Lecciones del desastre

Falta de infraestructura que se había recomendado (y sobra de negocios en el cemento); sistema de salud desmantelado; pobreza y contaminación en las periferias; una destilería riesgosa; ausencia de un plan ante graves emergencias (y zona liberada para que la Policía se encargue de una cuestión sanitaria). Pérdidas humanas y patrimoniales; vitalidad de las redes de solidaridad; la comunicación y la producción universitaria en medio del caos; la búsqueda de responsables. Informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad que se creía perfecta y aún no se secó. 

Textos Daniel Badenes, Josefina López Mac Kenzie

Producción periodística Josefina Garzillo, Agustina Sarati, María Laura D´Amico, Josefina Oliva, Soledad Iparraguirre, Facundo Arroyo, Milva Benitez, Laureano Barrera, Juan Manuel Mannarino, Josefina López Mac Kenzie, Daniel Badenes

Llovió. Llovió increíblemente. La tormenta inédita que vivió La Plata el mes pasado dejó a buena parte de la ciudad bajo el agua, una cantidad significativa –y nunca reconocida con honestidad por el gobierno- de muertos, innumerables pérdidas materiales en hogares, comercios y edificios públicos. Oficialmente se habló de unas 55.716 viviendas dañadas y casi la cuarta parte de la población afectada. De cada barrio brotaron imágenes y anécdotas desoladoras. Y sobre todo, muchas preguntas. ¿Fue todo culpa de la naturaleza? ¿Podría haberse evitado? ¿Estuvimos a la altura de las circunstancias?

Entre lo que salió a flote cuando el agua podrida anegó la ciudad, aparecieron temas bastante olvidados en la agenda local desde que pasó el hedor de la inundación anterior, de comienzos de 2008: el sistema sanitario, la vivienda precaria, la gestión del riesgo en emergencias y la urgencia de obras que requieren tiempo y no son “visibles” en la lógica de la foto electoral. La ausencia del Estado se contrastó con la potencia de la organización social solidaria, y pronto se supo que la ciudad no sería la misma. Con el terreno todavía embarrado, nauseabundo, triste, ganado por ratas, mosquitos gigantes y perros muertos, La Pulseada indagó en lo que dejó el peor desastre climático de la historia de una ciudad que se celebraba perfecta.

Gato encerrado

Cementerio, Parque Castelli, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet. El extraordinario nivel de agua, que no sólo afectó a los barrios más pobres, no se distribuyó por azar. Si se confronta el mapa de las zonas inundadas con el curso de los arroyos que atraviesan la ciudad, la coincidencia es casi perfecta. La Plata no sólo tiene al Del Gato y al Maldonado: también están los arroyos Pérez, San Carlos o Regimiento (que desembocan en la principal cuenca: Del Gato), que no advertimos en la vida cotidiana porque corren por debajo de nuestras calles, entubados.

Como en la Capital Federal, donde las inundaciones ante lluvias intensas ya son un problema crónico, los arroyos recuerdan su presencia de tanto en tanto: enero de 2002, marzo de 2005, febrero de 2008, marzo de 2010, abril de 2013. Así, la preocupación por las obras hídricas aparece súbitamente cada tres o cuatro años… Y cuando la ciudad se seca, las promesas de obras caen en el olvido.

Después tormenta de 2002, que hizo patente el colapso del sistema de desagües de la ciudad cuando Julio Alak ya llevaba una década como intendente, el Municipio creó una Dirección de Hidráulica –hasta entonces no tenía- y encomendó a la Facultad un “estudio exhaustivo” sobre esas deficiencias que se advertían incluso ante lluvias de baja intensidad. La Facultad de Ingeniería puso en marcha el “Programa de Estudios y Asistencia Técnica para el Desarrollo de Soluciones Tecnológicas en Obras de Infraestructura Hidráulica del Partido de La Plata”, iniciado a mediados de 2003 con la dirección de Pablo Romanazzi. Empezaron por la cuenca más grande, la del arroyo Del Gato, que tiene unos 25 km de largo y en cuyos márgenes viven aproximadamente 70.000 habitantes. Se trata de la principal vía de desagote pluvial de la ciudad. Sus afluentes más importantes son los arroyos Pérez y Del Regimiento, que corren al oeste de la diagonal 74 y sus depresiones son señales “que ni la urbanización ni la pavimentación de las calles pudieron borrar”, explicita el informe realizado. Y remarca que las ciudades “que no respetan la presencia de los desagües naturales y terminan por entubar sus cursos sólo consiguen empeorar la situación”.

La investigación se desarrolló entre 2003 y 2007, y fue entregada a Pablo Bruera ni bien asumió como intendente, en diciembre de ese año. 79 días después, el jefe comunal tendría una prueba irrefutable de lo que planteaba.

