personas encerradas en cárceles y comisarías, colapsada por las campañas políticas del miedo, y donde la única respuesta a la ausencia de trabajo estable parecen ser las plantillas de las policías locales, cientos de organizaciones comunitarias militantes de la ternura persisten, desfinanciadas, en la pelea por promover y restituir derechos de chicos y adolescentes.
Esos espacios, gestores de políticas públicas para la niñez, se sostienen con pocos recursos, y muchos otros incluso han tenido que cerrar. Conscientes de la dificultad de enfrentar la pobreza de los pibes desde instituciones pobres y donde se trabaja sin derechos, distintas organizaciones se agruparon para salir a golpear puertas en el Congreso y la Legislatura bonaerense con los temas de su agenda.
La hora de la luz
“Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz” es la frase del padre Carlos Mugica que encabeza la agenda de las organizaciones sociales que buscan, a través de una serie de iniciativas, fortalecer el rol de los colectivos comunitarios en todo el país. Trabajan organizaciones como la Casa del Niño Rucalhué, la Fundación Pelota de Trapo, Che Pibe y el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, entre muchas otras, que suman unas 1.500. Son asociaciones civiles que se ocupan todos los días, en los barrios, de los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia, pero también de los de mujeres y adultos mayores. Además, son los ámbitos donde estudian miles de alumnos del programa nacional FinEs, donde trabajan radios comunitarias y comunidades originarias.
La propuesta —un paquete de seis proyectos de ley complementarios entre sí— es impulsada en el Congreso por la ex diputada nacional (Frente para la Victoria) Claudia Bernazza. Nacida en La Plata, la dirigente kirchnerista conduce actualmente el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la Cámara de Diputados de la Nación, pero hace años trabaja en la temática y es una de las fundadoras del Movimiento de los Chicos del Pueblo.
El pasado 29 de abril, Diputados dio media sanción a dos proyectos de ley que llegaron al recinto con la firma del presidente de esa Cámara, Julián Domínguez: el que aprueba un régimen tarifario específico al entenderlas como organizaciones comunitarias o entidades de bien público; y el que crea la figura de bien de utilidad social para preservar los bienes de estas organizaciones frente a posibles acciones judiciales.
Los otros cuatro proyectos contemplan la conformación de un Instituto Nacional de la Organización Comunitaria (INOC), el reconocimiento de las organizaciones como “sujetos no imponibles” en materia de ganancias, cheques y otras cargas que implica que cuando las organizaciones presenten sus balances el acento esté puesto en lo social (en sus inversiones y resultados) y —quizás el punto más trascendente— la creación de la figura del trabajador sociocomunitario para reconocer el trabajo de educadores, talleristas, cocineros y otros militantes sociales (ver aparte La agenda de las organizaciones).
“Si este año sacamos esas dos leyes habremos tenido la plena conciencia del poder de la organización popular”, sintetiza Bernazza.
En la Provincia
Esta figura del trabajador sociocomunitario está presente también en una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense por el senador Emilio López Muntaner (Frente para la Victoria). El borrador de ese texto dio vueltas por distintas organizaciones —la Obra de Cajade pudo hacer algunos aportes hace dos años— y hoy el proyecto está en la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del Senado.
Lo sustancial de la iniciativa es que, de aprobarse, el gobierno provincial debería garantizar un salario a los trabajadores sociocomunitarios. Actualmente, la ley de Niñez no reconoce a quienes se desempeñan en las organizaciones sociales, y éstas en muchos casos tienen que recurrir a las becas que se otorgan para los pibes para pagarles a los adultos. En 2013, en esta revista decíamos que “en el territorio bonaerense, al sistema de Promoción y Protección Integral lo sostienen trabajadores que cobran entre $500 y $2.000” (La Pulseada 113).