“El sistema actual de evacuación de excedentes pluviales en la cuenca del arroyo Del Gato se presenta insuficiente aún para tormentas frecuentes de baja magnitud”, afirmaban los ingenieros: “Las conducciones funcionan a presión y, en muchos sectores, esto provoca que la energía de la corriente supere en cota al terreno natural, con la consecuente presencia de volúmenes de agua circulando por las calles. Naturalmente, tal condición se ve agravada para tormentas de mayor magnitud”. El informe, concluido hace cinco años, proponía buscar “soluciones para atenuar las inundaciones, en especial, para los excedentes superficiales que se generan en el sector sudoeste de la ciudad”, concretamente en Cementerio y Los Hornos. “Estos excedentes ingresan al casco fundacional poniendo en situación de colapso a todo el sistema de desagüe, circulando en mayor medida por calles y avenidas que están en plena correlación con los antiguos cauces de los arroyos Pérez y Del Regimiento”.

Los especialistas apuntaban múltiples causas: la progresiva pavimentación de calles y construcción de veredas —que modificó la permeabilidad del terreno—, la falta de una ampliación de los conductos troncales acorde al crecimiento de la ciudad —como sí había sucedido con la extensión la red secundaria de pluviales— y algunos errores de planificación en los desagües existentes.

En conclusión, detallaba la necesidad de obras de gran envergadura, como la ampliación de conductos existentes y creación de nuevos. Y planteaba: “Los estudios y las investigaciones a realizar demandan tiempo y mucha dedicación pero sus costos son realmente menores comparados con los daños tangibles que produce una sola inundación severa”.

La propuesta no llegaba en el mejor escenario: la inundación de 2008, a tres meses de la asunción de Bruera, encontró una Dirección de Hidráulica acéfala y, se creía, en vías de desaparición (La Pulseada 59). Cinco años más tarde, con Bruera reelegido, cayó más agua sobre la ciudad y se hizo evidente que ninguna acción importante se había concretado.

Tampoco se hizo ninguna de las obras que el ingeniero hidráulico Pedro Agabios le había sugerido por escrito en 2010 a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obra Hidráulica del ministerio de Infraestructura bonaerense: un derivador del afluente Pérez por calle 142 (cuyo costo se calculaba entonces en 102 millones de pesos), un derivador por la avenida 131 (200 millones), obras de desagües del casco urbano en las calles 25, 11 y 5 (250 millones) y descargas al Del Gato desde calle 17 hacia aguas abajo (223 millones). Ni siquiera se licitaron: en ninguno de los niveles del Estado quisieron poner dinero para obras que exceden los tiempos electorales.

Tampoco el cuidado más cotidiano de los pluviales existentes, que no implica cifras millonarias, parece haber estado en la agenda de las gestiones recientes. Los testimonios de los vecinos se reiteran barrio a barrio. Y más de uno muestra copias de documentos entregados años anteriores al municipio para pedir desagües. “Acá todos saben que La Loma se inunda. Nosotros solicitamos que se nos destapen las cloacas en las calles y no lo hicieron. Cuando vienen plomeros a nuestros departamentos nos dicen que es un problema de la zona”, dice Mónica Ferro, vecina de 35 y 23.

Sobre llovido, contaminado

Otro gran estorbo para el drenaje del agua es la contaminación. “La cuenca del arroyo Del Gato se saturó en primer lugar porque carece de las tareas de mantenimiento que necesita”, plantea el abogado Fernando Monticelli, que hace siete años sostiene una denuncia penal contra el Estado por la situación de ese arroyo. “Es nuestro Riachuelo. Tiene el mismo nivel de contaminación, es un arroyo muerto, con cero nivel de oxígeno. Es una cloaca, que encima desemboca a mil metros de la toma de agua de Punta Lara. ¡Tenemos la cloaca y el bebedero juntos! Esa contaminación y dificultad de drenaje están relacionadas. Si tenés un arroyo contaminado, no pidas que ante una lluvia eso drene bien”.

Sobre ese cauce se arroja cotidianamente gran cantidad de residuos. Por un lado están “los residuos sólidos domiciliarios, animales muertos, restos de autos o electrodomésticos”. En sus márgenes se apilan viviendas precarias donde viven personas en condiciones casi infrahumanas. “La gente no cuida y las autoridades municipales no controlan”, dice el abogado. No obstante, lo más significativo son los desechos industriales. Monticelli apunta a la empresa provincial de agua entre los principales responsables: “ABSA elimina los residuos cloacales directamente a nuestro arroyo. Tiene una planta de tratamiento en Ringuelet, atrás del mercado de frutas, donde debería tratarlos pero no lo hace. Y eso que aumentan las facturas para contemplar ese tratamiento”.

“El Estado no controla y contamina. Lo hace a través de esa planta que no funciona, a través de los hospitales de Romero y la cárcel de Olmos, cuyas cloacas van al mismo curso de agua, y a través de la Ceamse con sus lixiviados”. En 2011, un estudio del geólogo Marcelo Manassero realizado en el arroyo Del Gato certificó altísimos niveles de concentración de zinc, plomo, mercurio y otros metales pesados que son contaminantes y cancerígenos, y constató la ausencia de peces por falta de oxígeno.

Junto a su socio, además de la denuncia penal, Monticelli inició una veintena de expedientes a nivel municipal, provincial y nacional en reclamo de un plan coordinado de saneamiento.

—¿Tuvieron alguna respuesta?

—Todo maquillaje. Contrataron cooperativas para levantar bolsitas y juncos. Nada concreto ni coordinado. Acá hay que hacer una Autoridad de Cuenca, como funciona en Riachuelo-Matanza…

—¿Es cierto, como dice Bruera, que es todo culpa de Ensenada?

— No, no, no… Ensenada no tiene nada que ver con esta cuenca, eso es responsabilidad de La Plata.

Más allá del cauce del arroyo, Monticelli afirma que hubo causas “variadas” para la inundación de abril, además de “la excesiva cantidad de agua que cayó”. Entre ellas, sugiere que “la autopista Buenos Aires-La Plata y el distribuidor Pedro Benoit deben estar funcionado como diques de contención al escurrimiento normal de las aguas que antes, cuando el arroyo excedía su capacidad, se iban por los campos hacía el río”. Y agrega: “Otro agente causal es la impermeabilización del suelo, debida al asfalto y la gran cantidad de construcciones de la ciudad”.

En esa línea, la catástrofe renovó los reclamos en contra del Código de Ordenamiento Urbano (COU), aprobado tres años atrás en el Municipio, a medida del negocio inmobiliario y sin analizar riesgos ambientales ni estructura de servicios públicos (La Pulseada 80).

“El COU está íntimamente ligado a la gran inundación, toda vez que no se hicieron las obras que correspondían y se dio vía libre a la construcción de edificios sin ningún tipo de plan director, como por ejemplo hidráulico”, sostiene el arquitecto Oscar Álvarez, integrante de la asamblea de vecinos “Defendamos La Plata”.

El 27 de septiembre de 2010, ese grupo formado para resistir la implementación del COU presentó al Defensor del Pueblo un documento que hoy cobra más actualidad que nunca. Entre otras cuestiones, advertía sobre la disminución de los espacios verdes de la ciudad, que ya no sólo estaban bajo lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (15 m² por habitante) sino también de lo que establece la legislación provincial (10m²). Y agregaba como problema no menor las inundaciones provocadas por el aumento constante de efluentes y la falta de absorción provocada por el exceso de cemento. En ciertos barrios –afirman desde la asamblea- los caños colectores subterráneos son del mismo diámetro que el desagüe de los edificios: “Está claro que los desagües, que fueron diseñados para soportar holgadamente una determinada población (50.000 habitantes), no están preparados para soportar los más de 700 mil habitantes”.

“Lo que se vio a partir de la sanción del COU en 2010 fue el avance de grupos financieros que no se corresponde con la inversión en servicios públicos —resume Álvarez—. La tormenta fue la punta de iceberg de una situación caótica. Esto va a volver a pasar si las autoridades no toman recaudos sobre este contexto generado por ellos. El gobierno provincial tampoco invierte en una planificación regional y debiera hacerlo; ¡construyen un estadio único y no mantienen las redes cloacales! ¿Cuántas veces al mes, para qué y para quiénes se usa el estadio? Agua en el barrio necesitamos todos”.

Antonio Brailovsky —autor del libro Buenos Aires inundada— insiste en la necesidad de revisar los códigos que ordenan el uso del suelo, más allá de la cuestión infraestructural, por ejemplo en lo que refiere a la edificación en áreas inundables. “La mayoría de lo que se ha hecho fue conforme a la ley, porque tenemos leyes hechas a medida del negocio inmobiliario”. Y para salir del ejemplo porteño, donde ni siquiera identifican las zonas inundables, cuenta lo que pasa en el Estado bonaerense: “En Provincia lo hacen, pero le cuento cómo. El Código de Agua de la Provincia tiene una pauta para definir la línea de ribera: se toman como parámetro las inundaciones de los últimos 5 años. Cualquier libro de hidrología diría que hay que tomar las del último siglo. Acá son sólo 5 años. Entonces los inmobiliarios compran lugares inundables, esperan cinco años y construyen”.

El otro gran tema es la basura. Si ya era un problema habitual en las periferias (y una batalla política entre jurisdicciones), emergió como un monstruo cuando subió el agua (sobre todo porque la inundación llegó después de seis días de feriado por la Semana Santa). Y cuando bajó. Muchos barrios, como Los Hornos, permanecían tapados por los residuos varios días después de que el agua había crecido tanto pero tanto que la Policía Bonaerense no lograba con sus rastrillajes encontrar a Nilda Luján Godoy, desaparecida. Su cadáver se encontró una semana después y fue la víctima 52 en las cuentas oficiales.

Horacio De Beláustegui, de la fundación Biósfera, dice que si hubiera estado funcionando la planta de separación de residuos que proponen hace mucho tiempo (y que “no se solucionará hasta que el Gobernador pague para su construcción”) “hubiéramos tenido muchos menos problemas con el destino final de los residuos de media ciudad dañada”.