Para los obreros de la infancia de organizaciones bonaerenses el principal objetivo es lograr salarios, vacaciones, obra social y jubilación. La nueva figura —trabajador sociocomunitario— beneficiaría a unas 15.000 personas, cifra que iguala a la cantidad de policías locales que prevé colocar durante este año el gobernador Daniel Scioli en todo el territorio provincial (La Pulseada 129).
Según el proyecto, el Estado provincial subsidiará a las organizaciones sociocomunitarias a través de un sistema equivalente al de la Educación de gestión privada, que se financiará con porcentajes de diversos impuestos, que van desde el 1% en concepto de impuesto a los Ingresos Brutos hasta un 5% del impuesto al juego (ver Aplicación y recursos). “Este es uno de los capítulos más luminosos, porque también lo hacemos en homenaje a los que partieron, como Morlachetti y Cajade”, dice Bernazza.
Sin embargo, la propuesta choca con el vaciamiento presupuestario para las políticas sociales que implementa el gobierno provincial —y padecen las organizaciones— hace años. A pesar del contexto, el asesor legislativo del Frente para la Victoria Tony Nicolau asegura que en esta oportunidad “hay voluntad política real para dar respuesta a demandas históricas que son vitales para la democracia”. Nicolau es uno de los redactores del proyecto y fue educador en el Hogar del padre Cajade. La propuesta busca solucionar un problema estructural de casi 900 “organizaciones libres del pueblo” inscriptas en el Registro Provincial de Organizaciones Comunitarias (REPOC). Según se estima, entonces, la inversión alcanzaría los mil millones de pesos por año y beneficiaría a unos 15.000 obreros de la infancia.
La agenda de las organizaciones
• 1. Instituto Nacional de la Organización Comunitaria (INOC). Tendrá participación de las organizaciones y será el único ámbito de reconocimiento, inscripción y registro de ellas. Esto permitirá contar por primera vez con un mapa de estas diversas personas jurídicas que las diferencie del actual registro de entidades comerciales.
• 2. Balance social. Las entidades incluidas en el Registro presentarán cada año un balance que dé cuenta de sus inversiones y resultados, en lugar de un balance económico —preparado para expresar pérdidas y ganancias de actividades de tipo comercial—. Se busca una herramienta más acorde a la actividad real de las organizaciones populares.
• 3. Sujetos no imponibles. Dado que estas organizaciones no obtienen ganancias económicas y son ejecutoras de programas o proyectos en convenio con el Estado, se busca aliviarlas en materia de ganancias, cheques y otras cargas impositivas que hoy las alcanzan. Ese reconocimiento será otorgado por INOC.
• 4. Régimen laboral. Se creará uno particular para estos trabajadores, que realizan tareas diarias y sostenidas en el tiempo en convenio con programas públicos de restitución de derechos, en ámbitos donde no hay en juego ganancias ni lucha entre capital y trabajo.
• 5. Bien de utilidad social. Se creará esta figura para preservar los bienes de las organizaciones frente a acciones judiciales, tal como prevé el “bien de familia”.
• 6. Régimen tarifario específico. Para que accedan a los servicios públicos de manera diferenciada de las categorías “residencial”, “comercial” o “industrial”, se incorporará en los cuadros tarifarios la categoría “organización comunitaria” / “entidad de bien público”.
Aplicación y recursos
Según el proyecto que se trabaja en la comisión de Niñez del Senado bonaerense, la figura de “trabajador sociomunitario” quedará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y alcanzará a mayores de 18 años que se desempeñen en “organizaciones libres del pueblo” que tengan convenios con el Estado y estén inscriptas en el Registro de Entidades Comunitarias (REPOC). Los nuevos agentes serán propuestos y designados por las organizaciones.
Desde algunos sectores manifestaron dudas respecto del avance de este proyecto de ley y, en el caso de que prosperara, acerca de sus tiempos de implementación y de la posibilidad real de financiamiento. La iniciativa en trámite prevé la creación de una Comisión de Trabajo interministerial dedicada al seguimiento de la reglamentación y la aplicación de esta futura ley.