Emergencias en emergencia

El temporal también reveló la carencia del sistema de emergencias del Estado en todos sus niveles. El primer problema lo tuvo el Servicio Meteorológico Nacional, que no pudo alertar sobre la tormenta porque fallaban los radares de Ezeiza. La incomunicación se extendió desde las 5 de la mañana del día de la tormenta hasta las 8 del otro día.

Los vecinos se enteraron de las dimensiones del temporal cuando el agua empezaba a entrar, sin freno, por la puerta de sus casas. Sobre todo porque muchos ya estaban sin luz. En otros casos, el suministro de energía se cortó recién al día siguiente, lo cual expuso al riesgo de electrocución a miles de personas. Las líneas telefónicas colapsaron. La Defensa Civil brillaba por su ausencia: no hubo una red de empleados públicos para avisar del peligro, ni sonaron sirenas. Ni un helicóptero emitió mensajes con altavoces, a una población a oscuras (y eso que el del gobernador es activo en sobrevolar la ciudad). Cada uno evaluó la tormenta a su modo e hizo lo que creyó conveniente. Lo que pudo.

“Una emergencia no es sólo un tema de Defensa Civil, es un tema de la sociedad entera —dice el ex adjunto en la Defensoría porteña Antonio Brailovsky—. No puede ser que la gente no sepa qué tiene que hacer ante un desastre. No se puede improvisar. Tener una sociedad más resistente requiere trabajar toda la gama de riesgos”. Brailovsky propone “seguir el ejemplo de Cuba”. “Cuando dicen ‘este barrio se evacua’, cada persona tiene su tarjeta de evacuación. Y sabe en qué lugar va a pasar el vehículo a buscarlo y a qué sitio preparado lo van a llevar. Esa persona lo sabe desde años atrás: tal vez nunca la evacúen, pero el día en que dicen por la radio, o pasa un camión gritando con un altavoz si no hay electricidad, ‘¡barrio tal, a evacuar!’, ¡todo el mundo sabe a dónde y qué hacer! La prevención es una tarea continua”.

Economista y ecólogo, también cita el caso de países que aprovechan las nuevas tecnologías para dar alertas: por ejemplo, las compañías de celulares –que reconocen la zona donde está cada usuario— se ponen a disposición de la defensa civil y avisan a quienes están en zona de riesgo. Nada de eso pasó en La Plata y en algunos casos “la gente seguía recibiendo promociones de automóviles y ese tipo de cosas”, se queja Brailovsky.

La ciudad descubrió que todas sus comunicaciones (y también el agua corriente) dependían de la electricidad. Al día siguiente de la inundación no andaban los teléfonos casi en ningún lado. Incluido el Registro de Personas Menores Extraviadas. Y en el primer centro de acopio de donaciones improvisado por el Municipio en la calle 2 no había luz, ni velas, ni vehículos para dar salida a lo que llegaba. Que era muchísimo.

En el naufragio nadie sabía qué hacer; ni el Estado: el Comité de Crisis se formó con funcionarios de seguridad —el secretario Sergio Berni, en gomón, por el gobierno nacional; y el ministro Ricardo Casal por el provincial—. Es difícil arriesgar cuál hubiera sido el resultado si al frente del abordaje hubiese estado el ministro de Salud, Alejandro Collia. Porque la salud pública hace rato está desmantelada en la región (la prevención es una tarea de largo aliento, como dice Brailovsky. Y poco rentable). Lo cierto es que al mando de Casal el abordaje tuvo impronta policial, con todo lo que ello implica. No hubo plan profesional ni en el 911, donde en el ajetreo de la peor noche de La Plata se llegó a anotar a desaparecidos con el nombre de quien los buscaba.

La salud cascoteada

La lluvia sin precedentes puso al descubierto un déficit sanitario estructural: hospitales y salitas de primer nivel con bajo presupuesto para insumos y medicamentos básicos, servicios tercerizados, problemas de infraestructura, atención sostenida muchas veces por personal en formación. Un sistema público -provincial y municipal- ninguneado, como venían denunciando, en marchas y abrazos a hospitales, hacía meses, varios sectores comprometidos con la salud.

La noche del 2 de abril se llovieron y cayeron techos de salas y maternidades, hubo que evacuar espacios y dejaron de funcionar dependencias fundamentales, como cocina y rayos, por ejemplo. Y se cortó la luz en varios nosocomios (aunque el gobernador lo haya negado). Las guardias estuvieron tranquilas: es que quien necesitaba no podía llegar. “Y si recibíamos casos complicados, no teníamos personal ni insumos para responder”, grafica Mariano Salerno, residente de medicina general del Hospital Gutiérrez.

Médicos, enfermeros, camilleros, cocineros, radiólogos debieron afrontar el temporal en esa profunda crisis. Profesionales de los hospitales de Niños, Gutiérrez, San Martín y José Ingenieros que prestaron su testimonio denuncian que cuando el agua bajó quedó al descubierto un “sistema de salud para pobres sostenido por el voluntarismo”, como lo define Lucía Rabini, ex médica residente del Hospital Ingenieros, que trabajó en hospitales móviles y luego se sumó a las Brigadas de Salud “Hugo Chávez” organizadas desde el Frente Popular Darío Santillan (FPDS-CN). “Durante esos días en los barrios sólo se veían organizaciones sociales, fueron pocos los residentes puestos a disposición rápido por el ministerio”. Recién los convocaron a cinco días de la tragedia. “A los que fueron antes se les dijo que no había nada para hacer, que se vuelvan”.

Como en otras áreas, sin un plan de emergencia todo se fue resolviendo con organización voluntaria. Los hospitales móviles funcionaron incansablemente como vacunadores, para cubrir un calendario básico que no habían logrado cumplir en las salitas.

Médicos que dialogaron con esta revista sobre el sistema sanitario coinciden en que “la crisis es estructural hace meses”. Juan Porto, Presidente de la Asociación de Profesionales del San Martín, y Mariano Salerno, residente de medicina general, explican: “Los hospitales no están preparados para una inundación porque ni siquiera logran atender las necesidades cotidianas de la gente”.

Además, el ministerio de Salud, el día siguiente a la tormenta, ¡declaró asueto!. Recién después los residentes fueron convocados a la Dirección de Capacitación (calle 4 y 51), de la que dependen, para que fueran a los hospitales móviles y las postas de salud montadas en los barrios, sin medicamentos necesarios. El escenario fue caótico. “Comprobamos que no existe un plan de precaución ante catástrofes”, asegura Salerno.

Los centros médicos, además, se convirtieron en blanco de miradas y comentarios por la creciente desconfianza ciudadana sobre la cifra de muertos manejada por el gobierno. Se dijeron todo tipo de disparates sobre cadáveres de niños y adultos en morgues sanitarias, que La Pulseada trabajó especialmente para esclarecer. Los hospitales tenían demasiado trabajo como para esconder muertos. Estaban desbordados. Antes, durante y después de la lluvia.

Salvavidas espontáneo

Gran protagonista de los días post-inundación, la solidaridad suplantó a los tumbos al inexistente sistema de emergencias. En La Plata, adonde también llegaron personas desde todo el país para ayudar en lo que pudieran, quedó probado que el tejido social vapuleado por el miedo y el individualismo que promovieron las políticas neoliberales no está completamente roto. Y donde había organizaciones sociales en pie, sus estrategias comunitarias ante la ausencia del Estado fueron evidentes y exitosas.

En ese sentido, es probable que la tormenta marque un antes y un después en la política de la región. Como apuntó el sociólogo Jerónimo Pinedo en una columna publicada en la web de La Pulseada, se ha desatado una “batalla por el control del territorio de la capital de la provincia de Buenos Aires. Todos los acuerdos y arreglos políticos previos se han alterado, y la ebullición militante que lo prosiguió es el precedente de un intento de volver a suturar un orden”.

En los barrios del centro, vecinos que apenas se saludaban y desconocían sus nombres se unieron para enfrentar la inundación. Cuando el agua bajó, pocos se quedaron en sus casas de brazos cruzados: de aquí para allá pasaban los autos cargando colchones, bolsas con ropa y alimentos para donar. Se sumaban voluntarios a los centros de solidaridad para clasificar las donaciones y ponían sus autos para salir a repartirlas. Poco más tarde, en las zonas afectadas, resurgieron las asambleas barriales, como aquel verano de 2002 frente a la crisis (La Pulseada 1).

Diez días después, unos doscientos participantes de distintas asambleas se concentraban en una plaza Moreno partida en dos. De un lado, padres, madres e hijos veían los espectáculos infantiles que sonaban por altoparlantes; del otro, otros padres, madres, hijos y vecinos se concentraban para pedir justicia por las víctimas del temporal. Pepe Rusconi, de la asamblea de barrio Norte, fue uno de los primeros vecinos en tomar la palabra, para sintetizar las demandas compartidas por quienes se nuclearon en torno al movimiento Indignados LP: “Plan de prevención ante catástrofes, suspensión del COU y del pago de impuestos municipales a los afectados por el temporal, ya sea casos particulares o pequeños y medianos productores, diagnóstico de lo sucedido elaborado entre gobierno y vecinos, ejecución de obras hidráulicas y mantenimiento de desagües pluviales”. Y remató: “No queremos créditos, esto nos arruinó. La inundación es hija de la corrupción”.