Sobre la generación de recursos para sostenerla se prevén partidas especiales y porcentajes de impuestos: 1% de ingresos brutos, 4% de inmobiliario rural, 4% de inmobiliario urbano, un 3% de servicios de luz y gas del sector comercial e industrial, 2% de impuesto automotor y embarcaciones, 3% de la recaudación tributaria de los puertos bonaerenses y un 5% del impuesto al juego.
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Un respiro
Somos un universo invisibilizado que trabaja todos los días en los barrios. En estos tiempos, tenemos que redefinir nuestros roles. No hacemos “lo que el Estado no hace”, como muchas veces dijimos, sino que somos respuestas populares, pero también somos parte de las políticas públicas.
Una de las preocupaciones principales de nuestras organizaciones son, sin dudas, los educadores, la columna vertebral. Sin embargo, nuestra actividad, lejos de ser reconocida y promovida, pasó a ser considerada un ‘trabajo precarizado o esclavo’ y nuestras organizaciones, una patronal que explota a sus colaboradores para vaya a saber qué fines espurios. Para nosotros es vital salir a discutir esta concepción. La construcción colectiva es el principal capital de una organización social y si esto se desvirtúa, será muy difícil que se les pueda dar respuestas a los chicos, puesto que el eje pasa a ser las relaciones mercantiles que se establecen entre capital y trabajo en vez de la construcción de una sociedad diferente.
Es muy importante este proyecto de ley que crea la figura del trabajador sociocomunitario… Para darnos un respiro. Pero nos queda una gran batalla cultural que es la de volver a creer que solo vamos a alcanzar la felicidad individualmente si la comunidad en la que vivimos es feliz.
Laura Taffetani. Obra Pelota de Trapo (Avellaneda)
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Los niños nos necesitan
En la provincia de Buenos Aires, muchos Hogares están cerrando sus puertas. ¿Por qué nos invisibilizan tanto? Estamos desfinanciados, ninguneados y castigados. No es justo que las organizaciones sociales libres del pueblo, cuya figura jurídica es la asociación civil, tengamos que pagar cargas tributarias que nos hace imposible sostener todas las actividades.
Una organización de mucho tiempo, como es MAMA, está al borde de la quiebra por deudas fiscales. No es lógico que las organizaciones sociales deban al fisco, a la AFIP por ejemplo, y que por eso tengan que cerrar sus puertas o tener que entregar las casas, que son los hogares, por juicios laborales.
No puede ser tampoco que nuestros trabajadores, que en un hogar convivencial tiene que estar 365 días al año, en todos los turnos y horarios, no puedan percibir haberes.
Los niños nos necesitan. No es cierto, como dice la Secretaría [de Niñez], que haya disminuido el ingreso de niños porque haya un 25 por ciento menos de chicos institucionalizados.
Si los hogares convivenciales cierran, ¿qué va a pasar con todos esos niños? ¿A dónde van a ir? No nos olvidemos que muchos de los hogares del Estado están hoy con grandes problemas de vulneración de derechos.
Necesitamos que todos entiendan la importancia de la supervivencia con dignidad de los hogares.
Paula Frontini, Hogares M.A.M.A. (San Martín)
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La opción por los pibes
Somos la militancia social y política, la opción por los pibes. Sin embargo, no podemos negar la ausencia del Estado. Lo que pedimos es profundizar los logros y reconocer la inversión social. Nunca quisimos estar contra del Estado. Durante el neoliberalismo, en La Matanza sabemos que nuestro distrito no se cayó porque cada uno de nosotros abrió un rinconcito para que ningún niño dejara de comer. Les pedimos a los legisladores que utilicen nuestra historia para darle letra a una ley y a muchas otras leyes, que es inversión en salario, vacaciones… ¿Cómo no vamos a pedir eso si eso es el Peronismo? A ustedes, legisladores, les pedimos. En esto no van a gastar plata, se invierte. Nosotros generamos inversión y generamos alegría. No somos empresas para tributar, somos el pueblo organizado, somos la comunidad organizada, somos los militantes de la vida.