Con la ciencia y con el pueblo

Quienes también mostraron capacidad de organización fueron los universitarios. O buena parte de ellos. Contracara de otras expresiones del Estado, casi todas las facultades se organizaron para brindar ayuda. En muchos casos recibieron donaciones de alimentos, vestimenta, agua y materiales de higiene, y se constituyeron como centros de acopio, clasificación y distribución. En ese sentido, la iniciativa de mayor envergadura la tuvo la Facultad de Periodismo, que primero funcionó como refugio de evacuados para unas 200 personas —a instancias de una agrupación estudiantil enrolada en Quebracho— y terminó como centro de operaciones del Gobierno nacional y el agrupamiento oficialista “Unidos y Organizados”. Otras facultades, en tanto, pusieron en marcha sus conocimientos específicos al servicio de los damnificados: Exactas –donde funciona la carrera de Farmacia- convocó voluntarios y se dedicó a fabricar alcohol en gel y preparados magistrales de medicamentos que fueron donados para los hospitales móviles y carpas sanitarias; los laboratorios de Ingeniería se pusieron a disposición para verificar la discutida calidad del agua de la red de agua; y los “consultorios jurídicos” de la Facultad de Derecho ofrecieron su colaboración para las personas que necesitaran gestionar subsidios o créditos, recuperar documentación y otros trámites. Además, las facultades de Humanidades, Informática y Trabajo social se organizaron para colaborar en un relevamiento de la situación de cada zona afectada, contemplando los aspectos sociales, sanitarios y de infraestructura, entre otros. El conocimiento producido será un insumo de trabajo para el Consejo Social de la UNLP, un organismo multisectorial constituido en 2010, del que participan activamente organizaciones sociales, referentes barriales, entidades gremiales, representantes de los gobiernos provincial y municipal, y distintos integrantes de la comunidad universitaria. “El mapeo nos va a permitir también identificar aquellos lugares a donde la universidad no llega y donde, en el mediano plazo, hay que reforzar la presencia”, explicó Jerónimo Pinedo, que se desempeña como prosecretario de Extensión en la Facultad de Humanidades.

La universidad, sin embargo, no fue un grupo homogéneo en su intervención solidaria. Lejos estuvo Medicina, que no impartió directivas para que sus estudiantes y los residentes en hospitales pudieran optimizar en los barrios su vital ayuda. La Facultad no suspendió sus actividades académicas ni un solo día. Ni siquiera en duelo por la muerte de uno de sus trabajadores, Juan Alberto Varela, por el temporal.

Una bomba, a un paso

Un factor de gran riesgo para la ciudad, que quedó en un tercer plano de las conversaciones sobre la catástrofe, es la Refinería de YPF ubicada en el Polo Industrial de Ensenada. El mes pasado, el ingreso de agua en la petroquímica –ubicada en un valle inundable- por las lluvias intensas provocó un incendio que podría haber desencadenado un daño ambiental sin precedentes.

“La refinería de YPF en Ensenada-Berisso comenzó a incendiarse y existieron riesgos reales de que el fuego se extendiera a otras zonas de la planta, incluyendo los tanques de almacenamiento de hidrocarburos y productos derivados, y por tanto, las explosiones y los incendios se hubiesen extendido poniendo en riesgo toda la Refinería”, denunció la organización ambientalista Greenpeace en un informe fechado el 9 de abril.

La empresa evacuó a sus trabajadores pero no alertó al vecindario sobre lo que sucedía y cuáles eran los riesgos. Cientos de vecinos se auto-evacuaron, en medio de la tormenta, alarmados por las llamas de varios metros de altura que se veían a la distancia.

“Ni la empresa ni los organismos de control quieren reconocer la gravedad de este incendio. Además de los derrames de hidrocarburos, la ciudad se vio cubierta por una densa capa de humo tóxico negro. La empresa minimiza la contaminación”, plantea Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace, entrevistada por La Pulseada. “Conversamos con los vecinos al día siguiente y nos contaron que nadie les explicó nada”.

A poco de ocurrido el siniestro, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) informó que su monitoreo del agua, aire y suelo había arrojado “parámetros normales” y que no había riesgos para la salud y el medio ambiente. En cambio, Horacio De Beláustegui advierte que “hubo un smog desparramándose por toda la atmósfera. Se pudo comprobar en varias casas de varios lugares, sobre todo en las piletas. Es una contaminación química pero también es una contaminación biológica que está desparramada por todo el cielo con lo que podría ocasionar algún tipo de epidemia”.

A mediados de abril, el fiscal Marcelo Romero requirió que se indague si los responsables de YPF incumplieron deberes como funcionarios públicos a raíz del incendio.

Patrimonio del agua

Papeles y bienes patrimoniales, privados e institucionales, fueron otras víctimas de la inundación y desnudaron otra de las carencias en la previsión de desastres. Una de las imágenes más fuertes de la pérdida se vio en el invaluable archivo que atesora en su casa María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, compuesto por fojas judiciales, fotos y cartas (desde institucionales, de Abuelas, hasta tarjetas de casamiento y documentos de su hijo asesinado), más otras pruebas recolectadas en más de 36 años. Lo tapó el agua. No había un plan. Lo rescató la solidaridad.

Un equipo voluntario de archivistas, militantes de distintos espacios, familiares y allegados a la Asociación Anahí y la casa de la calle 30 —donde “fuerzas conjuntas” asesinaron en noviembre de 1976 a la nuera de Chicha y cuatro militantes más, y robaron a la bebé Clara Anahí Mariani Teruggi— se acercó a la vivienda de la calle 47 entre 17 y 18, en uno de los barrios céntricos más afectados, para tratar de recuperar un volumen de papeles que aún parece infinito. El material fotográfico fue una de las prioridades. La demora en un tratamiento adecuado podía condicionar decisivamente la recuperación.