Delia Juárez. Red Arco Iris (La Matanza)
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Tan invisibilizados como sus territorios
Hemos visto que pretender garantizar derechos sin lograr ejercer los propios ha hecho entrar en crisis muchas veces nuestras propias organizaciones. Por eso creemos prioritario y parte del mismo debate que venimos dando sobre la profundización de políticas de infancia considerar las condiciones de trabajo de los equipos de adultos. No es posible modificar las condiciones de la infancia si no prestamos atención a los derechos, demandas y necesidades de los adultos que trabajamos con ellos. Los trabajadores comunitarios hemos sido invisibilizados así como son invisibilizados también los territorios donde llevamos adelante nuestro trabajo. El reconocimiento de los trabajadores que ejecutan políticas públicas de niñez es un proceso largo que implica poner en la agenda política la situación, la magnitud de la problemática y la necesidad de encontrar un marco legal.
Cintia Bravo. Inter Redes (Quilmes, Moreno, San Isidro y otros distritos bonaerenses)
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Sostener el vínculo
La ley del trabajador sociocomunitario esperemos que nos dé realmente el sustento para que los educadores que están todos los días en la Casa del Niño o en el Jardín Maternal puedan tener un sueldo en blanco, con los derechos, un salario digno. En la Fundación Che Pibe, de Villa Fiorito, hay unos 100 trabajadores, entre las cocineras, las que mantienen limpio el lugar, los que están con los pibes, en las charlas, en la cancha, los campamentos. Estamos todo el día y también a la noche recibimos a los niños de los recicladores urbanos. A las compañeras que cocinan les podemos dar $1.850. No es nada, nada. Si se les puede pagar mejor, tal vez se queden porque tenemos una baja importante de compañeros. Se consiguen un trabajo y se van y es otra perdida para los pibes. Los chicos vienen de pérdida en pérdida, se te fue tu mamá o se te fue tu papá, o tu madre no está en todo el día porque tiene que laburar… En Casa del Niños o en el jardín maternal se trabaja con el vínculo, la ternura y si eso se pierde, es otra pérdida.
Fátima Núñez. Che Pibe (Villa Fiorito)
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Cuidar a los que cuidan
El Estado debe aportar el recurso necesario para que podamos no sólo cuidar a los niños sino también cuidar a los que cuidan a los niños: los educadores. Los niños necesitan presencia continua, cotidiana, y no podemos pensar que desde el voluntariado solamente se la puede ofrecer. Nuestros educadores se encuentran en situación de precariedad, no tienen obra social ni jubilación. A todos les ofrecemos que se inscriban en el Monotributo Social; muchos lo hicieron, pero muchos también lo rechazaron porque el hospital público deja de darte medicamentos gratis.
Los proyectos que se están discutiendo son una solución muy importante para nosotros. Es importante destacar el reconocimiento de que nuestros niños son responsabilidad de la comunidad, no solamente de sus padres biológicos. Las organizaciones populares que se proponen contribuir con el Estado en esta política pública y acompañar a nuestros niños en su crianza tienen que garantizarles horarios extendidos y diarios, por eso es necesario el reconocimiento como trabajador de los educadores populares, para que puedan organizar su vida personal. Por supuesto, esto no hace de ninguna manera que no sea imprescindible la cuota de idealismo, militancia, ternura y amor que es necesaria en este trabajo, porque la tendencia natural y lógica a los procedimientos burocratizados del Estado no pueden de alguna manera ofrecerles a los jóvenes el insumo básico de esta tarea que es la ternura, el amor. Creemos necesario que se les reconozca el estatus de trabajador pero más importante es no olvidar que la opción por el educador popular debe trascender largamente la relación laboral, es decir, el cobro de un salario. Eso es lo que hace diferente a una organización popular del Estado propiamente dicho.
José Luis Arana. Casita de los Pibes (Villa Alba, La Plata)