Profesionales en archivística, conservación y restauración del Archivo Nacional de la Memoria y del Archivo Histórico de la Provincia, de la Cámara de Diputados de Nación y de la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras instituciones, se sumaron luego con cajas, guantes, mesas, protocolos… a organizar una tarea que requería de respaldo institucional, sistematicidad e infraestructura acordes a la complejidad de la tarea y al material en juego, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y que llevará tiempo. La especialista Carolina Bergaglio sintetizó en un instructivo los “Primeros auxilios para libros y documentos humedecidos y/o mojados”, que fue útil además para toda la ciudadanía: muchas veredas de barrios de clase media fueron por varios días un tapiz de fotos y libros esperando al sol.

Se inundó además el conservatorio de música Gilardo Gilardi, situado en la muy afectada Ringuelet. En el subsuelo había 20 pianos, entre muchos otros instrumentos, y gran parte quedó sumergida. También algunas bibliotecas populares y la sede de la ANSES de 9 entre 58 y 59, donde se mojaron expedientes de jubilaciones, pensiones, pagos de asignaciones familiares y salarios.

Quizá nunca se llegue a precisar cuánto se perdió en documentos, fotos e instrumentos, pero según el colectivo de abogados “De eso no se habla”, debería ser relevado al indagar las responsabilidades penales y patrimoniales. Así lo plantearon el mes pasado en un documento centrado en la difundida controversia por el conteo de las víctimas fatales.

Comunicación: milagro y martirio

El relato oficial de todo este desastre, y también la comunicación en general, merecen un capítulo aparte. Para empezar, el desmadre de las líneas de teléfono fijas, particulares y de oficinas públicas, y móviles, no fue resuelto hasta varios días después. Esto complicó la llegada del Estado a la gente y viceversa, en una situación extrema y sin plan. Produjo aislamiento, pánico, torpeza y confusión: en la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, en Defensa Civil y en la Torre II, por ejemplo, no se sabía si los funcionarios no querían atender, si no había nadie o si no andaba el teléfono.

A la vez, casi nadie podía comunicarse. Hubo familias aisladas; hubo familiares de muertos a los que se les pedía que llamaran ellos mismos a la fiscalía porque no andaba el teléfono de las comisarías; y hubo víctimas que quisieron llamar, sin suerte, a sus familiares antes de ahogarse. Eso le pasó a Rocío Aguirre: la falta de inversiones en la infraestructura comunicacional le mataron, por sumersión y asfixia mecánica, a su mamá y a su papá, Irene y Raimundo, a las 5 de la mañana. Tuvo que (intentar) hacer ella llamados que la comisaría no podía. Debió ver la llamada perdida, de socorro, hecha por su papá a las 4.30 de la mañana, cuando nada andaba y la ciudad era un mar de autos, personas y animales anclados. Soportar que el Estado manoseara los nombres de sus papás y truchara el horario de sus muertes —tratadas velozmente—. Y seguir en pie. Limitarse a pedir, en diálogo con La Pulseada, “dignidad y justicia”.

En el siglo XXI es inadmisible que ante un apagón no exista en la ciudad otro acceso a información elemental que una radio a pilas en el hogar, siempre y cuando las emisoras tengan un grupo electrógeno para poder transmitir. Esto pasó con la radio pública, encima ninguneada por sus autoridades cuando los trabajadores querían ponerse al servicio de la población en plena catástrofe.

Nuestro rol -el de los medios, sobre todo algunas FM y portales web— fue fundamental en esos días sin brújula, para revincular familias (como antaño y como aún ocurre en los pueblos, la radio como mensajería); articular acciones espasmódicas del Estado; identificar zonas sin asistencia y puntos donde se daba agua, leche, ropa o lavandina; organizar el sentido del drama para quienes no encontraban respuestas en una ciudad desvencijada y extraña. La web de La Pulseada trabajó activamente a partir del 4 de abril, en acciones solidarias y en la búsqueda de la verdad. Muchos periodistas nos enfurecimos, sí, pero a la vez contribuimos decisivamente a que todo no fuera peor, si cabía. Como lección, se impone que elaboremos un protocolo de actuación para comunicadores frente a emergencias. Urgente. Con esta fatal experiencia a cuestas.

El gobierno, que actuó desordenadamente en las calles, se apoyó también en las redes sociales. Su comunicación durante la etapa crítica de la catástrofe y después es un capítulo tan siniestro como la falta de obras advertidas. Hubo mentiras por doquier, para suavizar imágenes ante lo irremontable. Uno de los casos más grotescos fue el famoso mensaje de Twitter, luego borrado, donde una empleada municipal mintió que Bruera vadeaba el desastre (mientras él estaba en Brasil). También la inentendible afirmación de Scioli sobre 51 cadáveres como cifra “definitiva” (cuando la ciudad seguía húmeda y llena de indicios de algo “peor”, y hasta faltaba hallar a Nilda Godoy), y su mentira: “Y no se cortó la luz en los hospitales, aclarémoslo”. El broche de oro fue un vergonzoso pasquín municipal distribuido 15 días después, que intenta reconstruir con tardías —y cómicas— recomendaciones para lluvias, la pulverizada imagen de Bruera. Lejos de lograrlo, arranca con errores en su título de tapa: “Reconstrución” (sic).

En distintos medios, redes y conferencias de prensa mintieron muchos más: Casal, Alicia Kirchner, varios concejales y legisladores. Todo esto inflamó más un clima de furia y rumores luctuosos. Y expuso a un Estado improvisado también en estrategia comunicacional, cuando no especulador del dolor.

En la lista de víctimas oficiales, para colmo, no hay un solo caso sin errores. Desde nombres de pila inventados o mal escritos y falsos homónimos, hasta edades, estados civiles, sexos, domicilios y apellidos pifiados, todo es posible en ese registro. Ante ese relato desaprensivo e injusto hacia las víctimas, decidimos presentar pedidos formales de información puntual sobre enunciados del propio gobernador vertidos en conferencia de prensa. Dependencias jerárquicas, una empresa y un ente regulador sellaron las solicitudes. Incluso desde una de ellas un alto funcionario se comunicó para intentar negociar una aceptación de su silencio. Pero ninguna respondió. Para confirmar que en la provincia son muchas las cosas de las que no se habla.

Víctimas y victimarios

El desastre climático zamarreó el tablero político en los tres poderes no sólo por la cifra de muertos, y detonó en un enjambre de acusaciones contra y entre funcionarios. ¿Quiénes son los responsables de lo ocurrido? ¿Quién decidía cuáles son las víctimas de la inundación? ¿A quiénes correspondía investigar los hechos? El enredo en torno a estas preguntas colmó de palabras como “jury”, “competencia” y “estrago” las noticias de todo abril. Tuvo idas y vueltas. Y subrayó como nunca el abismo preexistente entre dos sectores de la justicia provincial.

Al menos cuatro denuncias penales de abogados particulares cruzaron al intendente y al gobernador por estragos, homicidios, desidia en obras e incumplimientos en su condición de funcionarios públicos. A fines de abril, todas confluyeron en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas, a cargo de Jorge Paolini, que si bien en los pasillos judiciales suele ser satirizada como la “fiscalía de sobreseimientos complejos”, de ahora en más debería investigar la responsabilidad penal de quienes tomaron decisiones, antes, durante y después de la catástrofe. Uno de los denunciantes, Alejandro Montone, al cargar contra Scioli metió al ruedo a autoridades de Infraestructura, Saneamiento y Obras hidráulicas provinciales, en un expediente con huellas de haber partido desde el oficialismo del Concejo Deliberante… En un año electoral -pese a la tragedia- nada queda ajeno a batallas partidarias.

Los fuegos cruzados no se agotaron en lo penal. Familiares y amigos de muertos y torturados en lugares de encierro nucleados en Favisic pidieron en la cámara de Senadores la renuncia de Ricardo Casal y de Bruera, y juicio político a Scioli. Además cuestionaron el alcance de la ayuda a damnificados y hablaron de “ocultamiento de la verdad”. Lo mismo hicieron diputados de la Coalición Cívica, que pidieron el desplazamiento del ministro por ocultamiento y falsedad ideológica sobre las víctimas fatales.

La cifra de víctimas, por supuesto, también acarreó demandas. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) pidió que se apartara al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de investigar las muertes “oficiales”, y se indagara “si incurrió en maniobras deliberadas para acotar el registro de fallecidos” y si cometió irregularidades con la entrega de los cuerpos. Esto, tras encontrar al menos un fallecido excluido de los “definitivos” 51 (que luego crecerían a fuerza de casos concretos): Juan Carlos García, mozo de la Legislatura, muerto de modo traumático, fue velado y cremado rápido, presuntamente por orden fiscal. Y como él, muchos.

Esa denuncia contra el fiscal se estancó en otra fiscalía, a cargo de Fernando Cartasegna. En cambio, las denuncias contra otros actores que, como el CIAJ, consideran que el conteo de víctimas debe ser más amplio, sí avanzaron. El defensor juvenil Julián Axat y el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias (ambos de gran protagonismo, al denunciar seis muertes más) fueron apartados de investigar y legisladores sciolistas les pidieron juicio político.

Además de la puja por la verdad y la justicia, lo que afloró con el debate por la cifra es un cisma entre dos sectores de la justicia. El que no tiene intenciones de que se desoculten más secretos sobre esa madrugada fatal tiene un perfil conservador, es afín al gobierno provincial, y se referencia en la procuradora María del Carmen Falbo, el juez de Garantías Guillermo Atencio y el jefe de los defensores Omar Ozafrain, entre otros. El otro es activo en la ampliación de derechos vinculados a niñez, género y acceso a la tierra y a la información. Antes, durante y después.